Los jerarcas de las cuatro superintendencias financieras de Costa Rica advirtieron a los diputados sobre un proyecto de ley presentado por el Gobierno que le daría la potestad de cerrar bancos y de acceder a información crediticia privada. Se trata del expediente 24.616, que se tramita en la Comisión de Asuntos Económicos.
El proyecto se llama Ley de protección del consumidor de servicios o productos financieros. El Gobierno usa como justificación “el descontento de ciertos sectores de la población en cuanto a la atención recibida para proteger sus derechos en el mercado financiero”.
Por esto, el Gobierno señaló que es importante esta “regulación especial aplicable a todos los proveedores de servicios financieros”.
También dice que es primordial proteger al consumidor financiero de los fraudes electrónicos en aumento. Además, señala que ante una población que envejece hay que tener nuevas políticas para mitigar los riesgos del consumidor financiero.
Y la conclusión del proyecto de ley, que el Ejecutivo pretende que se apruebe, es que la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores financieros debería estar a cargo de los gobiernos de turno, a través del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), específicamente de la Comisión Nacional del Consumidor (CNC), órgano adscrito al ministerio.
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Supervisión sería política y dejaría de ser técnica
El primer criterio negativo llegó a la Asamblea Legislativa el 28 de noviembre del 2024, firmado por la exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar.
En sus observaciones al proyecto dice que uno de los principios primordiales de la supervisión es que esta sea independiente del poder político. Aguilar dice que la propuesta del Gobierno va en contra al requisito de independencia establecido por criterios de:
- la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
- Comité de Basilea de Supervisión Bancaria
- Principios de supervisión de IOPS para fondos de pensiones privados
- Principios Básicos de Seguros de IAIS
- Principios y objetivos para la regulación de valores de IOSCO
Aguilar también explicó que el proyecto “desmantela” la estructura, el marco legal y la institucionalidad que ha desarrollado por décadas el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) y sus superintendencias.
“El MEIC estaría asumiendo una competencia desde cero e iniciando una curva de aprendizaje, de adquisición de sistemas y recursos humanos que tomaría varios años, sino décadas consolidar”, señala el primero de los cuatro criterios negativos.
Pero además, se están creando dentro del MEIC labores que ya existen en otras superintendencias. Por lo que según el criterio de Sugef se genera duplicidad de funciones y confusión de competencias.
Finalmente, Aguilar advierte que la redacción actual del proyecto le daría potestades a los gobiernos de tener acceso irrestricto a información sensible de los supervisados y de las superintendencias.
“Todo lo anterior resulta en un esfuerzo improvisado para asumir una función, con la justificación de querer cumplir recomendaciones de OCDE, pero que más bien transgrede dichas recomendaciones de la OCDE y de los emisores internacionales de estándares de supervisión”, señala el criterio de Sugef.
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“Gran preocupación”, dice superintendente de Pensiones
El recién ingresado a su cargo, el superintendente de Pensiones, Hermes Alvarado, emitió su criterio a la Asamblea Legislativa el pasado 23 de julio. El texto abre diciendo que “ve con gran preocupación” la propuesta del Gobierno.
Desde su punto de vista “no solo pondría en riesgo el sistema de supervisión financiera vigente en nuestro país”. Considera que las instituciones de supervisión que ya existen forman parte de una estructura independiente de cualquier gobierno y con especialidad técnica.
“Lo que propone el proyecto es totalmente contrario al principio de independencia operativa (incluida la presupuestaria) que las entidades regulatorias y supervisoras del sistema financiero deberían tener en relación con las autoridades políticas”, dice el criterio firmado por Alvarado.
Por otro lado, explica que ya la Supen cuenta con facultades para regular y supervisar la conducta de mercado y de negocio de las entidades que administran fondos de pensiones.
“Este modelo sería desmantelado si se trasladan las competencias al MEIC, pues el denunciante debería pasar por un procedimiento administrativo y eventualmente judicial antes de que le resuelvan su situación”, añadió el superintendente de pensiones.
Finalmente, critica que el proyecto propuesto por el Gobierno se centra en la protección del consumidor crediticio y deja de lado a otros consumidores, como los afiliados del sector pensiones.
