El superintendente general de Valores, Tomás Soley Pérez, dice sentirse “consternado” por la reciente decisión que tomó el Banco de Costa Rica (BCR) sobre el cuestionado episodio de su subsidiaria, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI).
En octubre del 2024 la Superintendencia General de Valores (Sugeval) le pidió a BCR y BCR SAFI que trasladaran $70 millones de sus presupuestos (por lo tanto, de fondos públicos) a un fondo privado compuesto por cerca de 1.500 inversionistas quienes se están viendo afectados por un aparente mal negocio hecho por exjerarcas de la SAFI.
BCR y su subsidiaria han intentado traerse abajo dicha orden. Primero apelaron ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), que finalmente le dio la razón a Sugeval: el traslado debe hacerse para normalizar la condición financiera del fondo inmobiliario que administra la sociedad.
Sin embargo, la semana anterior trascendió que el BCR acudió al Tribunal Contencioso Administrativo (a la vía judicial) y solicitó una medida cautelar para no trasladar los $70 millones al Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND).
“Donde uno ve esta acción legal, sin desmeritar los derechos de cualquiera a defenderse en las instancias judiciales, sí me quedé consternado de la vía que se buscó, porque durante todo este proceso se ha ido buscando los espacios para que se pueda atender un problema, una situación de un fondo de inversión donde incluso hay denuncias penales y acciones administrativas contra funcionarios y demás”, comentó Soley en una conversación con este medio.
OBSERVE MÁS: Caso BCR SAFI: inversionistas afectados por aparente mal negocio piden transparencia a la entidad
Altos funcionarios del BCR enterados
El jerarca expresó a este medio que el BCR tiene suficiente información sobre lo que pudo haber ocurrido en el 2020, cuando las autoridades de la SAFI pagaron $70 millones por un inmueble que posteriormente se revaloró en $34,7 millones. El caso ya se investiga en la vía judicial por presunto sobreprecio.
La propiedad en cuestión se llama Parque Empresarial del Pacífico (PEP) y se ubica en Puntarenas. Es un inmueble de bodegas dedicada al almacenaje. La SAFI la compró a una sociedad vinculada al exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales, quien a través de su abogado ha dicho a este medio que aún no ha sido notificado de ningún proceso en su contra por este caso.
Al menos 12 altos funcionarios del BCR estuvieron presentes en una sesión en la que se dieron a conocer fotografías que demostraban que el inmueble no estaba construido, que eran galerones. Las construcciones se han ido terminando con el tiempo. A pesar de la evidencia fotográfica y hasta de visitas en el sitio, días después las antiguas autoridades de la SAFI aprobaron la compra. Nuevas autoridades de la sociedad han confirmado que este tipo de fondos no están autorizados para comprar proyectos en construcción, lo que confirma parte de las denuncias que rodean este caso.
OBSERVE MÁS: Parque Empresarial del Pacífico estaba inconcluso cuando BCR SAFI lo adquirió; 12 altos funcionarios lo sabían
Captura de la presentación proyectada el 15 de febrero del 2020 ante la Junta Directiva de BCR SAFI. El documento fue declarado confidencial pero posteriormente El Observador tuvo acceso.
Para marzo del 2025 la propiedad que la SAFI compró con dinero de los inversionistas por $70 millones solo tenía un inquilino y este estaba incumpliendo con los pagos.
“La entidad tiene suficiente información”: Tomás Soley
“La entidad tiene suficiente información sobre lo que puede haber pasado ahí y el judicializarlo va a extender el momento de resolver este problema y se podría también estar incrementando el problema”, comentó Soley.
El pasado 2 de marzo el BCR emitió un comunicado de prensa. Indicaba que la Junta Directiva del banco “alerta que el acatamiento de dicha medida implicaría el traslado definitivo de más de $70 millones de fondos públicos a un patrimonio privado”.
Sin embargo, los $70 millones no están exactamente en riesgo debido a la orden de Sugeval, sino debido rancio negocio que hicieron altos jerarcas del BCR con dinero de los inversionistas.
