El superintendente general de Valores, Tomás Soley Pérez, señala que lo que está ocurriendo con el Banco de Costa Rica (BCR) y su subsidiaria, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), es un hecho sin precedentes en el país.
Esta es la primera vez que una entidad bancaria del Estado se ve obligada a trasladarle $70 millones de fondos públicos a un fondo de inversión privado. Esto como una forma de reparar el daño que le habría provocado la SAFI a los inversionistas.
Un rancio negocio firmado en el 2020 a nombre de los inversionistas pone al BCR, otra vez, en el centro de la atención. Altos jerarcas del banco pagaron $70 millones por una propiedad que, años después, se valora en apenas $34,7 millones. Las instalaciones que se estaban comprando como bodegas eran realmente galerones, faltaban permisos municipales, entrada desde la calle principal e instalaciones adecuadas contra incendios, entre otros.
El nombre de la polémica propiedad es: Parque Empresarial del Pacífico o PEP.
Así estaba el Parque Empresarial del Pacífico cuando lo compraron. Fotografías vistas por altos funcionarios del BCR demostraban que estaba sin construir. (Fotografía tomada de una presentación vista por altos jerarca del BCR antes de aprobar la compra).
OBSERVE MÁS: Gerente y abogado de BCR SAFI confirman que Parque Empresarial no estaba construido cuando lo compraron
¿Por qué hay $70 millones de fondos públicos en riesgo?
La Superintendencia General de Valores (Sugeval) le había solicitado al BCR y a su subsidiaria, BCR SAFI, aportar $70 millones al fondo inmobiliario a través del cual se compró el PEP: el fondo de inversión inmobiliario no diversificado (FIIND).
¿De dónde surge ese monto? A inicios del 2020 los altos funcionarios del BCR tomaron $70 millones de los inversionistas privados y pagaron dicha suma a una sociedad vinculada al exdiputado socialcristiano, Humberto Vargas Corrales.
Tras conocerse las supuestas irregularidades en la compra y la afectación provocada (por ejemplo, a inicios de año el PEP tenía un solo inquilino y estaba atrasado con los pagos), la Sugeval le pide al BCR dar a conocer un plan para recuperar el fondo del que se tomó ese dinero y resguardar a los afectados.
En dicho fondo no solo invierten personas individuales, entre ellos muchos adultos mayores. Los fondos de pensiones también tienen una participación mayor al 30%, lo que implica que lo que ocurra con dicho fondo inmobiliario también generaría afectación a miles de costarricenses, aunque ni siquiera sepan que invierten allí.
Una de las peticiones hechas por la Sugeval a las entidades como parte de ese plan es que devuelvan de fondos propios (o sea, de fondos públicos) los $70 millones que pagaron en el 2020 al hacer la compra del PEP.
OBSERVE MÁS: Parque Empresarial del Pacífico estaba inconcluso cuando BCR SAFI lo adquirió; 12 altos funcionarios lo sabían
Captura de la presentación proyectada el 15 de febrero del 2020 ante la Junta Directiva de BCR SAFI. El documento fue declarado confidencial y se evidenciaba que las obras estaban inconclusas. A pesar de esto, los funcionarios aprobaron al compra.
¿De dónde saldrán los $70 millones?
El BCR y BCR SAFI han intentado varias estrategias para no tener que hacer este traslado, pese a que sí reconocen que hay evidencia de irregularidades en la compra.
Inicialmente apelaron esta orden de Sugeval ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Pero aquí perdieron el caso y el consejo le dio la razón a Sugeval.
Y el pasado 2 de setiembre trascendió que BCR solicitó una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, también con el fin de no hacer el traslado a favor de los inversionistas afectados. De forma tal que por ahora es incierto incluso si se hará el traslado.
El BCR dice que ya se trabaja en un plan para normalizar el fondo, tal y como y lo solicitó Sugeval. Sin embargo, poco se sabe de dicho plan y se desconoce si contempla el traslado de los $70 millones u otro monto. Entonces, no se conoce la cifra que presentarán las autoridades del banco a los inversionistas como propuesta de plan a seguir.
