San José, 4 jun (elpais.cr) – “Eso es lo que les vamos a ofrecer y punto”. Con esta tajante declaración, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, puso fin a cualquier expectativa de mayor negociación respecto al aumento propuesto por el Gobierno para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al año 2026.
El anuncio, realizado en el marco de las sesiones de la Comisión de Enlace, ha generado un rechazo categórico por parte de los rectores universitarios y los movimientos estudiantiles, quienes calificaron la oferta como “insuficiente”, “mezquina” y “desconectada de la realidad”.
El Ejecutivo, representado por el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, presentó una propuesta de aumento del 0,5% sobre el monto vigente del FEES, lo que equivale a un incremento de 2.900 millones de colones para el próximo año. Este ajuste, según explicó Sánchez, responde a la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y fue expuesto durante la segunda sesión de negociación sostenida el 3 de junio en la sede del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Sin embargo, tanto los rectores como la representación estudiantil manifestaron su desacuerdo con la metodología empleada y la magnitud del incremento. La presidenta de Conare y rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez, anunció que se presentará una contrapropuesta más robusta y fundamentada en los aportes sustantivos que hacen las universidades públicas al desarrollo del país.
“La decisión que se tome ahora no es solamente para el 2026, sino que impactará los próximos 20 años. No es un simple intercambio entre representantes, es la educación pública lo que está en juego”, advirtió Estrada, al tiempo que anunció que la nueva propuesta se acompañará de argumentos técnicos que den cuenta del papel estratégico de las instituciones universitarias en el bienestar nacional.
Rechazo estudiantil: «Nos exigen más con menos»
Desde el sector estudiantil, la crítica fue incluso más enérgica. Raquel Loría Quesada, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), expresó su indignación frente a lo que describió como una propuesta “insuficiente, mezquina y desconectada”.
“Cada vez se nos exige más a las universidades públicas, pero con menos recursos. Esta oferta no responde a las necesidades reales del sistema de educación superior. Es un planteamiento que precariza la universidad pública y limita las oportunidades educativas para miles de jóvenes costarricenses”, manifestó Loría.
Según la dirigente estudiantil, reducir el debate del FEES a un tecnicismo económico sin contemplar las realidades sociales y estructurales de las universidades representa un retroceso para la educación como derecho universal.
Un ajuste “más que suficiente”, dice el Gobierno
En contraste, el ministro de Educación defendió la propuesta gubernamental. “Con este ajuste se estaría otorgando mucho más de lo que corresponde, de acuerdo con los criterios técnicos que hemos aplicado”, afirmó Sánchez.
No obstante, reconoció que los representantes de Conare plantearon alternativas para calcular la inflación que podrían ser consideradas en la próxima reunión del 17 de junio, que se llevará a cabo en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).
El ministro enfatizó que el Ejecutivo mantiene el interés de alcanzar un acuerdo dentro de la Comisión de Enlace, sin que la decisión tenga que trasladarse a la Asamblea Legislativa, como ocurrió en 2023. En ese año, tras un proceso de negociación fallido, el Parlamento aprobó un aumento del 2% para el FEES 2024.
Sánchez también recordó que la base de negociación para 2026 ya incluye ese incremento aprobado por los diputados.
¿Qué está en juego con el FEES?
El Fondo Especial para la Educación Superior es la principal fuente de financiamiento de las cinco universidades públicas de Costa Rica: la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN). Su distribución está definida por la Constitución Política en el artículo 85, que garantiza el carácter obligatorio de la transferencia estatal.
Los recursos del FEES se destinan a una amplia gama de actividades, incluyendo docencia, investigación, acción social, infraestructura, becas y programas de equidad. Es por ello que cualquier ajuste —ya sea de crecimiento o de contención— tiene un impacto inmediato sobre el funcionamiento de las instituciones y sobre los más de 100.000 estudiantes que conforman la comunidad universitaria pública.
Un conflicto recurrente
La disputa en torno al monto del FEES no es nueva. En los últimos años, los procesos de negociación se han visto marcados por una creciente tensión entre el Gobierno y el sector universitario, ante una visión cada vez más restrictiva del gasto público por parte del Ejecutivo y una creciente demanda por parte de las universidades de recursos que garanticen su operatividad y crecimiento.
En este contexto, el planteamiento de un incremento de apenas 0,5% fue interpretado por muchos actores como una muestra de desdén hacia la educación superior. La rigidez del Ejecutivo y el tono impositivo del presidente Chaves parecen augurar una negociación cuesta arriba.
