En Tecoluca, El Salvador, se construyó, en 2022, lo que algunos llaman una “megacárcel”. A través de operativos militares se encerró ahí, entre otros, a miles de integrantes de las temibles maras, al amparo de un régimen de excepción. Los índices de criminalidad cayeron, en consecuencia, incluyendo la tasa de homicidios. El logro le valió al presidente su reelección contundente, pese a que la Constitución se lo impedía. Pero han dejado muchas dudas, por decir lo menos. Sin embargo, el gobierno de Costa Rica “planea construir” una pequeña copia, ignorando múltiples cuestionamientos.
Un confinamiento monstruoso
La enorme “cárcel” se inauguró el 31 de enero, 2023. La Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el oficialismo, decretó el régimen de excepción el 27 de marzo, 2022. Suspendió ciertas garantías, con base en el art. 29 de la Constitución, atribuyendo a las pandillas el aumento de la tasa de homicidios e interpretándolo como grave perturbación del orden público. Inicialmente fue por un periodo de 30 días, pero el presidente consiguió extenderlo hasta hoy, aunque hace tiempo se ufana de haber restablecido la seguridad.
La enorme construcción tiene 23 hectáreas en un terreno de 165 y costó 115 millones de dólares. Puede albergar unos 40,000 reclusos, en 8 módulos, con 32 celdas cada uno. Cada celda está equipada con 80 literas metálicas en cuatro niveles, sin colchones ni sábanas, dos inodoros y dos lavamanos. Tienen tan poca luz natural que requieren 24 horas de iluminación artificial. Los reos se someten a un régimen de máxima seguridad, sin visitas, con 23.5 horas de encierro diario y acceso restringido a agua potable y sanitarios. También hay talleres de distinta índole para trabajo forzado. Este infierno es vigilado por 600 soldados y 250 policías, más tecnología avanzada.
Ahora bien, más que una cárcel es, de acuerdo con su nombre oficial, un “Centro de confinamiento del terrorismo” (CECOT). No es para delincuentes comunes, sino para “terroristas” y sus “colaboradores”. Responde a una operación militar de amplio impacto, más que a una policial. A junio 2024, ya había 14,532 detenidos ocupando el 36 % de la capacidad instalada. Según ese dato, antes hubo unos 5 terroristas escondidos por cada 10 policías, o 7 por cada 10 efectivos del ejército, en aquel pequeño territorio. ¿Puede creerlo?
Para la sostenibilidad, un CECOT 60 % subutilizado es problemático. El trabajo esclavo de los capturados no será suficiente. Pero ¿dónde hallar más “terroristas”? En marzo 2024, el gobierno salvadoreño ofreció a Haití su pericia, si se cumplían algunas condiciones, incluyendo los gastos respectivos, que no fueron aceptadas. Ahora ya logró recibir un grupo de 238 migrantes, sobre todo venezolanos, que el presidente Trump acusó de ser miembros de pandillas violentas, ligados al Tren de Aragua, basándose en la “Ley de Extranjeros enemigos” (1789). El presidente salvadoreño fue alabado como carcelero internacional por su primer cliente, pero es uno tan caprichoso que en cualquier momento deja de pagarle. El presidente Trump acaba de anunciar que reabrirá y ampliará la famosa cárcel de Alcatraz. Capaz que a Bukele le tocará cobrarle a su homólogo Maduro, quien ya lo acusó de fascista.
Denuncias del poder abusivo
Sin embargo, investigaciones independientes han confirmado que la mayoría de esos deportados no tienen antecedentes penales. El salvadoreño Kilmar Abrego García, por ejemplo, fue enviado por un “error” admitido por la Casa Blanca y ratificado por un juez. Ambos presidentes lo tomaron como anécdota. Ni siquiera a un senador demócrata, Chris Van Hollen, se le permitió visitarlo en el CECOT. Como suele suceder con los regímenes de excepción, llueven las denuncias de detención y reclusión de personas inocentes. Muchos familiares han estado reclamando detenciones y deportaciones sin investigaciones previas ni antecedentes. Human Rights Watch estimó en 3,000 la detención de niños, niñas y adolescentes salvadoreños sin vínculos aparentes con las pandillas. También juicios masivos, sin garantías procesales, que no permiten determinar responsabilidades individuales, ni siquiera conocer al juez.
