San José, 3 jul (Elpaís.cr) – La reciente designación de Leda Acevedo como gerente de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se encuentra en el ojo del huracán, tras revelarse posibles irregularidades en su nombramiento y en la tramitación de una millonaria compra de equipos de red al fabricante Cisco para el Ministerio de Educación Pública (MEP), mientras Acevedo ocupaba un puesto clave en el proceso.
De acuerdo con una investigación del Semanario Universidad, la contratación fue tramitada bajo la figura de venta directa entre el ICE y el MEP, sin que este último exigiera una marca específica para los equipos. Sin embargo, el ICE únicamente ofreció la solución Cisco Meraki, adquirida finalmente a través de la empresa Productive Business Solutions (PBS), distribuidor autorizado de Cisco en el país.
La operación, que ya facturó $1.1 millones (más de ₡565 millones) para instalar redes en 292 centros educativos, se llevó a cabo bajo el expediente 2022CD-000059-0007300001 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), y se enmarca en un contrato comercial entre PBS y el ICE (AC-009-24), suscrito el 1 de agosto de 2024, apenas semanas después de la solicitud de cotización hecha por el MEP.
Sin transparencia en la elección de tecnología
El MEP reiteró en múltiples ocasiones que nunca solicitó una marca específica, sino que fue el ICE el encargado de seleccionar y gestionar la compra de los equipos.
“Las marcas de los equipos a utilizar no las definió el Ministerio, ni conocemos cómo se gestionó la adquisición del equipamiento. Ese proceso lo realizó el ICE como parte de sus gestiones internas”, declaró Danelia Ramírez, directora de Informática de Gestión del MEP.
Pese a la disponibilidad de otras alternativas tecnológicas y más económicas en el mercado, la única oferta presentada por el ICE fue Cisco Meraki, sin que el MEP tuviera conocimiento de otras opciones, reveló la documentación interna.
La instalación de estas redes internas comenzó en diciembre de 2024, coincidiendo con otra contratación directa del ICE en favor de Cisco por $160 millones (₡92.900 millones), según información del mismo medio. Este procedimiento, aún sin ser publicado en SICOP, está liderado por la actual gerencia de Telecomunicaciones a cargo de Acevedo.
Nombramiento bajo la lupa
La ahora gerente fue promovida a ese puesto desde su cargo como directora de Comercialización Empresarial, desde donde gestionó la mencionada contratación. Sin embargo, solo cumplía con 1 de los 19 requisitos recomendados para el puesto, según el informe ADV-06-2024 de la Auditoría Interna del ICE.
“La selección y nombramiento de la gerente de Telecomunicaciones no alcanzó el equilibrio necesario en los principios de debida diligencia, transparencia, igualdad y legalidad”, indicó la Auditoría.
La profesional de relaciones públicas fue seleccionada por el Consejo Directivo del ICE en un proceso distinto al aplicado para otros postulantes, todos ingenieros. Durante la entrevista final, Acevedo mostró seguridad en su designación incluso antes de que se aprobara formalmente.
“Un placer conocerlos y creo que nos vamos a ver más a menudo”, dijo la comunicadora al concluir su presentación ante el órgano directivo.
Irregularidades en requisitos académicos y laborales
El ICE ha defendido el nombramiento, argumentando que el puesto de gerente requiere únicamente una licenciatura, formación en desarrollo gerencial y conocimiento de una lengua extranjera. No obstante, la entidad no solicitó ninguna prueba o documentación que acreditara el nivel intermedio de inglés declarado por Acevedo.
La Dirección de Talento del ICE reconoció que no exige pruebas internacionales para validar conocimientos de idioma y que no verificó si la gerente contaba efectivamente con ese dominio.
Además, Acevedo fue promovida sin haber ocupado previamente una jefatura de división, lo que representa un salto inusual dentro de la estructura organizativa del ICE, donde tradicionalmente se requiere experiencia en ese nivel intermedio antes de alcanzar una gerencia.