“Eso es lo que les vamos a ofrecer y punto”, declaró este miércoles el mandatario, descartando de forma anticipada cualquier posibilidad de ajuste al alza. Para las universidades y los estudiantes, esta postura representa un cierre prematuro del diálogo y una amenaza directa a la autonomía y sostenibilidad del sistema público de educación superior.
Próximos pasos
Conare y la FEUNA han confirmado que presentarán una contrapropuesta en la próxima sesión del 17 de junio. Esta propuesta incorporará elementos cuantitativos y cualitativos para demostrar la necesidad de un presupuesto “justo, oportuno y efectivo”.
El sector universitario insiste en que se debe considerar no solo la inflación, sino también el crecimiento en la matrícula, los nuevos programas de estudio, las condiciones sociales del estudiantado, y el compromiso de las universidades con la innovación, el desarrollo tecnológico y la inclusión.
“Se trata de defender una visión país donde la educación no sea vista como un gasto, sino como una inversión estratégica en el desarrollo humano, científico y democrático de Costa Rica”, subrayó la rectora Estrada.
El desenlace de esta negociación marcará no solo el rumbo del FEES 2026, sino también el tono de la relación entre el Gobierno y las universidades públicas para lo que resta del mandato de Rodrigo Chaves. Mientras tanto, las comunidades universitarias se preparan para una movilización social si las condiciones de negociación no cambian.
Contactos tensos y una negociación en la cuerda floja
A pesar de los intentos del ministro Sánchez por mantener una postura conciliadora, la frase del presidente Chaves parece haber echado gasolina al fuego. La comunidad universitaria espera que el Ejecutivo recapacite y comprenda el valor estratégico de fortalecer la educación pública.
Con todas las cartas sobre la mesa, el próximo 17 de junio será determinante. Si el Gobierno mantiene su posición, es probable que el conflicto se intensifique, tanto en el plano institucional como en las calles. Por ahora, el futuro del FEES 2026 permanece incierto, en un país donde la educación superior ha sido históricamente un pilar de desarrollo y movilidad social.
San José, 4 jun (elpais.cr) – “Eso es lo que les vamos a ofrecer y punto”. Con esta tajante declaración, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, puso fin a cualquier expectativa de mayor negociación respecto al aumento propuesto por el Gobierno para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al año
San José, 4 jun (elpais.cr) – “Eso es lo que les vamos a ofrecer y punto”. Con esta tajante declaración, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, puso fin a cualquier expectativa de mayor negociación respecto al aumento propuesto por el Gobierno para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al año 2026.
El anuncio, realizado en el marco de las sesiones de la Comisión de Enlace, ha generado un rechazo categórico por parte de los rectores universitarios y los movimientos estudiantiles, quienes calificaron la oferta como “insuficiente”, “mezquina” y “desconectada de la realidad”.
El Ejecutivo, representado por el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, presentó una propuesta de aumento del 0,5% sobre el monto vigente del FEES, lo que equivale a un incremento de 2.900 millones de colones para el próximo año. Este ajuste, según explicó Sánchez, responde a la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y fue expuesto durante la segunda sesión de negociación sostenida el 3 de junio en la sede del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Sin embargo, tanto los rectores como la representación estudiantil manifestaron su desacuerdo con la metodología empleada y la magnitud del incremento. La presidenta de Conare y rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez, anunció que se presentará una contrapropuesta más robusta y fundamentada en los aportes sustantivos que hacen las universidades públicas al desarrollo del país.
“La decisión que se tome ahora no es solamente para el 2026, sino que impactará los próximos 20 años. No es un simple intercambio entre representantes, es la educación pública lo que está en juego”, advirtió Estrada, al tiempo que anunció que la nueva propuesta se acompañará de argumentos técnicos que den cuenta del papel estratégico de las instituciones universitarias en el bienestar nacional.
Rechazo estudiantil: «Nos exigen más con menos»
Desde el sector estudiantil, la crítica fue incluso más enérgica. Raquel Loría Quesada, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), expresó su indignación frente a lo que describió como una propuesta “insuficiente, mezquina y desconectada”.
“Cada vez se nos exige más a las universidades públicas, pero con menos recursos. Esta oferta no responde a las necesidades reales del sistema de educación superior. Es un planteamiento que precariza la universidad pública y limita las oportunidades educativas para miles de jóvenes costarricenses”, manifestó Loría.
