San José, 31 Jul (Elpaís.cr).- La Asamblea Legislativa de Costa Rica conformó este jueves una comisión especial encargada de analizar la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, ambos investigados por el presunto delito de concusión en perjuicio de la función pública.
La comisión, integrada por los diputados Andrea Álvarez del Partido Liberación Nacional (PLN), Rocío Alfaro del Frente Amplio (FA) y Daniel Vargas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), oficialismo, dispondrá de 20 días hábiles para presentar un informe con recomendación al Plenario legislativo. Este plazo podrá extenderse una sola vez por un período idéntico, de acuerdo con la resolución aprobada por el Congreso.
Procedimiento inédito en la historia legislativa
La conformación del órgano legislativo se da tras la resolución emitida por la Corte Plena el pasado 1 de julio, que por primera vez en la historia política del país solicita al Congreso levantar el llamado fuero de improcedibilidad (inmunidad) del mandatario y de un ministro en ejercicio.
La acusación del Ministerio Público señala presuntas irregularidades en el uso de recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar una estrategia de comunicación desde Casa Presidencial. El delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal, se castiga con penas de entre dos y ocho años de prisión.
Composición de la comisión y votación
La elección de los tres diputados se realizó en sesión plenaria tras la lectura de la resolución por parte del presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, quien subrayó la necesidad de definir un procedimiento claro para este tipo de procesos.
En la votación, Álvarez recibió 39 votos, Vargas 36 y Alfaro 34. También fueron postulados los diputados Horacio Alvarado (PUSC), con 34 votos, y Gloria Navas (independiente), con 6 votos.
Plazos y etapas del proceso
El informe que emita la comisión será sometido a consideración del Plenario, que deberá resolver en una única sesión. Según los cálculos legislativos, el primer plazo vencería alrededor del 28 de agosto, mientras que, de solicitarse una prórroga, la decisión final podría postergarse hasta el 25 de septiembre, pocos días antes de la convocatoria oficial para las elecciones nacionales de 2026.
Durante las sesiones de la comisión, que serán públicas salvo que se justifique su carácter privado, el presidente y el ministro tendrán derecho a asistir y a ejercer su defensa acompañados por un abogado. El informe será de carácter público, aunque podrá omitir información considerada sensible por el proceso judicial.
Debate y votación en el Plenario
Una vez entregado el informe, la Presidencia legislativa convocará al Plenario para su discusión. El procedimiento prevé que se otorguen 30 minutos a los acusados para su defensa y 15 minutos a los diputados integrantes de la comisión para exponer su recomendación.
Posteriormente se abrirá el debate general, donde cada legislador dispondrá de 15 minutos para intervenir, con la posibilidad de reducir ese tiempo si se aprueba un debate reglado.
La votación se realizará el mismo día, a más tardar cinco minutos antes de las 7:00 p.m., y requerirá el respaldo de dos tercios del total de los diputados para aprobar el levantamiento del fuero.
Contexto judicial
La Corte Suprema de Justicia remitió la solicitud al Congreso el pasado 28 de julio, en cumplimiento de lo acordado en Corte Plena. La acusación fiscal busca habilitar el proceso penal contra Chaves y Rodríguez por la presunta apropiación indebida de recursos del BCIE utilizados para una estrategia de comunicación política desde Casa Presidencial.
De confirmarse el levantamiento de la inmunidad, el caso pasará a conocimiento pleno del Poder Judicial, donde se determinará la responsabilidad penal de los jerarcas. En caso contrario, el proceso quedaría suspendido mientras ambos mantengan sus cargos.
San José, 31 Jul (Elpaís.cr).- La Asamblea Legislativa de Costa Rica conformó este jueves una comisión especial encargada de analizar la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, ambos investigados por el presunto
San José, 31 Jul (Elpaís.cr).- La Asamblea Legislativa de Costa Rica conformó este jueves una comisión especial encargada de analizar la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, ambos investigados por el presunto delito de concusión en perjuicio de la función pública.
La comisión, integrada por los diputados Andrea Álvarez del Partido Liberación Nacional (PLN), Rocío Alfaro del Frente Amplio (FA) y Daniel Vargas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), oficialismo, dispondrá de 20 días hábiles para presentar un informe con recomendación al Plenario legislativo. Este plazo podrá extenderse una sola vez por un período idéntico, de acuerdo con la resolución aprobada por el Congreso.
Procedimiento inédito en la historia legislativa
La conformación del órgano legislativo se da tras la resolución emitida por la Corte Plena el pasado 1 de julio, que por primera vez en la historia política del país solicita al Congreso levantar el llamado fuero de improcedibilidad (inmunidad) del mandatario y de un ministro en ejercicio.
La acusación del Ministerio Público señala presuntas irregularidades en el uso de recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar una estrategia de comunicación desde Casa Presidencial. El delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal, se castiga con penas de entre dos y ocho años de prisión.
Composición de la comisión y votación
La elección de los tres diputados se realizó en sesión plenaria tras la lectura de la resolución por parte del presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, quien subrayó la necesidad de definir un procedimiento claro para este tipo de procesos.
En la votación, Álvarez recibió 39 votos, Vargas 36 y Alfaro 34. También fueron postulados los diputados Horacio Alvarado (PUSC), con 34 votos, y Gloria Navas (independiente), con 6 votos.
Plazos y etapas del proceso
El informe que emita la comisión será sometido a consideración del Plenario, que deberá resolver en una única sesión. Según los cálculos legislativos, el primer plazo vencería alrededor del 28 de agosto, mientras que, de solicitarse una prórroga, la decisión final podría postergarse hasta el 25 de septiembre, pocos días antes de la convocatoria oficial para las elecciones nacionales de 2026.
Durante las sesiones de la comisión, que serán públicas salvo que se justifique su carácter privado, el presidente y el ministro tendrán derecho a asistir y a ejercer su defensa acompañados por un abogado. El informe será de carácter público, aunque podrá omitir información considerada sensible por el proceso judicial.
Debate y votación en el Plenario
Una vez entregado el informe, la Presidencia legislativa convocará al Plenario para su discusión. El procedimiento prevé que se otorguen 30 minutos a los acusados para su defensa y 15 minutos a los diputados integrantes de la comisión para exponer su recomendación.
Posteriormente se abrirá el debate general, donde cada legislador dispondrá de 15 minutos para intervenir, con la posibilidad de reducir ese tiempo si se aprueba un debate reglado.
La votación se realizará el mismo día, a más tardar cinco minutos antes de las 7:00 p.m., y requerirá el respaldo de dos tercios del total de los diputados para aprobar el levantamiento del fuero.
Contexto judicial
La Corte Suprema de Justicia remitió la solicitud al Congreso el pasado 28 de julio, en cumplimiento de lo acordado en Corte Plena. La acusación fiscal busca habilitar el proceso penal contra Chaves y Rodríguez por la presunta apropiación indebida de recursos del BCIE utilizados para una estrategia de comunicación política desde Casa Presidencial.
De confirmarse el levantamiento de la inmunidad, el caso pasará a conocimiento pleno del Poder Judicial, donde se determinará la responsabilidad penal de los jerarcas. En caso contrario, el proceso quedaría suspendido mientras ambos mantengan sus cargos.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País