<p>En enero de 2024, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciaba en el Congreso de los Diputados la creación de la Dirección de Derechos Culturales, <a href=»https://www.elmundo.es/cultura/2024/02/21/65d5d8e221efa00a138b45bd.html»>dirigida por Jazmín Beirak</a> desde febrero de ese año, para poner en marcha un<strong> Plan de Derechos Culturales</strong>. Un año y medio después, ese plan se ha convertido en una realidad. Al menos, sobre el papel. Porque el horizonte que se fija desde el Ministerio es que sus 146 medidas estén plenamente en funcionamiento en el año 2030, más allá del final de la actual legislatura en la que deberían estar funcionando unas 100.</p>
El Ministerio de Cultura ha presentado, a mitad de legislatura, sus líneas fundamentales de actuación con la vista puesta en 2030
En enero de 2024, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciaba en el Congreso de los Diputados la creación de la Dirección de Derechos Culturales, dirigida por Jazmín Beirak desde febrero de ese año, para poner en marcha un Plan de Derechos Culturales. Un año y medio después, ese plan se ha convertido en una realidad. Al menos, sobre el papel. Porque el horizonte que se fija desde el Ministerio es que sus 146 medidas estén plenamente en funcionamiento en el año 2030, más allá del final de la actual legislatura en la que deberían estar funcionando unas 100.
En el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar ya se recogía el compromiso de impulsar una Ley de Derechos Culturales que, ante la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, no se ha planteado. De ahí que el Ministerio de Cultura haya puesto en marcha un plan, cuyas medidas en su mayoría no requieren de la aprobación del Congreso. Un plan que traslada muchos de los postulados políticos de Sumar al ámbito de la cultura: un aumento de subvenciones y descuentos a colectivos vulnerables, asociaciones y sindicatos culturales, proyectos de especial impacto social; la aplicación de medidas de género en las políticas públicas; la profundización en las políticas de Memoria Democrática…
El Plan de Derechos Culturales, según ha desgranado Jazmin Beirak en un encuentro con la prensa previo a su presentación, cuenta con un Presupuesto de 79 millones de euros, de los cuales 46 son nuevas inversiones pese a que los Presupuestos Generales del Estado llevan dos años prorrogados. «El 80% de ese presupuesto ya está recogido en 2025», ha afirmado la directora general sobre un plan del que en los últimos meses ya se han ido presentando algunas de sus medidas: el Plan de Igualdad, el programa de cine-escuela.
Entre las nuevas medidas, el plan de derechos culturales recoge un aumento en los descuentos de los equipamientos culturales dependientes del Ministerio (los 16 museos estatales, los teatros que dependen del INAEM, la Biblioteca Nacional…) para incluir a personas con una discapacidad del 25%, familias monoparentales y monomarentales y a personas con especial vulnerabilidad. «La idea es que actúe con efectos contagio y que se puedan adherir otras administraciones», ha afirmado Beirak, que también ha detallado que habrá un plan de acceso a la cultura para mujeres en cárceles y un proyecto piloto para dotar de catálogos de exhibición de cine a municios rurales.
También se incluye en la nueva estrategia una ayuda de 4,4 millones de euros para proyectos con especial impacto social, es decir, aquellos que exceden el ámbito mismo de la cultura y se sitúan en cuestiones sociales, y otra de un millón de euros, cuyo período de solicitudes se cerró el pasado mes de junio, para asociaciones y sindicatos culturales. Aprovechando la celebración de los 600 años de implantación del pueblo gitano en España, el plan de derechos culturales también incluye que el caló y el romaní se integren en el registro de lenguas minoritarias de la UE.
Entre los postulados políticos que defiende Sumar, que también están recogidos en el plan, se incluyen medidas en el ámbito de la Memoria Democrática como la devolución de bienes incautados durante la Guerra Civil, la puesta en marcha de un archivo históricos sobre movimientos sociales, el reconocimiento de figuras y movimientos artísticos represaliadas durante el franquismo; el Plan de Igualdad, presentado el pasado mes de diciembre, en el que se recogían la aplicación de cláusulas de género, la modificación de los temarios de la oposiciones para incluir perspectiva de género o cursos en esta materia para los empleados del ministerio; el desarrollo del Estatuto del Artista, cuyo horizonte temporal han fijado ya en el Ministerio de Cultura para el año 2030, y el reto climático a través de los postulados de la Agenda 2030 o con planes de sostenibilidad tantos para los edificios como para el patrimonio.
Sin embargo, el marco legislativo, uno de los principales aspectos del plan, se le complica al Ministerio. La Ley de Derechos Culturales, recogida en el acuerdo de Gobierno, no se llevará a cabo esta legislatura. Y, en caso de que haya alternancia en Moncloa, lo más posible es que nunca se materialice. Según ha señalado la directora general de Derechos Culturales, Cultura pretende tener cerrado a lo largo de 2026 todos los trámites previos a la tramitación. Siendo 2027 la fecha máxima para convocar elecciones, esa tramitación quedaría en el aire a una futura legislatura.
Y lo mismo sucede con otro de los aspectos esenciales de la estrategia. El departamento que dirige Ernest Urtasun pretende hacer una reforma de la Ley de Contratos Públicos para que se adapte específicamente a los sectores culturales. «Es una de las reivindicaciones que nos han trasladado desde el sector, la dificultad para acceder a algunos de esos contratos», ha apuntado Jazmín Beirak. Los plazos que se fijan es también el año 2026, contando que los apoyos parlamentarios, escasos en esta legislatura, se puedan sacar adelante.
El Plan de Derechos Culturales, el primero que se aprueba en un país europeo, ha contado con la participación de 300 asociaciones y expertos del mundo de la cultura. Sin embargo, el apoyo de las comunidades autónomas han sido bastante limitado. Solo hay seis administraciones regionales que han trasladado propuestas en firme, más allá de las conversaciones de la conferencia sectorial de Cultura. Estas han sido País Vasco, Cataluña, Asturias, Aragón, Murcia y Canarias. Las tres primeras con gobiernos de partidos de izquierda o socios de investidura y las otras tres del PP.
Durante la presentación, que se ha celebrado en el Museo Reina Sofía, Urtasun ha afirmado que este es un plan para «defender con uñas y dientes la diversidad» de nuestro país, «combatir las barreras» para poder acceder a la cultura y también «la precariedad laboral». «Este es un plan de acción, un plan para dotar a nuestro país de unos derechos culturales«, ha incidido el ministro, en contraposición a aquellos movimientos que «cuestionan los principios fundamentales de la Ilustración y la democracia».
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