San José, 3 jul (elpaís.cr) – El Ministerio Público de Costa Rica solicitó formalmente la apertura de un proceso penal contra el exdiputado Óscar Cascante Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por su presunta participación en delitos de tráfico de influencias y cohecho, en el marco de una investigación que lo vincula con empresarios relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero.
La petición fue formulada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que dirige el expediente relacionado con el denominado Caso Turesky, en el que figuran como imputados varios actores del ámbito empresarial supuestamente ligados a actividades ilícitas transnacionales.
Según la acusación fiscal, Cascante habría utilizado su cargo como legislador para favorecer a esos empresarios en el impulso de dos proyectos inmobiliarios, y gestionó reuniones e intervenciones ante instituciones públicas como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Banco Popular y otras entidades del Estado, con el fin de obtener beneficios para esa red criminal.
Aunque las gestiones del exdiputado no tuvieron éxito –ya que los funcionarios públicos no accedieron a sus solicitudes–, la Fiscalía presume que Cascante recibió pagos y dádivas a través de transferencias bancarias, lo cual constituye un presunto delito de cohecho.
Vinculación con red narco que exportaba droga a Europa
El grupo empresarial al que Cascante habría prestado sus oficios legislativos es investigado por supuestamente utilizar estructuras legales para encubrir el tráfico de cocaína oculta en contenedores con otros productos lícitos, enviados desde Costa Rica hacia Europa.
La organización es objeto de pesquisas por parte de autoridades nacionales e internacionales, en coordinación con cuerpos policiales de países europeos.
Aunque la Fiscalía no reveló públicamente los nombres de los empresarios implicados, versiones periodísticas indican que se trataría de un grupo con operaciones en el Pacífico costarricense, y que los proyectos impulsados por Cascante incluían desarrollos turísticos y de infraestructura asociados con actividades económicas costeras.
Informe de la Procuraduría de la Ética revela 13 intervenciones
El caso también fue examinado por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), que en su informe determinó que el exdiputado intervino al menos en 13 ocasiones a favor de los empresarios investigados, utilizando su posición como legislador para gestionar reuniones, influir en decisiones administrativas o presentar mociones que beneficiaban los intereses del grupo.
Según ese análisis, tales actuaciones habrían violado el principio de probidad consagrado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que obliga a los servidores públicos y representantes electos a actuar con imparcialidad, transparencia y sin promover intereses privados por encima del bien común.
Levantamiento de inmunidad o juicio ordinario
Dado que Cascante ya no ostenta ningún cargo de elección popular, no goza de inmunidad parlamentaria, por lo que el Ministerio Público puede proceder a solicitar la apertura de juicio ordinario, siempre que el juez penal correspondiente lo autorice.
No obstante, si se llegara a considerar que los presuntos delitos fueron cometidos durante el ejercicio del cargo legislativo, el caso podría requerir la intervención de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que conoce de causas penales contra exdiputados por actos cometidos en funciones.
Hasta el momento, Cascante no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones en su contra, y no se conoce si cuenta con defensa legal constituida en este proceso. En declaraciones anteriores, el exlegislador ha negado cualquier participación en actividades irregulares y ha defendido su labor como diputado del PUSC entre 2018 y 2022.
Golpe político al PUSC
Aunque el caso es contra una figura ya retirada del Congreso, el impacto político sobre el Partido Unidad Social Cristiana podría ser significativo, en un momento en que la agrupación intenta recuperar terreno de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
La precampaña del partido está liderada actualmente por Juan Carlos Hidalgo, quien fue electo como candidato único tras un proceso interno que excluyó a otros contendientes.
El nombre de Cascante ha sido asociado durante años a la estructura partidaria del PUSC en la región Pacífico Sur, especialmente en la provincia de Puntarenas, donde mantuvo influencia territorial y alianzas con sectores empresariales. En el pasado, ya había sido señalado por conflictos de interés relacionados con proyectos portuarios y turísticos.
Corrupción y crimen organizado
Este caso se inscribe en una creciente preocupación institucional en Costa Rica por la infiltración del crimen organizado en la política y en los procesos de toma de decisiones públicas.
Informes recientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Seguridad y organizaciones internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han advertido sobre los riesgos de captura institucional por parte de redes criminales ligadas al narcotráfico y el lavado de activos.
La Fiscalía ha insistido en que el uso de estructuras legales, inversiones inmobiliarias y vínculos con actores políticos forma parte de la nueva estrategia de las bandas narcoeconómicas para consolidar sus operaciones y obtener impunidad.
De ser hallado culpable, Cascante podría enfrentar penas de prisión por cohecho impropio y tráfico de influencias, delitos que conllevan sanciones de hasta ocho años, según la legislación vigente.
