San José, 5 jul (EP/PL).- La Fiscalía General de Costa Rica mantiene abierta una causa penal contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, por presuntos delitos electorales en el financiamiento de su campaña en 2022.
La denuncia formal es también contra Stephan Brunner, vicepresidente del país; Pilar Cisneros, diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el cual llevó al poder al mandatario; Arnoldo André Tinoco, canciller; y los diputados oficialistas Julio Agüero, Luz Mary Alpízar y Paola Nájera.
El líder del Ministerio Público, Carlo Diaz, basó la acusación formal en la supuesta utilización de dos estructuras paralelas (al margen del PPSD) para recaudar y gestionar financiamiento en favor de la campaña de Chaves.
Según la investigación, que arrancó en 2022, año en que Chaves asumió como mandatario, dichas entidades sirvieron para financiar la contienda comicial del PPSD en el período electoral 2021-2022.
Las dos estructuras identificadas fueron un fideicomiso bajo el nombre de Costa Rica Próspera, y las cuentas bancarias personales de Sofía Agüero, hija del diputado Agüero Sanabria y exasistente del presidente Chaves.
Para la Fiscalía General, ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del PPSD, lo cual contradice el Código Electoral.
«Todo ello -subrayó el Ministerio Público- contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, y afectando la integridad del proceso electoral».
San José, 5 jul (EP/PL).- La Fiscalía General de Costa Rica mantiene abierta una causa penal contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, por presuntos delitos electorales en el financiamiento de su campaña en 2022. La denuncia formal es también contra Stephan Brunner, vicepresidente del país; Pilar Cisneros, diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD),
San José, 5 jul (EP/PL).- La Fiscalía General de Costa Rica mantiene abierta una causa penal contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, por presuntos delitos electorales en el financiamiento de su campaña en 2022.
La denuncia formal es también contra Stephan Brunner, vicepresidente del país; Pilar Cisneros, diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el cual llevó al poder al mandatario; Arnoldo André Tinoco, canciller; y los diputados oficialistas Julio Agüero, Luz Mary Alpízar y Paola Nájera.
El líder del Ministerio Público, Carlo Diaz, basó la acusación formal en la supuesta utilización de dos estructuras paralelas (al margen del PPSD) para recaudar y gestionar financiamiento en favor de la campaña de Chaves.
Según la investigación, que arrancó en 2022, año en que Chaves asumió como mandatario, dichas entidades sirvieron para financiar la contienda comicial del PPSD en el período electoral 2021-2022.
Las dos estructuras identificadas fueron un fideicomiso bajo el nombre de Costa Rica Próspera, y las cuentas bancarias personales de Sofía Agüero, hija del diputado Agüero Sanabria y exasistente del presidente Chaves.
Para la Fiscalía General, ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la tesorería del PPSD, lo cual contradice el Código Electoral.
«Todo ello -subrayó el Ministerio Público- contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, y afectando la integridad del proceso electoral».
Nacionales – Diario Digital Nuestro País