En Costa Rica, la gentrificación se ha convertido en un tema central en el debate sobre el desarrollo urbano y turístico. Los precios de la vivienda se disparan en destinos como Tamarindo, Santa Teresa o Monteverde, y las comunidades locales enfrentan cada vez más dificultades para permanecer en los lugares que han habitado por generaciones.
En medio de esta realidad, es frecuente escuchar que el turismo es “el gran culpable”. Sin embargo, atribuirle toda la responsabilidad a la actividad turística es una simplificación injusta y peligrosa. El turismo sostenible —ese que ha dado a Costa Rica reconocimiento internacional durante más de tres décadas— no es la raíz del problema. Lo que ha generado mayor presión sobre la vivienda en los destinos turísticos ha sido, sobre todo, la expansión descontrolada de los alquileres de corto plazo en plataformas digitales, que han convertido casas familiares en alojamientos exclusivos para visitantes.
El turismo regulado sí puede ser un aliado
La experiencia de Monteverde es reveladora: en cuestión de meses, el control municipal sobre los permisos logró reducir la oferta de casas turísticas de 900 a 700, devolviendo decenas de viviendas al mercado para residentes locales. Este ejemplo demuestra que, con reglas claras y aplicación efectiva, es posible mitigar los efectos de la gentrificación sin tener que demonizar al turismo.
El turismo planificado y bien regulado puede ser un aliado en la solución. Lo es cuando genera empleo digno, abre oportunidades a las comunidades, impulsa la economía circular y respeta la capacidad de carga de los destinos. No se trata de detener el turismo, sino de transformarlo en una herramienta coherente con el derecho de las comunidades a vivir y prosperar en sus territorios.
El aporte de la Conferencia P3
Este año, la Conferencia Internacional de Turismo Sostenible Planeta, Personas, Paz (P3) puso el tema en el centro de la discusión. Allí se presentó el borrador del Manifiesto Nacional de Turismo Sostenible, que recoge compromisos para prevenir el desplazamiento de comunidades, garantizar acceso a vivienda digna en destinos turísticos y fomentar planes de ordenamiento territorial que equilibren desarrollo, conservación e identidad cultural.
El manifiesto no pretende maquillar la realidad ni eludir responsabilidades. Reconoce que los impactos de la gentrificación son reales, pero afirma que el turismo sostenible debe ser parte de la respuesta. Ese documento llama a fortalecer la planificación local, articular políticas de vivienda accesible y, sobre todo, a no caer en discursos fáciles que reducen un fenómeno complejo a un único culpable.
Hacia soluciones colectivas
La gentrificación no puede enfrentarse desde una sola trinchera. Exige regulación justa, inversión en vivienda asequible, alianzas con comunidades locales y políticas públicas que reconozcan la realidad particular de cada destino. El turismo no puede ni debe asumir ese reto en solitario, pero tampoco debe ser visto como un obstáculo. Bien gestionado, tiene el potencial de ser parte fundamental de la solución.
En Costa Rica ya hemos demostrado que el turismo sostenible puede ser motor de desarrollo, de conservación y de inclusión social. Ahora nos toca demostrar que también puede ser un escudo frente a la expulsión de las comunidades de sus propios territorios. La pregunta no es si el turismo contribuye o no a la gentrificación; la pregunta real es cómo logramos que el turismo sea un instrumento de cohesión social en lugar de un factor de fragmentación.
La respuesta pasa por acción colectiva. Y ahí es donde radica la oportunidad: convertir al turismo en un aliado de las comunidades, en lugar de en un adversario.
(*) Hans Pfister, presidente de CANAECO
En Costa Rica, la gentrificación se ha convertido en un tema central en el debate sobre el desarrollo urbano y turístico. Los precios de la vivienda se disparan en destinos como Tamarindo, Santa Teresa o Monteverde, y las comunidades locales enfrentan cada vez más dificultades para permanecer en los lugares que han habitado por generaciones.
En Costa Rica, la gentrificación se ha convertido en un tema central en el debate sobre el desarrollo urbano y turístico. Los precios de la vivienda se disparan en destinos como Tamarindo, Santa Teresa o Monteverde, y las comunidades locales enfrentan cada vez más dificultades para permanecer en los lugares que han habitado por generaciones.
En medio de esta realidad, es frecuente escuchar que el turismo es “el gran culpable”. Sin embargo, atribuirle toda la responsabilidad a la actividad turística es una simplificación injusta y peligrosa. El turismo sostenible —ese que ha dado a Costa Rica reconocimiento internacional durante más de tres décadas— no es la raíz del problema. Lo que ha generado mayor presión sobre la vivienda en los destinos turísticos ha sido, sobre todo, la expansión descontrolada de los alquileres de corto plazo en plataformas digitales, que han convertido casas familiares en alojamientos exclusivos para visitantes.
El turismo regulado sí puede ser un aliado
La experiencia de Monteverde es reveladora: en cuestión de meses, el control municipal sobre los permisos logró reducir la oferta de casas turísticas de 900 a 700, devolviendo decenas de viviendas al mercado para residentes locales. Este ejemplo demuestra que, con reglas claras y aplicación efectiva, es posible mitigar los efectos de la gentrificación sin tener que demonizar al turismo.
El turismo planificado y bien regulado puede ser un aliado en la solución. Lo es cuando genera empleo digno, abre oportunidades a las comunidades, impulsa la economía circular y respeta la capacidad de carga de los destinos. No se trata de detener el turismo, sino de transformarlo en una herramienta coherente con el derecho de las comunidades a vivir y prosperar en sus territorios.
El aporte de la Conferencia P3
Este año, la Conferencia Internacional de Turismo Sostenible Planeta, Personas, Paz (P3) puso el tema en el centro de la discusión. Allí se presentó el borrador del Manifiesto Nacional de Turismo Sostenible, que recoge compromisos para prevenir el desplazamiento de comunidades, garantizar acceso a vivienda digna en destinos turísticos y fomentar planes de ordenamiento territorial que equilibren desarrollo, conservación e identidad cultural.
El manifiesto no pretende maquillar la realidad ni eludir responsabilidades. Reconoce que los impactos de la gentrificación son reales, pero afirma que el turismo sostenible debe ser parte de la respuesta. Ese documento llama a fortalecer la planificación local, articular políticas de vivienda accesible y, sobre todo, a no caer en discursos fáciles que reducen un fenómeno complejo a un único culpable.
Hacia soluciones colectivas
La gentrificación no puede enfrentarse desde una sola trinchera. Exige regulación justa, inversión en vivienda asequible, alianzas con comunidades locales y políticas públicas que reconozcan la realidad particular de cada destino. El turismo no puede ni debe asumir ese reto en solitario, pero tampoco debe ser visto como un obstáculo. Bien gestionado, tiene el potencial de ser parte fundamental de la solución.
En Costa Rica ya hemos demostrado que el turismo sostenible puede ser motor de desarrollo, de conservación y de inclusión social. Ahora nos toca demostrar que también puede ser un escudo frente a la expulsión de las comunidades de sus propios territorios. La pregunta no es si el turismo contribuye o no a la gentrificación; la pregunta real es cómo logramos que el turismo sea un instrumento de cohesión social en lugar de un factor de fragmentación.
La respuesta pasa por acción colectiva. Y ahí es donde radica la oportunidad: convertir al turismo en un aliado de las comunidades, en lugar de en un adversario.
(*) Hans Pfister, presidente de CANAECO
Opinión – Diario Digital Nuestro País
