San José, 3 Sep (Elpaís.cr).- Durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Melinda “Mindy” Hildebrand, embajadora designada para Costa Rica, centró su testimonio en la emergente disputa tecnológica entre EE.UU. y China, que enmarca la elección de tecnología 5G como un asunto de seguridad nacional.
Hildebrand subrayó que la próxima decisión costarricense sobre su red 5G será una “elección crítica”, instando al país a optar por proveedores confiables, transparentes y comprometidos con los más altos estándares de seguridad. Esto se alinea con la campaña estadounidense para desalentar la participación de proveedores considerados de alto riesgo, como Huawei.
China, Huawei y neutralidad tecnológica
El Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) rechazó cualquier intervención gubernamental excesiva en la tecnología 5G, apelando a la neutralidad tecnológica.
Destacaron que deben respetarse los estándares técnicos sin imponer tecnologías específicas y sin prejuicios políticos.
Anteriormente, la embajadora de China en Costa Rica, Wang Xiaoyao, expresó su preocupación por la exclusión de Huawei, subrayando la falta de diálogo por parte del gobierno costarricense y advirtiendo que esta decisión podría provocar desconfianza hacia Beijing, con impacto en inversiones y cooperación, por parte de empresas chinas.
El decreto ejecutivo 44196-MSP-MICITT, de agosto de 2023, excluye a empresas de países no firmantes del Convenio de Budapest —como China, Brasil y Suecia— del despliegue de 5G, lo cual sectores como Coprocom han vinculado a presiones de EE.UU. Podría, incluso, generar cuestionamientos ante organismos como la OMC y la OCDE.
Datos concretos y efectos del decreto
Según Semanario Universidad, Costa Rica se ha convertido en el único país latinoamericano en excluir empresas chinas como Huawei de su red 5G, con base en el decreto de ciberseguridad.
Dicho decreto tendría un impacto económico palpable: la oferta de Huawei rondaba los US $9.8 millones, menos de la mitad de la opción sueca, Ericsson (US $22.3 millones), y hasta 10 veces más costosas que otras propuestas, como la de Nokia (cerca de US $92.9 millones). Esto implica que los costos adicionales recaerían sobre los consumidores —ya sea a través de tarifas más elevadas o inversiones más costosas en infraestructura pública.
Implicaciones para ICE, competidores y el escenario político interno
La exclusión de Huawei pone en desventaja al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) —operador estatal bajo la marca kölbi— frente a operadores privados como Liberty y Claro, que avanzan rápidamente con 5G sin las mismas restricciones.
Además, el ICE declaró infructuosa la licitación de 5G (mayo de 2025), y aunque Huawei apeló dicha decisión, tanto la revocatoria como la apelación fueron rechazadas por la Contraloría General de la República.
Como respuesta, el ICE prepara una nueva licitación basada en tecnología Open RAN, que permitiría mayor pluralidad de proveedores, aunque enfrenta críticas por parte de Samsung, Ericsson y el mismo Huawei, quienes cuestionan los requisitos técnicos —incluida la falta de análisis financiero comparativo— para participar.
En paralelo, la defensora del decreto ejecutiva, ministra Paula Bogantes, expresó su preocupación por un posible condicionamiento de China en la relación bilateral de Costa Rica por el caso Huawei, enfatizando que las decisiones deben superar meros simbolismos tecnológicos.
Balance final y próximos escenarios
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La diplomática estadounidense Hildebrand enfatizó que Costa Rica tiene un papel estratégico en la defensa de valores democráticos y seguridad regional, y velará por que las decisiones tecnológicas no comprometan la red 5G con proveedores considerados riesgosos.
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Localmente, el debate continúa polarizado: entre impulso a la competitividad técnica, autonomía tecnológica, y el costo para los consumidores.
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El dirigismo tecnológico —o la presión internacional— choca con llamados de neutralidad y criterios técnicos, mientras la política interna y la próxima decisión del Senado estadounidense sobre la confirmación de Hildebrand podrían influir en el rumbo del 5G costarricense.
San José, 3 Sep (Elpaís.cr).- Durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Melinda “Mindy” Hildebrand, embajadora designada para Costa Rica, centró su testimonio en la emergente disputa tecnológica entre EE.UU. y China, que enmarca la elección de tecnología 5G como un asunto de seguridad nacional.
