Columna Poliédrica
La convocatoria para marchar contra el Fiscal General es una acción propia de lo que fueron los regímenes fascistas del siglo pasado. Es inevitable pensar en la marcha de los camisas negras sobre Roma en que los militantes del Partido Nacional Fascista fueron organizados para realizar acciones que, en el caso costarricense, esperamos que sean pacíficas y que no degeneren en la violencia que hubo en octubre de 1922; no obstante, independientemente de lo indicado, el objetivo de la acción es la deslegitimación del Ministerio Público y del Poder Judicial, en la persona de Carlo Díaz.
El gobierno de la República de manera descarada ha fomentado que se lleve a cabo esta acción en contra de la Fiscalía General de la República. Este hecho constituye un acto inédito en la historia reciente de Costa Rica y merece ser considerado con la seriedad que el conocimiento de la historia política requiere; dicho de manera directa, las demás instituciones de la sociedad costarricense deben asumir una posición clara de condena a la acción del Presidente y del gobierno de la República, en esto no puede haber dudas de lo que está en juego.
No se puede caer en la trampa de pensar que un pronunciamiento en favor de la institucionalidad costarricense, implica legitimar algunas acciones que han merecido la crítica por el accionar de la Fiscalía General. En esto hay que distinguir cuando está en juego la democracia, sus instituciones, la convivencia civilizada de la sociedad costarricense; y cuando estamos en presencia de un cuestionamiento legítimo contra el trabajo que realiza un funcionario público y la institución que representa.
Lo que se pretende hacer es una acción que socava la institucionalidad democrática costarricense. No se trata que uno esté de acuerdo o no con que Carlo Díaz sea o no el Fiscal General, no se trata de que uno considere que una determinada investigación que desarrolla el Ministerio Público es o no persecusión política contra el Presidente de la República; se debe entender que el ordenamiento jurídico costarricense tiene los mecanismos y procedimientos para cuestionar las acciones del Fiscal General y del Ministerio Público, adicionalmente, el Presidente de la República y sus allegados tienen la ventaja, a diferencia de otros ciudadanos, de que tienen la posibilidad de denunciar por los medios de comunicación, cualquier acción que consideren inadecuada de parte de las instituciones costarricenses.
El costo de oportunidad de dejar que este tipo de acciones progresen y se vuelvan algo normal es muy alto. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad que muestran el deterioro que tiene para las sociedades este tipo de prácticas, es decir, estamos hablando de la división y el enfrentamiento entre los propios costarricenses; pero aunado a lo anterior, las disputas ideológicas y políticas se comienzan a dirimir por medio de la violencia y no a través del diálogo democrático a través de los mecanismos institucionales existentes.
Queremos dejar claro que nadie está desconociendo algunos señalamientos que se le pueden hacer al Ministerio Público. Tampoco desconocemos que el poder político, cualquiera que sea este, le interesa controlar ciertas instituciones que deberían ser absolutamente independientes; en otras palabras, aquí nadie se está chupando el dedo, pero casualmente por eso hay que abogar por la institucionalidad democrática y por la independencia de ellas.
Nadie está relevando de su responsabilidad al Ministerio Público, al contrario, sus funcionarios tienen que entender lo que nos estamos jugando. Comenzando por el Fiscal General de la República, todos los que ahí trabajan debe tener claro la responsabilidad que tienen frente a la población y frente a la democracia costarricense; nadie quiere santos en las instituciones costarricenses, pero sí personas que entiendan la responsabilidad que tienen frente al país a la hora de realizar sus funciones.
Finalmente y no menos importante, un llamado al Presidente de la República y sus adeptos. No sé equivoque, deje de actuar como un matón, como un bravucón, como alguién que se creé por encima de la demás gente; el hecho que muchos de sus allegados no se atrevan a llamarle la atención o criticarlo, no significa que sus acciones sean las correctas y ello a pesar que gran número de compatriotas, al parecer, lo apoyan en sus puestas en escena.
Aquí merece recordar las palabras de Jean Cocteau: “No se debe confundir la opinión de la mayoría con la opinión de la mayoría”.
