San José, 10 Jun (Elpaís.cr).- La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), sindicato mayoritario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), presentó una denuncia formal ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) contra el Consejo de Gobierno por lo que considera un nombramiento ilegal en la Presidencia Ejecutiva de la institución.
El cuestionamiento gira en torno a la designación de Mónica Taylor Hernández como Presidenta Ejecutiva de la CCSS, cargo al que fue nombrada por el Consejo de Gobierno a inicios de este mes.
Según señala UNDECA, la señora Taylor mantiene una relación laboral vigente con el Ministerio de Hacienda, lo cual, de acuerdo con el artículo 7, inciso b) de la Ley Constitutiva de la CCSS, le impediría formar parte de la Junta Directiva de la institución.
Este señalamiento fue originalmente expuesto en un reportaje de Telenoticias, Canal 7, el cual habría revelado documentos que confirmarían el vínculo laboral de Taylor con Hacienda, situación que se mantendría al momento de su designación.
A juicio de UNDECA, esta situación constituye una violación directa al marco jurídico que rige la composición de la Junta Directiva de la CCSS y podría implicar, además, un quebrantamiento del deber de probidad establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422).
“El Consejo de Gobierno al parecer ignoró esta prohibición expresa, una grave violación del ordenamiento jurídico”, denunció UNDECA en su comunicado, en el que también exige que se investigue y, de comprobarse la ilegalidad, se proceda con la anulación inmediata del nombramiento y la aplicación de las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.
Un posible conflicto de interés
La denuncia pública de UNDECA no solo plantea cuestionamientos jurídicos, sino también éticos. A criterio de la organización sindical, el hecho de que la Presidenta Ejecutiva de la Caja mantenga un vínculo con el Ministerio de Hacienda representa un posible conflicto de interés que podría afectar la independencia y la legitimidad de las decisiones tomadas en el seno de la Junta Directiva.
Esta preocupación cobra especial relevancia si se toma en cuenta la función que desempeña la CCSS en el país. Se trata de una institución autónoma encargada de la seguridad social y la atención en salud de millones de costarricenses, cuya Junta Directiva tiene la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas sobre el uso de recursos, planificación de servicios y políticas institucionales.
UNDECA advierte que decisiones como esta podrían debilitar la institucionalidad de la Caja, una entidad que ya enfrenta presiones económicas, políticas y sociales. Para el sindicato, el respeto al marco legal y la transparencia en los procesos de nombramiento son pilares fundamentales para resguardar la confianza ciudadana en la CCSS.
Un llamado a la defensa institucional
En su pronunciamiento, UNDECA hizo un llamado urgente a todas las personas trabajadoras de la Caja, así como a la ciudadanía en general, a mantenerse vigilantes ante cualquier intento de politización o abuso de poder en la conducción de la institución.
“Desde UNDECA reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y la integridad institucional. Hacemos un llamado urgente a la defensa activa de la Caja, al respeto a su marco normativo y a la lucha frontal contra cualquier intento de manipulación o injerencia indebida”, enfatiza el comunicado.
La denuncia ya fue presentada oficialmente ante la Procuraduría de la Ética Pública, entidad encargada de determinar si hubo o no una falta al deber de probidad por parte del Consejo de Gobierno al avalar el nombramiento. Se espera que la Procuraduría evalúe los elementos presentados y defina si procede abrir una investigación formal.
El artículo clave: prohibición expresa
El artículo 7, inciso b) de la Ley Constitutiva de la CCSS establece que no podrán integrar la Junta Directiva de la institución aquellas personas que mantengan relaciones laborales con otras entidades del Estado que puedan generar conflictos de interés o comprometer la autonomía institucional.
De confirmarse que Mónica Taylor no suspendió su relación con el Ministerio de Hacienda al momento de su nombramiento, podría configurarse una infracción legal que viciaría el proceso de designación.
