El alto nivel de desestabilización que ha experimentado el territorio panameño en las últimas semanas responde a múltiples reacciones en contra de la estrategia, acelerada por la actual administración de Donald Trump, que busca hacer de Panamá el «patio trasero» de EE.UU., utilizando un tridente: amenaza militar, iniciativa diplomática y operatividad de empresas norteamericanas, algunas ya famosas por su accionar violento.
A partir de la aprobación en marzo pasado de la ley 462, que introduce reformas en la Caja del Seguro Social (CSS), han venido acentuándose las protestas a todo lo largo y ancho del país, tanto en las principales ciudades como en los campos más alejados y fronterizos. Esta semana la tensión fue en aumento.
Dicha reforma no debe ser vista solo como parte de un «plan de ajuste» económico para recortar «gasto social», sino como un intento de exacerbar las ganancias de las grandes empresas transnacionales que explotan diversas áreas en la nación centroamericana y que han comenzado a jugar más fuerte en la medida en que Washington privilegia una política de presión hacia Panamá por todos los frentes, desde el económico hasta el militar, no solo para garantizar el control sobre el canal de Panamá sino para posicionar una «cabeza de playa» en la región, después que los gobiernos de Colombia, Chile y Perú, aliados históricos, le han venido abriendo sus puertas a la inversión china.
La estrategia de EE.UU. para hacer de Panamá el «patio trasero» utiliza un tridente: amenaza militar, iniciativa diplomática y operatividad de empresas norteamericanas, algunas ya famosas por su accionar violento.
Desde la juramentación del presidente de EE.UU., Donald Trump, su gobierno ha mostrado interés particular en Panamá, tomando medidas concretas para apoderarse del control del canal. En los cuatro meses de la nueva administración, el país centroamericano ha sido visitado por el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y por el jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey. Todos regodeados con un discurso supremacista en contra de China quien, desde hace años, se ha convertido en el principal socio comercial de Panamá y el destino de la mayor parte de sus exportaciones. Además de los discursos altisonantes de Trump, en los que adjudica a EE.UU. la propiedad del canal, un conjunto de pasos han afianzado su rápido y belicoso posicionamiento sobre el istmo.
El 9 de abril, ambos gobiernos firmaron un memorando de entendimiento que permite la incursión de militares estadounidenses al país y el trabajo conjunto entre ambas fuerzas armadas. Pero antes, el presidente panameño, José Raúl Mulino, abiertamente amenazado desde Washington, abandonó la iniciativa comercial china de la Ruta de la Seda, lo que afecta el financiamiento a proyectos de infraestructura y corta el flujo a las exportaciones panameñas. También gestionó la venta forzosa de puertos de empresas chinas al estadounidense fondo de inversiones BlackRock.
El 23 de abril, Mulino planteó la reapertura de la empresa canadiense de minería, First Quantum Minerals, lo que significa retomar los contratos derogados por la Corte Suprema de Justicia(CSJP) en 2023, luego de una profunda y larga insurrección popular en contra de la explotación de la mina a «cielo abierto» más grande de Centroamérica. Al día siguiente del anuncio, la compañía canadiense informó que suspendió una demanda internacional contra Panamá en la que exigía 20.000 millones de dólares, en compensación a la medida tomada por el alto tribunal.
EE.UU., apoyado por Mulino, parece estar posicionándose en Panamá para aumentar su influencia y ganancias, y en poco tiempo quiere convertirlo en su «zona de confort», en la que el Estado panameño está perdiendo las facultades para tomar decisiones en torno a las relaciones comerciales con el resto del mundo, y también para dirimir sus conflictos internos por medio de sus propias instituciones, dejando la entrada libre a las tropas estadounidenses con quienes ya ha firmado el mencionado memorando.
La respuesta ha sido en la calle
Las diversas medidas económicas que ha tomado los últimos meses el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, están enmarcadas, fundamentalmente, en el campo geopolítico, pero tienen consecuencia sociales que brotan en forma de malestar social por todos los rincones.
Cabe recordar que estas medidas se enfrentan a un conjunto de actores sociales como gremios, sindicatos, organizaciones indígenas, ambientalistas y movimientos sociales que en diversas ocasiones han logrado revertir intentos de diferentes gobiernos por imponer medidas económicas de ajuste. Hablamos de un movimiento de masas que ha venido en auge desde 2019 y que ha producido importantes victorias en 2022 y 2023.
Así como hay que medir el alto grado de avance de Washington en el territorio panameño, hay que evaluar también el alto grado de resistencia popular con que ha contado este plan. Y es que los movimientos sociales panameños en protestas activas se han convertido en un actor motivado y con músculo social para emprender una larga lucha de resistencia al modelo neoliberal y a la avanzada estadounidense.
Desde el año 2022, las protestas tomaron la calle para exitosamente revertir un aumento del combustible. Luego, en 2023, movilizaciones ecologistas e indígenas lograron el fallo de la CSJP contra First Quantum Minerals (FQM), derogando por «inconstitucional», un contrato entre esta y el gobierno.
