San José, 16 Jul (Elpaís.cr).- El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR), advirtió que las jornadas laborales semanales de 12 horas defendidas por un proyecto de ley «podrían generar un retroceso de más de 100 años en materia de derechos laborales».
La advertencia la hizo dicho Colegio por medio de su Comisión de Género y su Junta Directiva rechazó el proyecto de ley 24.290, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, que propone implementar jornadas laborales excepcionales bajo el esquema 4×3.
Según el ente gremial, esta iniciativa constituye un “retroceso de más de 100 años en los derechos laborales” conquistados por la clase trabajadora costarricense.
El país celebró hace un siglo la conquista de la jornada laboral de ocho horas diarias, tras intensas huelgas, luchas sindicales y negociaciones que culminaron en su incorporación a la Constitución Política de 1949 y el Código de Trabajo. Sin embargo, el proyecto 24.290 plantea turnos de hasta 12 horas por día durante cuatro días consecutivos, a cambio de tres días de descanso, lo cual ha despertado fuertes cuestionamientos desde sectores académicos, sociales y profesionales.
“Hoy en día el proyecto de ley de jornadas excepcionales 4×3 podría generar un retroceso de más de 100 años en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras costarricenses”, advirtió el Colegio.
Impacto desproporcionado sobre las mujeres
Uno de los principales argumentos del CPSCR es el impacto negativo que tendría esta reforma sobre las mujeres trabajadoras, especialmente las jefas de hogar.
En Costa Rica, el 43,7% de los hogares están encabezados por mujeres, y más de la mitad de ellas (55,6%) labora en el sector formal.
Para el Colegio de Sociólogos, imponer turnos extendidos de 12 horas más el tiempo de traslado comprometería gravemente las posibilidades de estas mujeres para ejercer sus labores de cuido, afectando tanto a niños como a adolescentes, quienes quedarían más expuestos a riesgos como la deserción escolar, el consumo de drogas y la violencia.
Además, denuncian que el proyecto no contempla mecanismos obligatorios de apoyo, como redes de cuido o transporte nocturno seguro, lo cual profundiza la desigualdad de género y aumenta la precariedad.
“El texto legal únicamente sugiere que los patronos podrían ofrecer servicios de cuido, sin ninguna obligación legal. Esto deja a las mujeres trabajadoras en una situación de extrema vulnerabilidad”, señaló la Comisión de Género del CPSCR.
Riesgos para la salud y la seguridad
Otro eje de crítica es el daño a la salud física y mental que podría acarrear la extensión de las jornadas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las largas jornadas laborales se vinculan con más de 50 enfermedades, entre ellas afecciones cardiovasculares, trastornos del sueño, ansiedad y depresión.
A esto se suma el riesgo en términos de seguridad ciudadana. Las jornadas 4×3 implicarían que muchas personas —especialmente mujeres— deban movilizarse durante la noche para llegar a sus hogares, en un país donde la inseguridad, los asaltos y los feminicidios están al alza.
“El proyecto menciona de manera superficial el tema del transporte, pero no garantiza ningún servicio seguro o accesible para las personas trabajadoras que deban desplazarse en horarios nocturnos, particularmente en zonas rurales o urbanas peligrosas”, apuntó el Colegio.
Legalización de prácticas abusivas
El CPSCR también expresó preocupación por la posibilidad de que esta ley termine legitimando prácticas laborales abusivas que ya existen en varias regiones del país.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2024, en sectores como el turismo y en cantones periféricos como Upala o Los Chiles, hasta el 66% de las mujeres trabajadoras no recibe pago por horas extra.
De aprobarse el proyecto 24.290, se eliminaría de facto la obligación de pagar horas extras en los días laborales extendidos, lo que no solo vulnera la legislación nacional, sino también tratados internacionales como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), advirtieron.
“Este tipo de jornadas bajo condiciones desiguales de poder laboral impone un riesgo serio de explotación. Aunque se promocionan como ‘opcionales’, en la práctica muchas personas trabajadoras no podrán rechazar estos esquemas sin poner en peligro su empleo”, subrayaron desde la Junta Directiva del CPSCR.
Contraste con tendencias internacionales
Los colegios profesionales que respaldan la oposición al proyecto —entre ellos los de Nutrición, Psicología y grupos organizados de personas con discapacidad— hicieron un llamado a no seguir un modelo que consideran “obsoleto”.
