San José, 14 Jun (Elpaís.cr).- En un giro significativo respecto a la historia reciente de Crucitas, una región marcada por la minería ilegal, el abandono estatal y el deterioro ambiental, el Frente Amplio ha presentado en la corriente legislativa un ambicioso proyecto de ley que propone la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la Región Huetar Norte, sin minería y con un enfoque integral de recuperación ambiental y justicia social.
La propuesta, tramitada bajo el expediente legislativo N.º 24.675, es impulsada por el Parlamento Cívico Ambiental (PCA) y pretende consolidar una nueva visión para Crucitas que reemplace el extractivismo con actividades económicas de bajo impacto ambiental, educación, investigación y restauración ecológica.
Más allá del oro: alternativas para la región
El proyecto establece que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) será la entidad encargada de liderar la administración de este polo de desarrollo sostenible. Se contempla la integración de instituciones clave como la Banca para el Desarrollo, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y las universidades públicas, que podrán establecer centros de capacitación e investigación en la zona.
El objetivo es claro: ofrecer a las comunidades de la Región Huetar Norte, particularmente en Crucitas, opciones reales y viables de desarrollo que no dependan de la explotación destructiva del ambiente, una problemática que ha afectado severamente la biodiversidad local, la salud de sus habitantes y la seguridad regional.
Las actividades productivas promovidas deberán cumplir con estándares de bajo impacto ambiental, y contarán con financiamiento específico para impulsar su desarrollo. Además, se contemplan incentivos fiscales parciales o totales para la inversión privada que esté alineada con los objetivos de sostenibilidad definidos por la ley.
Geoparque y saneamiento ambiental
Uno de los pilares del proyecto es la creación del “Geoparque Internacional Ambiental de Crucitas”, una figura de protección que abarcaría las zonas boscosas de los cerros Fortuna y Botija, e incluiría el establecimiento del Museo Natural e Histórico Crucitas.
Este geoparque funcionaría como un área protegida de importancia ecológica, geológica y cultural, reforzando la necesidad de preservar el territorio frente a la amenaza constante de la minería ilegal. La propuesta busca así combinar el ecoturismo, la educación ambiental y la generación de empleos verdes con la recuperación del patrimonio natural y cultural de la zona.
Asimismo, se establece que el Ministerio de Salud será la institución encargada de realizar un plan de saneamiento de aguas y suelos contaminados por las operaciones mineras ilegales, particularmente por el uso intensivo de mercurio y otras sustancias tóxicas.
El oro extraído durante este proceso no será producto de la minería convencional, sino de un proceso de limpieza ambiental, y su comercialización estará limitada exclusivamente al financiamiento de dicha restauración y de obras públicas básicas en la zona.
Un fideicomiso público para el desarrollo y la seguridad
Con el fin de garantizar una administración eficiente y transparente, el proyecto prevé la creación del Fideicomiso para la Recuperación Sostenible de Crucitas y el Mantenimiento del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte, que estaría a cargo de gestionar los fondos obtenidos por la recuperación del oro y de coordinar las acciones del Estado en la zona.
Este fideicomiso trabajará de la mano con la Municipalidad de San Carlos y financiará la instalación permanente de una comandancia o delegación de la Fuerza Pública, en respuesta a los altos niveles de inseguridad vinculados al crimen organizado que ha operado en la región a raíz del vacío de poder que dejó la salida de Industrias Infinito en 2010.
Activos digitales con respaldo ambiental
Una de las innovaciones más llamativas del proyecto es que autoriza al Estado costarricense a emitir activos digitales respaldados por el valor del oro existente en Crucitas, pero con una condición determinante: ese oro no podrá ser extraído. Se trataría de una forma de tokenización con respaldo natural, en la que los tenedores de estos activos lo serían bajo la promesa de que el mineral permanecerá en el subsuelo, protegido como parte del ecosistema.
Esta idea se enmarca en propuestas recientes de finanzas climáticas y mercados verdes, que buscan crear instrumentos financieros alternativos para respaldar acciones de conservación sin sacrificar la biodiversidad. Bajo esta lógica, el valor de los activos digitales estaría determinado por la riqueza natural que se preserva, no la que se destruye.
Una respuesta política al abandono y al ecocidio
La iniciativa llega en un momento crítico, cuando diversos sectores sociales han denunciado el avance del extractivismo minero, la ausencia estatal y el deterioro de las condiciones sociales y ambientales en Crucitas.