Esta norma busca precisamente garantizar que las decisiones dentro de la CCSS se tomen con independencia y sin subordinación a intereses ajenos a su misión institucional.
Para UNDECA, el respeto a esta normativa es innegociable y su desconocimiento constituye una amenaza a la integridad del órgano rector de la Caja.
Contexto político y repercusiones
La denuncia ocurre en un contexto de creciente tensión entre sectores sindicales y el Poder Ejecutivo, debido a diversas decisiones que han sido percibidas como intentos de debilitar la autonomía de la CCSS o promover reformas sin consenso social.
Este nuevo episodio podría escalar a una confrontación mayor si la Procuraduría confirma que hubo una falta al deber de probidad.
Además, se prevé que sectores políticos, especialmente desde la Asamblea Legislativa, puedan solicitar explicaciones al Consejo de Gobierno sobre los criterios utilizados para designar a Taylor Hernández y exigir mayor rigurosidad en futuros nombramientos.
Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni la propia Mónica Taylor han emitido declaraciones públicas sobre la denuncia de UNDECA.
Sin embargo, el tema ha comenzado a generar eco en redes sociales y medios de comunicación, alimentando un debate sobre la legalidad del proceso y la responsabilidad ética de quienes ocupan cargos de alta dirección en el sector público.
La Procuraduría de la Ética Pública deberá determinar si los hechos denunciados por UNDECA constituyen una violación al principio de legalidad y al deber de probidad.
En caso afirmativo, podría emitir un informe con recomendaciones que van desde la anulación del nombramiento hasta la remisión del caso a la vía judicial o disciplinaria.
Mientras tanto, la organización sindical insiste en que este no es un caso aislado, sino una manifestación de una preocupante tendencia hacia la instrumentalización política de las instituciones públicas.
“La defensa de la Caja no es solo una lucha sindical, sino una causa nacional”, concluye el comunicado de UNDECA.
San José, 10 Jun (Elpaís.cr).- La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), sindicato mayoritario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), presentó una denuncia formal ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) contra el Consejo de Gobierno por lo que considera un nombramiento ilegal en la Presidencia
San José, 10 Jun (Elpaís.cr).- La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), sindicato mayoritario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), presentó una denuncia formal ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) contra el Consejo de Gobierno por lo que considera un nombramiento ilegal en la Presidencia Ejecutiva de la institución.
El cuestionamiento gira en torno a la designación de Mónica Taylor Hernández como Presidenta Ejecutiva de la CCSS, cargo al que fue nombrada por el Consejo de Gobierno a inicios de este mes.
Según señala UNDECA, la señora Taylor mantiene una relación laboral vigente con el Ministerio de Hacienda, lo cual, de acuerdo con el artículo 7, inciso b) de la Ley Constitutiva de la CCSS, le impediría formar parte de la Junta Directiva de la institución.
Este señalamiento fue originalmente expuesto en un reportaje de Telenoticias, Canal 7, el cual habría revelado documentos que confirmarían el vínculo laboral de Taylor con Hacienda, situación que se mantendría al momento de su designación.
A juicio de UNDECA, esta situación constituye una violación directa al marco jurídico que rige la composición de la Junta Directiva de la CCSS y podría implicar, además, un quebrantamiento del deber de probidad establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422).
“El Consejo de Gobierno al parecer ignoró esta prohibición expresa, una grave violación del ordenamiento jurídico”, denunció UNDECA en su comunicado, en el que también exige que se investigue y, de comprobarse la ilegalidad, se proceda con la anulación inmediata del nombramiento y la aplicación de las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.
Un posible conflicto de interés
La denuncia pública de UNDECA no solo plantea cuestionamientos jurídicos, sino también éticos. A criterio de la organización sindical, el hecho de que la Presidenta Ejecutiva de la Caja mantenga un vínculo con el Ministerio de Hacienda representa un posible conflicto de interés que podría afectar la independencia y la legitimidad de las decisiones tomadas en el seno de la Junta Directiva.