Señalan que en países como Alemania, Francia o Dinamarca, el debate gira en torno a la reducción de la jornada laboral semanal a 35 o incluso 30 horas, con el fin de mejorar la productividad, el bienestar integral y la conciliación de la vida personal con la laboral.
Mientras tanto, en Costa Rica, el discurso político que impulsa el 4×3 ha sido encabezado por figuras como la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo, quien ha defendido el modelo con el argumento de que los salarios en el país son “demasiado altos”.
Sin embargo, los gremios profesionales rechazan este enfoque y advierten que ignora el altísimo costo de vida, los niveles de endeudamiento de los hogares y la imposibilidad de muchas familias para cubrir la canasta básica.
“El problema no es el salario, sino la desigualdad, la falta de políticas públicas eficientes y la desprotección laboral. En lugar de reducir derechos, debemos fortalecerlos para atraer inversión por calidad de vida, seguridad jurídica y capital humano calificado”, indicaron.
Llamado a fortalecer el modelo social costarricense
El Colegio de Profesionales en Sociología y los sectores que lo respaldan afirman que la discusión sobre productividad y competitividad no debe hacerse a costa de sacrificar derechos laborales básicos.
Por el contrario, piden reorientar la agenda legislativa hacia temas estructurales como la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción y la inversión en educación y salud pública.
“Costa Rica se distinguió durante décadas por sus garantías sociales, no por ofrecer mano de obra barata. Pretender competir internacionalmente precarizando el trabajo nos aleja de ese legado y nos acerca a modelos que ya han fracasado en otras latitudes”, sentenciaron.
El pronunciamiento concluye con un llamado al diálogo social amplio, donde participen no solo actores empresariales y legisladores, sino también sindicatos, colegios profesionales, organizaciones de mujeres y sectores académicos. La meta, afirman, debe ser una política laboral moderna, equitativa y sostenible.
“No es momento de retroceder. Es momento de avanzar en derechos, dignidad y justicia social”.
El debate sobre el proyecto 24.290 continúa en la Asamblea Legislativa, donde crecen tanto las presiones del sector empresarial como las voces críticas desde la sociedad civil.
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San José, 16 Jul (Elpaís.cr).- El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR), advirtió que las jornadas laborales semanales de 12 horas defendidas por un proyecto de ley «podrían generar un retroceso de más de 100 años en materia de derechos laborales». La advertencia la hizo dicho Colegio por medio de su Comisión
San José, 16 Jul (Elpaís.cr).- El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR), advirtió que las jornadas laborales semanales de 12 horas defendidas por un proyecto de ley «podrían generar un retroceso de más de 100 años en materia de derechos laborales».
La advertencia la hizo dicho Colegio por medio de su Comisión de Género y su Junta Directiva rechazó el proyecto de ley 24.290, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, que propone implementar jornadas laborales excepcionales bajo el esquema 4×3.
Según el ente gremial, esta iniciativa constituye un “retroceso de más de 100 años en los derechos laborales” conquistados por la clase trabajadora costarricense.
El país celebró hace un siglo la conquista de la jornada laboral de ocho horas diarias, tras intensas huelgas, luchas sindicales y negociaciones que culminaron en su incorporación a la Constitución Política de 1949 y el Código de Trabajo. Sin embargo, el proyecto 24.290 plantea turnos de hasta 12 horas por día durante cuatro días consecutivos, a cambio de tres días de descanso, lo cual ha despertado fuertes cuestionamientos desde sectores académicos, sociales y profesionales.
“Hoy en día el proyecto de ley de jornadas excepcionales 4×3 podría generar un retroceso de más de 100 años en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras costarricenses”, advirtió el Colegio.
Impacto desproporcionado sobre las mujeres
Uno de los principales argumentos del CPSCR es el impacto negativo que tendría esta reforma sobre las mujeres trabajadoras, especialmente las jefas de hogar.
En Costa Rica, el 43,7% de los hogares están encabezados por mujeres, y más de la mitad de ellas (55,6%) labora en el sector formal.
Para el Colegio de Sociólogos, imponer turnos extendidos de 12 horas más el tiempo de traslado comprometería gravemente las posibilidades de estas mujeres para ejercer sus labores de cuido, afectando tanto a niños como a adolescentes, quienes quedarían más expuestos a riesgos como la deserción escolar, el consumo de drogas y la violencia.
Además, denuncian que el proyecto no contempla mecanismos obligatorios de apoyo, como redes de cuido o transporte nocturno seguro, lo cual profundiza la desigualdad de género y aumenta la precariedad.
