La fijación de tasas máximas de interés en Costa Rica provocó una caída en el consumo equivalente al 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB), según un estudio realizado por el investigador Édgar Robles, asociado a la Academia de Centroamérica.
Estos topes máximos se establecieron con la reforma conocida como “Ley de usura”, que está vigente desde 2020.
El análisis de Robles, basado en transacciones reales de clientes de un banco privado entre 2019 y 2023, estimó una reducción de ¢10.600 millones en el gasto anual con tarjetas de crédito (0,4% del PIB). De ese monto, el 27% corresponde a consumo no sustituido por otros medios, lo que equivale a una pérdida directa de producción, que se estima en 0,1% del PIB.
“Eso es producción que se fue, que no regresa”, explicó Robles.
El estudio lleva por nombre “Impactos económicos y sociales de la fijación de topes máximos a las tasas de interés en Costa Rica”
Efectos económicos de la exclusión financiera
El investigador explicó que con la imposición de topes a los intereses, los grupos más afectados fueron las mujeres y las personas mayores. También trabajadores independientes e informales, así como pymes.
“Estos grupos eran los que supuestamente se quería favorecer con este tipo de ley”, afirmó.
El estudio revela que la imposición de un tope único excluyó a consumidores con mayor riesgo percibido o menores historiales crediticios, empujándolos al crédito informal. “Las personas que les eliminaron la tarjeta de crédito van a tener que buscar medios de pago más caros, más riesgosos para ellos, como el efectivo”, advirtió Robles.

El estudio utilizo las transacciones anonimizadas de los clientes de un banco privado. (Foto Archivo/El Observador)
Reforma elevó el crédito informal
Para Robles, el diseño técnico de la ley es inadecuado. Cuestionó que los multiplicadores para calcular la tasa máxima (como el 1,5 en colones) no tienen justificación clara: “No encontramos la justificación técnica”.
Además, indicó que pequeñas variaciones en ese parámetro tienen efectos significativos sobre la inclusión financiera: “Una pequeña variación en ese multiplicador tiene un gran impacto sobre el mercado”.
El estudio alerta sobre el crecimiento del crédito informal, incluidos esquemas de “gota a gota”, asociados a riesgos de seguridad, lavado de dinero y evasión.
Alternativas regulatorias más efectivas
Robles propone reformar la ley para mitigar la exclusión sin abandonar el objetivo de proteger al consumidor: “El objetivo del estudio es proponer mejoras a la ley vigente”.
Entre las opciones sugeridas están: topes diferenciados según tipo de crédito y riesgo, educación financiera, reducción de costos operativos y mejoras en la información crediticia.
Según el autor, hay ejemplos en el mundo que permiten incluir más personas sin sacrificar la protección.
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Los grupos más afectados fueron las mujeres, personas mayores, trabajadores independientes e informales
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Estos topes máximos se establecieron con la reforma conocida como “Ley de usura”, que está vigente desde 2020.
El análisis de Robles, basado en transacciones reales de clientes de un banco privado entre 2019 y 2023, estimó una reducción de ¢10.600 millones en el gasto anual con tarjetas de crédito (0,4% del PIB). De ese monto, el 27% corresponde a consumo no sustituido por otros medios, lo que equivale a una pérdida directa de producción, que se estima en 0,1% del PIB.
“Eso es producción que se fue, que no regresa”, explicó Robles.
El estudio lleva por nombre “Impactos económicos y sociales de la fijación de topes máximos a las tasas de interés en Costa Rica”
Efectos económicos de la exclusión financiera
El investigador explicó que con la imposición de topes a los intereses, los grupos más afectados fueron las mujeres y las personas mayores. También trabajadores independientes e informales, así como pymes.
“Estos grupos eran los que supuestamente se quería favorecer con este tipo de ley”, afirmó.
El estudio revela que la imposición de un tope único excluyó a consumidores con mayor riesgo percibido o menores historiales crediticios, empujándolos al crédito informal. “Las personas que les eliminaron la tarjeta de crédito van a tener que buscar medios de pago más caros, más riesgosos para ellos, como el efectivo”, advirtió Robles.

El estudio utilizo las transacciones anonimizadas de los clientes de un banco privado. (Foto Archivo/El Observador)
Reforma elevó el crédito informal
Para Robles, el diseño técnico de la ley es inadecuado. Cuestionó que los multiplicadores para calcular la tasa máxima (como el 1,5 en colones) no tienen justificación clara: “No encontramos la justificación técnica”.
Además, indicó que pequeñas variaciones en ese parámetro tienen efectos significativos sobre la inclusión financiera: “Una pequeña variación en ese multiplicador tiene un gran impacto sobre el mercado”.
El estudio alerta sobre el crecimiento del crédito informal, incluidos esquemas de “gota a gota”, asociados a riesgos de seguridad, lavado de dinero y evasión.
Alternativas regulatorias más efectivas
Robles propone reformar la ley para mitigar la exclusión sin abandonar el objetivo de proteger al consumidor: “El objetivo del estudio es proponer mejoras a la ley vigente”.
Entre las opciones sugeridas están: topes diferenciados según tipo de crédito y riesgo, educación financiera, reducción de costos operativos y mejoras en la información crediticia.
Según el autor, hay ejemplos en el mundo que permiten incluir más personas sin sacrificar la protección.
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