“Es imposible echarle el muerto a la Sugeval porque la Sugeval no ha gestionado esos fondos y no los ha administrado”, comentó Soley.
Cuando se entra al negocio hay riesgo y hay responsabilidad en la gestión
Finalmente, Soley también comentó que el negocio de tener una SAFI es equivalente a administrar, como un buen padre de familia, los ahorros y las inversiones de terceros. Es por esto que hay directa responsabilidad entre el BCR y lo que haga su subsidiaria.
“En ese sentido cuando se entra a un negocio, aquí estamos hablando públicos o privados, se entra a poner el dinero en riesgo y hay responsabilidades en la gestión de esos negocios”, explicó Soley.
Ante las consultas de este medio, el BCR dice que ya hay un cronograma para atender la resolución de Conassif, en cuanto a elaborar un plan de normalización. Sin embargo, la petición específica de trasladar los $70 millones sí lo enviaron a la vía judicial, por lo que es incierto si se repondrá a los inversionistas el monto que pagaron por el PEP.
El Observador consultó si el BCR tiene previsiones para ejecutar el plan de normalización que establezcan. La entidad informó que la fuente se definirá según los detalles del plan que finalmente aprueben.
“Con esta decisión lo que se está haciendo es trasladar a los Tribunales de Justicia el análisis y valoración de legalidad de la orden dada por Sugeval para que sean los propios tribunales quienes diluciden si se trata de una instrucción que se ajusta al ordenamiento jurídico y al correcto manejo de fondos públicos”, señaló el BCR.
El banco del estado también respondió que será respetuoso de la resolución judicial.
Según Soley, esta es la primera vez que la Sugeval le pide a una entidad bancaria del Estado que aporte de su dinero, para hacerle frente al posible daño generado por una SAFI a los inversionistas. El caso no tiene precedentes.
OBSERVE MÁS: Caso BCR SAFI: inversionistas afectados por aparente mal negocio piden transparencia a la entidad
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Jerarca dice que la entidad bancaria tiene suficientes pruebas de lo que ocurrió como para judicializar y alargar este caso.
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El superintendente general de Valores, Tomás Soley Pérez, dice sentirse “consternado” por la reciente decisión que tomó el Banco de Costa Rica (BCR) sobre el cuestionado episodio de su subsidiaria, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI).
En octubre del 2024 la Superintendencia General de Valores (Sugeval) le pidió a BCR y BCR SAFI que trasladaran $70 millones de sus presupuestos (por lo tanto, de fondos públicos) a un fondo privado compuesto por cerca de 1.500 inversionistas quienes se están viendo afectados por un aparente mal negocio hecho por exjerarcas de la SAFI.
BCR y su subsidiaria han intentado traerse abajo dicha orden. Primero apelaron ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), que finalmente le dio la razón a Sugeval: el traslado debe hacerse para normalizar la condición financiera del fondo inmobiliario que administra la sociedad.
Sin embargo, la semana anterior trascendió que el BCR acudió al Tribunal Contencioso Administrativo (a la vía judicial) y solicitó una medida cautelar para no trasladar los $70 millones al Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND).
“Donde uno ve esta acción legal, sin desmeritar los derechos de cualquiera a defenderse en las instancias judiciales, sí me quedé consternado de la vía que se buscó, porque durante todo este proceso se ha ido buscando los espacios para que se pueda atender un problema, una situación de un fondo de inversión donde incluso hay denuncias penales y acciones administrativas contra funcionarios y demás”, comentó Soley en una conversación con este medio.
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Altos funcionarios del BCR enterados
El jerarca expresó a este medio que el BCR tiene suficiente información sobre lo que pudo haber ocurrido en el 2020, cuando las autoridades de la SAFI pagaron $70 millones por un inmueble que posteriormente se revaloró en $34,7 millones. El caso ya se investiga en la vía judicial por presunto sobreprecio.