(*) Andi Mirom es Filósofo
Columna Poliédrica La convocatoria para marchar contra el Fiscal General es una acción propia de lo que fueron los regímenes fascistas del siglo pasado. Es inevitable pensar en la marcha de los camisas negras sobre Roma en que los militantes del Partido Nacional Fascista fueron organizados para realizar acciones que, en el caso costarricense, esperamos
Columna Poliédrica
La convocatoria para marchar contra el Fiscal General es una acción propia de lo que fueron los regímenes fascistas del siglo pasado. Es inevitable pensar en la marcha de los camisas negras sobre Roma en que los militantes del Partido Nacional Fascista fueron organizados para realizar acciones que, en el caso costarricense, esperamos que sean pacíficas y que no degeneren en la violencia que hubo en octubre de 1922; no obstante, independientemente de lo indicado, el objetivo de la acción es la deslegitimación del Ministerio Público y del Poder Judicial, en la persona de Carlo Díaz.
El gobierno de la República de manera descarada ha fomentado que se lleve a cabo esta acción en contra de la Fiscalía General de la República. Este hecho constituye un acto inédito en la historia reciente de Costa Rica y merece ser considerado con la seriedad que el conocimiento de la historia política requiere; dicho de manera directa, las demás instituciones de la sociedad costarricense deben asumir una posición clara de condena a la acción del Presidente y del gobierno de la República, en esto no puede haber dudas de lo que está en juego.
No se puede caer en la trampa de pensar que un pronunciamiento en favor de la institucionalidad costarricense, implica legitimar algunas acciones que han merecido la crítica por el accionar de la Fiscalía General. En esto hay que distinguir cuando está en juego la democracia, sus instituciones, la convivencia civilizada de la sociedad costarricense; y cuando estamos en presencia de un cuestionamiento legítimo contra el trabajo que realiza un funcionario público y la institución que representa.
Lo que se pretende hacer es una acción que socava la institucionalidad democrática costarricense. No se trata que uno esté de acuerdo o no con que Carlo Díaz sea o no el Fiscal General, no se trata de que uno considere que una determinada investigación que desarrolla el Ministerio Público es o no persecusión política contra el Presidente de la República; se debe entender que el ordenamiento jurídico costarricense tiene los mecanismos y procedimientos para cuestionar las acciones del Fiscal General y del Ministerio Público, adicionalmente, el Presidente de la República y sus allegados tienen la ventaja, a diferencia de otros ciudadanos, de que tienen la posibilidad de denunciar por los medios de comunicación, cualquier acción que consideren inadecuada de parte de las instituciones costarricenses.
El costo de oportunidad de dejar que este tipo de acciones progresen y se vuelvan algo normal es muy alto. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad que muestran el deterioro que tiene para las sociedades este tipo de prácticas, es decir, estamos hablando de la división y el enfrentamiento entre los propios costarricenses; pero aunado a lo anterior, las disputas ideológicas y políticas se comienzan a dirimir por medio de la violencia y no a través del diálogo democrático a través de los mecanismos institucionales existentes.
Queremos dejar claro que nadie está desconociendo algunos señalamientos que se le pueden hacer al Ministerio Público. Tampoco desconocemos que el poder político, cualquiera que sea este, le interesa controlar ciertas instituciones que deberían ser absolutamente independientes; en otras palabras, aquí nadie se está chupando el dedo, pero casualmente por eso hay que abogar por la institucionalidad democrática y por la independencia de ellas.
Nadie está relevando de su responsabilidad al Ministerio Público, al contrario, sus funcionarios tienen que entender lo que nos estamos jugando. Comenzando por el Fiscal General de la República, todos los que ahí trabajan debe tener claro la responsabilidad que tienen frente a la población y frente a la democracia costarricense; nadie quiere santos en las instituciones costarricenses, pero sí personas que entiendan la responsabilidad que tienen frente al país a la hora de realizar sus funciones.
Finalmente y no menos importante, un llamado al Presidente de la República y sus adeptos. No sé equivoque, deje de actuar como un matón, como un bravucón, como alguién que se creé por encima de la demás gente; el hecho que muchos de sus allegados no se atrevan a llamarle la atención o criticarlo, no significa que sus acciones sean las correctas y ello a pesar que gran número de compatriotas, al parecer, lo apoyan en sus puestas en escena.
Aquí merece recordar las palabras de Jean Cocteau: “No se debe confundir la opinión de la mayoría con la opinión de la mayoría”.
(*) Andi Mirom es Filósofo
Opinión – Diario Digital Nuestro País