San José, 7 jul (Elpais.cr) — Un relato estremecedor compartido por la directora de la Defensoría de la Mujer, Kathya Rodríguez, durante un foro universitario, expuso con crudeza las grietas que persisten en las instituciones públicas frente al hostigamiento sexual.
Se trata de una mujer contratada como secretaria en una escuela pública, víctima de insinuaciones explícitas y actos abusivos por parte del director del centro educativo, quien incluso llegó a bajarse los pantalones frente a ella dentro de una oficina.
La víctima terminó renunciando a su trabajo, sin apoyo institucional, mientras su agresor fue reincorporado a su puesto. El caso, según Rodríguez, es verídico y representativo de una realidad más extendida de lo que muchos imaginan.
Durante el foro “A 30 años de la ley: retos institucionales frente al hostigamiento sexual en la educación superior”, organizado por la Fiscalía contra el Hostigamiento Sexual y el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA), se subrayó que el país enfrenta una alta incidencia de este tipo de violencia, particularmente en el sector público.
Según datos de la Defensoría de los Habitantes, entre 2022 y junio de 2025 se han registrado 1.714 denuncias de hostigamiento sexual en instituciones estatales. Esto representa un promedio de 1,34 casos por día, cifra que podría aumentar si se consideraran únicamente los días hábiles laborales. En 2022 se documentaron 454 denuncias, en 2023 subieron a 517, mientras que en 2024 se reportaron 423. Tan solo en la primera mitad de 2025, ya se contabilizan 320 denuncias.
El Ministerio de Educación Pública (MEP), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Poder Judicial concentran la mayoría de estos reportes, con un 58%, 9% y 8% respectivamente. No obstante, este patrón también guarda relación con el tamaño de sus planillas. El MEP, por ejemplo, cuenta con más de 88 mil funcionarios, lo que lo convierte en el principal empleador público del país.
A pesar de que un 57% de las denuncias concluyen en sanciones para los agresores, la impunidad sigue siendo una constante. Muchas víctimas enfrentan trabas institucionales, falta de acompañamiento psicológico y legal, e incluso presiones para no continuar con los procesos.
Rodríguez lamentó particularmente la revictimización que sufren muchas denunciantes y la ausencia de mecanismos eficaces de protección, lo que obliga a muchas a abandonar sus trabajos, mientras los agresores permanecen o son reintegrados a sus puestos.
Educación superior: cifras, avances y retos
En el caso específico de la Universidad Nacional (UNA), la fiscala titular Valeria Arroyo informó que entre 2019 y 2024 se presentaron 60 denuncias formales por hostigamiento sexual. El pico se alcanzó en 2019 con 20 casos, mientras que en los años siguientes las cifras bajaron: 13 en 2020, 6 en 2021, 7 en 2022, 7 en 2023 y 7 en lo que va del 2024, aunque ya se contabilizan ocho denuncias este año.
Arroyo destacó que el 68% de las víctimas tienen entre 18 y 25 años, y el 30% entre 26 y 35 años. Es decir, la mayoría de los casos involucra a estudiantes jóvenes, muchas veces en situaciones de vulnerabilidad ante figuras de autoridad dentro del ámbito académico. En cuanto al género, un abrumador 82,2% de las víctimas son mujeres, y un 13,8% hombres.
En relación con las resoluciones emitidas por los órganos internos de la universidad, se han dado 20 suspensiones, 9 despidos y 5 expulsiones. No obstante, también se han registrado 10 casos con resoluciones absolutorias, 6 calificados como improcedentes, 6 más que no culminaron el proceso y 3 archivados.
Los espacios donde ocurren los hechos reportados son diversos: aulas, residencias estudiantiles, giras académicas, transporte institucional, baños, sodas, teatros universitarios y consultorios médicos.
Esta dispersión demuestra que el hostigamiento sexual no responde únicamente a dinámicas laborales o docentes, sino que está presente en muchos ámbitos de la vida universitaria.
Reformas necesarias y mejoras institucionales
Durante su intervención en el foro, la fiscala Arroyo insistió en la necesidad de reformar la legislación vigente —la Ley 7476, que este año cumple tres décadas de estar en vigencia— y adecuar los reglamentos institucionales. Propuso como prioridades la especialización de los órganos encargados de tramitar denuncias, la eliminación de prácticas inquisitivas que revictimizan a las denunciantes, mayor celeridad en la resolución de casos y garantías legales efectivas para víctimas y testigos.
