San José, 30 Jun (Elpaís.cr).- Un video difundido este lunes por el medio digital CRHoy intensificó la controversia alrededor del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa Sánchez, quien permanece en prisión preventiva desde el 24 de junio tras ser detenido a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos.
Las imágenes lo muestran ingresando en su vehículo al exclusivo residencial Monterán, en Curridabat, donde reside el presidente Rodrigo Chaves Robles.
“Salude que va a conocer al presidente”, se escucha decir a Gamboa en tono coloquial, mientras se graba a sí mismo. Aunque la fecha del video no ha sido confirmada, en el parabrisas del automóvil se observa un marchamo correspondiente al año 2024.
La grabación ha encendido alarmas en el escenario político y judicial del país. No solo por la cercanía que podría implicar con el Ejecutivo, sino por lo que representa en el contexto de una investigación internacional por narcotráfico.
La divulgación del material refuerza la necesidad de esclarecer los vínculos entre Gamboa y miembros del actual Gobierno, justo cuando avanza el proceso de extradición solicitado por una corte federal del Distrito Norte de Texas.
El video y su impacto político
El breve clip —de menos de un minuto— muestra a Gamboa acercándose al retén de entrada de Monterán.
En el trayecto, saluda a alguien que no aparece en cámara y afirma: “Salude que va a conocer al presidente… Hay que esperarnos ahí en el conito”. Aunque no se observa ni al mandatario ni a su residencia, el mensaje ha generado fuertes cuestionamientos sobre el nivel de acceso del exmagistrado a un espacio reservado para la alta jerarquía gubernamental.
Ante la presión mediática, Casa Presidencial emitió este lunes un comunicado en el que niega cualquier tipo de encuentro entre Chaves y Gamboa: “El presidente Rodrigo Chaves no se ha reunido nunca en Monterán con Celso Gamboa y no lo conoce”, reza el pronunciamiento oficial. No obstante, las dudas persisten y la oposición en la Asamblea Legislativa ha exigido una investigación inmediata sobre las circunstancias que permitieron dicho acceso.
Extradición y vínculos con redes criminales
Celso Gamboa fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en cumplimiento de una orden internacional girada por la DEA.
La solicitud de extradición, tramitada por el Departamento de Justicia estadounidense, lo vincula con una estructura criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, con vínculos documentados con el Clan del Golfo, el Cártel de Sinaloa y Los Cuinis.
De acuerdo con los documentos entregados por las autoridades estadounidenses, Gamboa habría utilizado su experiencia como alto funcionario del Estado para operar como “garante institucional” de estos grupos delictivos, facilitando contactos políticos y brindando protección a cambio de sobornos millonarios. Se le atribuyen pagos de hasta medio millón de dólares por cargamento, según reportes filtrados a medios de prensa mexicanos y costarricenses.
Defensa activa y proceso judicial
La defensa del exmagistrado ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de una “persecución política” impulsada por adversarios nacionales. Los abogados de Gamboa aseguran que las pruebas son insuficientes y que las declaraciones de testigos protegidos carecen de fundamento.
Gamboa permanece recluido en el módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario La Reforma. Su caso será resuelto por el Tribunal Penal de San José, en lo que constituye el primer proceso de extradición de un nacional tras la reforma constitucional aprobada en mayo, que habilita este tipo de entrega judicial para delitos de narcotráfico.
El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal la ampliación del plazo de prisión preventiva, a fin de profundizar la recolección de pruebas y evitar una posible obstrucción del proceso.
Funcionarios en la mira
En una entrevista concedida este lunes a Telediario de Multimedios, el director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó que varios funcionarios actuales mantienen relaciones con el imputado.
“Hay más de un asesor y exministro que tiene una relación no cercana, sino directa con Celso Gamboa. Incluso un actual ministro le decía ‘jefe’”, reveló Zúñiga.
Añadió que el martes comparecerá ante la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico para brindar más detalles y revelar los nombres de quienes aparecen en el expediente.
