La decisión de la Sala Constitucional sobre los magistrados suplentes desató una fuerte reacción del oficialismo, que este viernes anunció una querella y elevó el tono del enfrentamiento entre los poderes de la República, al cuestionar la legalidad de la resolución adoptada por mayoría.
Oficialismo anuncia querella contra cuatro magistrados y califica el fallo como un «golpe de Estado»
La controversia surgió luego de que la Sala IV declarara con lugar un recurso de amparo presentado contra la Asamblea Legislativa y ordenara que la nómina de candidatos a magistrados suplentes sea conocida por el Plenario en la próxima oportunidad posible.
Además, para evitar la paralización del tribunal mientras se concreta el nombramiento de los nuevos suplentes, los magistrados resolvieron prorrogar de forma provisional el nombramiento de quienes concluyeron su período el 16 de diciembre de 2025.
En respuesta, la presidenta de la República, Laura Fernández, calificó la decisión como una actuación «ilegal e inconstitucional» y aseguró que representa «ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa», al considerar que el Congreso es el único órgano facultado para nombrar y destituir magistrados.
Fernández sostuvo que la resolución vulnera el principio de separación de poderes y afirmó que cuatro magistrados de la Sala Constitucional se atribuyeron competencias que, según dijo, la Constitución Política no les concede.
Durante el pronunciamiento también participó el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, quien respaldó la posición del Ejecutivo y cuestionó los alcances de la resolución emitida por la Sala IV.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, también se sumó a las críticas contra el fallo y defendió las competencias constitucionales del Congreso en el proceso de elección de magistrados suplentes.
Como parte de las acciones anunciadas, el oficialismo informó que el próximo lunes presentará una querella por el presunto delito de prevaricato contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, al considerar que habrían actuado fuera de las atribuciones que les confiere la Constitución.
La Sala Constitucional, por su parte, justificó la medida al señalar que la ausencia de magistrados suplentes afecta el acceso a la justicia constitucional, ya que impide integrar el tribunal cuando magistrados propietarios deban inhibirse o no puedan participar en la resolución de determinados expedientes.
Asimismo, ordenó a la presidenta del Congreso realizar las gestiones necesarias para que la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia sea conocida por el Plenario Legislativo.
Lea más: Sala IV obliga al Congreso a retomar elección de magistrados suplentes
La decisión de la Sala Constitucional sobre los magistrados suplentes desató una fuerte reacción del oficialismo, que este viernes anunció una querella y elevó el tono del enfrentamiento entre los poderes de la República, al cuestionar la legalidad de la resolución adoptada por mayoría. Oficialismo anuncia querella contra cuatro magistrados y califica el fallo como …
La decisión de la Sala Constitucional sobre los magistrados suplentes desató una fuerte reacción del oficialismo, que este viernes anunció una querella y elevó el tono del enfrentamiento entre los poderes de la República, al cuestionar la legalidad de la resolución adoptada por mayoría.
Oficialismo anuncia querella contra cuatro magistrados y califica el fallo como un «golpe de Estado»
La controversia surgió luego de que la Sala IV declarara con lugar un recurso de amparo presentado contra la Asamblea Legislativa y ordenara que la nómina de candidatos a magistrados suplentes sea conocida por el Plenario en la próxima oportunidad posible.
Además, para evitar la paralización del tribunal mientras se concreta el nombramiento de los nuevos suplentes, los magistrados resolvieron prorrogar de forma provisional el nombramiento de quienes concluyeron su período el 16 de diciembre de 2025.
En respuesta, la presidenta de la República, Laura Fernández, calificó la decisión como una actuación «ilegal e inconstitucional» y aseguró que representa «ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa», al considerar que el Congreso es el único órgano facultado para nombrar y destituir magistrados.
Fernández sostuvo que la resolución vulnera el principio de separación de poderes y afirmó que cuatro magistrados de la Sala Constitucional se atribuyeron competencias que, según dijo, la Constitución Política no les concede.
Durante el pronunciamiento también participó el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, quien respaldó la posición del Ejecutivo y cuestionó los alcances de la resolución emitida por la Sala IV.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, también se sumó a las críticas contra el fallo y defendió las competencias constitucionales del Congreso en el proceso de elección de magistrados suplentes.
Como parte de las acciones anunciadas, el oficialismo informó que el próximo lunes presentará una querella por el presunto delito de prevaricato contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, al considerar que habrían actuado fuera de las atribuciones que les confiere la Constitución.
La Sala Constitucional, por su parte, justificó la medida al señalar que la ausencia de magistrados suplentes afecta el acceso a la justicia constitucional, ya que impide integrar el tribunal cuando magistrados propietarios deban inhibirse o no puedan participar en la resolución de determinados expedientes.
Asimismo, ordenó a la presidenta del Congreso realizar las gestiones necesarias para que la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia sea conocida por el Plenario Legislativo.
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Nacionales – El Guardian CR
