El Gobierno presentó este lunes un proyecto de ley que busca fortalecer el combate contra la minería ilegal, especialmente en Crucitas, mediante el endurecimiento de las sanciones penales y nuevas herramientas para perseguir a las organizaciones dedicadas a esta actividad.
Proyecto plantea mano dura contra coligalleros y financistas de minería ilegal
Durante la presentación del segundo paquete de proyectos de seguridad, la presidenta Laura Fernández afirmó que la minería ilegal «no solo destruye los recursos naturales, sino que también financia estructuras criminales, amenaza a las comunidades y desafía la autoridad del Estado».
La propuesta aumenta las penas de prisión para quienes exploten minerales ilegalmente, pasando de las sanciones actuales a penas de entre seis y diez años para quienes organicen, promuevan o desarrollen actividades mineras ilícitas en parques nacionales, reservas naturales, humedales y áreas silvestres protegidas.
Además, el proyecto endurece los castigos contra quienes financien, promuevan o se beneficien de la extracción, procesamiento, transporte y comercialización de minerales obtenidos de forma ilegal, al considerar que esta actividad ya forma parte de una estructura criminal organizada.
Otra de las reformas permitiría el decomiso de maquinaria, equipo, dinero y demás bienes utilizados en la explotación minera ilegal, así como la inmovilización registral de fincas vinculadas con estas actividades.
Fernández sostuvo que las penas actuales son insuficientes, ya que muchos coligalleros son detenidos y puestos en libertad poco tiempo después, lo que, según dijo, provoca un uso ineficiente de los recursos policiales y judiciales.
La mandataria hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para aprobar la iniciativa, al considerar que la situación de Crucitas «no puede esperar más» y requiere una respuesta legal más contundente.
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El Gobierno presentó este lunes un proyecto de ley que busca fortalecer el combate contra la minería ilegal, especialmente en Crucitas, mediante el endurecimiento de las sanciones penales y nuevas herramientas para perseguir a las organizaciones dedicadas a esta actividad.
Proyecto plantea mano dura contra coligalleros y financistas de minería ilegal
Durante la presentación del segundo paquete de proyectos de seguridad, la presidenta Laura Fernández afirmó que la minería ilegal «no solo destruye los recursos naturales, sino que también financia estructuras criminales, amenaza a las comunidades y desafía la autoridad del Estado».
La propuesta aumenta las penas de prisión para quienes exploten minerales ilegalmente, pasando de las sanciones actuales a penas de entre seis y diez años para quienes organicen, promuevan o desarrollen actividades mineras ilícitas en parques nacionales, reservas naturales, humedales y áreas silvestres protegidas.
Además, el proyecto endurece los castigos contra quienes financien, promuevan o se beneficien de la extracción, procesamiento, transporte y comercialización de minerales obtenidos de forma ilegal, al considerar que esta actividad ya forma parte de una estructura criminal organizada.
Otra de las reformas permitiría el decomiso de maquinaria, equipo, dinero y demás bienes utilizados en la explotación minera ilegal, así como la inmovilización registral de fincas vinculadas con estas actividades.
Fernández sostuvo que las penas actuales son insuficientes, ya que muchos coligalleros son detenidos y puestos en libertad poco tiempo después, lo que, según dijo, provoca un uso ineficiente de los recursos policiales y judiciales.
La mandataria hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para aprobar la iniciativa, al considerar que la situación de Crucitas «no puede esperar más» y requiere una respuesta legal más contundente.
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