<p>El cantante <strong>Julio Iglesias</strong> ha pedido nuevamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita el escrito que contiene las acusaciones en su contra por las presuntas agresiones sexuales sufridas por dos de sus ex empleadas a fin de «determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa».</p>
La Audiencia Nacional se declaró hace días no competente para investigar las denuncias por agresiones sexuales y otros delitos presentadas por dos ex empleadas contra el cantante
El cantante Julio Iglesias ha pedido nuevamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita el escrito que contiene las acusaciones en su contra por las presuntas agresiones sexuales sufridas por dos de sus ex empleadas a fin de «determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa».
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, su letrado se dirige al Ministerio Público días después de que éste decidiese archivar las diligencias contra Iglesias ante la «falta de competencia» del tribunal para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe.
Su abogado, en concreto, pide a la Fiscalía «copia de la denuncia y el contenido íntegro de las diligencias de investigación preprocesal», asegurando que «no existe ninguna ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él».
«No podemos olvidar tampoco que el acceso a la denuncia es además necesario a los efectos de que podamos determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa, este sí en España, por parte de las denunciantes, de modo que, desde esta perspectiva, el interés legítimo del señor Iglesias está igualmente justificado», apunta el escrito.
La representación del cantante critica que el decreto de archivo de la Fiscalía haya «asignado a las denunciantes como testigos protegidos». Todo ello después de que éstas, «a través de sus representantes y medios afines», hubieran «orquestado una agresiva campaña mediática contra» Iglesias «que ha lesionado irreversiblemente su derecho al honor». «Lo que no resulta compatible con la demanda de protección que les ha otorgado la Fiscalía de España, aún sin jurisdicción», añade.
Y es que, apunta, esa «condición de testigos protegidos no puede conducir a la denegación de acceso del denunciado al contenido de las diligencias practicadas y a que se le imponga la privación definitiva de adquirir el conocimiento sobre el contenido de la denuncia y de lo actuado, y que se le remita a la información que proporcionen los medios de comunicación y al uso que de la denuncia se pueda seguir haciendo en los medios afines a la organización denunciante, sin posibilidad de defensa de sus derechos fundamentales».
Fue el pasado viernes cuando la Fiscalía publicó su decreto de archivo, en el que destacaba la «falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados». La Fiscalía recordaba que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo».
El decreto apuntaba que, aunque el delito de trata de seres humanos -uno de los denunciados– se persigue extraterritorialmente, el mismo necesita que el procedimiento se dirija contra un español y que existan elementos de conexión material con España, como que las víctimas sean nacionales o residan en el país.
El Ministerio Fiscal señalaba, al respecto, que «las víctimas son extranjeras», que «no residen en España» y que «los hechos se atribuyen a países plenamente competentes» para conocer los mismos. Además, indicaba que los denunciados -además de Iglesias, un ciudadano brasileño y otro colombiano– tampoco residen en España.
La resolución explicaba que la Audiencia Nacional ha confirmado en otros supuestos que España «no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país». «Especialmente cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España, los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España y los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron», concluía.
Dos antiguas trabajadoras –una empleada de hogar y una fisioterapeuta– aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por ‘elDiario.es’ en colaboración con Univisión Noticias.
Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.
Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 ex empleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.
La empleada que ha asegurado haber sufrido penetraciones sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. «Me usaba casi todas las noches», dice en una entrevista con los medios investigadores.
«Me sentía como un objeto, como una esclava», añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico. De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de «condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias».
Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales «fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables», recoge la publicación que asegura que «sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos».
Los hechos descritos por dos de las trabajadoras habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman esas dos extrabajadoras.
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