San José, 1 Jul (Elpaís.cr).- La Corte Plena acordó, con una votación de 15 votos a favor y 7 en contra, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad constitucional del presidente Rodrigo Chaves Robles para que sea juzgado por el delito de concusión.
La petición responde a una acusación formal presentada por la Fiscalía General de la República, que lo vincula con la adjudicación de un contrato de $405.800, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para servicios de comunicación a cargo del publicista Christian Bulgarelli.
Se trata de un hecho sin precedentes en la historia política del país: nunca antes la Corte Plena había solicitado al Congreso levantar el fuero a un presidente de la República en ejercicio.
Abuso de poder y beneficio económico
De acuerdo con el expediente judicial, Rodrigo Chaves y su entonces jefe de despacho —hoy ministro de Cultura— Jorge Rodríguez Vives, habrían intervenido directamente para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A., propiedad del publicista Christian Bulgarelli.
La Fiscalía sostiene que la contratación fue diseñada a medida para favorecer al empresario, y que parte de los fondos se utilizaron para pagar $32.000 al asesor presidencial Federico “Choreco” Cruz, por instrucción del propio mandatario.
La figura penal señalada es la concusión, definida como el acto de un funcionario público que, abusando de sus funciones, obliga o induce a alguien a entregar un beneficio patrimonial indebido. Este delito conlleva penas de entre dos y ocho años de prisión.
Según la acusación presentada el pasado 7 de abril, Chaves y Rodríguez habrían instruido a Bulgarelli desde Casa Presidencial para que él mismo redactara los términos de referencia del contrato con el BCIE, lo cual compromete gravemente los principios de transparencia y competencia en la contratación pública.
Además, se señala que el dinero transferido a Choreco se habría utilizado para pagar el enganche de una propiedad en un condominio privado en Concepción de Tres Ríos.
Bulgarelli es testigo clave de la Fiscalía
Aunque Christian Bulgarelli fue investigado inicialmente, la Fiscalía lo convirtió en testigo de la corona, figura que le permite colaborar con el proceso a cambio de beneficios procesales.
Según el Ministerio Público, su testimonio fue fundamental para esclarecer los hechos, confirmar los pagos y la participación de los funcionarios, así como aportar documentos clave.
Los detalles del caso salieron a la luz en 2022, cuando la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, grabó audios dentro de Casa Presidencial que revelaban conversaciones sobre la forma en que se dirigían las contrataciones. Estos materiales se hicieron públicos meses después y reforzaron las sospechas sobre una posible manipulación de los procesos con fondos del BCIE.
División en la Corte Plena
La decisión tomada por la Corte Plena fue secreta y dividida. Quince magistrados votaron a favor del retiro de inmunidad, mientras que siete se opusieron, argumentando que la prueba contenida en el expediente no permitía hacer un juicio de probabilidad del delito, como exige la ley.
Esta diferencia evidencia un grado de controversia entre los jueces superiores del país sobre la fortaleza del caso. Sin embargo, la mayoría decidió acoger la solicitud de la Fiscalía, y ahora corresponde a la Asamblea Legislativa pronunciarse.
La última palabra
Con la resolución judicial en firme, el expediente pasará a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Según explicó el constitucionalista Marvin Carvajal, la ley exige una mayoría calificada de dos tercios de los 57 diputados (es decir, 38 votos) para levantar la inmunidad presidencial.
Carvajal indicó que, debido a que se trata de un procedimiento sin antecedentes, probablemente se conforme una comisión especial instructora para emitir un informe, aunque este no es vinculante.
El levantamiento del fuero no significa destitución, sino que permite que el Presidente pueda ser juzgado penalmente en este caso específico. “No se trata de una autorización general para procesarlo por otros hechos”, advirtió Carvajal.
Antecedentes
Rodrigo Chaves fue electo en 2022 bajo la promesa de acabar con la corrupción y las “redes de privilegio”. Su estilo confrontativo y discurso contra “la casta política” le ganaron apoyo popular, pero también roces frecuentes con otras instituciones, incluido el Poder Judicial.
El caso del contrato con el BCIE fue uno de los primeros escándalos que enfrentó su administración. En junio de 2022, apenas semanas después de asumir el cargo, el propio presidente acudió a la Fiscalía para conocer de las denuncias penales en su contra. La investigación avanzó durante los dos últimos años y culminó con la acusación formal de la Fiscalía, que ahora busca su judicialización.
El contrato adjudicado a RMC La Productora S.A. tenía como fin brindar servicios de estrategia y comunicación al Gobierno durante el primer año de gestión. La Fiscalía sostiene que ese proceso fue manipulado para favorecer a una empresa cercana a la Presidencia, y que parte de los fondos fueron usados para beneficiar a un asesor que no tenía vínculo formal con el Estado.
Un momento decisivo para la democracia costarricense
La decisión de la Corte Plena representa un parteaguas en la historia democrática del país, donde la figura presidencial ha gozado tradicionalmente de inmunidad constitucional como salvaguarda de la función pública.
El debate que ahora se abre en el Congreso marcará no solo el futuro político de Rodrigo Chaves, sino también el compromiso de la Asamblea Legislativa con la rendición de cuentas y la independencia judicial.
Al cierre de esta nota, el Presidente no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión de la Corte. No obstante, desde Casa Presidencial se indicó que se convocará a una conferencia de prensa en las próximas horas.
El país entra así en un momento de tensión institucional, en el que se pondrá a prueba la madurez del sistema democrático y el equilibrio entre poderes.