Fiscalía investiga presunto delito de nombramiento ilegal
El Ministerio Público confirmó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) abrió una causa penal por el supuesto delito de nombramientos ilegales en relación con el caso de Acevedo, a partir de una denuncia presentada por la propia Auditoría Interna del ICE.
La causa se tramitaba, al menos hasta febrero de este año, contra ignorado, es decir, sin personas individualmente imputadas. El Semanario también solicitó una actualización del estado procesal del caso, pero no recibió respuesta antes del cierre de su edición.
De forma paralela, el Colegio de Ciencias Económicas también trasladó al Ministerio Público una denuncia por el presunto ejercicio ilegal de la profesión por parte de Acevedo, dado que su formación académica no corresponde al perfil técnico habitualmente exigido para liderar el área de Telecomunicaciones.
Sin respuesta oficial del ICE
Ante las consultas sobre la adjudicación de los contratos relacionados con Cisco, la participación de PBS y las dudas en torno al proceso de nombramiento, el ICE no ofreció declaraciones al medio universitario.
Tampoco ha explicado por qué, ante una solicitud del MEP que no especificaba una marca, se decidió ofrecer únicamente una solución tecnológica de alto costo que involucró a un intermediario comercial que ha sostenido relaciones contractuales simultáneas con la institución.
Con este nuevo episodio, se reavivan las preocupaciones en torno a los procedimientos internos del ICE, particularmente en lo relativo a sus compras directas, a la transparencia en la selección de personal ejecutivo, y a los vínculos con grandes corporaciones tecnológicas.
El caso podría tener repercusiones institucionales y legales en los próximos meses, en tanto avanza la investigación penal sobre presuntas irregularidades que, según especialistas, podrían constituir faltas administrativas y posibles delitos de corrupción pública.
San José, 3 jul (Elpaís.cr) – La reciente designación de Leda Acevedo como gerente de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se encuentra en el ojo del huracán, tras revelarse posibles irregularidades en su nombramiento y en la tramitación de una millonaria compra de equipos de red al fabricante Cisco para el Ministerio de
San José, 3 jul (Elpaís.cr) – La reciente designación de Leda Acevedo como gerente de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se encuentra en el ojo del huracán, tras revelarse posibles irregularidades en su nombramiento y en la tramitación de una millonaria compra de equipos de red al fabricante Cisco para el Ministerio de Educación Pública (MEP), mientras Acevedo ocupaba un puesto clave en el proceso.
De acuerdo con una investigación del Semanario Universidad, la contratación fue tramitada bajo la figura de venta directa entre el ICE y el MEP, sin que este último exigiera una marca específica para los equipos. Sin embargo, el ICE únicamente ofreció la solución Cisco Meraki, adquirida finalmente a través de la empresa Productive Business Solutions (PBS), distribuidor autorizado de Cisco en el país.
La operación, que ya facturó $1.1 millones (más de ₡565 millones) para instalar redes en 292 centros educativos, se llevó a cabo bajo el expediente 2022CD-000059-0007300001 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), y se enmarca en un contrato comercial entre PBS y el ICE (AC-009-24), suscrito el 1 de agosto de 2024, apenas semanas después de la solicitud de cotización hecha por el MEP.
Sin transparencia en la elección de tecnología
El MEP reiteró en múltiples ocasiones que nunca solicitó una marca específica, sino que fue el ICE el encargado de seleccionar y gestionar la compra de los equipos.
“Las marcas de los equipos a utilizar no las definió el Ministerio, ni conocemos cómo se gestionó la adquisición del equipamiento. Ese proceso lo realizó el ICE como parte de sus gestiones internas”, declaró Danelia Ramírez, directora de Informática de Gestión del MEP.
Pese a la disponibilidad de otras alternativas tecnológicas y más económicas en el mercado, la única oferta presentada por el ICE fue Cisco Meraki, sin que el MEP tuviera conocimiento de otras opciones, reveló la documentación interna.