“El proyecto indicado desconoce el principio de independencia operativa”, dice el tercer criterio negativo, firmado por el intendente general de Valores, Reyner Brenes.
Tanto Brenes como Alvarado solicitaron audiencia a los diputados para referirse tanto a este texto, como a una versión sustitutiva que está circulando pero que mantendría los problemas centrales.
Tomás Soley: “Oposición total”
El superintendente de Seguros y Valores, Tomás Soley, remitió el cuarto criterio negativo el pasado jueves 24 de julio. El jerarca expresa una “oposición total”.
“El proyecto de ley parte de un error neurálgico que lo hace inviable como un todo, tanto en que pretende reestructurar el sistema de supervisión financiero nacional sin contar con ningún informe ni asistencia técnica experta”, señala el criterio de Soley.
El jerarca recuerda que el MEIC a lo largo de los años ha generado experiencia en atender quejas y reclamaciones pero no conocimiento técnico para abordar la supervisión de la conducta de negocio de las entidades financieras.
Soley considera que esta propuesta es el camino más complicado, confuso, costoso e ineficiente. Además, coincide con su compañero en que se le dará prioridad al consumidor financiero, dejando en desventaja a otros como pensiones, valores y seguros.
Soley también solicitó audiencia a los diputados para hablar sobre este proyecto de ley. Y sobre el texto sustitutivo añadió que sigue siendo una forma “solapada” del Gobierno para quitarle competencias al Conassif y las superintendencias.
Texto sustitutivo
En una entrevista con El Observador, la ministra de Economía, Patricia Rojas, dijo que había hablado con las superintendencias sobre la posibilidad de que ejecutaran esta labor.
Dice que las superintendencias solo podrían atender una parte de los entes financieros (50 que son supervisados). Pero todo el ecosistema está compuesto por más de 3.000 actores.
Rojas manifestó estar sorprendida por los criterios de las superintendencias sobre este proyecto de ley.
Además, la jerarca sostiene que ya se presentó un texto sustitutivo que tiene algunos cambios de redacción en la Comisión de Asuntos Económicos. La funcionaria alega que el expediente tiene buena aceptación por los diputados de las distintas fracciones.
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Posibilidad de intromisión política en temas técnicos genera preocupación
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Los jerarcas de las cuatro superintendencias financieras de Costa Rica advirtieron a los diputados sobre un proyecto de ley presentado por el Gobierno que le daría la potestad de cerrar bancos y de acceder a información crediticia privada. Se trata del expediente 24.616, que se tramita en la Comisión de Asuntos Económicos.
El proyecto se llama Ley de protección del consumidor de servicios o productos financieros. El Gobierno usa como justificación “el descontento de ciertos sectores de la población en cuanto a la atención recibida para proteger sus derechos en el mercado financiero”.
Por esto, el Gobierno señaló que es importante esta “regulación especial aplicable a todos los proveedores de servicios financieros”.
También dice que es primordial proteger al consumidor financiero de los fraudes electrónicos en aumento. Además, señala que ante una población que envejece hay que tener nuevas políticas para mitigar los riesgos del consumidor financiero.
Y la conclusión del proyecto de ley, que el Ejecutivo pretende que se apruebe, es que la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores financieros debería estar a cargo de los gobiernos de turno, a través del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), específicamente de la Comisión Nacional del Consumidor (CNC), órgano adscrito al ministerio.
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Supervisión sería política y dejaría de ser técnica
El primer criterio negativo llegó a la Asamblea Legislativa el 28 de noviembre del 2024, firmado por la exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar.
En sus observaciones al proyecto dice que uno de los principios primordiales de la supervisión es que esta sea independiente del poder político. Aguilar dice que la propuesta del Gobierno va en contra al requisito de independencia establecido por criterios de:
- la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
- Comité de Basilea de Supervisión Bancaria
- Principios de supervisión de IOPS para fondos de pensiones privados
- Principios Básicos de Seguros de IAIS
- Principios y objetivos para la regulación de valores de IOSCO
Aguilar también explicó que el proyecto “desmantela” la estructura, el marco legal y la institucionalidad que ha desarrollado por décadas el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) y sus superintendencias.
“El MEIC estaría asumiendo una competencia desde cero e iniciando una curva de aprendizaje, de adquisición de sistemas y recursos humanos que tomaría varios años, sino décadas consolidar”, señala el primero de los cuatro criterios negativos.