La región, ubicada en el cantón de San Carlos, ha sido escenario durante más de una década de conflictos legales, protestas ciudadanas, actividades ilegales y una creciente presencia del crimen organizado.
En este contexto, el Frente Amplio ha asumido un papel protagónico en la promoción de soluciones estructurales.
“Este proyecto plantea una verdadera transición ecológica justa para Crucitas y la Región Huetar Norte, porque reconoce el abandono histórico del Estado y propone una inversión integral en salud, educación, seguridad y empleo digno para las comunidades”, señaló el diputado Jonathan Acuña en declaraciones anteriores.
En septiembre de 2024, este medio ya había informado sobre una propuesta similar del Frente Amplio que alertaba sobre el uso de Crucitas como “zona de sacrificio ambiental” y llamaba a frenar cualquier intento de reactivar la minería a cielo abierto.
La nueva propuesta retoma esos planteamientos y los materializa en un proyecto legal que ya está en discusión en la Asamblea Legislativa.
Retos y perspectivas
Aunque la iniciativa ha sido bien recibida por organizaciones ecologistas, universidades públicas y sectores comunales, enfrenta una fuerte oposición de grupos políticos y económicos que promueven la reapertura de la minería en Crucitas bajo supuestos criterios de “desarrollo nacional”.
Sin embargo, el Frente Amplio insiste en que el verdadero desarrollo solo es posible si se garantiza el respeto por los derechos humanos, la participación ciudadana, la protección del ambiente y la equidad territorial.
La creación del Polo de Desarrollo Sostenible, el geoparque y el fideicomiso representan un modelo alternativo de gestión de territorios en disputa, que podría replicarse en otras regiones del país.
El proyecto de ley N.º 24.675 se encuentra actualmente en análisis en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa y se espera que en las próximas semanas se convoque a audiencias con sectores locales, ambientalistas y académicos.
En un país que se precia de su tradición ambientalista pero que ha fallado en proteger a comunidades como Crucitas, esta propuesta abre un debate crucial sobre el rumbo que debe tomar Costa Rica frente a sus conflictos socioambientales: ¿continuar con el extractivismo o construir una alternativa sostenible y solidaria?
San José, 14 Jun (Elpaís.cr).- En un giro significativo respecto a la historia reciente de Crucitas, una región marcada por la minería ilegal, el abandono estatal y el deterioro ambiental, el Frente Amplio ha presentado en la corriente legislativa un ambicioso proyecto de ley que propone la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en
San José, 14 Jun (Elpaís.cr).- En un giro significativo respecto a la historia reciente de Crucitas, una región marcada por la minería ilegal, el abandono estatal y el deterioro ambiental, el Frente Amplio ha presentado en la corriente legislativa un ambicioso proyecto de ley que propone la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la Región Huetar Norte, sin minería y con un enfoque integral de recuperación ambiental y justicia social.
La propuesta, tramitada bajo el expediente legislativo N.º 24.675, es impulsada por el Parlamento Cívico Ambiental (PCA) y pretende consolidar una nueva visión para Crucitas que reemplace el extractivismo con actividades económicas de bajo impacto ambiental, educación, investigación y restauración ecológica.
Más allá del oro: alternativas para la región
El proyecto establece que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) será la entidad encargada de liderar la administración de este polo de desarrollo sostenible. Se contempla la integración de instituciones clave como la Banca para el Desarrollo, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y las universidades públicas, que podrán establecer centros de capacitación e investigación en la zona.
El objetivo es claro: ofrecer a las comunidades de la Región Huetar Norte, particularmente en Crucitas, opciones reales y viables de desarrollo que no dependan de la explotación destructiva del ambiente, una problemática que ha afectado severamente la biodiversidad local, la salud de sus habitantes y la seguridad regional.
Las actividades productivas promovidas deberán cumplir con estándares de bajo impacto ambiental, y contarán con financiamiento específico para impulsar su desarrollo. Además, se contemplan incentivos fiscales parciales o totales para la inversión privada que esté alineada con los objetivos de sostenibilidad definidos por la ley.
Geoparque y saneamiento ambiental
Uno de los pilares del proyecto es la creación del “Geoparque Internacional Ambiental de Crucitas”, una figura de protección que abarcaría las zonas boscosas de los cerros Fortuna y Botija, e incluiría el establecimiento del Museo Natural e Histórico Crucitas.
Este geoparque funcionaría como un área protegida de importancia ecológica, geológica y cultural, reforzando la necesidad de preservar el territorio frente a la amenaza constante de la minería ilegal. La propuesta busca así combinar el ecoturismo, la educación ambiental y la generación de empleos verdes con la recuperación del patrimonio natural y cultural de la zona.
