San José, 5 Sep (Elpaís.cr).- La Comisión Legislativa Especial que estudia la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, concluyó este viernes sus deliberaciones preliminares con una recomendación dividida: dos de sus integrantes apoyan quitar el fuero de improcedibilidad al mandatario, mientras uno rechaza la acusación por considerarla carente de seriedad.
Las diputadas Rocío Alfaro (Frente Amplio, FA) y Andrea Álvarez (Partido Liberación Nacional, PLN) adelantaron que recomendarán al Plenario permitir que Chaves enfrente un proceso penal por el presunto delito de concusión en el caso conocido como “BCIE-Cariñitos”. En sentido contrario, el legislador oficialista Daniel Vargas (Partido Progreso Social Democrático, PPSD) sostuvo que la acusación carece de consistencia y responde a fines de persecución política.
Un caso inédito en la política nacional
La Asamblea Legislativa recibió el 28 de julio la solicitud de desafuero del presidente y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, luego de que la Corte Plena votara a favor de trasladar la acusación, con 15 votos a favor y 7 en contra. El expediente remitido por el Ministerio Público señala que Chaves habría presionado al publicista Christian Bulgarelli para entregar $32.000 a Federico “Choreco” Cruz, entonces asesor presidencial, provenientes de un contrato del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según la acusación, el dinero sirvió como enganche para la compra de una vivienda por parte de Cruz, a cambio de adjudicar un contrato de $405.800 al empresario para brindar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
Argumentos a favor del desafuero
La diputada Rocío Alfaro explicó que la labor de la comisión no era juzgar la validez de las pruebas —tarea reservada a los tribunales—, sino determinar si el expediente remitido por la Fiscalía tenía consistencia suficiente para justificar un juicio y descartar motivaciones de persecución política.
“Queda en evidencia que se lesiona el deber de probidad al que están obligados los funcionarios públicos”, afirmó Alfaro, quien enfatizó que el delito de concusión se configura con la sola exigencia de un pago indebido, independientemente de que se concrete o no.
Andrea Álvarez coincidió en que el material probatorio remitido contenía suficientes elementos para justificar la formación de causa contra el presidente. Además, destacó la importancia de equilibrar la confidencialidad del proceso con la transparencia requerida en el ámbito legislativo.
La defensa del mandatario
El oficialista Daniel Vargas replicó que la acusación no ofrece pruebas fehacientes para vincular directamente al presidente con las supuestas presiones a Bulgarelli. Recordó, además, que la comisión rechazó mociones para solicitar información adicional, lo que, a su criterio, dejó incompleto el análisis.
“No hay seriedad ni consistencia en la pieza acusatoria. No tengo dudas de que detrás de esta solicitud hay un interés de persecución política”, manifestó. Vargas citó también supuestas contradicciones en las declaraciones de Bulgarelli ante la Fiscalía y la Asamblea Legislativa, lo que a su juicio debilita la acusación.
El caso de Jorge Rodríguez
En relación con el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien era jefe de despacho del mandatario cuando habrían ocurrido los hechos, el escenario es distinto. Rodríguez anunció ante la comisión su decisión de renunciar voluntariamente a su inmunidad para enfrentar el juicio, lo cual, según Álvarez y Vargas, resolvería el trámite. Sin embargo, Alfaro considera que, por formalidad, la Asamblea debe igualmente pronunciarse.
La Gerencia General del Congreso ya certificó la renuncia y notificó a la Corte Suprema de Justicia, con lo que el proceso judicial contra el jerarca cultural podría avanzar en paralelo.
Próximos pasos
El lunes 8 de setiembre, la comisión deberá presentar y votar al menos dos informes: uno firmado por Alfaro y Álvarez, y otro por Vargas. Los documentos serán remitidos al Plenario legislativo, que tiene programada la discusión y votación para el lunes 22 de setiembre a las 2 p. m.
Ese día, Rodrigo Chaves tendrá un espacio de 30 minutos para dirigirse a los diputados y exponer su posición sobre los informes. Luego, deberá retirarse del recinto para que los legisladores inicien el debate de fondo. Cada congresista dispondrá de 15 minutos para intervenir, y la votación se realizará antes de las 7 p. m., independientemente de si todos logran hacer uso de la palabra.
Para levantar la inmunidad presidencial se requieren 38 votos afirmativos, lo que implica alcanzar una mayoría calificada. Aunque la mayoría de la comisión se inclinó por recomendar el desafuero, la decisión final estará en manos de los 57 diputados.
Un proceso con implicaciones históricas
De aprobarse el levantamiento de la inmunidad, Rodrigo Chaves sería el primer presidente costarricense en ejercicio en enfrentar un proceso penal. El caso “BCIE-Cariñitos” ha generado amplio debate público, no solo por las implicaciones jurídicas, sino también por el impacto político que tendría para el Gobierno en la segunda mitad de su gestión.
El resultado del 22 de setiembre marcará un precedente en la interpretación del alcance del fuero presidencial y en la relación entre poderes de la República, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y otros órganos del Estado.
