San José, 9 Jul (Elpaís.cr) – El Gobierno de Costa Rica decidió extender el plazo de permanencia y conceder permiso de trabajo a 25 migrantes expulsados por Estados Unidos hacia territorio costarricense en febrero pasado, en el marco de un acuerdo bilateral entre ambos países.
La medida otorga a estas personas una prórroga de seis meses bajo una categoría humanitaria de estancia.
Los beneficiarios de esta resolución son parte de un grupo más amplio de 200 personas —provenientes de países asiáticos, africanos y europeos— que fueron trasladadas a Costa Rica por decisión del gobierno estadounidense. A su llegada, el grupo fue distribuido en dos vuelos: el primero el 20 de febrero y el segundo el 25 del mismo mes. Todos recibieron un ingreso excepcional para una permanencia transitoria en el país.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) confirmó que los 25 migrantes que aún permanecen en Costa Rica están albergados en el Centro de Atención para la Persona Migrante (CAPMi), ubicado en el cantón de Corredores, en la zona sur del país.
La resolución enfatiza que estas personas “no están acogidas a ningún programa, como el de retorno voluntario a sus países de origen o el de refugio”, por lo que se les concede una condición especial de protección bajo una categoría humanitaria.
La decisión responde en parte a cuestionamientos internacionales y locales sobre el trato recibido por estos migrantes desde su arribo.
Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) y el American Friends Service Committee (AFSC), han denunciado reiteradas violaciones a los derechos fundamentales de este grupo de personas.
En un informe conjunto, estas entidades acusaron al gobierno costarricense de mantener a los migrantes detenidos arbitrariamente, negarles el acceso a mecanismos de protección internacional y exponerlos a posibles escenarios de persecución y riesgo.
Según el documento, las autoridades habrían vulnerado también el derecho de los migrantes a la salud, su integridad física y emocional, así como sus proyectos de vida.
La resolución publicada por la DGME no hace alusión directa a estas denuncias, pero la concesión del permiso laboral y la extensión de la permanencia se interpreta como una respuesta a la presión ejercida por la comunidad internacional y por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Un limbo migratorio sin precedentes
El caso ha generado una discusión nacional e internacional por su carácter inédito. Si bien Costa Rica ha sido históricamente un país receptor de migrantes y refugiados, la reubicación forzosa de personas expulsadas por Estados Unidos marca un precedente complejo en la gestión migratoria de la región.
A diferencia de otros procesos de traslado coordinado o de reasentamiento voluntario, los 200 migrantes fueron enviados a Costa Rica sin que, según han denunciado organizaciones y algunos expertos legales, se les brindara una oportunidad clara de solicitar asilo en Estados Unidos o presentar sus casos ante instancias judiciales.
“El traslado forzoso de estas personas, sin garantías procesales ni acceso a protección internacional, constituye una violación flagrante al derecho internacional y pone en entredicho la soberanía del Estado costarricense en la toma de decisiones migratorias”, afirmó en su momento la directora regional de CEJIL, Viviana Krsticevic.
La situación también ha generado tensiones políticas. Mientras sectores cercanos al gobierno justifican la medida como una acción humanitaria en cumplimiento de compromisos bilaterales, otros actores sociales y políticos cuestionan la falta de transparencia del acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos, así como la ausencia de una política clara para garantizar los derechos y el bienestar de las personas trasladadas.
Permiso de trabajo: una medida paliativa
La autorización para trabajar durante seis meses representa, según algunos analistas, una medida paliativa frente a una situación que ha dejado a estas personas en un limbo legal.
El acceso al empleo formal puede representar una vía de integración temporal, pero no resuelve los problemas de fondo vinculados a su estatus migratorio.
“El permiso de trabajo no elimina el hecho de que estas personas no tienen una solución definitiva. Su situación sigue siendo incierta, y sin una política integral de protección, están expuestas a nuevas formas de vulnerabilidad”, explicó la abogada y especialista en derechos humanos, Carolina Monge.