Aunque no es posible determinar el número total de personas injustamente secuestradas, las estimaciones son alarmantes. En marzo de 2025, AP News reportó que eran 8,000 personas presumiblemente inocentes. Si fueran bastante menos, por ejemplo, solo un 30%, sería igual una cifra escandalosa. Hasta ahora se ha encarcelado, en solo tres años, cerca del 3 % de la población salvadoreña, para la más alta tasa de privados de libertad del mundo. Como la mayoría es gente pobre y sin recursos para defenderse, esto “Es, en definitiva, la criminalización generalizada de la pobreza” (Huertas, 2025).
Tampoco se cuenta con datos fidedignos sobre el número de reclusos muertos en confinamiento. La agencia EFE reportó más de 200, en diciembre 2023. Human Rights Watch reportó, en enero 2024, al menos 189 defunciones bajo custodia policial, hasta octubre 2023. La organización Socorro Jurídico Humanitario estimó, en abril 2024, que 241 reclusos murieron durante los primeros dos años de vigencia del régimen de excepción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó la muerte de 189 a 200 privados de libertad. Por su lado, Expediente Público denunció 211 reos muertos sin antecedentes, en las cárceles salvadoreñas. Una parte importante tiene que haber ocurrido en el CECOT.
El gobierno no confirma la información y tampoco la desmiente. Según las autoridades, las muertes corresponden a enfermedades contraídas previamente. Así procuran desligarlas de la custodia, pero no permiten investigaciones que salden las dudas. Tampoco rebaten que hay detenciones arbitrarias, ni las justifican. Sobre los derechos humanos de los detenidos dicen que más valen los derechos de las víctimas y del resto de la población, como si unos fueran humanos y otros no, o como si hubiera que canjear unos por otros. Argumento que se cae solo con tantas personas inocentes.
Si la cárcel es de por sí la mayor tortura psicológica inventada por la humanidad, no hay garantía de que en el CECOT no se esté torturando físicamente a los reclusos, por ejemplo, para arrancar confesiones o sumar delatores. En ese tipo de sitio ha sido la costumbre. La narrativa oficial defiende que quienes han delinquido gravemente, merecen el trato severo que el gobierno quiera darles.
Una basta y terrorífica experiencia histórica
Los campos de excepción decretados o de hecho constituyen, donde quiera, un inminente peligro para la ciudadanía, porque deja en manos de autoridades falibles un poder descomunal. En los “campos de concentración” de Hitler (1933-1945), por ejemplo, se masacró a unos 11 millones de personas, más de la mitad judías (Holocausto). Él encerró primero a opositores políticos y continuó con romaníes, homosexuales, personas con discapacidad y testigos de Jehová; catalogados como “enemigos del estado” o pertenecientes a una “raza inferior”. Muchos fueron exterminados en sus fábricas de muerte con cámaras de gas.
Los “campos de trabajo” de Stalin, el Gulag (1929-1953), no fueron menos crueles. Ahí pudieron haber muerto por trabajo forzado, inanición, frío, envenenamiento o disparo, entre 10 y 20 millones de personas, catalogadas como “enemigos del pueblo”. Entre las víctimas del “Gran Terror”, figuraron opositores políticos, reales o inventados, intelectuales, campesinos (kulaks) y minorías étnicas. También un tercio, según Harari (2024, p. 206), de los “respetados viejos bolcheviques”, además del “asesinato en masa” de oficiales del Ejército Rojo (p. 229).
Menos conocidos, aunque igual vergonzosos, fueron los “campos de internamiento” (1942-1945) decretados por Franklin D. Roosevelt, el 19 de febrero de 1942, contra personas de ascendencia japonesa, ciudadanos y residentes, después del ataque aéreo a Pearl Harbor. Allá se aislaron más de 120,000 personas en condiciones deplorables, sin privacidad y bajo severas restricciones de sus libertades básicas. Ellas perdieron hogares, propiedades, negocios y vida. Fueron encerradas sin pruebas, como sospechosas de espionaje o ser una amenaza para la “seguridad nacional”. El Congreso de los Estados Unidos reconoció la falsa acusación en 1988.
Además, cabe mencionar los “centros de detención” y tortura, públicos y privados, de Pinochet (1973-1990) y los “centros de confinamiento” que se utilizaron para detenciones ilegales, torturas y desaparición de personas, durante la “Guerra sucia” del General Videla (1976-1983). Y hasta la retención de sospechosos de terrorismo o “enemigos considerados ilegales” de la base militar estadunidense en bahía Guantánamo, donde todavía quedan 15 reclusos.