San José, 5 Sep (Elpaís.cr).- La Comisión Legislativa Especial que estudia la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, concluyó este viernes sus deliberaciones preliminares con una recomendación dividida: dos de sus integrantes apoyan quitar el fuero de improcedibilidad al mandatario, mientras uno rechaza la acusación por
San José, 5 Sep (Elpaís.cr).- La Comisión Legislativa Especial que estudia la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, concluyó este viernes sus deliberaciones preliminares con una recomendación dividida: dos de sus integrantes apoyan quitar el fuero de improcedibilidad al mandatario, mientras uno rechaza la acusación por considerarla carente de seriedad.
Las diputadas Rocío Alfaro (Frente Amplio, FA) y Andrea Álvarez (Partido Liberación Nacional, PLN) adelantaron que recomendarán al Plenario permitir que Chaves enfrente un proceso penal por el presunto delito de concusión en el caso conocido como “BCIE-Cariñitos”. En sentido contrario, el legislador oficialista Daniel Vargas (Partido Progreso Social Democrático, PPSD) sostuvo que la acusación carece de consistencia y responde a fines de persecución política.
Un caso inédito en la política nacional
La Asamblea Legislativa recibió el 28 de julio la solicitud de desafuero del presidente y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, luego de que la Corte Plena votara a favor de trasladar la acusación, con 15 votos a favor y 7 en contra. El expediente remitido por el Ministerio Público señala que Chaves habría presionado al publicista Christian Bulgarelli para entregar $32.000 a Federico “Choreco” Cruz, entonces asesor presidencial, provenientes de un contrato del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según la acusación, el dinero sirvió como enganche para la compra de una vivienda por parte de Cruz, a cambio de adjudicar un contrato de $405.800 al empresario para brindar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
Argumentos a favor del desafuero
La diputada Rocío Alfaro explicó que la labor de la comisión no era juzgar la validez de las pruebas —tarea reservada a los tribunales—, sino determinar si el expediente remitido por la Fiscalía tenía consistencia suficiente para justificar un juicio y descartar motivaciones de persecución política.
“Queda en evidencia que se lesiona el deber de probidad al que están obligados los funcionarios públicos”, afirmó Alfaro, quien enfatizó que el delito de concusión se configura con la sola exigencia de un pago indebido, independientemente de que se concrete o no.
Andrea Álvarez coincidió en que el material probatorio remitido contenía suficientes elementos para justificar la formación de causa contra el presidente. Además, destacó la importancia de equilibrar la confidencialidad del proceso con la transparencia requerida en el ámbito legislativo.
La defensa del mandatario
El oficialista Daniel Vargas replicó que la acusación no ofrece pruebas fehacientes para vincular directamente al presidente con las supuestas presiones a Bulgarelli. Recordó, además, que la comisión rechazó mociones para solicitar información adicional, lo que, a su criterio, dejó incompleto el análisis.
“No hay seriedad ni consistencia en la pieza acusatoria. No tengo dudas de que detrás de esta solicitud hay un interés de persecución política”, manifestó. Vargas citó también supuestas contradicciones en las declaraciones de Bulgarelli ante la Fiscalía y la Asamblea Legislativa, lo que a su juicio debilita la acusación.
El caso de Jorge Rodríguez
En relación con el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien era jefe de despacho del mandatario cuando habrían ocurrido los hechos, el escenario es distinto. Rodríguez anunció ante la comisión su decisión de renunciar voluntariamente a su inmunidad para enfrentar el juicio, lo cual, según Álvarez y Vargas, resolvería el trámite. Sin embargo, Alfaro considera que, por formalidad, la Asamblea debe igualmente pronunciarse.
La Gerencia General del Congreso ya certificó la renuncia y notificó a la Corte Suprema de Justicia, con lo que el proceso judicial contra el jerarca cultural podría avanzar en paralelo.
Próximos pasos
El lunes 8 de setiembre, la comisión deberá presentar y votar al menos dos informes: uno firmado por Alfaro y Álvarez, y otro por Vargas. Los documentos serán remitidos al Plenario legislativo, que tiene programada la discusión y votación para el lunes 22 de setiembre a las 2 p. m.
Ese día, Rodrigo Chaves tendrá un espacio de 30 minutos para dirigirse a los diputados y exponer su posición sobre los informes. Luego, deberá retirarse del recinto para que los legisladores inicien el debate de fondo. Cada congresista dispondrá de 15 minutos para intervenir, y la votación se realizará antes de las 7 p. m., independientemente de si todos logran hacer uso de la palabra.
Para levantar la inmunidad presidencial se requieren 38 votos afirmativos, lo que implica alcanzar una mayoría calificada. Aunque la mayoría de la comisión se inclinó por recomendar el desafuero, la decisión final estará en manos de los 57 diputados.
Un proceso con implicaciones históricas
De aprobarse el levantamiento de la inmunidad, Rodrigo Chaves sería el primer presidente costarricense en ejercicio en enfrentar un proceso penal. El caso “BCIE-Cariñitos” ha generado amplio debate público, no solo por las implicaciones jurídicas, sino también por el impacto político que tendría para el Gobierno en la segunda mitad de su gestión.
El resultado del 22 de setiembre marcará un precedente en la interpretación del alcance del fuero presidencial y en la relación entre poderes de la República, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y otros órganos del Estado.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País