Según información extraoficial, uno de los asesores presidenciales en temas de seguridad también tendría vínculos activos con el exfuncionario judicial, al igual que al menos un ministro del gabinete de Chaves.
La revelación agrava la crisis de credibilidad que enfrenta el Gobierno. En redes sociales, múltiples sectores han exigido la destitución inmediata de los funcionarios mencionados por el jefe del OIJ y han llamado al presidente a comparecer públicamente para aclarar su rol en este entramado.
Consecuencias institucionales
La presencia de Gamboa en un espacio residencial vinculado directamente con la figura presidencial plantea interrogantes de alto calibre sobre los mecanismos de control y la permeabilidad del poder institucional frente al crimen organizado.
En el actual contexto, marcado por una ola de violencia sin precedentes —Costa Rica cerró 2023 con la cifra récord de 907 homicidios—, el caso Gamboa adquiere una carga simbólica y política de gran magnitud.
Analistas consultados por elpais.cr señalan que el caso podría tener repercusiones duraderas en la política costarricense. “Este no es solo un escándalo judicial, es una alerta sobre la infiltración del narcotráfico en los más altos niveles del poder”, advirtió un especialista en seguridad regional que prefirió no ser identificado.
Un punto de inflexión
El proceso judicial en curso determinará si Gamboa será entregado a las autoridades estadounidenses, pero la dimensión del caso ha superado los límites del expediente.
Para muchos sectores, el país se encuentra ante una encrucijada: permitir que las estructuras de poder sigan cerrando filas ante estos escándalos, o abrir una discusión nacional sobre la urgencia de reformar el sistema político, judicial y de seguridad.
Mientras el video recorre redes sociales y noticieros con velocidad viral, la ciudadanía observa con creciente preocupación el deterioro de la frontera entre política y crimen. El caso de Celso Gamboa podría convertirse en el mayor desafío institucional que enfrenta Costa Rica desde el regreso a la democracia en 1949.
San José, 30 Jun (Elpaís.cr).- Un video difundido este lunes por el medio digital CRHoy intensificó la controversia alrededor del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa Sánchez, quien permanece en prisión preventiva desde el 24 de junio tras ser detenido a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos. Las imágenes lo muestran ingresando
San José, 30 Jun (Elpaís.cr).- Un video difundido este lunes por el medio digital CRHoy intensificó la controversia alrededor del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa Sánchez, quien permanece en prisión preventiva desde el 24 de junio tras ser detenido a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos.
Las imágenes lo muestran ingresando en su vehículo al exclusivo residencial Monterán, en Curridabat, donde reside el presidente Rodrigo Chaves Robles.
“Salude que va a conocer al presidente”, se escucha decir a Gamboa en tono coloquial, mientras se graba a sí mismo. Aunque la fecha del video no ha sido confirmada, en el parabrisas del automóvil se observa un marchamo correspondiente al año 2024.
La grabación ha encendido alarmas en el escenario político y judicial del país. No solo por la cercanía que podría implicar con el Ejecutivo, sino por lo que representa en el contexto de una investigación internacional por narcotráfico.
La divulgación del material refuerza la necesidad de esclarecer los vínculos entre Gamboa y miembros del actual Gobierno, justo cuando avanza el proceso de extradición solicitado por una corte federal del Distrito Norte de Texas.
El video y su impacto político
El breve clip —de menos de un minuto— muestra a Gamboa acercándose al retén de entrada de Monterán.
En el trayecto, saluda a alguien que no aparece en cámara y afirma: “Salude que va a conocer al presidente… Hay que esperarnos ahí en el conito”. Aunque no se observa ni al mandatario ni a su residencia, el mensaje ha generado fuertes cuestionamientos sobre el nivel de acceso del exmagistrado a un espacio reservado para la alta jerarquía gubernamental.
Ante la presión mediática, Casa Presidencial emitió este lunes un comunicado en el que niega cualquier tipo de encuentro entre Chaves y Gamboa: “El presidente Rodrigo Chaves no se ha reunido nunca en Monterán con Celso Gamboa y no lo conoce”, reza el pronunciamiento oficial. No obstante, las dudas persisten y la oposición en la Asamblea Legislativa ha exigido una investigación inmediata sobre las circunstancias que permitieron dicho acceso.