En abril de este año, importantes sectores como el de la educación y el de la construcción se unieron para convocar un «paro indefinido» después de aprobada la Ley 462, que sigue siendo el punto de discordia que esta semana ha llegado a un alto nivel de conflictividad.
Especial tensión se vive en torno al conflicto con las bananeras estadounidenses, en tanto, después de un mes de huelga, la empresa Chiquita Brands, sintiéndose apoyada por el desfile funcionarial de EE.UU., ha decidido botar a 1.600 trabajadores, y así deshacerse de toda su nómina. Esta empresa, heredera de la famosa United Fruit Company, ya ha sido condenada por un juez del estado de Florida, EE.UU., por haber financiado grupos paramilitares en Colombia desde la década de los noventa y obligada a resarcir daños a varias de las víctimas de esos grupos.
Es una compañía que no solo ha basado su trabajo en sacar ganancias a la explotación frugífera, sino que ha jugado duro en el impulso de grupos violentos de extrema derecha en la región.
Después de esta medida, y del endurecimiento del discurso del gobierno que ha amenazado a maestros y trabajadores públicos con botarlos de no cesar sus acciones, los cortes de ruta se han multiplicado y están llevando a una situación crítica en importantes puntos del país.
Por su parte, el opositor Partido Demócrata presiona al Ejecutivo para evitar una intervención militar en las áreas de protesta, donde se bloquean carreteras y autopistas en lo que ya, por el tiempo y el grosor, parece una revuelta prolongada que no toca techo y sigue en ascenso.
En estos momentos, el presidente panameño ha planteado «revisar» la ley con la condición de que cesen los bloqueos de carreteras. A su vez, los líderes sociales plantean que no van a abrir las carreteras hasta tanto no deroguen la ley. Es decir, el juego está trancado y el gobierno sigue debilitándose por el alto nivel de movilización de varios gremios y sectores sociales y sindicales que han pedido la intervención del Congreso como instancia de mediación con el Gobierno.
Por el momento, la demanda de derogatoria de la ley 462 mantiene movilizados a manifestantes en diversos lugares del país. Mulino, un empresario más que un político, debe provocar la pacificación de un país que no controla del todo, el problema está de qué forma hacerlo: si llegando a acuerdos con los movilizados o por la vía de la fuerza. En juego está la soberanía del país y también la ganancia de estas empresas. Veremos quién gana.
(*) Ociel Alí López, es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
El alto nivel de desestabilización que ha experimentado el territorio panameño en las últimas semanas responde a múltiples reacciones en contra de la estrategia, acelerada por la actual administración de Donald Trump, que busca hacer de Panamá el «patio trasero» de EE.UU., utilizando un tridente: amenaza militar, iniciativa diplomática y operatividad de empresas norteamericanas, algunas
El alto nivel de desestabilización que ha experimentado el territorio panameño en las últimas semanas responde a múltiples reacciones en contra de la estrategia, acelerada por la actual administración de Donald Trump, que busca hacer de Panamá el «patio trasero» de EE.UU., utilizando un tridente: amenaza militar, iniciativa diplomática y operatividad de empresas norteamericanas, algunas ya famosas por su accionar violento.
A partir de la aprobación en marzo pasado de la ley 462, que introduce reformas en la Caja del Seguro Social (CSS), han venido acentuándose las protestas a todo lo largo y ancho del país, tanto en las principales ciudades como en los campos más alejados y fronterizos. Esta semana la tensión fue en aumento.
Dicha reforma no debe ser vista solo como parte de un «plan de ajuste» económico para recortar «gasto social», sino como un intento de exacerbar las ganancias de las grandes empresas transnacionales que explotan diversas áreas en la nación centroamericana y que han comenzado a jugar más fuerte en la medida en que Washington privilegia una política de presión hacia Panamá por todos los frentes, desde el económico hasta el militar, no solo para garantizar el control sobre el canal de Panamá sino para posicionar una «cabeza de playa» en la región, después que los gobiernos de Colombia, Chile y Perú, aliados históricos, le han venido abriendo sus puertas a la inversión china.
La estrategia de EE.UU. para hacer de Panamá el «patio trasero» utiliza un tridente: amenaza militar, iniciativa diplomática y operatividad de empresas norteamericanas, algunas ya famosas por su accionar violento.
Desde la juramentación del presidente de EE.UU., Donald Trump, su gobierno ha mostrado interés particular en Panamá, tomando medidas concretas para apoderarse del control del canal. En los cuatro meses de la nueva administración, el país centroamericano ha sido visitado por el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y por el jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey. Todos regodeados con un discurso supremacista en contra de China quien, desde hace años, se ha convertido en el principal socio comercial de Panamá y el destino de la mayor parte de sus exportaciones. Además de los discursos altisonantes de Trump, en los que adjudica a EE.UU. la propiedad del canal, un conjunto de pasos han afianzado su rápido y belicoso posicionamiento sobre el istmo.