“El objetivo es claro: reducir las barreras, garantizar un acceso efectivo a la justicia y acompañar con responsabilidad y compromiso a las víctimas”, afirmó Arroyo, quien explicó que la Fiscalía ha implementado formularios digitales, atención vía WhatsApp y mecanismos de apoyo más accesibles.
Por su parte, Steven Oreamuno, quien hasta el 1º de julio presidió el Consejo Universitario de la UNA, expuso algunos avances institucionales recientes. Mencionó la contratación de un profesional legal para fortalecer la Fiscalía Adjunta, la creación de una plaza de medio tiempo en psicología y la ampliación a tiempo completo del cargo titular de la Fiscalía contra el Hostigamiento Sexual. “Sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer en el camino hacia una cultura universitaria libre de acoso”, señaló Oreamuno.
Desde la Universidad de Costa Rica (UCR), las representantes María Fernanda Valverde y Amanda Mesén también compartieron experiencias y desafíos en la atención de denuncias.
En ambas universidades, persiste el compromiso de mejorar los procesos, reforzar las medidas preventivas y formar a toda la comunidad académica en temas de igualdad, derechos humanos y protocolos contra el acoso.
A 30 años de la ley
La Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia (Ley 7476) fue promulgada el 3 de marzo de 1995. Aunque constituyó un avance importante en la protección de las víctimas y la sanción de los responsables, expertos y defensoras de derechos consideran que necesita ajustes urgentes para responder a los desafíos actuales.
Kathya Rodríguez elogió el trabajo que vienen realizando universidades como la UNA y la UCR en este campo, a las que calificó como “instituciones punta de lanza” en la erradicación del hostigamiento sexual. Sin embargo, advirtió que muchas otras entidades públicas carecen de políticas robustas, personal especializado y protocolos eficaces.
El relato de Andrea (nombre ficticio), víctima sin justicia ni reparación, sigue siendo una historia demasiado común en la función pública costarricense. Una historia que pone en evidencia no solo el acoso sexual persistente, sino la complicidad del silencio institucional y la urgencia de transformar estructuras que siguen permitiendo la impunidad.
San José, 7 jul (Elpais.cr) — Un relato estremecedor compartido por la directora de la Defensoría de la Mujer, Kathya Rodríguez, durante un foro universitario, expuso con crudeza las grietas que persisten en las instituciones públicas frente al hostigamiento sexual. Se trata de una mujer contratada como secretaria en una escuela pública, víctima de insinuaciones
San José, 7 jul (Elpais.cr) — Un relato estremecedor compartido por la directora de la Defensoría de la Mujer, Kathya Rodríguez, durante un foro universitario, expuso con crudeza las grietas que persisten en las instituciones públicas frente al hostigamiento sexual.
Se trata de una mujer contratada como secretaria en una escuela pública, víctima de insinuaciones explícitas y actos abusivos por parte del director del centro educativo, quien incluso llegó a bajarse los pantalones frente a ella dentro de una oficina.
La víctima terminó renunciando a su trabajo, sin apoyo institucional, mientras su agresor fue reincorporado a su puesto. El caso, según Rodríguez, es verídico y representativo de una realidad más extendida de lo que muchos imaginan.
Durante el foro “A 30 años de la ley: retos institucionales frente al hostigamiento sexual en la educación superior”, organizado por la Fiscalía contra el Hostigamiento Sexual y el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA), se subrayó que el país enfrenta una alta incidencia de este tipo de violencia, particularmente en el sector público.
Según datos de la Defensoría de los Habitantes, entre 2022 y junio de 2025 se han registrado 1.714 denuncias de hostigamiento sexual en instituciones estatales. Esto representa un promedio de 1,34 casos por día, cifra que podría aumentar si se consideraran únicamente los días hábiles laborales. En 2022 se documentaron 454 denuncias, en 2023 subieron a 517, mientras que en 2024 se reportaron 423. Tan solo en la primera mitad de 2025, ya se contabilizan 320 denuncias.
El Ministerio de Educación Pública (MEP), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Poder Judicial concentran la mayoría de estos reportes, con un 58%, 9% y 8% respectivamente. No obstante, este patrón también guarda relación con el tamaño de sus planillas. El MEP, por ejemplo, cuenta con más de 88 mil funcionarios, lo que lo convierte en el principal empleador público del país.
A pesar de que un 57% de las denuncias concluyen en sanciones para los agresores, la impunidad sigue siendo una constante. Muchas víctimas enfrentan trabas institucionales, falta de acompañamiento psicológico y legal, e incluso presiones para no continuar con los procesos.
