San José, 25 Jun (Elpaís.cr).- La Defensoría de los Habitantes de la República informó que durante el año 2024 intervino en 27.839 casos relacionados con posibles violaciones a los derechos de las personas en todo el territorio nacional.
Así lo comunicó la defensora Angie Cruickshank Lambert este miércoles ante el Plenario Legislativo, al presentar el Informe Anual de Labores 2024-2025, como lo establece la ley que rige esta institución.
De acuerdo con el informe, los casos atendidos provienen mayoritariamente de personas entre los 25 y 54 años que interpusieron denuncias o realizaron consultas por diversas situaciones que afectaron sus derechos.
La Defensoría identificó como principales motivos de las intervenciones la dilación en la atención en servicios de salud, deficiencias en la atención de los centros penales, afectaciones en la documentación personal por trámites administrativos, lentitud en la tramitación de beneficios sociales, así como problemas en el ámbito educativo, ambiental y municipal.
Entre las instituciones públicas más señaladas por los habitantes durante el período 2024 destacan el Ministerio de Justicia y Paz, que acumuló 4.472 casos; la Dirección General de Migración y Extranjería, con 3.117 casos; la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con 2.557; el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con 2.176; el Ministerio de Educación Pública (MEP), con 1.732; y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con 1.099.
En cuanto a la distribución geográfica de los casos, los cantones con mayor número de intervenciones fueron Pérez Zeledón, San José, Alajuela, San Carlos, Heredia, Sarapiquí, Limón, Pococí, Liberia, Carrillo, Cartago, La Unión, Puntarenas y Corredores. La Defensoría destacó que estas zonas reflejan una mayor recurrencia de reclamos por parte de los habitantes, relacionados con diversas problemáticas que afectan su calidad de vida.
El informe también revela que, en el caso de los gobiernos locales, la institución recibió un total de 1.105 denuncias dirigidas a las municipalidades. Las principales quejas estuvieron relacionadas con deficiencias en infraestructura, irregularidades en procesos administrativos, contaminación ambiental y limitaciones en el acceso al agua potable. Las municipalidades con más reportes fueron las de San José, Pérez Zeledón, Alajuela y Puntarenas.
Cruickshank recordó que el ámbito de competencia de la Defensoría se limita al sector público y que, por ley, no puede intervenir en asuntos que correspondan exclusivamente a las instancias judiciales o electorales. Además, subrayó que las personas usuarias tienen el deber de presentar primero su queja directamente ante la institución pública correspondiente. Si no reciben una respuesta en un plazo de diez días hábiles, entonces pueden acudir a la Defensoría, que procederá a tramitar el caso.
La Defensora señaló que estos datos reflejan la importancia de fortalecer los mecanismos de atención en las instituciones públicas y de mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía. Además, destacó el compromiso de la entidad por seguir velando por la defensa de los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia administrativa en Costa Rica.
San José, 25 Jun (Elpaís.cr).- La Defensoría de los Habitantes de la República informó que durante el año 2024 intervino en 27.839 casos relacionados con posibles violaciones a los derechos de las personas en todo el territorio nacional. Así lo comunicó la defensora Angie Cruickshank Lambert este miércoles ante el Plenario Legislativo, al presentar el
San José, 25 Jun (Elpaís.cr).- La Defensoría de los Habitantes de la República informó que durante el año 2024 intervino en 27.839 casos relacionados con posibles violaciones a los derechos de las personas en todo el territorio nacional.
Así lo comunicó la defensora Angie Cruickshank Lambert este miércoles ante el Plenario Legislativo, al presentar el Informe Anual de Labores 2024-2025, como lo establece la ley que rige esta institución.
De acuerdo con el informe, los casos atendidos provienen mayoritariamente de personas entre los 25 y 54 años que interpusieron denuncias o realizaron consultas por diversas situaciones que afectaron sus derechos.
La Defensoría identificó como principales motivos de las intervenciones la dilación en la atención en servicios de salud, deficiencias en la atención de los centros penales, afectaciones en la documentación personal por trámites administrativos, lentitud en la tramitación de beneficios sociales, así como problemas en el ámbito educativo, ambiental y municipal.
Entre las instituciones públicas más señaladas por los habitantes durante el período 2024 destacan el Ministerio de Justicia y Paz, que acumuló 4.472 casos; la Dirección General de Migración y Extranjería, con 3.117 casos; la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con 2.557; el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con 2.176; el Ministerio de Educación Pública (MEP), con 1.732; y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con 1.099.
En cuanto a la distribución geográfica de los casos, los cantones con mayor número de intervenciones fueron Pérez Zeledón, San José, Alajuela, San Carlos, Heredia, Sarapiquí, Limón, Pococí, Liberia, Carrillo, Cartago, La Unión, Puntarenas y Corredores. La Defensoría destacó que estas zonas reflejan una mayor recurrencia de reclamos por parte de los habitantes, relacionados con diversas problemáticas que afectan su calidad de vida.
El informe también revela que, en el caso de los gobiernos locales, la institución recibió un total de 1.105 denuncias dirigidas a las municipalidades. Las principales quejas estuvieron relacionadas con deficiencias en infraestructura, irregularidades en procesos administrativos, contaminación ambiental y limitaciones en el acceso al agua potable. Las municipalidades con más reportes fueron las de San José, Pérez Zeledón, Alajuela y Puntarenas.
Cruickshank recordó que el ámbito de competencia de la Defensoría se limita al sector público y que, por ley, no puede intervenir en asuntos que correspondan exclusivamente a las instancias judiciales o electorales. Además, subrayó que las personas usuarias tienen el deber de presentar primero su queja directamente ante la institución pública correspondiente. Si no reciben una respuesta en un plazo de diez días hábiles, entonces pueden acudir a la Defensoría, que procederá a tramitar el caso.
La Defensora señaló que estos datos reflejan la importancia de fortalecer los mecanismos de atención en las instituciones públicas y de mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía. Además, destacó el compromiso de la entidad por seguir velando por la defensa de los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia administrativa en Costa Rica.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País