San José, 1 Jul (Elpaís.cr).- La Corte Plena acordó, con una votación de 15 votos a favor y 7 en contra, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad constitucional del presidente Rodrigo Chaves Robles para que sea juzgado por el delito de concusión. La petición responde a una acusación formal presentada por
San José, 1 Jul (Elpaís.cr).- La Corte Plena acordó, con una votación de 15 votos a favor y 7 en contra, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad constitucional del presidente Rodrigo Chaves Robles para que sea juzgado por el delito de concusión.
La petición responde a una acusación formal presentada por la Fiscalía General de la República, que lo vincula con la adjudicación de un contrato de $405.800, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para servicios de comunicación a cargo del publicista Christian Bulgarelli.
Se trata de un hecho sin precedentes en la historia política del país: nunca antes la Corte Plena había solicitado al Congreso levantar el fuero a un presidente de la República en ejercicio.
Abuso de poder y beneficio económico
De acuerdo con el expediente judicial, Rodrigo Chaves y su entonces jefe de despacho —hoy ministro de Cultura— Jorge Rodríguez Vives, habrían intervenido directamente para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A., propiedad del publicista Christian Bulgarelli.
La Fiscalía sostiene que la contratación fue diseñada a medida para favorecer al empresario, y que parte de los fondos se utilizaron para pagar $32.000 al asesor presidencial Federico “Choreco” Cruz, por instrucción del propio mandatario.
La figura penal señalada es la concusión, definida como el acto de un funcionario público que, abusando de sus funciones, obliga o induce a alguien a entregar un beneficio patrimonial indebido. Este delito conlleva penas de entre dos y ocho años de prisión.
Según la acusación presentada el pasado 7 de abril, Chaves y Rodríguez habrían instruido a Bulgarelli desde Casa Presidencial para que él mismo redactara los términos de referencia del contrato con el BCIE, lo cual compromete gravemente los principios de transparencia y competencia en la contratación pública.
Además, se señala que el dinero transferido a Choreco se habría utilizado para pagar el enganche de una propiedad en un condominio privado en Concepción de Tres Ríos.
Bulgarelli es testigo clave de la Fiscalía
Aunque Christian Bulgarelli fue investigado inicialmente, la Fiscalía lo convirtió en testigo de la corona, figura que le permite colaborar con el proceso a cambio de beneficios procesales.
Según el Ministerio Público, su testimonio fue fundamental para esclarecer los hechos, confirmar los pagos y la participación de los funcionarios, así como aportar documentos clave.
Los detalles del caso salieron a la luz en 2022, cuando la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, grabó audios dentro de Casa Presidencial que revelaban conversaciones sobre la forma en que se dirigían las contrataciones. Estos materiales se hicieron públicos meses después y reforzaron las sospechas sobre una posible manipulación de los procesos con fondos del BCIE.
División en la Corte Plena
La decisión tomada por la Corte Plena fue secreta y dividida. Quince magistrados votaron a favor del retiro de inmunidad, mientras que siete se opusieron, argumentando que la prueba contenida en el expediente no permitía hacer un juicio de probabilidad del delito, como exige la ley.
Esta diferencia evidencia un grado de controversia entre los jueces superiores del país sobre la fortaleza del caso. Sin embargo, la mayoría decidió acoger la solicitud de la Fiscalía, y ahora corresponde a la Asamblea Legislativa pronunciarse.
La última palabra
Con la resolución judicial en firme, el expediente pasará a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Según explicó el constitucionalista Marvin Carvajal, la ley exige una mayoría calificada de dos tercios de los 57 diputados (es decir, 38 votos) para levantar la inmunidad presidencial.
Carvajal indicó que, debido a que se trata de un procedimiento sin antecedentes, probablemente se conforme una comisión especial instructora para emitir un informe, aunque este no es vinculante.
El levantamiento del fuero no significa destitución, sino que permite que el Presidente pueda ser juzgado penalmente en este caso específico. “No se trata de una autorización general para procesarlo por otros hechos”, advirtió Carvajal.
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Antecedentes
Rodrigo Chaves fue electo en 2022 bajo la promesa de acabar con la corrupción y las “redes de privilegio”. Su estilo confrontativo y discurso contra “la casta política” le ganaron apoyo popular, pero también roces frecuentes con otras instituciones, incluido el Poder Judicial.
El caso del contrato con el BCIE fue uno de los primeros escándalos que enfrentó su administración. En junio de 2022, apenas semanas después de asumir el cargo, el propio presidente acudió a la Fiscalía para conocer de las denuncias penales en su contra. La investigación avanzó durante los dos últimos años y culminó con la acusación formal de la Fiscalía, que ahora busca su judicialización.
El contrato adjudicado a RMC La Productora S.A. tenía como fin brindar servicios de estrategia y comunicación al Gobierno durante el primer año de gestión. La Fiscalía sostiene que ese proceso fue manipulado para favorecer a una empresa cercana a la Presidencia, y que parte de los fondos fueron usados para beneficiar a un asesor que no tenía vínculo formal con el Estado.
Un momento decisivo para la democracia costarricense
La decisión de la Corte Plena representa un parteaguas en la historia democrática del país, donde la figura presidencial ha gozado tradicionalmente de inmunidad constitucional como salvaguarda de la función pública.
El debate que ahora se abre en el Congreso marcará no solo el futuro político de Rodrigo Chaves, sino también el compromiso de la Asamblea Legislativa con la rendición de cuentas y la independencia judicial.
Al cierre de esta nota, el Presidente no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión de la Corte. No obstante, desde Casa Presidencial se indicó que se convocará a una conferencia de prensa en las próximas horas.
El país entra así en un momento de tensión institucional, en el que se pondrá a prueba la madurez del sistema democrático y el equilibrio entre poderes.
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