Por ahora, los 25 migrantes continúan bajo custodia del Estado en el CAPMi de Corredores, a la espera de una eventual resolución sobre su futuro. Algunos de ellos han expresado, a través de intermediarios, su deseo de ser reubicados en terceros países o de iniciar procesos de regularización en Costa Rica, pero hasta el momento no se ha dado a conocer un plan concreto en ese sentido.
La DGME no ha informado si se planea extender este permiso a otros migrantes del grupo inicial que hayan salido del albergue o abandonado el país, ni si habrá nuevas deportaciones por parte de Estados Unidos bajo este mismo esquema.
Denuncias continúan bajo investigación
Las denuncias sobre violaciones de derechos humanos siguen activas. Diversas organizaciones han presentado recursos legales y solicitudes de investigación ante instancias nacionales e internacionales. La Defensoría de los Habitantes también ha solicitado al Ministerio de Gobernación y Policía, así como a la DGME, un informe detallado sobre el manejo del caso y las garantías ofrecidas a las personas trasladadas.
“El Estado costarricense tiene la obligación de proteger a cualquier persona dentro de su territorio, sin discriminación por su nacionalidad o situación migratoria. Debe garantizar condiciones dignas, acceso a la salud y protección frente a cualquier riesgo, especialmente cuando se trata de personas que han sido expulsadas sin un debido proceso”, declaró la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.
Este episodio pone en evidencia los retos que enfrenta Costa Rica en materia de migración y derechos humanos en un contexto regional cada vez más complejo.
La decisión de otorgar permisos laborales temporales podría representar un primer paso hacia una política más humanitaria, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para responder a nuevas presiones migratorias y garantizar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su origen.
San José, 9 Jul (Elpaís.cr) – El Gobierno de Costa Rica decidió extender el plazo de permanencia y conceder permiso de trabajo a 25 migrantes expulsados por Estados Unidos hacia territorio costarricense en febrero pasado, en el marco de un acuerdo bilateral entre ambos países. La medida otorga a estas personas una prórroga de seis
San José, 9 Jul (Elpaís.cr) – El Gobierno de Costa Rica decidió extender el plazo de permanencia y conceder permiso de trabajo a 25 migrantes expulsados por Estados Unidos hacia territorio costarricense en febrero pasado, en el marco de un acuerdo bilateral entre ambos países.
La medida otorga a estas personas una prórroga de seis meses bajo una categoría humanitaria de estancia.
Los beneficiarios de esta resolución son parte de un grupo más amplio de 200 personas —provenientes de países asiáticos, africanos y europeos— que fueron trasladadas a Costa Rica por decisión del gobierno estadounidense. A su llegada, el grupo fue distribuido en dos vuelos: el primero el 20 de febrero y el segundo el 25 del mismo mes. Todos recibieron un ingreso excepcional para una permanencia transitoria en el país.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) confirmó que los 25 migrantes que aún permanecen en Costa Rica están albergados en el Centro de Atención para la Persona Migrante (CAPMi), ubicado en el cantón de Corredores, en la zona sur del país.
La resolución enfatiza que estas personas “no están acogidas a ningún programa, como el de retorno voluntario a sus países de origen o el de refugio”, por lo que se les concede una condición especial de protección bajo una categoría humanitaria.
La decisión responde en parte a cuestionamientos internacionales y locales sobre el trato recibido por estos migrantes desde su arribo.
Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) y el American Friends Service Committee (AFSC), han denunciado reiteradas violaciones a los derechos fundamentales de este grupo de personas.
En un informe conjunto, estas entidades acusaron al gobierno costarricense de mantener a los migrantes detenidos arbitrariamente, negarles el acceso a mecanismos de protección internacional y exponerlos a posibles escenarios de persecución y riesgo.