“El texto legal únicamente sugiere que los patronos podrían ofrecer servicios de cuido, sin ninguna obligación legal. Esto deja a las mujeres trabajadoras en una situación de extrema vulnerabilidad”, señaló la Comisión de Género del CPSCR.
Riesgos para la salud y la seguridad
Otro eje de crítica es el daño a la salud física y mental que podría acarrear la extensión de las jornadas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las largas jornadas laborales se vinculan con más de 50 enfermedades, entre ellas afecciones cardiovasculares, trastornos del sueño, ansiedad y depresión.
A esto se suma el riesgo en términos de seguridad ciudadana. Las jornadas 4×3 implicarían que muchas personas —especialmente mujeres— deban movilizarse durante la noche para llegar a sus hogares, en un país donde la inseguridad, los asaltos y los feminicidios están al alza.
“El proyecto menciona de manera superficial el tema del transporte, pero no garantiza ningún servicio seguro o accesible para las personas trabajadoras que deban desplazarse en horarios nocturnos, particularmente en zonas rurales o urbanas peligrosas”, apuntó el Colegio.
Legalización de prácticas abusivas
El CPSCR también expresó preocupación por la posibilidad de que esta ley termine legitimando prácticas laborales abusivas que ya existen en varias regiones del país.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2024, en sectores como el turismo y en cantones periféricos como Upala o Los Chiles, hasta el 66% de las mujeres trabajadoras no recibe pago por horas extra.
De aprobarse el proyecto 24.290, se eliminaría de facto la obligación de pagar horas extras en los días laborales extendidos, lo que no solo vulnera la legislación nacional, sino también tratados internacionales como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), advirtieron.
“Este tipo de jornadas bajo condiciones desiguales de poder laboral impone un riesgo serio de explotación. Aunque se promocionan como ‘opcionales’, en la práctica muchas personas trabajadoras no podrán rechazar estos esquemas sin poner en peligro su empleo”, subrayaron desde la Junta Directiva del CPSCR.
Contraste con tendencias internacionales
Los colegios profesionales que respaldan la oposición al proyecto —entre ellos los de Nutrición, Psicología y grupos organizados de personas con discapacidad— hicieron un llamado a no seguir un modelo que consideran “obsoleto”.
Señalan que en países como Alemania, Francia o Dinamarca, el debate gira en torno a la reducción de la jornada laboral semanal a 35 o incluso 30 horas, con el fin de mejorar la productividad, el bienestar integral y la conciliación de la vida personal con la laboral.
Mientras tanto, en Costa Rica, el discurso político que impulsa el 4×3 ha sido encabezado por figuras como la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo, quien ha defendido el modelo con el argumento de que los salarios en el país son “demasiado altos”.
Sin embargo, los gremios profesionales rechazan este enfoque y advierten que ignora el altísimo costo de vida, los niveles de endeudamiento de los hogares y la imposibilidad de muchas familias para cubrir la canasta básica.
“El problema no es el salario, sino la desigualdad, la falta de políticas públicas eficientes y la desprotección laboral. En lugar de reducir derechos, debemos fortalecerlos para atraer inversión por calidad de vida, seguridad jurídica y capital humano calificado”, indicaron.
Llamado a fortalecer el modelo social costarricense
El Colegio de Profesionales en Sociología y los sectores que lo respaldan afirman que la discusión sobre productividad y competitividad no debe hacerse a costa de sacrificar derechos laborales básicos.
Por el contrario, piden reorientar la agenda legislativa hacia temas estructurales como la inseguridad, el narcotráfico, la corrupción y la inversión en educación y salud pública.
“Costa Rica se distinguió durante décadas por sus garantías sociales, no por ofrecer mano de obra barata. Pretender competir internacionalmente precarizando el trabajo nos aleja de ese legado y nos acerca a modelos que ya han fracasado en otras latitudes”, sentenciaron.
El pronunciamiento concluye con un llamado al diálogo social amplio, donde participen no solo actores empresariales y legisladores, sino también sindicatos, colegios profesionales, organizaciones de mujeres y sectores académicos. La meta, afirman, debe ser una política laboral moderna, equitativa y sostenible.
“No es momento de retroceder. Es momento de avanzar en derechos, dignidad y justicia social”.
El debate sobre el proyecto 24.290 continúa en la Asamblea Legislativa, donde crecen tanto las presiones del sector empresarial como las voces críticas desde la sociedad civil.
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