Rodríguez lamentó particularmente la revictimización que sufren muchas denunciantes y la ausencia de mecanismos eficaces de protección, lo que obliga a muchas a abandonar sus trabajos, mientras los agresores permanecen o son reintegrados a sus puestos.
Educación superior: cifras, avances y retos
En el caso específico de la Universidad Nacional (UNA), la fiscala titular Valeria Arroyo informó que entre 2019 y 2024 se presentaron 60 denuncias formales por hostigamiento sexual. El pico se alcanzó en 2019 con 20 casos, mientras que en los años siguientes las cifras bajaron: 13 en 2020, 6 en 2021, 7 en 2022, 7 en 2023 y 7 en lo que va del 2024, aunque ya se contabilizan ocho denuncias este año.
Arroyo destacó que el 68% de las víctimas tienen entre 18 y 25 años, y el 30% entre 26 y 35 años. Es decir, la mayoría de los casos involucra a estudiantes jóvenes, muchas veces en situaciones de vulnerabilidad ante figuras de autoridad dentro del ámbito académico. En cuanto al género, un abrumador 82,2% de las víctimas son mujeres, y un 13,8% hombres.
En relación con las resoluciones emitidas por los órganos internos de la universidad, se han dado 20 suspensiones, 9 despidos y 5 expulsiones. No obstante, también se han registrado 10 casos con resoluciones absolutorias, 6 calificados como improcedentes, 6 más que no culminaron el proceso y 3 archivados.
Los espacios donde ocurren los hechos reportados son diversos: aulas, residencias estudiantiles, giras académicas, transporte institucional, baños, sodas, teatros universitarios y consultorios médicos.
Esta dispersión demuestra que el hostigamiento sexual no responde únicamente a dinámicas laborales o docentes, sino que está presente en muchos ámbitos de la vida universitaria.
Reformas necesarias y mejoras institucionales
Durante su intervención en el foro, la fiscala Arroyo insistió en la necesidad de reformar la legislación vigente —la Ley 7476, que este año cumple tres décadas de estar en vigencia— y adecuar los reglamentos institucionales. Propuso como prioridades la especialización de los órganos encargados de tramitar denuncias, la eliminación de prácticas inquisitivas que revictimizan a las denunciantes, mayor celeridad en la resolución de casos y garantías legales efectivas para víctimas y testigos.
“El objetivo es claro: reducir las barreras, garantizar un acceso efectivo a la justicia y acompañar con responsabilidad y compromiso a las víctimas”, afirmó Arroyo, quien explicó que la Fiscalía ha implementado formularios digitales, atención vía WhatsApp y mecanismos de apoyo más accesibles.
Por su parte, Steven Oreamuno, quien hasta el 1º de julio presidió el Consejo Universitario de la UNA, expuso algunos avances institucionales recientes. Mencionó la contratación de un profesional legal para fortalecer la Fiscalía Adjunta, la creación de una plaza de medio tiempo en psicología y la ampliación a tiempo completo del cargo titular de la Fiscalía contra el Hostigamiento Sexual. “Sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer en el camino hacia una cultura universitaria libre de acoso”, señaló Oreamuno.
Desde la Universidad de Costa Rica (UCR), las representantes María Fernanda Valverde y Amanda Mesén también compartieron experiencias y desafíos en la atención de denuncias.
En ambas universidades, persiste el compromiso de mejorar los procesos, reforzar las medidas preventivas y formar a toda la comunidad académica en temas de igualdad, derechos humanos y protocolos contra el acoso.
A 30 años de la ley
La Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia (Ley 7476) fue promulgada el 3 de marzo de 1995. Aunque constituyó un avance importante en la protección de las víctimas y la sanción de los responsables, expertos y defensoras de derechos consideran que necesita ajustes urgentes para responder a los desafíos actuales.
Kathya Rodríguez elogió el trabajo que vienen realizando universidades como la UNA y la UCR en este campo, a las que calificó como “instituciones punta de lanza” en la erradicación del hostigamiento sexual. Sin embargo, advirtió que muchas otras entidades públicas carecen de políticas robustas, personal especializado y protocolos eficaces.
El relato de Andrea (nombre ficticio), víctima sin justicia ni reparación, sigue siendo una historia demasiado común en la función pública costarricense. Una historia que pone en evidencia no solo el acoso sexual persistente, sino la complicidad del silencio institucional y la urgencia de transformar estructuras que siguen permitiendo la impunidad.
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