Peligros de la dominación tiránica
Hay importantes diferencias de forma entre los respectivos campos de nazis y bolcheviques, y entre los otros tipos de confinamiento mentados. Pero aquí interesan más las semejanzas de contenido que revelan su naturaleza. Un estado de excepción corresponde a un gobierno que actúa al margen de su propia ley, con el fin de estabilizar un orden simbólico supuestamente amenazado. Incurre en una actuación tan peligrosa que anula parcialmente su más importante razón de ser, que es garantizar seguridad, y menos sumar terror. En nombre de la seguridad “nacional”, crea espacios de inseguridad jurídica, con ventaja y alevosía. En un estado de excepción, como en cualquier guerra, nadie puede sentirse a salvo. Por eso, se justifica únicamente por una causa mayor y por un periodo corto. Mientras resulta creíble la conspiración y estigmatización de un grupo específico. Pero una vez establecido tiende a perpetuarse. ¿Dónde se detiene un abuso de poder normalizado?
El estado de excepción requiere, por tanto, espacios extrajudiciales donde se pueda encerrar, torturar y eliminar a muchas personas. Ahí, ellas pierden todos sus derechos, junto con la posibilidad de defenderlos, quedando a merced de sus captores. “La destrucción de los derechos del hombre, la muerte en el hombre de la persona jurídica es un prerrequisito para dominarle enteramente.” (Arendt, 2022, p. 605). Desde los romanos, persona significa sujeto de derecho. El poder de exceptuar se decreta, precisamente, para viabilizar el abuso de autoridad.
Muchas personas inocentes caen ahí y no por error. En la red del horror sale de todo. Sirve para inflar resultados, silenciar enemigos, desestimular la traición y el arrepentimiento de aliados y, sobre todo, para prevenir la insubordinación de la población. Destruyendo la dignidad de una minoría, se reafirma el dominio sobre la mayoría. Así la fuerza del poder omnímodo depende, cada vez más, de una arbitrariedad que crece y se centraliza. El estado deviene tiránico. He ahí el Leviathan, que para Hobbes era un mal menor, en su más horripilante esplendor.
Falacia de la causa única
Una cárcel es un reclusorio de personas a las que justamente se les ha comprobado un delito, por lo que han recibido un castigo proporcionado, después de un debido proceso. Por eso pierden la libertad fundamental que es de movimiento, pero no sus demás derechos, mucho menos los humanos. Un privado de libertad sigue siendo humano, aunque haya cometido un acto atroz.
El respeto de los derechos humanos de los delincuentes no es solo cuestión de indulgencia o piedad, hoy tan despreciadas por la ética de la crueldad; sino de elemental garantía jurídica para todas las personas. Uno mismo o cualquier vecino, amigo o familiar puede acabar en una celda, hasta por error. Máxime en un régimen de excepción, donde a cualquiera se le puede acusar de “colaborador” o cómplice de amigo o familiar. En un estado como ese, ni el más humanista de los jefes sería capaz de evitar ni prevenir las perversiones y fallas de una cadena de mando.
A diferencia de una cárcel, un campo de concentración, de trabajo o para terroristas, es también un reclusorio, pero uno donde los capturados han perdido todos sus derechos y, en particular, los propiamente humanos. O sea, que se les ha arrebatado, desde su captura, su condición de persona. Por tanto, El CECOT no es una gran cárcel de máxima seguridad con condiciones severas, como quieren que se vea, sino la pieza maestra de un régimen de excepción carente de legitimidad.
La mayor mentira es que El Salvador se convirtió, gracias a eso, en el país más seguro del mundo. La seguridad implica, justamente, “(…) el nivel de riesgo de ser víctima de violencia estatal o abusos de autoridad” (Huertas, 2025). Un país donde el presidente concentra cada vez más poder discrecional deja de ser seguro en la misma medida, en especial, para cualquiera que no esté de acuerdo. Ahora ya no son las maras las que atemorizan a la población en determinados territorios, sino que es el gobierno y su ejército los que administran el terror a escala nacional.
Bautizar como terroristas a los delincuentes para enfrentarlos con métodos militares, en vez de policiales, tanto como presentar una gran cárcel como la solución óptima de la inseguridad, ignora cosas tan básicas como que la delincuencia es un fenómeno complejo, causado por la convergencia de factores económicos, sociales, psicológicos, educativos, e incluso jurídicos.