La instalación de estas redes internas comenzó en diciembre de 2024, coincidiendo con otra contratación directa del ICE en favor de Cisco por $160 millones (₡92.900 millones), según información del mismo medio. Este procedimiento, aún sin ser publicado en SICOP, está liderado por la actual gerencia de Telecomunicaciones a cargo de Acevedo.
Nombramiento bajo la lupa
La ahora gerente fue promovida a ese puesto desde su cargo como directora de Comercialización Empresarial, desde donde gestionó la mencionada contratación. Sin embargo, solo cumplía con 1 de los 19 requisitos recomendados para el puesto, según el informe ADV-06-2024 de la Auditoría Interna del ICE.
“La selección y nombramiento de la gerente de Telecomunicaciones no alcanzó el equilibrio necesario en los principios de debida diligencia, transparencia, igualdad y legalidad”, indicó la Auditoría.
La profesional de relaciones públicas fue seleccionada por el Consejo Directivo del ICE en un proceso distinto al aplicado para otros postulantes, todos ingenieros. Durante la entrevista final, Acevedo mostró seguridad en su designación incluso antes de que se aprobara formalmente.
“Un placer conocerlos y creo que nos vamos a ver más a menudo”, dijo la comunicadora al concluir su presentación ante el órgano directivo.
Irregularidades en requisitos académicos y laborales
El ICE ha defendido el nombramiento, argumentando que el puesto de gerente requiere únicamente una licenciatura, formación en desarrollo gerencial y conocimiento de una lengua extranjera. No obstante, la entidad no solicitó ninguna prueba o documentación que acreditara el nivel intermedio de inglés declarado por Acevedo.
La Dirección de Talento del ICE reconoció que no exige pruebas internacionales para validar conocimientos de idioma y que no verificó si la gerente contaba efectivamente con ese dominio.
Además, Acevedo fue promovida sin haber ocupado previamente una jefatura de división, lo que representa un salto inusual dentro de la estructura organizativa del ICE, donde tradicionalmente se requiere experiencia en ese nivel intermedio antes de alcanzar una gerencia.
Fiscalía investiga presunto delito de nombramiento ilegal
El Ministerio Público confirmó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) abrió una causa penal por el supuesto delito de nombramientos ilegales en relación con el caso de Acevedo, a partir de una denuncia presentada por la propia Auditoría Interna del ICE.
La causa se tramitaba, al menos hasta febrero de este año, contra ignorado, es decir, sin personas individualmente imputadas. El Semanario también solicitó una actualización del estado procesal del caso, pero no recibió respuesta antes del cierre de su edición.
De forma paralela, el Colegio de Ciencias Económicas también trasladó al Ministerio Público una denuncia por el presunto ejercicio ilegal de la profesión por parte de Acevedo, dado que su formación académica no corresponde al perfil técnico habitualmente exigido para liderar el área de Telecomunicaciones.
Sin respuesta oficial del ICE
Ante las consultas sobre la adjudicación de los contratos relacionados con Cisco, la participación de PBS y las dudas en torno al proceso de nombramiento, el ICE no ofreció declaraciones al medio universitario.
Tampoco ha explicado por qué, ante una solicitud del MEP que no especificaba una marca, se decidió ofrecer únicamente una solución tecnológica de alto costo que involucró a un intermediario comercial que ha sostenido relaciones contractuales simultáneas con la institución.
Con este nuevo episodio, se reavivan las preocupaciones en torno a los procedimientos internos del ICE, particularmente en lo relativo a sus compras directas, a la transparencia en la selección de personal ejecutivo, y a los vínculos con grandes corporaciones tecnológicas.
El caso podría tener repercusiones institucionales y legales en los próximos meses, en tanto avanza la investigación penal sobre presuntas irregularidades que, según especialistas, podrían constituir faltas administrativas y posibles delitos de corrupción pública.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País