San José, 1 Jul (Elpais.cr) – El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, reveló este martes en la Asamblea Legislativa que el actual ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, admitió ante el presidente de la República, Rodrigo Chaves, haber mantenido “relación y contacto” con el exmagistrado Celso Gamboa.
Gamboa se encuentra detenido por solicitud de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y requerido en un proceso de extradición por delitos vinculados al narcotráfico internacional.
La revelación de Zúñiga se dio durante una comparecencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, donde confirmó la existencia de un encuentro sostenido el 13 de marzo de 2023 en Casa Presidencial, en el que estuvieron presentes el presidente Chaves, el ministro Campos y los entonces viceministros de Justicia, Exleine Sánchez y Juan Carlos Arias, ambos destituidos meses después.
Según el jefe del OIJ, durante dicha reunión, el presidente preguntó directamente a los tres funcionarios si mantenían algún tipo de vínculo con Gamboa. Los exviceministros afirmaron que el contacto con Gamboa fue estrictamente institucional y se limitó al período en que coincidieron en la función pública.
Sin embargo, Campos habría respondido que sí mantenía relación y contacto con el exmagistrado, incluso en su etapa fuera del servicio público.
“En el caso de Gerald Campos, él le dice al Presidente que él sí tiene relación y tiene contacto con don Celso Gamboa. Esto es lo que puedo decir”, expresó Zúñiga ante los diputados.
No obstante, el jerarca policial fue enfático en que, hasta el momento, no existen indicios de una relación de carácter criminal entre Campos y Gamboa. “Por lo menos yo dije que no tengo información de ningún indicio criminal entre Celso Gamboa y el ministro en ese caso, Gerald Campos”, recalcó el director del OIJ ante la insistencia de la diputada oficialista Pilar Cisneros.
Asesor presidencial bajo investigación preliminar
Durante su comparecencia, Zúñiga también aludió a un asesor presidencial no identificado que habría mantenido contacto con Gamboa.
Según el director, el OIJ ha recibido recientemente “información confidencial” relacionada con ese funcionario, y por esa razón prefirió no revelar su nombre en este momento.
“El motivo de no hacerlo es que en las últimas horas hemos recibido información que podría tener implicaciones penales. Está bajo análisis”, explicó Zúñiga ante los legisladores.
Este dato refuerza los señalamientos sobre posibles nexos entre figuras del Poder Ejecutivo y el crimen organizado, luego de que Gamboa fuera detenido el pasado lunes 24 de junio en atención a una orden de arresto internacional emitida por las autoridades estadounidenses.
Gamboa y el crimen organizado
Gamboa, quien en el pasado se desempeñó como magistrado suplente y fiscal adjunto en Costa Rica, es requerido por la justicia de Estados Unidos bajo cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína y tráfico internacional de drogas.
Las acusaciones lo vinculan como presunto coordinador regional de redes de narcotráfico, con conexiones con organizaciones criminales como el Cártel del Golfo (México), el Clan del Golfo (Colombia) y el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con información consignada en la solicitud de extradición, fue en 2023 cuando Gamboa aseguró contar con apoyo del Gobierno costarricense para facilitar el paso de droga por el país, tanto por el Caribe como por el Pacífico.
La magnitud de las acusaciones provocó una semana de tensión política en Costa Rica. Zúñiga admitió que la captura de Gamboa “desató una semana convulsa” debido al alto perfil político del exmagistrado y a los posibles vínculos con figuras públicas aún en ejercicio.
Durante la sesión de la Comisión legislativa, el director del OIJ destacó el riesgo de infiltración del narcotráfico en instituciones del Estado y pidió mayor vigilancia, especialmente en zonas como Golfito, Bahía Drake (Osa) y Cabo Velas (La Cruz), las cuales describió como puntos críticos para el tráfico de drogas.
Además, solicitó a los diputados reformar la legislación actual para permitir allanamientos en propiedades privadas durante investigaciones de personas con solicitudes de extradición.
“Actualmente, sólo podemos capturarlos en vía pública, lo cual limita nuestras capacidades”, advirtió.
Reacciones encontradas
Las declaraciones de Zúñiga provocaron reacciones inmediatas y divididas entre los legisladores. La diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), preguntó si el contacto entre Campos y Gamboa podría derivar en una relación de carácter ilícito. Zúñiga evitó especular y respondió: “Yo nunca tendría contacto con una persona que está defendiendo narcotraficantes, evidentemente no lo haría”.
Por su parte, Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, minimizó las revelaciones, calificándolas de “puro humo” y sugirió que Zúñiga no aportó pruebas concretas.
“¿Dónde están los nombres? ¿Dónde están los indicios? Parece que lo pensó mejor y por eso no dijo más. Todo el Poder Judicial ha tenido relación con Gamboa en algún momento, eso es normal”, manifestó ante los medios.