San José, 3 Sep (Elpaís.cr).- Durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Melinda “Mindy” Hildebrand, embajadora designada para Costa Rica, centró su testimonio en la emergente disputa tecnológica entre EE.UU. y China, que enmarca la elección de tecnología 5G como un asunto de seguridad nacional.
Hildebrand subrayó que la próxima decisión costarricense sobre su red 5G será una “elección crítica”, instando al país a optar por proveedores confiables, transparentes y comprometidos con los más altos estándares de seguridad. Esto se alinea con la campaña estadounidense para desalentar la participación de proveedores considerados de alto riesgo, como Huawei.
China, Huawei y neutralidad tecnológica
El Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) rechazó cualquier intervención gubernamental excesiva en la tecnología 5G, apelando a la neutralidad tecnológica.
Destacaron que deben respetarse los estándares técnicos sin imponer tecnologías específicas y sin prejuicios políticos.
Anteriormente, la embajadora de China en Costa Rica, Wang Xiaoyao, expresó su preocupación por la exclusión de Huawei, subrayando la falta de diálogo por parte del gobierno costarricense y advirtiendo que esta decisión podría provocar desconfianza hacia Beijing, con impacto en inversiones y cooperación, por parte de empresas chinas.
El decreto ejecutivo 44196-MSP-MICITT, de agosto de 2023, excluye a empresas de países no firmantes del Convenio de Budapest —como China, Brasil y Suecia— del despliegue de 5G, lo cual sectores como Coprocom han vinculado a presiones de EE.UU. Podría, incluso, generar cuestionamientos ante organismos como la OMC y la OCDE.
Datos concretos y efectos del decreto
Según Semanario Universidad, Costa Rica se ha convertido en el único país latinoamericano en excluir empresas chinas como Huawei de su red 5G, con base en el decreto de ciberseguridad.
Dicho decreto tendría un impacto económico palpable: la oferta de Huawei rondaba los US $9.8 millones, menos de la mitad de la opción sueca, Ericsson (US $22.3 millones), y hasta 10 veces más costosas que otras propuestas, como la de Nokia (cerca de US $92.9 millones). Esto implica que los costos adicionales recaerían sobre los consumidores —ya sea a través de tarifas más elevadas o inversiones más costosas en infraestructura pública.
Implicaciones para ICE, competidores y el escenario político interno
La exclusión de Huawei pone en desventaja al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) —operador estatal bajo la marca kölbi— frente a operadores privados como Liberty y Claro, que avanzan rápidamente con 5G sin las mismas restricciones.
Además, el ICE declaró infructuosa la licitación de 5G (mayo de 2025), y aunque Huawei apeló dicha decisión, tanto la revocatoria como la apelación fueron rechazadas por la Contraloría General de la República.
Como respuesta, el ICE prepara una nueva licitación basada en tecnología Open RAN, que permitiría mayor pluralidad de proveedores, aunque enfrenta críticas por parte de Samsung, Ericsson y el mismo Huawei, quienes cuestionan los requisitos técnicos —incluida la falta de análisis financiero comparativo— para participar.
En paralelo, la defensora del decreto ejecutiva, ministra Paula Bogantes, expresó su preocupación por un posible condicionamiento de China en la relación bilateral de Costa Rica por el caso Huawei, enfatizando que las decisiones deben superar meros simbolismos tecnológicos.
Balance final y próximos escenarios
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La diplomática estadounidense Hildebrand enfatizó que Costa Rica tiene un papel estratégico en la defensa de valores democráticos y seguridad regional, y velará por que las decisiones tecnológicas no comprometan la red 5G con proveedores considerados riesgosos.
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Localmente, el debate continúa polarizado: entre impulso a la competitividad técnica, autonomía tecnológica, y el costo para los consumidores.
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El dirigismo tecnológico —o la presión internacional— choca con llamados de neutralidad y criterios técnicos, mientras la política interna y la próxima decisión del Senado estadounidense sobre la confirmación de Hildebrand podrían influir en el rumbo del 5G costarricense.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País