El 9 de abril, ambos gobiernos firmaron un memorando de entendimiento que permite la incursión de militares estadounidenses al país y el trabajo conjunto entre ambas fuerzas armadas. Pero antes, el presidente panameño, José Raúl Mulino, abiertamente amenazado desde Washington, abandonó la iniciativa comercial china de la Ruta de la Seda, lo que afecta el financiamiento a proyectos de infraestructura y corta el flujo a las exportaciones panameñas. También gestionó la venta forzosa de puertos de empresas chinas al estadounidense fondo de inversiones BlackRock.
El 23 de abril, Mulino planteó la reapertura de la empresa canadiense de minería, First Quantum Minerals, lo que significa retomar los contratos derogados por la Corte Suprema de Justicia(CSJP) en 2023, luego de una profunda y larga insurrección popular en contra de la explotación de la mina a «cielo abierto» más grande de Centroamérica. Al día siguiente del anuncio, la compañía canadiense informó que suspendió una demanda internacional contra Panamá en la que exigía 20.000 millones de dólares, en compensación a la medida tomada por el alto tribunal.
EE.UU., apoyado por Mulino, parece estar posicionándose en Panamá para aumentar su influencia y ganancias, y en poco tiempo quiere convertirlo en su «zona de confort», en la que el Estado panameño está perdiendo las facultades para tomar decisiones en torno a las relaciones comerciales con el resto del mundo, y también para dirimir sus conflictos internos por medio de sus propias instituciones, dejando la entrada libre a las tropas estadounidenses con quienes ya ha firmado el mencionado memorando.
La respuesta ha sido en la calle
Las diversas medidas económicas que ha tomado los últimos meses el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, están enmarcadas, fundamentalmente, en el campo geopolítico, pero tienen consecuencia sociales que brotan en forma de malestar social por todos los rincones.
Cabe recordar que estas medidas se enfrentan a un conjunto de actores sociales como gremios, sindicatos, organizaciones indígenas, ambientalistas y movimientos sociales que en diversas ocasiones han logrado revertir intentos de diferentes gobiernos por imponer medidas económicas de ajuste. Hablamos de un movimiento de masas que ha venido en auge desde 2019 y que ha producido importantes victorias en 2022 y 2023.
Así como hay que medir el alto grado de avance de Washington en el territorio panameño, hay que evaluar también el alto grado de resistencia popular con que ha contado este plan. Y es que los movimientos sociales panameños en protestas activas se han convertido en un actor motivado y con músculo social para emprender una larga lucha de resistencia al modelo neoliberal y a la avanzada estadounidense.
Desde el año 2022, las protestas tomaron la calle para exitosamente revertir un aumento del combustible. Luego, en 2023, movilizaciones ecologistas e indígenas lograron el fallo de la CSJP contra First Quantum Minerals (FQM), derogando por «inconstitucional», un contrato entre esta y el gobierno.
En abril de este año, importantes sectores como el de la educación y el de la construcción se unieron para convocar un «paro indefinido» después de aprobada la Ley 462, que sigue siendo el punto de discordia que esta semana ha llegado a un alto nivel de conflictividad.
Especial tensión se vive en torno al conflicto con las bananeras estadounidenses, en tanto, después de un mes de huelga, la empresa Chiquita Brands, sintiéndose apoyada por el desfile funcionarial de EE.UU., ha decidido botar a 1.600 trabajadores, y así deshacerse de toda su nómina. Esta empresa, heredera de la famosa United Fruit Company, ya ha sido condenada por un juez del estado de Florida, EE.UU., por haber financiado grupos paramilitares en Colombia desde la década de los noventa y obligada a resarcir daños a varias de las víctimas de esos grupos.
Es una compañía que no solo ha basado su trabajo en sacar ganancias a la explotación frugífera, sino que ha jugado duro en el impulso de grupos violentos de extrema derecha en la región.
Después de esta medida, y del endurecimiento del discurso del gobierno que ha amenazado a maestros y trabajadores públicos con botarlos de no cesar sus acciones, los cortes de ruta se han multiplicado y están llevando a una situación crítica en importantes puntos del país.
Por su parte, el opositor Partido Demócrata presiona al Ejecutivo para evitar una intervención militar en las áreas de protesta, donde se bloquean carreteras y autopistas en lo que ya, por el tiempo y el grosor, parece una revuelta prolongada que no toca techo y sigue en ascenso.
En estos momentos, el presidente panameño ha planteado «revisar» la ley con la condición de que cesen los bloqueos de carreteras. A su vez, los líderes sociales plantean que no van a abrir las carreteras hasta tanto no deroguen la ley. Es decir, el juego está trancado y el gobierno sigue debilitándose por el alto nivel de movilización de varios gremios y sectores sociales y sindicales que han pedido la intervención del Congreso como instancia de mediación con el Gobierno.
Por el momento, la demanda de derogatoria de la ley 462 mantiene movilizados a manifestantes en diversos lugares del país. Mulino, un empresario más que un político, debe provocar la pacificación de un país que no controla del todo, el problema está de qué forma hacerlo: si llegando a acuerdos con los movilizados o por la vía de la fuerza. En juego está la soberanía del país y también la ganancia de estas empresas. Veremos quién gana.
(*) Ociel Alí López, es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Opinión – Diario Digital Nuestro País