San José, 11 Sep (Elpaís.cr).– El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, evitó este miércoles confirmar si asistirá el próximo 22 de septiembre a la sesión del Plenario Legislativo en la que se discutirá el eventual levantamiento de su inmunidad para enfrentar una acusación penal por el presunto delito de concusión.
Consultado por la prensa, el mandatario afirmó que aún “medita” si hará uso de su derecho de defensa ante la Asamblea Legislativa. Según la ley, el presidente puede intervenir en la sesión para exponer su posición antes de que el Congreso vote sobre la solicitud planteada por la Fiscalía General.
Quejas contra el procedimiento
Chaves cuestionó las condiciones establecidas para su comparecencia y criticó que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, limitara el tiempo de su exposición y rechazara la presencia de su abogado, José Miguel Villalobos, durante el debate.
“¿Dónde está el derecho de defensa, la presunción de inocencia, etcétera?”, se preguntó el gobernante, al insistir en que se le han restringido garantías básicas en el proceso.
No obstante, el Legislativo recordó que ya el pasado 22 de agosto, la comisión especial que analiza el desafuero le concedió un espacio amplio para referirse al caso, antes de que dos de sus tres integrantes votaran a favor de recomendar el levantamiento de su inmunidad.
Acusación por concusión
La causa que enfrenta Chaves se originó en una denuncia de la Fiscalía General, que lo señala por haber ordenado al publicista Christian Bulgarelli entregar 32 mil dólares al entonces asesor presidencial Federico Cruz, a cambio de que su empresa obtuviera un contrato millonario para una campaña digital de Casa Presidencial.
El Ministerio Público sostiene que estos hechos encajan en el delito de concusión y solicitó al Congreso retirar la inmunidad al presidente para que pueda ser juzgado en la Sala de Casación Penal.
Informe legislativo
El ente especial del Congreso, conformado por las diputadas Andrea Álvarez (PLN), Rocío Alfaro (Frente Amplio) y el oficialista Daniel Vargas (Progreso Social Democrático), concluyó tras un mes de análisis que los señalamientos de la Fiscalía tienen respaldo suficiente.
“De lo que consta en el expediente se puede concluir que la acusación presenta seriedad y consistencia, fundamenta la prueba aportada y respalda de forma razonable la base fáctica de su argumentación”, señala el informe de la comisión.
Próxima decisión
El levantamiento de la inmunidad presidencial requiere al menos 38 votos a favor en el Plenario Legislativo. De no alcanzarse esa cifra, el proceso quedaría congelado hasta el final del mandato de Chaves, el 8 de mayo de 2026, después de las elecciones nacionales del 1 de febrero.
La sesión del 22 de septiembre será clave para definir si el presidente podrá ser sometido a juicio penal durante su administración, en medio de un debate político y jurídico que ha encendido nuevamente la discusión sobre los límites del fuero presidencial en Costa Rica.
San José, 11 Sep (Elpaís.cr).– El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, evitó este miércoles confirmar si asistirá el próximo 22 de septiembre a la sesión del Plenario Legislativo en la que se discutirá el eventual levantamiento de su inmunidad para enfrentar una acusación penal por el presunto delito de concusión. Consultado por la prensa,
San José, 11 Sep (Elpaís.cr).– El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, evitó este miércoles confirmar si asistirá el próximo 22 de septiembre a la sesión del Plenario Legislativo en la que se discutirá el eventual levantamiento de su inmunidad para enfrentar una acusación penal por el presunto delito de concusión.
Consultado por la prensa, el mandatario afirmó que aún “medita” si hará uso de su derecho de defensa ante la Asamblea Legislativa. Según la ley, el presidente puede intervenir en la sesión para exponer su posición antes de que el Congreso vote sobre la solicitud planteada por la Fiscalía General.
Quejas contra el procedimiento
Chaves cuestionó las condiciones establecidas para su comparecencia y criticó que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, limitara el tiempo de su exposición y rechazara la presencia de su abogado, José Miguel Villalobos, durante el debate.
“¿Dónde está el derecho de defensa, la presunción de inocencia, etcétera?”, se preguntó el gobernante, al insistir en que se le han restringido garantías básicas en el proceso.
No obstante, el Legislativo recordó que ya el pasado 22 de agosto, la comisión especial que analiza el desafuero le concedió un espacio amplio para referirse al caso, antes de que dos de sus tres integrantes votaran a favor de recomendar el levantamiento de su inmunidad.
Acusación por concusión
La causa que enfrenta Chaves se originó en una denuncia de la Fiscalía General, que lo señala por haber ordenado al publicista Christian Bulgarelli entregar 32 mil dólares al entonces asesor presidencial Federico Cruz, a cambio de que su empresa obtuviera un contrato millonario para una campaña digital de Casa Presidencial.
El Ministerio Público sostiene que estos hechos encajan en el delito de concusión y solicitó al Congreso retirar la inmunidad al presidente para que pueda ser juzgado en la Sala de Casación Penal.
Informe legislativo
El ente especial del Congreso, conformado por las diputadas Andrea Álvarez (PLN), Rocío Alfaro (Frente Amplio) y el oficialista Daniel Vargas (Progreso Social Democrático), concluyó tras un mes de análisis que los señalamientos de la Fiscalía tienen respaldo suficiente.
“De lo que consta en el expediente se puede concluir que la acusación presenta seriedad y consistencia, fundamenta la prueba aportada y respalda de forma razonable la base fáctica de su argumentación”, señala el informe de la comisión.
Próxima decisión
El levantamiento de la inmunidad presidencial requiere al menos 38 votos a favor en el Plenario Legislativo. De no alcanzarse esa cifra, el proceso quedaría congelado hasta el final del mandato de Chaves, el 8 de mayo de 2026, después de las elecciones nacionales del 1 de febrero.
La sesión del 22 de septiembre será clave para definir si el presidente podrá ser sometido a juicio penal durante su administración, en medio de un debate político y jurídico que ha encendido nuevamente la discusión sobre los límites del fuero presidencial en Costa Rica.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País
