San José, 7 may (Elpaís.cr).- Durante el gobierno de Rodrigo Chaves, la gestión de los servicios de salud en Costa Rica ha estado marcada por graves irregularidades, impulsadas por la privatización indiscriminada de servicios esenciales.
El más emblemático de estos casos es el escándalo conocido como «Barrenador», que ahora parece resurgir bajo nuevas formas, denunció la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA).
Pese a las advertencias de informes técnicos que señalaban precios irrazonables, se adjudicaron contratos con sobrecostos que superan los 12.500 millones de colones. Tras la anulación de varias contrataciones del caso Barrenador, se aprobó una licitación urgente por 30 meses para garantizar la continuidad del servicio, bajo el argumento de un «oferente idóneo».
Sin embargo, en este proceso participaron cuatro cooperativas, dos de las cuales presentaron ofertas más caras que la contratación vigente. Aun así, la administración de la CCSS, en un tiempo récord y con procedimientos cuestionables, autorizó una «revisión de precios» que benefició a esas mismas cooperativas —vinculadas al escándalo original—, incrementando el costo en ¢7.495.271.080,80.
Ante esto, UNDECA anunció que presentará una denuncia penal para que se investigue si se configuró un «Barrenador 2.0», en perjuicio del patrimonio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y se determine la responsabilidad de los involucrados.
«La privatización de los servicios de salud sigue siendo la hoja de ruta para que unos pocos obtengan ganancias escandalosas a costa del bienestar del pueblo. ¡Algo huele muy mal en Dinamarca!», declaró la organización.
UNDECA reiteró su compromiso de luchar sin tregua por la transparencia, la legalidad y la ética en la administración de los recursos públicos, exigiendo que los responsables de actos de corrupción contra el derecho a la salud rindan cuentas ante la justicia.
«¡Ni un paso atrás en la defensa de lo público!», proclama Undeca.
San José, 7 may (Elpaís.cr).- Durante el gobierno de Rodrigo Chaves, la gestión de los servicios de salud en Costa Rica ha estado marcada por graves irregularidades, impulsadas por la privatización indiscriminada de servicios esenciales. El más emblemático de estos casos es el escándalo conocido como «Barrenador», que ahora parece resurgir bajo nuevas formas, denunció
San José, 7 may (Elpaís.cr).- Durante el gobierno de Rodrigo Chaves, la gestión de los servicios de salud en Costa Rica ha estado marcada por graves irregularidades, impulsadas por la privatización indiscriminada de servicios esenciales.
El más emblemático de estos casos es el escándalo conocido como «Barrenador», que ahora parece resurgir bajo nuevas formas, denunció la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA).
Pese a las advertencias de informes técnicos que señalaban precios irrazonables, se adjudicaron contratos con sobrecostos que superan los 12.500 millones de colones. Tras la anulación de varias contrataciones del caso Barrenador, se aprobó una licitación urgente por 30 meses para garantizar la continuidad del servicio, bajo el argumento de un «oferente idóneo».
Sin embargo, en este proceso participaron cuatro cooperativas, dos de las cuales presentaron ofertas más caras que la contratación vigente. Aun así, la administración de la CCSS, en un tiempo récord y con procedimientos cuestionables, autorizó una «revisión de precios» que benefició a esas mismas cooperativas —vinculadas al escándalo original—, incrementando el costo en ¢7.495.271.080,80.
Ante esto, UNDECA anunció que presentará una denuncia penal para que se investigue si se configuró un «Barrenador 2.0», en perjuicio del patrimonio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y se determine la responsabilidad de los involucrados.
«La privatización de los servicios de salud sigue siendo la hoja de ruta para que unos pocos obtengan ganancias escandalosas a costa del bienestar del pueblo. ¡Algo huele muy mal en Dinamarca!», declaró la organización.
UNDECA reiteró su compromiso de luchar sin tregua por la transparencia, la legalidad y la ética en la administración de los recursos públicos, exigiendo que los responsables de actos de corrupción contra el derecho a la salud rindan cuentas ante la justicia.
«¡Ni un paso atrás en la defensa de lo público!», proclama Undeca.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País