Las “soluciones” simples, tan fáciles de publicitar para un populista, suelen ser parciales, en el mejor caso; o bien falsas y efímeras, cuando no peligrosas, es decir, peores que la enfermedad. Si la cárcel fuera la única solución, hace mucho que la delincuencia se habría reducido a los pocos psicópatas y sociópatas que toda sociedad produce. Además, ningún gobernante habría olvidado que muchos de ellos han debido encarar después juicios de lesa humanidad, o han pasado a la historia como criminales de guerra.
El último tumbo de un gobierno sin ruta
El ministro de Justicia y Paz de Costa Rica visitó, hace poco, el CECOT, sin notar violación alguna de derechos humanos. ¿Incompetencia o servilismo? Después manifestó la intención de construir algo parecido para unos 5,000 reclusos. A la luz de los recortes de la inversión social, ¿no es una propuesta brutal? Cuesta entender ahora que el primer cálculo de esa construcción fuera $ 60 millones (Informe de labores 24-25, p. 48), más de la mitad del CECOT, para menos del 13 % de su capacidad.
El gobierno viene dando tumbos desde su inicio, junto con sus lecciones de antipolítica o desgobierno y su sarta de insultos, pero en este tema no ha logrado disimular su corta visión. Primero propuso carpas carcelarias y ahora todo lo contrario, construir, tardíamente y a toda prisa, una cárcel amurallada. El presidente la quiere en seis meses, antes que el Hospital de Cartago, aunque todavía no tiene ni terreno ni planos. ¿Así o más improvisada? Seguro desea inaugurarla, pero tendría que hacer primero otros malabares con la Comisión Nacional de Emergencias, es decir, retorcer la ley para evadir los controles de rigor. Así que es más probable que la estrene.
No obstante, el problema no es construir su “minimegacárcel”, para unos 2,450 que es aproximadamente la población carcelaria excedente. La dificultad mayor estaría en ocupar los 2,550 campos restantes. Así que, tras inventar una emergencia, se requerirá después un estado de conmoción nacional para implantar un régimen de excepción. Para eso se necesitará más que discursos sediciosos que llaman a derramar sangre entre hermanos, viralizados por troles de Vietnam, y mucho más que una policía y un OIJ trabajando con las uñas. Además de un montón de diputados serviles.
Por tanto, ¿será esta la última ocurrencia vacía de quien no ha sido capaz de aprobar ni un solo buen proyecto de ley a favor de la seguridad ciudadana? A lo largo de tres años, este gobierno ha mostrado una alarmante, y hasta sospechosa, falta de voluntad para afrontar la grave crisis que ha causado la narcoviolencia. Más bien, ha procurado restarle importancia, inclusive negarla, pese a que, a nivel internacional, ya está causando tanto daño al turismo.
El hecho incontrovertible es que la inseguridad y su percepción han empeorado y no parece poder resolverse con otra cortina de humo. El 69 % de los encuestados califican la labor del gobierno, en números redondos, como mala o muy mala, el 12 % como regular, así que el 81 % no la aprueba. Un escuálido 20 % opina que ha mejorado en los últimos 12 meses y solo el 4 % que “mejorar la seguridad ciudadana” es un logro de este gobierno. Mientras tanto el 56 % considera que es el “principal problema” nacional (IDESPO, 2025). La autopercepción del gobierno difiere, ya que “Con la energía del rugir de un jaguar, Costa Rica está recuperando la paz” (Informe 24-25, p. 37). De acuerdo, la paz se ha perdido, pero mencionar el “jaguar”, en este contexto, es poco serio y agrega una prueba más al expediente de beligerancia política.
Al menos ese informe recuerda que “La seguridad no es una promesa vacía, es un compromiso que día a día luchamos por cumplir”; porque, en efecto, enfrentando toda clase de limitaciones y obstáculos, inclusive otra ruta inexistente, los cuerpos policiales y demás funcionarios trabajan, día a día, contra la inseguridad. Gracias a eso el gobierno tiene algo que mostrar. Por eso, el informe acopia los más mínimos detalles, como el decomiso de “37 armas de fuego” y “15 puñales” en un operativo (p. 38). Pero no comenta nada sobre la tasa de homicidios, pese a ser lo que más preocupa a la ciudadanía. Pese a que la gráfica 3 muestra los homicidios dolosos desde 2019 (p. 42). Entre este año y el 2021, aumentaron cada año levemente; pero en 2022 crece en 66 y en 2023 alcanza la cifra máxima de 905 homicidios, con una leve mejora en 2024.
