San José, 7 Jul (Elpaís.cr) – El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) alzó la voz este lunes con una contundente declaración de rechazo contra la reciente reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, impulsada por el Ministerio de Salud, que permite la presencia de residuos de plaguicidas, incluido el agrotóxico clorotalonil, en el agua para consumo humano.
A través de un pronunciamiento público respaldado por la Comisión de Recurso Hídrico y enmarcado en el Acuerdo 19-25, el PCA denunció que esta modificación normativa representa “un grave retroceso” en la protección de los derechos humanos, la salud pública y el ambiente.
La entidad critica que la reforma eleva los niveles máximos de contaminantes permitidos, reduciéndolos a simples valores de referencia para análisis de riesgo, sin respaldo en estudios técnicos independientes.
“La falta de justificación científica y el debilitamiento de los estándares de calidad del agua contradicen directamente los principios constitucionales establecidos en los artículos 21 y 50, y vulneran los compromisos asumidos por el país en materia de sostenibilidad y derechos fundamentales”, advirtió el Parlamento.
Riesgos para la salud y desigualdad social
El PCA también alertó sobre el impacto desproporcionado que esta medida podría tener en poblaciones con acceso limitado a fuentes de agua seguras, muchas de ellas en comunidades rurales y zonas empobrecidas, exacerbando las brechas sociales.
“Diversos estudios han evidenciado la relación entre la exposición prolongada a agua contaminada y enfermedades graves como el cáncer gástrico, cuyos índices en Costa Rica son alarmantemente altos”, subrayó la organización.
Según el Parlamento, la reforma abre la puerta a una normalización de la contaminación química en los sistemas de abastecimiento de agua, lo que se traduciría en graves consecuencias sanitarias para miles de personas.
A su juicio, esto representa un quiebre con los logros históricos del país en materia de sostenibilidad ambiental y salud pública.
Presiones económicas y debilitamiento institucional
El pronunciamiento del PCA advierte también sobre una supuesta influencia de sectores empresariales en la decisión del Ministerio de Salud.
“Nos preocupa profundamente que esta iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares, debilitando la legislación ambiental nacional y sacrificando el bienestar común”, sostiene el texto.
En ese sentido, la organización señala que permitir mayores concentraciones de agrotóxicos como el clorotalonil en el agua potable compromete no solo la salud de la población, sino también el prestigio internacional de Costa Rica como país comprometido con el desarrollo sostenible.
Llamado urgente a revertir la reforma
El Parlamento Cívico Ambiental exhortó al Ministerio de Salud a derogar de inmediato la reforma al reglamento y exigió la creación de una instancia técnica interinstitucional permanente que vele por la calidad del agua potable en el país. Esta comisión, plantea el PCA, debería operar con independencia, rigor científico y participación ciudadana.
“Es urgente recuperar los estándares que aseguran la inocuidad del agua para consumo humano, y avanzar hacia políticas que promuevan la eliminación progresiva de los plaguicidas más peligrosos”, indica el comunicado.
El Parlamento recordó que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han llamado repetidamente a los gobiernos a transitar hacia modelos agroecológicos que reduzcan el uso de agroquímicos.
Rol del control político y la sociedad civil
El pronunciamiento también incluye una exhortación a las y los diputados de la Asamblea Legislativa para que refuercen su rol de control político y continúen denunciando este tipo de reformas. “Instamos al Poder Legislativo a mantenerse firme en la defensa del derecho humano al agua, y a frenar cualquier intento de flexibilizar los controles sobre la contaminación del recurso hídrico”, expresó el PCA.
Del mismo modo, se hace un llamado a la sociedad civil para que se movilice y exija el respeto a los derechos ambientales, utilizando todos los mecanismos disponibles para frenar los efectos de esta reforma.
“El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental. No permitamos que se debiliten los logros alcanzados por décadas de lucha ambiental”, insistió el organismo.
Demandas del Parlamento Cívico Ambiental
Como parte de su acción pública, el PCA estableció una serie de demandas clave dirigidas al Estado costarricense:
-
Derogar la reforma al Reglamento No. 38924-S.
-
Conformar una instancia técnica interinstitucional permanente para velar por la calidad del agua.
-
Impulsar políticas para eliminar progresivamente los agroquímicos altamente peligrosos.
-
Asegurar el respeto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.
-
Reforzar el control político por parte de las y los diputados.
-
Movilizar a la sociedad civil para impedir que prospere el decreto.
El comunicado concluye con un llamado a todos los actores sociales, institucionales y políticos a mantenerse vigilantes y activos en la defensa de la salud pública, el patrimonio ecológico nacional y los principios de un desarrollo verdaderamente sostenible.