Extradición y vínculos con redes criminales
Celso Gamboa fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en cumplimiento de una orden internacional girada por la DEA.
La solicitud de extradición, tramitada por el Departamento de Justicia estadounidense, lo vincula con una estructura criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, con vínculos documentados con el Clan del Golfo, el Cártel de Sinaloa y Los Cuinis.
De acuerdo con los documentos entregados por las autoridades estadounidenses, Gamboa habría utilizado su experiencia como alto funcionario del Estado para operar como “garante institucional” de estos grupos delictivos, facilitando contactos políticos y brindando protección a cambio de sobornos millonarios. Se le atribuyen pagos de hasta medio millón de dólares por cargamento, según reportes filtrados a medios de prensa mexicanos y costarricenses.
Defensa activa y proceso judicial
La defensa del exmagistrado ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de una “persecución política” impulsada por adversarios nacionales. Los abogados de Gamboa aseguran que las pruebas son insuficientes y que las declaraciones de testigos protegidos carecen de fundamento.
Gamboa permanece recluido en el módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario La Reforma. Su caso será resuelto por el Tribunal Penal de San José, en lo que constituye el primer proceso de extradición de un nacional tras la reforma constitucional aprobada en mayo, que habilita este tipo de entrega judicial para delitos de narcotráfico.
El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal la ampliación del plazo de prisión preventiva, a fin de profundizar la recolección de pruebas y evitar una posible obstrucción del proceso.
Funcionarios en la mira
En una entrevista concedida este lunes a Telediario de Multimedios, el director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó que varios funcionarios actuales mantienen relaciones con el imputado.
“Hay más de un asesor y exministro que tiene una relación no cercana, sino directa con Celso Gamboa. Incluso un actual ministro le decía ‘jefe’”, reveló Zúñiga.
Añadió que el martes comparecerá ante la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico para brindar más detalles y revelar los nombres de quienes aparecen en el expediente.
Según información extraoficial, uno de los asesores presidenciales en temas de seguridad también tendría vínculos activos con el exfuncionario judicial, al igual que al menos un ministro del gabinete de Chaves.
La revelación agrava la crisis de credibilidad que enfrenta el Gobierno. En redes sociales, múltiples sectores han exigido la destitución inmediata de los funcionarios mencionados por el jefe del OIJ y han llamado al presidente a comparecer públicamente para aclarar su rol en este entramado.
Consecuencias institucionales
La presencia de Gamboa en un espacio residencial vinculado directamente con la figura presidencial plantea interrogantes de alto calibre sobre los mecanismos de control y la permeabilidad del poder institucional frente al crimen organizado.
En el actual contexto, marcado por una ola de violencia sin precedentes —Costa Rica cerró 2023 con la cifra récord de 907 homicidios—, el caso Gamboa adquiere una carga simbólica y política de gran magnitud.
Analistas consultados por elpais.cr señalan que el caso podría tener repercusiones duraderas en la política costarricense. “Este no es solo un escándalo judicial, es una alerta sobre la infiltración del narcotráfico en los más altos niveles del poder”, advirtió un especialista en seguridad regional que prefirió no ser identificado.
Un punto de inflexión
El proceso judicial en curso determinará si Gamboa será entregado a las autoridades estadounidenses, pero la dimensión del caso ha superado los límites del expediente.
Para muchos sectores, el país se encuentra ante una encrucijada: permitir que las estructuras de poder sigan cerrando filas ante estos escándalos, o abrir una discusión nacional sobre la urgencia de reformar el sistema político, judicial y de seguridad.
Mientras el video recorre redes sociales y noticieros con velocidad viral, la ciudadanía observa con creciente preocupación el deterioro de la frontera entre política y crimen. El caso de Celso Gamboa podría convertirse en el mayor desafío institucional que enfrenta Costa Rica desde el regreso a la democracia en 1949.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País