San José, 22 Jul (Elpaís.cr) – Las 87 familias que habitan en la comunidad de Chorreras, en Cutris de San Carlos, se llevaron una fuerte sorpresa y expresaron gran malestar luego de ser notificadas de una orden de desalojo emanada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
TVN Canal 14, de la Región Huetar Norte, informó que la acción, ejecutada junto a la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, OIJ y DIS, se fundamenta en que dichas viviendas están ubicadas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, una zona protegida en la franja fronteriza con Nicaragua.
Los residentes, en desacuerdo con la medida, se niegan a abandonar sus hogares: “la mayoría tiene años de vivir en ese lugar”, señalaron, y anunciaron que presentarán apelación y no saldrán hasta que se resuelva el recurso
Origen legal del desalojo
El desalojo se basa en varias resoluciones judiciales del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela, emitidas entre el 20 de junio y el 16 de julio de 2025, bajo el expediente nº 25‑000857‑306‑PE, acusando a las familias de “invasión a área de protección”. La notificación personal se entregó el 17 de julio, otorgándoles un plazo de un mes para abandonar el terreno voluntariamente.
Daños ambientales denunciados
Las autoridades reportaron que los asentamientos han generado impacto ambiental significativo: deforestación de al menos 20 hectáreas, contaminación de mantos acuíferos y presión sobre fauna silvestre.
Además, se alertó sobre la presencia de actividades ilegales asociadas, como procesamiento artesanal de minerales, contrabando y comercio informal.
Resumen de antecedentes
Nov. 2023: El Gobierno anunció un plan para regularizar papeles equivalentes a escrituras para ocupantes históricos de la franja fronteriza, incluyendo Chorreras, como parte del «Plan de Ordenamiento de las Franjas Fronterizas».
Mayo–julio 2025: Se realizaron inspecciones y operativos interinstitucionales, incluyendo drones del Inder y la DIS, que documentaron construcciones y actividades ilegales. Se detuvo una planta de procesamiento artesanal de minerales con cianuro en Chorreras
19 de julio: Oficiales del MINAE/SINAC, Fuerza Pública, y otras entidades notificaron formalmente a más de 73 familias (luego ampliado a 87) sobre la orden judicial en una intervención coordinada.
Reacción de la comunidad
Los vecinos califican la medida como injusta y sostienen que el desalojo afecta a inocentes, especialmente familias con generaciones viviendo en el área:
“Hay situaciones que se salen de contexto; pero no es que eso nos salpique a todos… creo que hay casos individuales y el SINAC tiene que ver si se ordena, pero no que eso nos salpique a todos”.
Asimismo, enfatizan que apelarán la resolución judicial y permanecerán en sus viviendas mientras el proceso legal se encuentra en curso.
Esta crisis pone en evidencia el choque entre objetivos de conservación ambiental y derechos de vivienda, todo dentro de una zona protegida por ley. La apelación frenará momentáneamente el desalojo, pero el futuro de las familias sigue en manos del sistema judicial.
San José, 22 Jul (Elpaís.cr) – Las 87 familias que habitan en la comunidad de Chorreras, en Cutris de San Carlos, se llevaron una fuerte sorpresa y expresaron gran malestar luego de ser notificadas de una orden de desalojo emanada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). TVN Canal 14, de la Región
San José, 22 Jul (Elpaís.cr) – Las 87 familias que habitan en la comunidad de Chorreras, en Cutris de San Carlos, se llevaron una fuerte sorpresa y expresaron gran malestar luego de ser notificadas de una orden de desalojo emanada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
TVN Canal 14, de la Región Huetar Norte, informó que la acción, ejecutada junto a la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, OIJ y DIS, se fundamenta en que dichas viviendas están ubicadas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, una zona protegida en la franja fronteriza con Nicaragua.
Los residentes, en desacuerdo con la medida, se niegan a abandonar sus hogares: “la mayoría tiene años de vivir en ese lugar”, señalaron, y anunciaron que presentarán apelación y no saldrán hasta que se resuelva el recurso
Origen legal del desalojo
El desalojo se basa en varias resoluciones judiciales del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela, emitidas entre el 20 de junio y el 16 de julio de 2025, bajo el expediente nº 25‑000857‑306‑PE, acusando a las familias de “invasión a área de protección”. La notificación personal se entregó el 17 de julio, otorgándoles un plazo de un mes para abandonar el terreno voluntariamente.
Daños ambientales denunciados
Las autoridades reportaron que los asentamientos han generado impacto ambiental significativo: deforestación de al menos 20 hectáreas, contaminación de mantos acuíferos y presión sobre fauna silvestre.
Además, se alertó sobre la presencia de actividades ilegales asociadas, como procesamiento artesanal de minerales, contrabando y comercio informal.
Resumen de antecedentes
Nov. 2023: El Gobierno anunció un plan para regularizar papeles equivalentes a escrituras para ocupantes históricos de la franja fronteriza, incluyendo Chorreras, como parte del «Plan de Ordenamiento de las Franjas Fronterizas».
Mayo–julio 2025: Se realizaron inspecciones y operativos interinstitucionales, incluyendo drones del Inder y la DIS, que documentaron construcciones y actividades ilegales. Se detuvo una planta de procesamiento artesanal de minerales con cianuro en Chorreras
19 de julio: Oficiales del MINAE/SINAC, Fuerza Pública, y otras entidades notificaron formalmente a más de 73 familias (luego ampliado a 87) sobre la orden judicial en una intervención coordinada.
Reacción de la comunidad
Los vecinos califican la medida como injusta y sostienen que el desalojo afecta a inocentes, especialmente familias con generaciones viviendo en el área:
“Hay situaciones que se salen de contexto; pero no es que eso nos salpique a todos… creo que hay casos individuales y el SINAC tiene que ver si se ordena, pero no que eso nos salpique a todos”.
Asimismo, enfatizan que apelarán la resolución judicial y permanecerán en sus viviendas mientras el proceso legal se encuentra en curso.
Esta crisis pone en evidencia el choque entre objetivos de conservación ambiental y derechos de vivienda, todo dentro de una zona protegida por ley. La apelación frenará momentáneamente el desalojo, pero el futuro de las familias sigue en manos del sistema judicial.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País