<p>El trabajador del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) al que<a href=»https://www.elmundo.es/cultura/2025/11/20/691dbdf6fc6c8377468b45b1.html»> el Ministerio de Cultura abrió expediente</a> tras denunciar los daños en 12.000 placas fotográficas del siglo XIX <strong>acudirá a la vía penal para denunciar el caso de acoso laboral</strong> al que asegura enfrentarse desde hace tres años en el organismo. C. T. cursó una denuncia ya el 31 de octubre en el Registro del Ministerio de Cultura por este mismo motivo.</p>
El trabajador fue propuesto para una sanción de 37 meses sin empleo y sueldo tras denunciar daños en 12.000 placas fotográficas del siglo XIX
El trabajador del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) al que el Ministerio de Cultura abrió expediente tras denunciar los daños en 12.000 placas fotográficas del siglo XIX acudirá a la vía penal para denunciar el caso de acoso laboral al que asegura enfrentarse desde hace tres años en el organismo. C. T. cursó una denuncia ya el 31 de octubre en el Registro del Ministerio de Cultura por este mismo motivo.
Ahora el trabajador ha decidido dar un paso más tras haber sido inadmitida la denuncia interna e iniciar un proceso penal contra cuatro de los responsables del instituto, según ha podido saber EL MUNDO. En concreto, esa denuncia por un supuesto acoso laboral se dirigirá contra el jefe de sección de Documentación del IPCE, G. E. S; contra la jefa del servicio de Documentación, T. D. F; contra la jefa de Área de Documentación y Difusión, E. M. C., y contra quien fuera subdirectora general del organismo hasta hace unas semanas, Susana Alcalde Amieva.
De hecho, según confirman las fuentes consultadas por este diario, C. T. ya ha contactado con un abogado penalista y ambos están analizando la pertinencia de ampliar esa denuncia también al instructor de toda la causa que ha acabado en la propuesta de expediente y a la Subsecretaria de Cultura, Carmen Paez Soria, que era quien lo firmaba como responsable del Ministerio. Este lunes es el día en que el expedientado pueda presentar las alegaciones finales a la sanción, que ascendía a 37 meses sin empleo y sueldo.
El trabajador presentó también el 19 de noviembre un recurso de alzada contra la inadmisión de su denuncia interna por parte del Ministerio de Cultura. En ese escrito, C. T. asegura que el supuesto acoso laboral se fundamenta en los siguientes puntos: «rechazo de todos mis proyectos, actividades y cursos desde 2023», «exclusión total de reuniones, comunicaciones y actividades del IPCE», «veto de mi nombre en redes sociales del propio organismo» y «falta absoluta de comunicación profesional». En otro apartado también se expone que, en septiembre de este año, recibió la notificación de incoación de un expediente disciplinario, «inmediatamente después de haber informado de irregularidades a la directora general de Patrimonio Cultural en reunión de 15 de julio de 2025».
Según el escrito, la inadmisión de esa denuncia y la renuncia a dar comienzo al protocolo de acoso laboral supone una vulneración de la Ley 2/ 2023 que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción al entender que están tomando «represalias» contra el denunciante. El 21 de noviembre, C.T. recibió la condición de informante protegido por parte de la autoridad independiente del Gobierno de España tras haber denunciado los daños que habían sufrido las placas fotográficas del pionero de este arte J. Laurent que pertenecían al archivo del IPCE.
Ese es el inicio de todo el caso que se ha ido tejiendo durante los tres últimos años dentro del organismo. Esas placas sufrieron daños tras un cambio en el sistema de climatización de la sala en la que se encontraban conservadas y que afectó a los niveles de humedad de la misma, que deben mantenerse estables para garantizar la correcta conservación de las placas. El pasado mes de diciembre, la Fiscalía Provincial de Madrid acreditó que esos daños se habían producido por ese motivo. Aunque la responsabilidad quedó extinguida para la cúpula del organismo puesto que había prescrito el delito al haberse cumplido el plazo máximo de tiempo fijado para esa investigación. Sin embargo, el Ministerio Fiscal sí que advertía al Ministerio de Cultura que existía un «considerable menoscabo patrimonial acreditado» en la conservación del archivo.
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