Cisneros también alegó que tanto Campos como Gamboa fueron aliados en el pasado en la lucha contra el narcotráfico, insinuando que su vínculo no necesariamente implica una relación ilícita.
Sin acusaciones penales, pero con señales de alerta
Zúñiga reiteró en varias ocasiones que no ha acusado al ministro Campos de cometer delito alguno.
“En ningún momento he indicado que se trate de una relación criminal. Si lo fuera, no podría mencionarla porque estaría protegida por el deber de confidencialidad en una investigación judicial”, subrayó.
Sin embargo, la comparecencia del jefe del OIJ siembra dudas en torno al nivel de conocimiento que tenía el presidente Chaves sobre las relaciones entre altos funcionarios de su gobierno y un individuo ahora señalado como figura clave del narcotráfico regional.
Estas dudas se intensifican por el hecho de que, según el propio relato de Zúñiga, fue el ministro de Justicia quien le confesó al mandatario, más de un año antes del arresto, que mantenía vínculos con Gamboa.
Además, el silencio mantenido por la Presidencia sobre este tema desde la detención del exmagistrado ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del Ejecutivo y su compromiso en la lucha contra la criminalidad organizada.
¿Y ahora qué?
En medio del debate político y la presión mediática, el caso Gamboa continúa revelando fisuras entre instituciones, pugnas de poder y, sobre todo, las vulnerabilidades de Costa Rica ante el avance del crimen organizado.
Por ahora, el país espera una decisión judicial sobre la extradición de Gamboa, mientras el OIJ profundiza sus pesquisas sobre los posibles vínculos entre el narcotráfico y actores gubernamentales.
La comparecencia de Zúñiga en la Asamblea Legislativa no cierra el capítulo, sino que lo abre con más interrogantes:
¿Quién es el asesor presidencial vinculado a Gamboa? ¿Qué sabía el presidente Chaves desde marzo de 2023? ¿Por qué no se tomaron medidas preventivas en su momento? ¿Qué nivel de penetración ha alcanzado el narcotráfico en el aparato estatal?
Mientras tanto, el director del OIJ envió un claro mensaje: “Las organizaciones criminales siempre intentarán penetrar las instituciones. Nuestra tarea es impedirlo con firmeza y vigilancia constante”.
San José, 1 Jul (Elpais.cr) – El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, reveló este martes en la Asamblea Legislativa que el actual ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, admitió ante el presidente de la República, Rodrigo Chaves, haber mantenido “relación y contacto” con el exmagistrado Celso Gamboa. Gamboa se
San José, 1 Jul (Elpais.cr) – El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, reveló este martes en la Asamblea Legislativa que el actual ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, admitió ante el presidente de la República, Rodrigo Chaves, haber mantenido “relación y contacto” con el exmagistrado Celso Gamboa.
Gamboa se encuentra detenido por solicitud de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y requerido en un proceso de extradición por delitos vinculados al narcotráfico internacional.
La revelación de Zúñiga se dio durante una comparecencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, donde confirmó la existencia de un encuentro sostenido el 13 de marzo de 2023 en Casa Presidencial, en el que estuvieron presentes el presidente Chaves, el ministro Campos y los entonces viceministros de Justicia, Exleine Sánchez y Juan Carlos Arias, ambos destituidos meses después.
Según el jefe del OIJ, durante dicha reunión, el presidente preguntó directamente a los tres funcionarios si mantenían algún tipo de vínculo con Gamboa. Los exviceministros afirmaron que el contacto con Gamboa fue estrictamente institucional y se limitó al período en que coincidieron en la función pública.
Sin embargo, Campos habría respondido que sí mantenía relación y contacto con el exmagistrado, incluso en su etapa fuera del servicio público.
“En el caso de Gerald Campos, él le dice al Presidente que él sí tiene relación y tiene contacto con don Celso Gamboa. Esto es lo que puedo decir”, expresó Zúñiga ante los diputados.
No obstante, el jerarca policial fue enfático en que, hasta el momento, no existen indicios de una relación de carácter criminal entre Campos y Gamboa. “Por lo menos yo dije que no tengo información de ningún indicio criminal entre Celso Gamboa y el ministro en ese caso, Gerald Campos”, recalcó el director del OIJ ante la insistencia de la diputada oficialista Pilar Cisneros.
Asesor presidencial bajo investigación preliminar
Durante su comparecencia, Zúñiga también aludió a un asesor presidencial no identificado que habría mantenido contacto con Gamboa.
Según el director, el OIJ ha recibido recientemente “información confidencial” relacionada con ese funcionario, y por esa razón prefirió no revelar su nombre en este momento.
“El motivo de no hacerlo es que en las últimas horas hemos recibido información que podría tener implicaciones penales. Está bajo análisis”, explicó Zúñiga ante los legisladores.