Esta preocupación cobra especial relevancia si se toma en cuenta la función que desempeña la CCSS en el país. Se trata de una institución autónoma encargada de la seguridad social y la atención en salud de millones de costarricenses, cuya Junta Directiva tiene la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas sobre el uso de recursos, planificación de servicios y políticas institucionales.
UNDECA advierte que decisiones como esta podrían debilitar la institucionalidad de la Caja, una entidad que ya enfrenta presiones económicas, políticas y sociales. Para el sindicato, el respeto al marco legal y la transparencia en los procesos de nombramiento son pilares fundamentales para resguardar la confianza ciudadana en la CCSS.
Un llamado a la defensa institucional
En su pronunciamiento, UNDECA hizo un llamado urgente a todas las personas trabajadoras de la Caja, así como a la ciudadanía en general, a mantenerse vigilantes ante cualquier intento de politización o abuso de poder en la conducción de la institución.
“Desde UNDECA reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y la integridad institucional. Hacemos un llamado urgente a la defensa activa de la Caja, al respeto a su marco normativo y a la lucha frontal contra cualquier intento de manipulación o injerencia indebida”, enfatiza el comunicado.
La denuncia ya fue presentada oficialmente ante la Procuraduría de la Ética Pública, entidad encargada de determinar si hubo o no una falta al deber de probidad por parte del Consejo de Gobierno al avalar el nombramiento. Se espera que la Procuraduría evalúe los elementos presentados y defina si procede abrir una investigación formal.
El artículo clave: prohibición expresa
El artículo 7, inciso b) de la Ley Constitutiva de la CCSS establece que no podrán integrar la Junta Directiva de la institución aquellas personas que mantengan relaciones laborales con otras entidades del Estado que puedan generar conflictos de interés o comprometer la autonomía institucional.
De confirmarse que Mónica Taylor no suspendió su relación con el Ministerio de Hacienda al momento de su nombramiento, podría configurarse una infracción legal que viciaría el proceso de designación.
Esta norma busca precisamente garantizar que las decisiones dentro de la CCSS se tomen con independencia y sin subordinación a intereses ajenos a su misión institucional.
Para UNDECA, el respeto a esta normativa es innegociable y su desconocimiento constituye una amenaza a la integridad del órgano rector de la Caja.
Contexto político y repercusiones
La denuncia ocurre en un contexto de creciente tensión entre sectores sindicales y el Poder Ejecutivo, debido a diversas decisiones que han sido percibidas como intentos de debilitar la autonomía de la CCSS o promover reformas sin consenso social.
Este nuevo episodio podría escalar a una confrontación mayor si la Procuraduría confirma que hubo una falta al deber de probidad.
Además, se prevé que sectores políticos, especialmente desde la Asamblea Legislativa, puedan solicitar explicaciones al Consejo de Gobierno sobre los criterios utilizados para designar a Taylor Hernández y exigir mayor rigurosidad en futuros nombramientos.
Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni la propia Mónica Taylor han emitido declaraciones públicas sobre la denuncia de UNDECA.
Sin embargo, el tema ha comenzado a generar eco en redes sociales y medios de comunicación, alimentando un debate sobre la legalidad del proceso y la responsabilidad ética de quienes ocupan cargos de alta dirección en el sector público.
La Procuraduría de la Ética Pública deberá determinar si los hechos denunciados por UNDECA constituyen una violación al principio de legalidad y al deber de probidad.
En caso afirmativo, podría emitir un informe con recomendaciones que van desde la anulación del nombramiento hasta la remisión del caso a la vía judicial o disciplinaria.
Mientras tanto, la organización sindical insiste en que este no es un caso aislado, sino una manifestación de una preocupante tendencia hacia la instrumentalización política de las instituciones públicas.
“La defensa de la Caja no es solo una lucha sindical, sino una causa nacional”, concluye el comunicado de UNDECA.
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