La propiedad en cuestión se llama Parque Empresarial del Pacífico (PEP) y se ubica en Puntarenas. Es un inmueble de bodegas dedicada al almacenaje. La SAFI la compró a una sociedad vinculada al exdiputado socialcristiano Humberto Vargas Corrales, quien a través de su abogado ha dicho a este medio que aún no ha sido notificado de ningún proceso en su contra por este caso.
Al menos 12 altos funcionarios del BCR estuvieron presentes en una sesión en la que se dieron a conocer fotografías que demostraban que el inmueble no estaba construido, que eran galerones. Las construcciones se han ido terminando con el tiempo. A pesar de la evidencia fotográfica y hasta de visitas en el sitio, días después las antiguas autoridades de la SAFI aprobaron la compra. Nuevas autoridades de la sociedad han confirmado que este tipo de fondos no están autorizados para comprar proyectos en construcción, lo que confirma parte de las denuncias que rodean este caso.
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Captura de la presentación proyectada el 15 de febrero del 2020 ante la Junta Directiva de BCR SAFI. El documento fue declarado confidencial pero posteriormente El Observador tuvo acceso.
Para marzo del 2025 la propiedad que la SAFI compró con dinero de los inversionistas por $70 millones solo tenía un inquilino y este estaba incumpliendo con los pagos.
“La entidad tiene suficiente información”: Tomás Soley
“La entidad tiene suficiente información sobre lo que puede haber pasado ahí y el judicializarlo va a extender el momento de resolver este problema y se podría también estar incrementando el problema”, comentó Soley.
El pasado 2 de marzo el BCR emitió un comunicado de prensa. Indicaba que la Junta Directiva del banco “alerta que el acatamiento de dicha medida implicaría el traslado definitivo de más de $70 millones de fondos públicos a un patrimonio privado”.
Sin embargo, los $70 millones no están exactamente en riesgo debido a la orden de Sugeval, sino debido rancio negocio que hicieron altos jerarcas del BCR con dinero de los inversionistas.
“Es imposible echarle el muerto a la Sugeval porque la Sugeval no ha gestionado esos fondos y no los ha administrado”, comentó Soley.
Cuando se entra al negocio hay riesgo y hay responsabilidad en la gestión
Finalmente, Soley también comentó que el negocio de tener una SAFI es equivalente a administrar, como un buen padre de familia, los ahorros y las inversiones de terceros. Es por esto que hay directa responsabilidad entre el BCR y lo que haga su subsidiaria.
“En ese sentido cuando se entra a un negocio, aquí estamos hablando públicos o privados, se entra a poner el dinero en riesgo y hay responsabilidades en la gestión de esos negocios”, explicó Soley.
Ante las consultas de este medio, el BCR dice que ya hay un cronograma para atender la resolución de Conassif, en cuanto a elaborar un plan de normalización. Sin embargo, la petición específica de trasladar los $70 millones sí lo enviaron a la vía judicial, por lo que es incierto si se repondrá a los inversionistas el monto que pagaron por el PEP.
El Observador consultó si el BCR tiene previsiones para ejecutar el plan de normalización que establezcan. La entidad informó que la fuente se definirá según los detalles del plan que finalmente aprueben.
“Con esta decisión lo que se está haciendo es trasladar a los Tribunales de Justicia el análisis y valoración de legalidad de la orden dada por Sugeval para que sean los propios tribunales quienes diluciden si se trata de una instrucción que se ajusta al ordenamiento jurídico y al correcto manejo de fondos públicos”, señaló el BCR.
El banco del estado también respondió que será respetuoso de la resolución judicial.
Según Soley, esta es la primera vez que la Sugeval le pide a una entidad bancaria del Estado que aporte de su dinero, para hacerle frente al posible daño generado por una SAFI a los inversionistas. El caso no tiene precedentes.
OBSERVE MÁS: Caso BCR SAFI: inversionistas afectados por aparente mal negocio piden transparencia a la entidad
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