El presidente Chaves otorgó a Nayib Bukele la máxima distinción, la Orden Nacional Juan Mora Fernández, por su aporte en “seguridad” (¿de El Salvador?). Sin haber aportado ningún beneficio a Costa Rica. ¿Acaso no mancilló la tradición civilista y respetuosa de derechos humanos de este pueblo pacífico? ¿Se la habrá otorgado solo por apuntalar la decaída imagen del gobierno y firmar un acuerdo “secreto” de cooperación? El Salvador aportaría ahora $ 25 millones a la nueva cárcel, en “diseños, planos y procesos de construcción” (p. 48). En el espejo de Bukele, Chaves refleja bien su tendencia autoritaria, pero olvidó que sus resultados aparecerían al revés.
Referencias
Arendt, H. (2022) Los orígenes del totalitarismo. Alianza editorial.
Harari, Y.N. (2024) Nexus. Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA. Debate.
Huertas, G. (2025) El modelo Bukele y los aires dictatoriales. Foro de La Nación. Lunes 26 de abril.
IDESPO (2025) Percepción de la población costarricense sobre la labor del gobierno y la política nacional. Umbral político, UNA.
Presidencia de la República. (2025) Informe de labores 24-25. Eje seguridad.
(*) Hernán Alvarado Ugarte, Sociólogo y economista político, catedrático jubilado.
En Tecoluca, El Salvador, se construyó, en 2022, lo que algunos llaman una “megacárcel”. A través de operativos militares se encerró ahí, entre otros, a miles de integrantes de las temibles maras, al amparo de un régimen de excepción. Los índices de criminalidad cayeron, en consecuencia, incluyendo la tasa de homicidios. El logro le valió
En Tecoluca, El Salvador, se construyó, en 2022, lo que algunos llaman una “megacárcel”. A través de operativos militares se encerró ahí, entre otros, a miles de integrantes de las temibles maras, al amparo de un régimen de excepción. Los índices de criminalidad cayeron, en consecuencia, incluyendo la tasa de homicidios. El logro le valió al presidente su reelección contundente, pese a que la Constitución se lo impedía. Pero han dejado muchas dudas, por decir lo menos. Sin embargo, el gobierno de Costa Rica “planea construir” una pequeña copia, ignorando múltiples cuestionamientos.
Un confinamiento monstruoso
La enorme “cárcel” se inauguró el 31 de enero, 2023. La Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el oficialismo, decretó el régimen de excepción el 27 de marzo, 2022. Suspendió ciertas garantías, con base en el art. 29 de la Constitución, atribuyendo a las pandillas el aumento de la tasa de homicidios e interpretándolo como grave perturbación del orden público. Inicialmente fue por un periodo de 30 días, pero el presidente consiguió extenderlo hasta hoy, aunque hace tiempo se ufana de haber restablecido la seguridad.
La enorme construcción tiene 23 hectáreas en un terreno de 165 y costó 115 millones de dólares. Puede albergar unos 40,000 reclusos, en 8 módulos, con 32 celdas cada uno. Cada celda está equipada con 80 literas metálicas en cuatro niveles, sin colchones ni sábanas, dos inodoros y dos lavamanos. Tienen tan poca luz natural que requieren 24 horas de iluminación artificial. Los reos se someten a un régimen de máxima seguridad, sin visitas, con 23.5 horas de encierro diario y acceso restringido a agua potable y sanitarios. También hay talleres de distinta índole para trabajo forzado. Este infierno es vigilado por 600 soldados y 250 policías, más tecnología avanzada.
Ahora bien, más que una cárcel es, de acuerdo con su nombre oficial, un “Centro de confinamiento del terrorismo” (CECOT). No es para delincuentes comunes, sino para “terroristas” y sus “colaboradores”. Responde a una operación militar de amplio impacto, más que a una policial. A junio 2024, ya había 14,532 detenidos ocupando el 36 % de la capacidad instalada. Según ese dato, antes hubo unos 5 terroristas escondidos por cada 10 policías, o 7 por cada 10 efectivos del ejército, en aquel pequeño territorio. ¿Puede creerlo?