San José, 7 Jul (Elpaís.cr) – El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) alzó la voz este lunes con una contundente declaración de rechazo contra la reciente reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, impulsada por el Ministerio de Salud, que permite la presencia de residuos de plaguicidas, incluido el agrotóxico clorotalonil, en
San José, 7 Jul (Elpaís.cr) – El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) alzó la voz este lunes con una contundente declaración de rechazo contra la reciente reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, impulsada por el Ministerio de Salud, que permite la presencia de residuos de plaguicidas, incluido el agrotóxico clorotalonil, en el agua para consumo humano.
A través de un pronunciamiento público respaldado por la Comisión de Recurso Hídrico y enmarcado en el Acuerdo 19-25, el PCA denunció que esta modificación normativa representa “un grave retroceso” en la protección de los derechos humanos, la salud pública y el ambiente.
La entidad critica que la reforma eleva los niveles máximos de contaminantes permitidos, reduciéndolos a simples valores de referencia para análisis de riesgo, sin respaldo en estudios técnicos independientes.
“La falta de justificación científica y el debilitamiento de los estándares de calidad del agua contradicen directamente los principios constitucionales establecidos en los artículos 21 y 50, y vulneran los compromisos asumidos por el país en materia de sostenibilidad y derechos fundamentales”, advirtió el Parlamento.
Riesgos para la salud y desigualdad social
El PCA también alertó sobre el impacto desproporcionado que esta medida podría tener en poblaciones con acceso limitado a fuentes de agua seguras, muchas de ellas en comunidades rurales y zonas empobrecidas, exacerbando las brechas sociales.
“Diversos estudios han evidenciado la relación entre la exposición prolongada a agua contaminada y enfermedades graves como el cáncer gástrico, cuyos índices en Costa Rica son alarmantemente altos”, subrayó la organización.
Según el Parlamento, la reforma abre la puerta a una normalización de la contaminación química en los sistemas de abastecimiento de agua, lo que se traduciría en graves consecuencias sanitarias para miles de personas.
A su juicio, esto representa un quiebre con los logros históricos del país en materia de sostenibilidad ambiental y salud pública.
Presiones económicas y debilitamiento institucional
El pronunciamiento del PCA advierte también sobre una supuesta influencia de sectores empresariales en la decisión del Ministerio de Salud.
“Nos preocupa profundamente que esta iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares, debilitando la legislación ambiental nacional y sacrificando el bienestar común”, sostiene el texto.
En ese sentido, la organización señala que permitir mayores concentraciones de agrotóxicos como el clorotalonil en el agua potable compromete no solo la salud de la población, sino también el prestigio internacional de Costa Rica como país comprometido con el desarrollo sostenible.
Llamado urgente a revertir la reforma
El Parlamento Cívico Ambiental exhortó al Ministerio de Salud a derogar de inmediato la reforma al reglamento y exigió la creación de una instancia técnica interinstitucional permanente que vele por la calidad del agua potable en el país. Esta comisión, plantea el PCA, debería operar con independencia, rigor científico y participación ciudadana.
“Es urgente recuperar los estándares que aseguran la inocuidad del agua para consumo humano, y avanzar hacia políticas que promuevan la eliminación progresiva de los plaguicidas más peligrosos”, indica el comunicado.
El Parlamento recordó que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han llamado repetidamente a los gobiernos a transitar hacia modelos agroecológicos que reduzcan el uso de agroquímicos.
Rol del control político y la sociedad civil
El pronunciamiento también incluye una exhortación a las y los diputados de la Asamblea Legislativa para que refuercen su rol de control político y continúen denunciando este tipo de reformas. “Instamos al Poder Legislativo a mantenerse firme en la defensa del derecho humano al agua, y a frenar cualquier intento de flexibilizar los controles sobre la contaminación del recurso hídrico”, expresó el PCA.
Del mismo modo, se hace un llamado a la sociedad civil para que se movilice y exija el respeto a los derechos ambientales, utilizando todos los mecanismos disponibles para frenar los efectos de esta reforma.
“El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental. No permitamos que se debiliten los logros alcanzados por décadas de lucha ambiental”, insistió el organismo.
Demandas del Parlamento Cívico Ambiental
Como parte de su acción pública, el PCA estableció una serie de demandas clave dirigidas al Estado costarricense:
-
Derogar la reforma al Reglamento No. 38924-S.
-
Conformar una instancia técnica interinstitucional permanente para velar por la calidad del agua.
-
Impulsar políticas para eliminar progresivamente los agroquímicos altamente peligrosos.
-
Asegurar el respeto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.
-
Reforzar el control político por parte de las y los diputados.
-
Movilizar a la sociedad civil para impedir que prospere el decreto.
El comunicado concluye con un llamado a todos los actores sociales, institucionales y políticos a mantenerse vigilantes y activos en la defensa de la salud pública, el patrimonio ecológico nacional y los principios de un desarrollo verdaderamente sostenible.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País