San José, 3 jul (elpaís.cr) – El Ministerio Público de Costa Rica solicitó formalmente la apertura de un proceso penal contra el exdiputado Óscar Cascante Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por su presunta participación en delitos de tráfico de influencias y cohecho, en el marco de una investigación que lo vincula con empresarios
San José, 3 jul (elpaís.cr) – El Ministerio Público de Costa Rica solicitó formalmente la apertura de un proceso penal contra el exdiputado Óscar Cascante Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por su presunta participación en delitos de tráfico de influencias y cohecho, en el marco de una investigación que lo vincula con empresarios relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero.
La petición fue formulada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que dirige el expediente relacionado con el denominado Caso Turesky, en el que figuran como imputados varios actores del ámbito empresarial supuestamente ligados a actividades ilícitas transnacionales.
Según la acusación fiscal, Cascante habría utilizado su cargo como legislador para favorecer a esos empresarios en el impulso de dos proyectos inmobiliarios, y gestionó reuniones e intervenciones ante instituciones públicas como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Banco Popular y otras entidades del Estado, con el fin de obtener beneficios para esa red criminal.
Aunque las gestiones del exdiputado no tuvieron éxito –ya que los funcionarios públicos no accedieron a sus solicitudes–, la Fiscalía presume que Cascante recibió pagos y dádivas a través de transferencias bancarias, lo cual constituye un presunto delito de cohecho.
Vinculación con red narco que exportaba droga a Europa
El grupo empresarial al que Cascante habría prestado sus oficios legislativos es investigado por supuestamente utilizar estructuras legales para encubrir el tráfico de cocaína oculta en contenedores con otros productos lícitos, enviados desde Costa Rica hacia Europa.
La organización es objeto de pesquisas por parte de autoridades nacionales e internacionales, en coordinación con cuerpos policiales de países europeos.
Aunque la Fiscalía no reveló públicamente los nombres de los empresarios implicados, versiones periodísticas indican que se trataría de un grupo con operaciones en el Pacífico costarricense, y que los proyectos impulsados por Cascante incluían desarrollos turísticos y de infraestructura asociados con actividades económicas costeras.
Informe de la Procuraduría de la Ética revela 13 intervenciones
El caso también fue examinado por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), que en su informe determinó que el exdiputado intervino al menos en 13 ocasiones a favor de los empresarios investigados, utilizando su posición como legislador para gestionar reuniones, influir en decisiones administrativas o presentar mociones que beneficiaban los intereses del grupo.
Según ese análisis, tales actuaciones habrían violado el principio de probidad consagrado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que obliga a los servidores públicos y representantes electos a actuar con imparcialidad, transparencia y sin promover intereses privados por encima del bien común.
Levantamiento de inmunidad o juicio ordinario
Dado que Cascante ya no ostenta ningún cargo de elección popular, no goza de inmunidad parlamentaria, por lo que el Ministerio Público puede proceder a solicitar la apertura de juicio ordinario, siempre que el juez penal correspondiente lo autorice.
No obstante, si se llegara a considerar que los presuntos delitos fueron cometidos durante el ejercicio del cargo legislativo, el caso podría requerir la intervención de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que conoce de causas penales contra exdiputados por actos cometidos en funciones.
Hasta el momento, Cascante no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones en su contra, y no se conoce si cuenta con defensa legal constituida en este proceso. En declaraciones anteriores, el exlegislador ha negado cualquier participación en actividades irregulares y ha defendido su labor como diputado del PUSC entre 2018 y 2022.
Golpe político al PUSC
Aunque el caso es contra una figura ya retirada del Congreso, el impacto político sobre el Partido Unidad Social Cristiana podría ser significativo, en un momento en que la agrupación intenta recuperar terreno de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
La precampaña del partido está liderada actualmente por Juan Carlos Hidalgo, quien fue electo como candidato único tras un proceso interno que excluyó a otros contendientes.
El nombre de Cascante ha sido asociado durante años a la estructura partidaria del PUSC en la región Pacífico Sur, especialmente en la provincia de Puntarenas, donde mantuvo influencia territorial y alianzas con sectores empresariales. En el pasado, ya había sido señalado por conflictos de interés relacionados con proyectos portuarios y turísticos.
Corrupción y crimen organizado
Este caso se inscribe en una creciente preocupación institucional en Costa Rica por la infiltración del crimen organizado en la política y en los procesos de toma de decisiones públicas.
Informes recientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Seguridad y organizaciones internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han advertido sobre los riesgos de captura institucional por parte de redes criminales ligadas al narcotráfico y el lavado de activos.
La Fiscalía ha insistido en que el uso de estructuras legales, inversiones inmobiliarias y vínculos con actores políticos forma parte de la nueva estrategia de las bandas narcoeconómicas para consolidar sus operaciones y obtener impunidad.
De ser hallado culpable, Cascante podría enfrentar penas de prisión por cohecho impropio y tráfico de influencias, delitos que conllevan sanciones de hasta ocho años, según la legislación vigente.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País