San José, 24 Jun (Elpaís.cr).- El Gobierno de Rodrigo Chaves, mediante un decreto firmado por la ministra de Salud, Mary Munive, oficializó este martes una reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable que eleva los límites permitidos de residuos de plaguicidas en el agua destinada al consumo humano.
La medida, publicada en el diario oficial La Gaceta, ha desatado una fuerte ola de críticas de sectores académicos, técnicos, comunitarios y ambientales, que consideran el cambio como un grave retroceso en la protección del recurso hídrico y la salud pública del país.
La modificación al reglamento legaliza concentraciones de sustancias peligrosas, como los metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en Costa Rica en 2023 por su carácter cancerígeno. Estos compuestos habían sido detectados en al menos 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites establecidos por el reglamento vigente hasta este lunes. Ahora, con la reforma, el Gobierno “legaliza” la presencia de estos residuos, lo que, para los críticos, representa una manera de encubrir la falta de acciones para enfrentar la contaminación ya comprobada en esas fuentes.
Organizaciones ecologistas y movimientos sociales expresaron su rechazo frontal al decreto. El Frente Ecológico Cipreses denunció que la reforma “erosiona el derecho al agua consagrado en la Constitución Política y constituye una regresión en materia ambiental”. Por su parte, el Bloque Verde afirmó que la nueva norma es “anticientífica, insalubre y desproporcionada, otorgando carta blanca a la industria de los agrotóxicos para contaminar el agua con impunidad”.
El decreto se adoptó pese al rechazo de un amplio conjunto de actores que participaron en el proceso de consulta pública. Entre ellos destacan las universidades públicas —la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico (TEC), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional (UNA)— que, en sus pronunciamientos, alertaron sobre los riesgos para la salud y el ambiente, y cuestionaron los fundamentos científicos y técnicos de la reforma. Las universidades solicitaron, entre otras medidas, la creación de un comité técnico intersectorial, el fortalecimiento de protocolos de monitoreo y la eliminación de cultivos contaminantes en las zonas de recarga de agua.
También se opusieron al decreto la Defensoría de los Habitantes, que pidió priorizar el bienestar y la protección ambiental; la ARESEP, que advirtió sobre impactos tarifarios derivados del aumento en los costos de análisis de riesgos; y la Academia Nacional de Ciencias, que consideró la reforma un atentado al principio precautorio y un retroceso en la salud pública.
A estas voces se sumaron colectivos ecologistas, organizaciones sociales, sindicatos y diputaciones como Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Kattia Cambronero Aguiluz.
La reforma introduce la figura del Valor de Alerta en lugar del tradicional Valor Máximo Admisible, lo que, según los expertos, permite niveles más altos de contaminantes sin un respaldo técnico sólido ni una metodología clara para su evaluación y control.
La ex presidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, criticó la medida por aumentar el riesgo de cáncer en la población y por incumplir normas como la Ley de Aguas, que establece zonas de protección de al menos 200 metros alrededor de las fuentes.
Ante este escenario, sectores ambientales y académicos anunciaron que convocarán a instituciones como el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Defensoría de los Habitantes y otros actores para definir acciones legales y técnicas que permitan revertir el decreto y restaurar los estándares de protección del agua potable en el país.
La publicación de esta reforma, en lugar de atender la emergencia ambiental derivada de la contaminación de fuentes de agua, representa para los sectores críticos un giro preocupante en las políticas de salud pública y protección ambiental bajo la administración Chaves.
Los colectivos han advertido que no descartan movilizaciones ni recursos judiciales para frenar lo que califican como una “legalización de la contaminación”.
La polémica por este decreto se suma a otros cuestionamientos recientes a la política ambiental del actual Gobierno, en momentos en que Costa Rica enfrenta desafíos crecientes por el uso intensivo de agroquímicos y la protección de sus fuentes de agua.