Pero además, se están creando dentro del MEIC labores que ya existen en otras superintendencias. Por lo que según el criterio de Sugef se genera duplicidad de funciones y confusión de competencias.
Finalmente, Aguilar advierte que la redacción actual del proyecto le daría potestades a los gobiernos de tener acceso irrestricto a información sensible de los supervisados y de las superintendencias.
“Todo lo anterior resulta en un esfuerzo improvisado para asumir una función, con la justificación de querer cumplir recomendaciones de OCDE, pero que más bien transgrede dichas recomendaciones de la OCDE y de los emisores internacionales de estándares de supervisión”, señala el criterio de Sugef.
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“Gran preocupación”, dice superintendente de Pensiones
El recién ingresado a su cargo, el superintendente de Pensiones, Hermes Alvarado, emitió su criterio a la Asamblea Legislativa el pasado 23 de julio. El texto abre diciendo que “ve con gran preocupación” la propuesta del Gobierno.
Desde su punto de vista “no solo pondría en riesgo el sistema de supervisión financiera vigente en nuestro país”. Considera que las instituciones de supervisión que ya existen forman parte de una estructura independiente de cualquier gobierno y con especialidad técnica.
“Lo que propone el proyecto es totalmente contrario al principio de independencia operativa (incluida la presupuestaria) que las entidades regulatorias y supervisoras del sistema financiero deberían tener en relación con las autoridades políticas”, dice el criterio firmado por Alvarado.
Por otro lado, explica que ya la Supen cuenta con facultades para regular y supervisar la conducta de mercado y de negocio de las entidades que administran fondos de pensiones.
“Este modelo sería desmantelado si se trasladan las competencias al MEIC, pues el denunciante debería pasar por un procedimiento administrativo y eventualmente judicial antes de que le resuelvan su situación”, añadió el superintendente de pensiones.
Finalmente, critica que el proyecto propuesto por el Gobierno se centra en la protección del consumidor crediticio y deja de lado a otros consumidores, como los afiliados del sector pensiones.
“El proyecto indicado desconoce el principio de independencia operativa”, dice el tercer criterio negativo, firmado por el intendente general de Valores, Reyner Brenes.
Tanto Brenes como Alvarado solicitaron audiencia a los diputados para referirse tanto a este texto, como a una versión sustitutiva que está circulando pero que mantendría los problemas centrales.
Tomás Soley: “Oposición total”
El superintendente de Seguros y Valores, Tomás Soley, remitió el cuarto criterio negativo el pasado jueves 24 de julio. El jerarca expresa una “oposición total”.
“El proyecto de ley parte de un error neurálgico que lo hace inviable como un todo, tanto en que pretende reestructurar el sistema de supervisión financiero nacional sin contar con ningún informe ni asistencia técnica experta”, señala el criterio de Soley.
El jerarca recuerda que el MEIC a lo largo de los años ha generado experiencia en atender quejas y reclamaciones pero no conocimiento técnico para abordar la supervisión de la conducta de negocio de las entidades financieras.
Soley considera que esta propuesta es el camino más complicado, confuso, costoso e ineficiente. Además, coincide con su compañero en que se le dará prioridad al consumidor financiero, dejando en desventaja a otros como pensiones, valores y seguros.
Soley también solicitó audiencia a los diputados para hablar sobre este proyecto de ley. Y sobre el texto sustitutivo añadió que sigue siendo una forma “solapada” del Gobierno para quitarle competencias al Conassif y las superintendencias.
Texto sustitutivo
En una entrevista con El Observador, la ministra de Economía, Patricia Rojas, dijo que había hablado con las superintendencias sobre la posibilidad de que ejecutaran esta labor.
Dice que las superintendencias solo podrían atender una parte de los entes financieros (50 que son supervisados). Pero todo el ecosistema está compuesto por más de 3.000 actores.
Rojas manifestó estar sorprendida por los criterios de las superintendencias sobre este proyecto de ley.
Además, la jerarca sostiene que ya se presentó un texto sustitutivo que tiene algunos cambios de redacción en la Comisión de Asuntos Económicos. La funcionaria alega que el expediente tiene buena aceptación por los diputados de las distintas fracciones.
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