Para la sostenibilidad, un CECOT 60 % subutilizado es problemático. El trabajo esclavo de los capturados no será suficiente. Pero ¿dónde hallar más “terroristas”? En marzo 2024, el gobierno salvadoreño ofreció a Haití su pericia, si se cumplían algunas condiciones, incluyendo los gastos respectivos, que no fueron aceptadas. Ahora ya logró recibir un grupo de 238 migrantes, sobre todo venezolanos, que el presidente Trump acusó de ser miembros de pandillas violentas, ligados al Tren de Aragua, basándose en la “Ley de Extranjeros enemigos” (1789). El presidente salvadoreño fue alabado como carcelero internacional por su primer cliente, pero es uno tan caprichoso que en cualquier momento deja de pagarle. El presidente Trump acaba de anunciar que reabrirá y ampliará la famosa cárcel de Alcatraz. Capaz que a Bukele le tocará cobrarle a su homólogo Maduro, quien ya lo acusó de fascista.
Denuncias del poder abusivo
Sin embargo, investigaciones independientes han confirmado que la mayoría de esos deportados no tienen antecedentes penales. El salvadoreño Kilmar Abrego García, por ejemplo, fue enviado por un “error” admitido por la Casa Blanca y ratificado por un juez. Ambos presidentes lo tomaron como anécdota. Ni siquiera a un senador demócrata, Chris Van Hollen, se le permitió visitarlo en el CECOT. Como suele suceder con los regímenes de excepción, llueven las denuncias de detención y reclusión de personas inocentes. Muchos familiares han estado reclamando detenciones y deportaciones sin investigaciones previas ni antecedentes. Human Rights Watch estimó en 3,000 la detención de niños, niñas y adolescentes salvadoreños sin vínculos aparentes con las pandillas. También juicios masivos, sin garantías procesales, que no permiten determinar responsabilidades individuales, ni siquiera conocer al juez.
Aunque no es posible determinar el número total de personas injustamente secuestradas, las estimaciones son alarmantes. En marzo de 2025, AP News reportó que eran 8,000 personas presumiblemente inocentes. Si fueran bastante menos, por ejemplo, solo un 30%, sería igual una cifra escandalosa. Hasta ahora se ha encarcelado, en solo tres años, cerca del 3 % de la población salvadoreña, para la más alta tasa de privados de libertad del mundo. Como la mayoría es gente pobre y sin recursos para defenderse, esto “Es, en definitiva, la criminalización generalizada de la pobreza” (Huertas, 2025).
Tampoco se cuenta con datos fidedignos sobre el número de reclusos muertos en confinamiento. La agencia EFE reportó más de 200, en diciembre 2023. Human Rights Watch reportó, en enero 2024, al menos 189 defunciones bajo custodia policial, hasta octubre 2023. La organización Socorro Jurídico Humanitario estimó, en abril 2024, que 241 reclusos murieron durante los primeros dos años de vigencia del régimen de excepción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó la muerte de 189 a 200 privados de libertad. Por su lado, Expediente Público denunció 211 reos muertos sin antecedentes, en las cárceles salvadoreñas. Una parte importante tiene que haber ocurrido en el CECOT.
El gobierno no confirma la información y tampoco la desmiente. Según las autoridades, las muertes corresponden a enfermedades contraídas previamente. Así procuran desligarlas de la custodia, pero no permiten investigaciones que salden las dudas. Tampoco rebaten que hay detenciones arbitrarias, ni las justifican. Sobre los derechos humanos de los detenidos dicen que más valen los derechos de las víctimas y del resto de la población, como si unos fueran humanos y otros no, o como si hubiera que canjear unos por otros. Argumento que se cae solo con tantas personas inocentes.
Si la cárcel es de por sí la mayor tortura psicológica inventada por la humanidad, no hay garantía de que en el CECOT no se esté torturando físicamente a los reclusos, por ejemplo, para arrancar confesiones o sumar delatores. En ese tipo de sitio ha sido la costumbre. La narrativa oficial defiende que quienes han delinquido gravemente, merecen el trato severo que el gobierno quiera darles.