Este dato refuerza los señalamientos sobre posibles nexos entre figuras del Poder Ejecutivo y el crimen organizado, luego de que Gamboa fuera detenido el pasado lunes 24 de junio en atención a una orden de arresto internacional emitida por las autoridades estadounidenses.
Gamboa y el crimen organizado
Gamboa, quien en el pasado se desempeñó como magistrado suplente y fiscal adjunto en Costa Rica, es requerido por la justicia de Estados Unidos bajo cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína y tráfico internacional de drogas.
Las acusaciones lo vinculan como presunto coordinador regional de redes de narcotráfico, con conexiones con organizaciones criminales como el Cártel del Golfo (México), el Clan del Golfo (Colombia) y el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con información consignada en la solicitud de extradición, fue en 2023 cuando Gamboa aseguró contar con apoyo del Gobierno costarricense para facilitar el paso de droga por el país, tanto por el Caribe como por el Pacífico.
La magnitud de las acusaciones provocó una semana de tensión política en Costa Rica. Zúñiga admitió que la captura de Gamboa “desató una semana convulsa” debido al alto perfil político del exmagistrado y a los posibles vínculos con figuras públicas aún en ejercicio.
Durante la sesión de la Comisión legislativa, el director del OIJ destacó el riesgo de infiltración del narcotráfico en instituciones del Estado y pidió mayor vigilancia, especialmente en zonas como Golfito, Bahía Drake (Osa) y Cabo Velas (La Cruz), las cuales describió como puntos críticos para el tráfico de drogas.
Además, solicitó a los diputados reformar la legislación actual para permitir allanamientos en propiedades privadas durante investigaciones de personas con solicitudes de extradición.
“Actualmente, sólo podemos capturarlos en vía pública, lo cual limita nuestras capacidades”, advirtió.
Reacciones encontradas
Las declaraciones de Zúñiga provocaron reacciones inmediatas y divididas entre los legisladores. La diputada Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), preguntó si el contacto entre Campos y Gamboa podría derivar en una relación de carácter ilícito. Zúñiga evitó especular y respondió: “Yo nunca tendría contacto con una persona que está defendiendo narcotraficantes, evidentemente no lo haría”.
Por su parte, Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, minimizó las revelaciones, calificándolas de “puro humo” y sugirió que Zúñiga no aportó pruebas concretas.
“¿Dónde están los nombres? ¿Dónde están los indicios? Parece que lo pensó mejor y por eso no dijo más. Todo el Poder Judicial ha tenido relación con Gamboa en algún momento, eso es normal”, manifestó ante los medios.
Cisneros también alegó que tanto Campos como Gamboa fueron aliados en el pasado en la lucha contra el narcotráfico, insinuando que su vínculo no necesariamente implica una relación ilícita.
Sin acusaciones penales, pero con señales de alerta
Zúñiga reiteró en varias ocasiones que no ha acusado al ministro Campos de cometer delito alguno.
“En ningún momento he indicado que se trate de una relación criminal. Si lo fuera, no podría mencionarla porque estaría protegida por el deber de confidencialidad en una investigación judicial”, subrayó.
Sin embargo, la comparecencia del jefe del OIJ siembra dudas en torno al nivel de conocimiento que tenía el presidente Chaves sobre las relaciones entre altos funcionarios de su gobierno y un individuo ahora señalado como figura clave del narcotráfico regional.
Estas dudas se intensifican por el hecho de que, según el propio relato de Zúñiga, fue el ministro de Justicia quien le confesó al mandatario, más de un año antes del arresto, que mantenía vínculos con Gamboa.
Además, el silencio mantenido por la Presidencia sobre este tema desde la detención del exmagistrado ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del Ejecutivo y su compromiso en la lucha contra la criminalidad organizada.
¿Y ahora qué?
En medio del debate político y la presión mediática, el caso Gamboa continúa revelando fisuras entre instituciones, pugnas de poder y, sobre todo, las vulnerabilidades de Costa Rica ante el avance del crimen organizado.
Por ahora, el país espera una decisión judicial sobre la extradición de Gamboa, mientras el OIJ profundiza sus pesquisas sobre los posibles vínculos entre el narcotráfico y actores gubernamentales.
La comparecencia de Zúñiga en la Asamblea Legislativa no cierra el capítulo, sino que lo abre con más interrogantes:
¿Quién es el asesor presidencial vinculado a Gamboa? ¿Qué sabía el presidente Chaves desde marzo de 2023? ¿Por qué no se tomaron medidas preventivas en su momento? ¿Qué nivel de penetración ha alcanzado el narcotráfico en el aparato estatal?
Mientras tanto, el director del OIJ envió un claro mensaje: “Las organizaciones criminales siempre intentarán penetrar las instituciones. Nuestra tarea es impedirlo con firmeza y vigilancia constante”.
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