Al respecto, el BCR dijo a este medio que “el conglomerado financiero BCR remitió un cronograma de trabajo para atender la resolución del Conassif, donde se realiza una evaluación financiera para atender el compromiso en caso de requerirse. La fuente de los recursos se define según el resultado de actividades”.
El banco añadió que “la partida presupuestaria (de donde saldrían los recursos públicos para trasladarlos al fondo privado) será definida según la aprobación que haga la Contraloría General de la República en caso de requerirse”.
Junta Directiva alerta sobre traslado definitivo de fondos públicos
La Junta Directiva del BCR emitió un comunicado el pasado 2 de setiembre, en el que señaló que llevaría la orden de Sugeval al Tribunal Contencioso.
En dicho oficio, la Junta Directiva dice que alerta a la ciudadanía de que seguir la orden de Sugeval significaría el traslado definitivo de $70 millones de fondos públicos a un fondo privado. En dicha comunicación, se intenta hacer ver que es la orden de Sugeval la que pone en riesgo dicho monto.
Sin embargo, como ya se informó anteriormente, fue la decisión de los altos jerarcas del BCR en el 2020 la que puso en riesgo ese monto. Ahora la Sugeval pide normalizar el fondo, pues su misión es proteger a los inversionistas de un aparente mal negocio que tiene luces de alerta por cualquier lado que se le vea.
El superintendente de Valores, Tomás Soley, dijo en entrevista con este medio estar consternado por la decisión del BCR de llevar a la vía judicial esta orden de Sugeval, pues la entidad tiene suficiente evidencia de lo que habría ocurrido años atrás. Además, considera que esta acción va a alargar el proceso para los inversionistas afectados.
Finalmente, considera que es imposible que se interprete que es una orden de Sugeval la que pone en riesgo los fondos públicos. Dice que no es posible “echarle el muerto encima a Sugeval” porque ellos no han administrado el fondo afectado.
El pasado viernes 6 de setiembre los inversionistas afectados solicitaron al BCR transparencia en el proceso y que les brinden más detalles sobre la medida cautelar.
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Altos jerarcas del BCR pagaron $70 millones por un inmueble: su precio real se calcula en $34 millones y las obras que compraron eran apenas galerones.
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El superintendente general de Valores, Tomás Soley Pérez, señala que lo que está ocurriendo con el Banco de Costa Rica (BCR) y su subsidiaria, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), es un hecho sin precedentes en el país.
Esta es la primera vez que una entidad bancaria del Estado se ve obligada a trasladarle $70 millones de fondos públicos a un fondo de inversión privado. Esto como una forma de reparar el daño que le habría provocado la SAFI a los inversionistas.
Un rancio negocio firmado en el 2020 a nombre de los inversionistas pone al BCR, otra vez, en el centro de la atención. Altos jerarcas del banco pagaron $70 millones por una propiedad que, años después, se valora en apenas $34,7 millones. Las instalaciones que se estaban comprando como bodegas eran realmente galerones, faltaban permisos municipales, entrada desde la calle principal e instalaciones adecuadas contra incendios, entre otros.
El nombre de la polémica propiedad es: Parque Empresarial del Pacífico o PEP.
Así estaba el Parque Empresarial del Pacífico cuando lo compraron. Fotografías vistas por altos funcionarios del BCR demostraban que estaba sin construir. (Fotografía tomada de una presentación vista por altos jerarca del BCR antes de aprobar la compra).
OBSERVE MÁS: Gerente y abogado de BCR SAFI confirman que Parque Empresarial no estaba construido cuando lo compraron
¿Por qué hay $70 millones de fondos públicos en riesgo?
La Superintendencia General de Valores (Sugeval) le había solicitado al BCR y a su subsidiaria, BCR SAFI, aportar $70 millones al fondo inmobiliario a través del cual se compró el PEP: el fondo de inversión inmobiliario no diversificado (FIIND).
¿De dónde surge ese monto? A inicios del 2020 los altos funcionarios del BCR tomaron $70 millones de los inversionistas privados y pagaron dicha suma a una sociedad vinculada al exdiputado socialcristiano, Humberto Vargas Corrales.