Asimismo, se establece que el Ministerio de Salud será la institución encargada de realizar un plan de saneamiento de aguas y suelos contaminados por las operaciones mineras ilegales, particularmente por el uso intensivo de mercurio y otras sustancias tóxicas.
El oro extraído durante este proceso no será producto de la minería convencional, sino de un proceso de limpieza ambiental, y su comercialización estará limitada exclusivamente al financiamiento de dicha restauración y de obras públicas básicas en la zona.
Un fideicomiso público para el desarrollo y la seguridad
Con el fin de garantizar una administración eficiente y transparente, el proyecto prevé la creación del Fideicomiso para la Recuperación Sostenible de Crucitas y el Mantenimiento del Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte, que estaría a cargo de gestionar los fondos obtenidos por la recuperación del oro y de coordinar las acciones del Estado en la zona.
Este fideicomiso trabajará de la mano con la Municipalidad de San Carlos y financiará la instalación permanente de una comandancia o delegación de la Fuerza Pública, en respuesta a los altos niveles de inseguridad vinculados al crimen organizado que ha operado en la región a raíz del vacío de poder que dejó la salida de Industrias Infinito en 2010.
Activos digitales con respaldo ambiental
Una de las innovaciones más llamativas del proyecto es que autoriza al Estado costarricense a emitir activos digitales respaldados por el valor del oro existente en Crucitas, pero con una condición determinante: ese oro no podrá ser extraído. Se trataría de una forma de tokenización con respaldo natural, en la que los tenedores de estos activos lo serían bajo la promesa de que el mineral permanecerá en el subsuelo, protegido como parte del ecosistema.
Esta idea se enmarca en propuestas recientes de finanzas climáticas y mercados verdes, que buscan crear instrumentos financieros alternativos para respaldar acciones de conservación sin sacrificar la biodiversidad. Bajo esta lógica, el valor de los activos digitales estaría determinado por la riqueza natural que se preserva, no la que se destruye.
Una respuesta política al abandono y al ecocidio
La iniciativa llega en un momento crítico, cuando diversos sectores sociales han denunciado el avance del extractivismo minero, la ausencia estatal y el deterioro de las condiciones sociales y ambientales en Crucitas.
La región, ubicada en el cantón de San Carlos, ha sido escenario durante más de una década de conflictos legales, protestas ciudadanas, actividades ilegales y una creciente presencia del crimen organizado.
En este contexto, el Frente Amplio ha asumido un papel protagónico en la promoción de soluciones estructurales.
“Este proyecto plantea una verdadera transición ecológica justa para Crucitas y la Región Huetar Norte, porque reconoce el abandono histórico del Estado y propone una inversión integral en salud, educación, seguridad y empleo digno para las comunidades”, señaló el diputado Jonathan Acuña en declaraciones anteriores.
En septiembre de 2024, este medio ya había informado sobre una propuesta similar del Frente Amplio que alertaba sobre el uso de Crucitas como “zona de sacrificio ambiental” y llamaba a frenar cualquier intento de reactivar la minería a cielo abierto.
La nueva propuesta retoma esos planteamientos y los materializa en un proyecto legal que ya está en discusión en la Asamblea Legislativa.
Retos y perspectivas
Aunque la iniciativa ha sido bien recibida por organizaciones ecologistas, universidades públicas y sectores comunales, enfrenta una fuerte oposición de grupos políticos y económicos que promueven la reapertura de la minería en Crucitas bajo supuestos criterios de “desarrollo nacional”.
Sin embargo, el Frente Amplio insiste en que el verdadero desarrollo solo es posible si se garantiza el respeto por los derechos humanos, la participación ciudadana, la protección del ambiente y la equidad territorial.
La creación del Polo de Desarrollo Sostenible, el geoparque y el fideicomiso representan un modelo alternativo de gestión de territorios en disputa, que podría replicarse en otras regiones del país.
El proyecto de ley N.º 24.675 se encuentra actualmente en análisis en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa y se espera que en las próximas semanas se convoque a audiencias con sectores locales, ambientalistas y académicos.
En un país que se precia de su tradición ambientalista pero que ha fallado en proteger a comunidades como Crucitas, esta propuesta abre un debate crucial sobre el rumbo que debe tomar Costa Rica frente a sus conflictos socioambientales: ¿continuar con el extractivismo o construir una alternativa sostenible y solidaria?
Nacionales – Diario Digital Nuestro País