Una basta y terrorífica experiencia histórica
Los campos de excepción decretados o de hecho constituyen, donde quiera, un inminente peligro para la ciudadanía, porque deja en manos de autoridades falibles un poder descomunal. En los “campos de concentración” de Hitler (1933-1945), por ejemplo, se masacró a unos 11 millones de personas, más de la mitad judías (Holocausto). Él encerró primero a opositores políticos y continuó con romaníes, homosexuales, personas con discapacidad y testigos de Jehová; catalogados como “enemigos del estado” o pertenecientes a una “raza inferior”. Muchos fueron exterminados en sus fábricas de muerte con cámaras de gas.
Los “campos de trabajo” de Stalin, el Gulag (1929-1953), no fueron menos crueles. Ahí pudieron haber muerto por trabajo forzado, inanición, frío, envenenamiento o disparo, entre 10 y 20 millones de personas, catalogadas como “enemigos del pueblo”. Entre las víctimas del “Gran Terror”, figuraron opositores políticos, reales o inventados, intelectuales, campesinos (kulaks) y minorías étnicas. También un tercio, según Harari (2024, p. 206), de los “respetados viejos bolcheviques”, además del “asesinato en masa” de oficiales del Ejército Rojo (p. 229).
Menos conocidos, aunque igual vergonzosos, fueron los “campos de internamiento” (1942-1945) decretados por Franklin D. Roosevelt, el 19 de febrero de 1942, contra personas de ascendencia japonesa, ciudadanos y residentes, después del ataque aéreo a Pearl Harbor. Allá se aislaron más de 120,000 personas en condiciones deplorables, sin privacidad y bajo severas restricciones de sus libertades básicas. Ellas perdieron hogares, propiedades, negocios y vida. Fueron encerradas sin pruebas, como sospechosas de espionaje o ser una amenaza para la “seguridad nacional”. El Congreso de los Estados Unidos reconoció la falsa acusación en 1988.
Además, cabe mencionar los “centros de detención” y tortura, públicos y privados, de Pinochet (1973-1990) y los “centros de confinamiento” que se utilizaron para detenciones ilegales, torturas y desaparición de personas, durante la “Guerra sucia” del General Videla (1976-1983). Y hasta la retención de sospechosos de terrorismo o “enemigos considerados ilegales” de la base militar estadunidense en bahía Guantánamo, donde todavía quedan 15 reclusos.
Peligros de la dominación tiránica
Hay importantes diferencias de forma entre los respectivos campos de nazis y bolcheviques, y entre los otros tipos de confinamiento mentados. Pero aquí interesan más las semejanzas de contenido que revelan su naturaleza. Un estado de excepción corresponde a un gobierno que actúa al margen de su propia ley, con el fin de estabilizar un orden simbólico supuestamente amenazado. Incurre en una actuación tan peligrosa que anula parcialmente su más importante razón de ser, que es garantizar seguridad, y menos sumar terror. En nombre de la seguridad “nacional”, crea espacios de inseguridad jurídica, con ventaja y alevosía. En un estado de excepción, como en cualquier guerra, nadie puede sentirse a salvo. Por eso, se justifica únicamente por una causa mayor y por un periodo corto. Mientras resulta creíble la conspiración y estigmatización de un grupo específico. Pero una vez establecido tiende a perpetuarse. ¿Dónde se detiene un abuso de poder normalizado?
El estado de excepción requiere, por tanto, espacios extrajudiciales donde se pueda encerrar, torturar y eliminar a muchas personas. Ahí, ellas pierden todos sus derechos, junto con la posibilidad de defenderlos, quedando a merced de sus captores. “La destrucción de los derechos del hombre, la muerte en el hombre de la persona jurídica es un prerrequisito para dominarle enteramente.” (Arendt, 2022, p. 605). Desde los romanos, persona significa sujeto de derecho. El poder de exceptuar se decreta, precisamente, para viabilizar el abuso de autoridad.
Muchas personas inocentes caen ahí y no por error. En la red del horror sale de todo. Sirve para inflar resultados, silenciar enemigos, desestimular la traición y el arrepentimiento de aliados y, sobre todo, para prevenir la insubordinación de la población. Destruyendo la dignidad de una minoría, se reafirma el dominio sobre la mayoría. Así la fuerza del poder omnímodo depende, cada vez más, de una arbitrariedad que crece y se centraliza. El estado deviene tiránico. He ahí el Leviathan, que para Hobbes era un mal menor, en su más horripilante esplendor.