Tras conocerse las supuestas irregularidades en la compra y la afectación provocada (por ejemplo, a inicios de año el PEP tenía un solo inquilino y estaba atrasado con los pagos), la Sugeval le pide al BCR dar a conocer un plan para recuperar el fondo del que se tomó ese dinero y resguardar a los afectados.
En dicho fondo no solo invierten personas individuales, entre ellos muchos adultos mayores. Los fondos de pensiones también tienen una participación mayor al 30%, lo que implica que lo que ocurra con dicho fondo inmobiliario también generaría afectación a miles de costarricenses, aunque ni siquiera sepan que invierten allí.
Una de las peticiones hechas por la Sugeval a las entidades como parte de ese plan es que devuelvan de fondos propios (o sea, de fondos públicos) los $70 millones que pagaron en el 2020 al hacer la compra del PEP.
OBSERVE MÁS: Parque Empresarial del Pacífico estaba inconcluso cuando BCR SAFI lo adquirió; 12 altos funcionarios lo sabían
Captura de la presentación proyectada el 15 de febrero del 2020 ante la Junta Directiva de BCR SAFI. El documento fue declarado confidencial y se evidenciaba que las obras estaban inconclusas. A pesar de esto, los funcionarios aprobaron al compra.
¿De dónde saldrán los $70 millones?
El BCR y BCR SAFI han intentado varias estrategias para no tener que hacer este traslado, pese a que sí reconocen que hay evidencia de irregularidades en la compra.
Inicialmente apelaron esta orden de Sugeval ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Pero aquí perdieron el caso y el consejo le dio la razón a Sugeval.
Y el pasado 2 de setiembre trascendió que BCR solicitó una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, también con el fin de no hacer el traslado a favor de los inversionistas afectados. De forma tal que por ahora es incierto incluso si se hará el traslado.
El BCR dice que ya se trabaja en un plan para normalizar el fondo, tal y como y lo solicitó Sugeval. Sin embargo, poco se sabe de dicho plan y se desconoce si contempla el traslado de los $70 millones u otro monto. Entonces, no se conoce la cifra que presentarán las autoridades del banco a los inversionistas como propuesta de plan a seguir.
Al respecto, el BCR dijo a este medio que “el conglomerado financiero BCR remitió un cronograma de trabajo para atender la resolución del Conassif, donde se realiza una evaluación financiera para atender el compromiso en caso de requerirse. La fuente de los recursos se define según el resultado de actividades”.
El banco añadió que “la partida presupuestaria (de donde saldrían los recursos públicos para trasladarlos al fondo privado) será definida según la aprobación que haga la Contraloría General de la República en caso de requerirse”.
Junta Directiva alerta sobre traslado definitivo de fondos públicos
La Junta Directiva del BCR emitió un comunicado el pasado 2 de setiembre, en el que señaló que llevaría la orden de Sugeval al Tribunal Contencioso.
En dicho oficio, la Junta Directiva dice que alerta a la ciudadanía de que seguir la orden de Sugeval significaría el traslado definitivo de $70 millones de fondos públicos a un fondo privado. En dicha comunicación, se intenta hacer ver que es la orden de Sugeval la que pone en riesgo dicho monto.
Sin embargo, como ya se informó anteriormente, fue la decisión de los altos jerarcas del BCR en el 2020 la que puso en riesgo ese monto. Ahora la Sugeval pide normalizar el fondo, pues su misión es proteger a los inversionistas de un aparente mal negocio que tiene luces de alerta por cualquier lado que se le vea.
El superintendente de Valores, Tomás Soley, dijo en entrevista con este medio estar consternado por la decisión del BCR de llevar a la vía judicial esta orden de Sugeval, pues la entidad tiene suficiente evidencia de lo que habría ocurrido años atrás. Además, considera que esta acción va a alargar el proceso para los inversionistas afectados.
Finalmente, considera que es imposible que se interprete que es una orden de Sugeval la que pone en riesgo los fondos públicos. Dice que no es posible “echarle el muerto encima a Sugeval” porque ellos no han administrado el fondo afectado.
El pasado viernes 6 de setiembre los inversionistas afectados solicitaron al BCR transparencia en el proceso y que les brinden más detalles sobre la medida cautelar.
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