San José, 24 Jun (Elpaís.cr).- El Gobierno de Rodrigo Chaves, mediante un decreto firmado por la ministra de Salud, Mary Munive, oficializó este martes una reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable que eleva los límites permitidos de residuos de plaguicidas en el agua destinada al consumo humano. La medida, publicada en el
San José, 24 Jun (Elpaís.cr).- El Gobierno de Rodrigo Chaves, mediante un decreto firmado por la ministra de Salud, Mary Munive, oficializó este martes una reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable que eleva los límites permitidos de residuos de plaguicidas en el agua destinada al consumo humano.
La medida, publicada en el diario oficial La Gaceta, ha desatado una fuerte ola de críticas de sectores académicos, técnicos, comunitarios y ambientales, que consideran el cambio como un grave retroceso en la protección del recurso hídrico y la salud pública del país.
La modificación al reglamento legaliza concentraciones de sustancias peligrosas, como los metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en Costa Rica en 2023 por su carácter cancerígeno. Estos compuestos habían sido detectados en al menos 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites establecidos por el reglamento vigente hasta este lunes. Ahora, con la reforma, el Gobierno “legaliza” la presencia de estos residuos, lo que, para los críticos, representa una manera de encubrir la falta de acciones para enfrentar la contaminación ya comprobada en esas fuentes.
Organizaciones ecologistas y movimientos sociales expresaron su rechazo frontal al decreto. El Frente Ecológico Cipreses denunció que la reforma “erosiona el derecho al agua consagrado en la Constitución Política y constituye una regresión en materia ambiental”. Por su parte, el Bloque Verde afirmó que la nueva norma es “anticientífica, insalubre y desproporcionada, otorgando carta blanca a la industria de los agrotóxicos para contaminar el agua con impunidad”.
El decreto se adoptó pese al rechazo de un amplio conjunto de actores que participaron en el proceso de consulta pública. Entre ellos destacan las universidades públicas —la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico (TEC), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional (UNA)— que, en sus pronunciamientos, alertaron sobre los riesgos para la salud y el ambiente, y cuestionaron los fundamentos científicos y técnicos de la reforma. Las universidades solicitaron, entre otras medidas, la creación de un comité técnico intersectorial, el fortalecimiento de protocolos de monitoreo y la eliminación de cultivos contaminantes en las zonas de recarga de agua.
También se opusieron al decreto la Defensoría de los Habitantes, que pidió priorizar el bienestar y la protección ambiental; la ARESEP, que advirtió sobre impactos tarifarios derivados del aumento en los costos de análisis de riesgos; y la Academia Nacional de Ciencias, que consideró la reforma un atentado al principio precautorio y un retroceso en la salud pública.
A estas voces se sumaron colectivos ecologistas, organizaciones sociales, sindicatos y diputaciones como Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Kattia Cambronero Aguiluz.
La reforma introduce la figura del Valor de Alerta en lugar del tradicional Valor Máximo Admisible, lo que, según los expertos, permite niveles más altos de contaminantes sin un respaldo técnico sólido ni una metodología clara para su evaluación y control.
La ex presidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, criticó la medida por aumentar el riesgo de cáncer en la población y por incumplir normas como la Ley de Aguas, que establece zonas de protección de al menos 200 metros alrededor de las fuentes.
Ante este escenario, sectores ambientales y académicos anunciaron que convocarán a instituciones como el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Defensoría de los Habitantes y otros actores para definir acciones legales y técnicas que permitan revertir el decreto y restaurar los estándares de protección del agua potable en el país.
La publicación de esta reforma, en lugar de atender la emergencia ambiental derivada de la contaminación de fuentes de agua, representa para los sectores críticos un giro preocupante en las políticas de salud pública y protección ambiental bajo la administración Chaves.
Los colectivos han advertido que no descartan movilizaciones ni recursos judiciales para frenar lo que califican como una “legalización de la contaminación”.
La polémica por este decreto se suma a otros cuestionamientos recientes a la política ambiental del actual Gobierno, en momentos en que Costa Rica enfrenta desafíos crecientes por el uso intensivo de agroquímicos y la protección de sus fuentes de agua.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País