Según la dirigente estudiantil, reducir el debate del FEES a un tecnicismo económico sin contemplar las realidades sociales y estructurales de las universidades representa un retroceso para la educación como derecho universal.
Un ajuste “más que suficiente”, dice el Gobierno
En contraste, el ministro de Educación defendió la propuesta gubernamental. “Con este ajuste se estaría otorgando mucho más de lo que corresponde, de acuerdo con los criterios técnicos que hemos aplicado”, afirmó Sánchez.
No obstante, reconoció que los representantes de Conare plantearon alternativas para calcular la inflación que podrían ser consideradas en la próxima reunión del 17 de junio, que se llevará a cabo en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).
El ministro enfatizó que el Ejecutivo mantiene el interés de alcanzar un acuerdo dentro de la Comisión de Enlace, sin que la decisión tenga que trasladarse a la Asamblea Legislativa, como ocurrió en 2023. En ese año, tras un proceso de negociación fallido, el Parlamento aprobó un aumento del 2% para el FEES 2024.
Sánchez también recordó que la base de negociación para 2026 ya incluye ese incremento aprobado por los diputados.
¿Qué está en juego con el FEES?
El Fondo Especial para la Educación Superior es la principal fuente de financiamiento de las cinco universidades públicas de Costa Rica: la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN). Su distribución está definida por la Constitución Política en el artículo 85, que garantiza el carácter obligatorio de la transferencia estatal.
Los recursos del FEES se destinan a una amplia gama de actividades, incluyendo docencia, investigación, acción social, infraestructura, becas y programas de equidad. Es por ello que cualquier ajuste —ya sea de crecimiento o de contención— tiene un impacto inmediato sobre el funcionamiento de las instituciones y sobre los más de 100.000 estudiantes que conforman la comunidad universitaria pública.
Un conflicto recurrente
La disputa en torno al monto del FEES no es nueva. En los últimos años, los procesos de negociación se han visto marcados por una creciente tensión entre el Gobierno y el sector universitario, ante una visión cada vez más restrictiva del gasto público por parte del Ejecutivo y una creciente demanda por parte de las universidades de recursos que garanticen su operatividad y crecimiento.
En este contexto, el planteamiento de un incremento de apenas 0,5% fue interpretado por muchos actores como una muestra de desdén hacia la educación superior. La rigidez del Ejecutivo y el tono impositivo del presidente Chaves parecen augurar una negociación cuesta arriba.
“Eso es lo que les vamos a ofrecer y punto”, declaró este miércoles el mandatario, descartando de forma anticipada cualquier posibilidad de ajuste al alza. Para las universidades y los estudiantes, esta postura representa un cierre prematuro del diálogo y una amenaza directa a la autonomía y sostenibilidad del sistema público de educación superior.
Próximos pasos
Conare y la FEUNA han confirmado que presentarán una contrapropuesta en la próxima sesión del 17 de junio. Esta propuesta incorporará elementos cuantitativos y cualitativos para demostrar la necesidad de un presupuesto “justo, oportuno y efectivo”.
El sector universitario insiste en que se debe considerar no solo la inflación, sino también el crecimiento en la matrícula, los nuevos programas de estudio, las condiciones sociales del estudiantado, y el compromiso de las universidades con la innovación, el desarrollo tecnológico y la inclusión.
“Se trata de defender una visión país donde la educación no sea vista como un gasto, sino como una inversión estratégica en el desarrollo humano, científico y democrático de Costa Rica”, subrayó la rectora Estrada.
El desenlace de esta negociación marcará no solo el rumbo del FEES 2026, sino también el tono de la relación entre el Gobierno y las universidades públicas para lo que resta del mandato de Rodrigo Chaves. Mientras tanto, las comunidades universitarias se preparan para una movilización social si las condiciones de negociación no cambian.
Contactos tensos y una negociación en la cuerda floja
A pesar de los intentos del ministro Sánchez por mantener una postura conciliadora, la frase del presidente Chaves parece haber echado gasolina al fuego. La comunidad universitaria espera que el Ejecutivo recapacite y comprenda el valor estratégico de fortalecer la educación pública.
Con todas las cartas sobre la mesa, el próximo 17 de junio será determinante. Si el Gobierno mantiene su posición, es probable que el conflicto se intensifique, tanto en el plano institucional como en las calles. Por ahora, el futuro del FEES 2026 permanece incierto, en un país donde la educación superior ha sido históricamente un pilar de desarrollo y movilidad social.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País