Según el documento, las autoridades habrían vulnerado también el derecho de los migrantes a la salud, su integridad física y emocional, así como sus proyectos de vida.
La resolución publicada por la DGME no hace alusión directa a estas denuncias, pero la concesión del permiso laboral y la extensión de la permanencia se interpreta como una respuesta a la presión ejercida por la comunidad internacional y por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Un limbo migratorio sin precedentes
El caso ha generado una discusión nacional e internacional por su carácter inédito. Si bien Costa Rica ha sido históricamente un país receptor de migrantes y refugiados, la reubicación forzosa de personas expulsadas por Estados Unidos marca un precedente complejo en la gestión migratoria de la región.
A diferencia de otros procesos de traslado coordinado o de reasentamiento voluntario, los 200 migrantes fueron enviados a Costa Rica sin que, según han denunciado organizaciones y algunos expertos legales, se les brindara una oportunidad clara de solicitar asilo en Estados Unidos o presentar sus casos ante instancias judiciales.
“El traslado forzoso de estas personas, sin garantías procesales ni acceso a protección internacional, constituye una violación flagrante al derecho internacional y pone en entredicho la soberanía del Estado costarricense en la toma de decisiones migratorias”, afirmó en su momento la directora regional de CEJIL, Viviana Krsticevic.
La situación también ha generado tensiones políticas. Mientras sectores cercanos al gobierno justifican la medida como una acción humanitaria en cumplimiento de compromisos bilaterales, otros actores sociales y políticos cuestionan la falta de transparencia del acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos, así como la ausencia de una política clara para garantizar los derechos y el bienestar de las personas trasladadas.
Permiso de trabajo: una medida paliativa
La autorización para trabajar durante seis meses representa, según algunos analistas, una medida paliativa frente a una situación que ha dejado a estas personas en un limbo legal.
El acceso al empleo formal puede representar una vía de integración temporal, pero no resuelve los problemas de fondo vinculados a su estatus migratorio.
“El permiso de trabajo no elimina el hecho de que estas personas no tienen una solución definitiva. Su situación sigue siendo incierta, y sin una política integral de protección, están expuestas a nuevas formas de vulnerabilidad”, explicó la abogada y especialista en derechos humanos, Carolina Monge.
Por ahora, los 25 migrantes continúan bajo custodia del Estado en el CAPMi de Corredores, a la espera de una eventual resolución sobre su futuro. Algunos de ellos han expresado, a través de intermediarios, su deseo de ser reubicados en terceros países o de iniciar procesos de regularización en Costa Rica, pero hasta el momento no se ha dado a conocer un plan concreto en ese sentido.
La DGME no ha informado si se planea extender este permiso a otros migrantes del grupo inicial que hayan salido del albergue o abandonado el país, ni si habrá nuevas deportaciones por parte de Estados Unidos bajo este mismo esquema.
Denuncias continúan bajo investigación
Las denuncias sobre violaciones de derechos humanos siguen activas. Diversas organizaciones han presentado recursos legales y solicitudes de investigación ante instancias nacionales e internacionales. La Defensoría de los Habitantes también ha solicitado al Ministerio de Gobernación y Policía, así como a la DGME, un informe detallado sobre el manejo del caso y las garantías ofrecidas a las personas trasladadas.
“El Estado costarricense tiene la obligación de proteger a cualquier persona dentro de su territorio, sin discriminación por su nacionalidad o situación migratoria. Debe garantizar condiciones dignas, acceso a la salud y protección frente a cualquier riesgo, especialmente cuando se trata de personas que han sido expulsadas sin un debido proceso”, declaró la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.
Este episodio pone en evidencia los retos que enfrenta Costa Rica en materia de migración y derechos humanos en un contexto regional cada vez más complejo.
La decisión de otorgar permisos laborales temporales podría representar un primer paso hacia una política más humanitaria, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para responder a nuevas presiones migratorias y garantizar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su origen.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País