Falacia de la causa única
Una cárcel es un reclusorio de personas a las que justamente se les ha comprobado un delito, por lo que han recibido un castigo proporcionado, después de un debido proceso. Por eso pierden la libertad fundamental que es de movimiento, pero no sus demás derechos, mucho menos los humanos. Un privado de libertad sigue siendo humano, aunque haya cometido un acto atroz.
El respeto de los derechos humanos de los delincuentes no es solo cuestión de indulgencia o piedad, hoy tan despreciadas por la ética de la crueldad; sino de elemental garantía jurídica para todas las personas. Uno mismo o cualquier vecino, amigo o familiar puede acabar en una celda, hasta por error. Máxime en un régimen de excepción, donde a cualquiera se le puede acusar de “colaborador” o cómplice de amigo o familiar. En un estado como ese, ni el más humanista de los jefes sería capaz de evitar ni prevenir las perversiones y fallas de una cadena de mando.
A diferencia de una cárcel, un campo de concentración, de trabajo o para terroristas, es también un reclusorio, pero uno donde los capturados han perdido todos sus derechos y, en particular, los propiamente humanos. O sea, que se les ha arrebatado, desde su captura, su condición de persona. Por tanto, El CECOT no es una gran cárcel de máxima seguridad con condiciones severas, como quieren que se vea, sino la pieza maestra de un régimen de excepción carente de legitimidad.
La mayor mentira es que El Salvador se convirtió, gracias a eso, en el país más seguro del mundo. La seguridad implica, justamente, “(…) el nivel de riesgo de ser víctima de violencia estatal o abusos de autoridad” (Huertas, 2025). Un país donde el presidente concentra cada vez más poder discrecional deja de ser seguro en la misma medida, en especial, para cualquiera que no esté de acuerdo. Ahora ya no son las maras las que atemorizan a la población en determinados territorios, sino que es el gobierno y su ejército los que administran el terror a escala nacional.
Bautizar como terroristas a los delincuentes para enfrentarlos con métodos militares, en vez de policiales, tanto como presentar una gran cárcel como la solución óptima de la inseguridad, ignora cosas tan básicas como que la delincuencia es un fenómeno complejo, causado por la convergencia de factores económicos, sociales, psicológicos, educativos, e incluso jurídicos.
Las “soluciones” simples, tan fáciles de publicitar para un populista, suelen ser parciales, en el mejor caso; o bien falsas y efímeras, cuando no peligrosas, es decir, peores que la enfermedad. Si la cárcel fuera la única solución, hace mucho que la delincuencia se habría reducido a los pocos psicópatas y sociópatas que toda sociedad produce. Además, ningún gobernante habría olvidado que muchos de ellos han debido encarar después juicios de lesa humanidad, o han pasado a la historia como criminales de guerra.
El último tumbo de un gobierno sin ruta
El ministro de Justicia y Paz de Costa Rica visitó, hace poco, el CECOT, sin notar violación alguna de derechos humanos. ¿Incompetencia o servilismo? Después manifestó la intención de construir algo parecido para unos 5,000 reclusos. A la luz de los recortes de la inversión social, ¿no es una propuesta brutal? Cuesta entender ahora que el primer cálculo de esa construcción fuera $ 60 millones (Informe de labores 24-25, p. 48), más de la mitad del CECOT, para menos del 13 % de su capacidad.
El gobierno viene dando tumbos desde su inicio, junto con sus lecciones de antipolítica o desgobierno y su sarta de insultos, pero en este tema no ha logrado disimular su corta visión. Primero propuso carpas carcelarias y ahora todo lo contrario, construir, tardíamente y a toda prisa, una cárcel amurallada. El presidente la quiere en seis meses, antes que el Hospital de Cartago, aunque todavía no tiene ni terreno ni planos. ¿Así o más improvisada? Seguro desea inaugurarla, pero tendría que hacer primero otros malabares con la Comisión Nacional de Emergencias, es decir, retorcer la ley para evadir los controles de rigor. Así que es más probable que la estrene.
No obstante, el problema no es construir su “minimegacárcel”, para unos 2,450 que es aproximadamente la población carcelaria excedente. La dificultad mayor estaría en ocupar los 2,550 campos restantes. Así que, tras inventar una emergencia, se requerirá después un estado de conmoción nacional para implantar un régimen de excepción. Para eso se necesitará más que discursos sediciosos que llaman a derramar sangre entre hermanos, viralizados por troles de Vietnam, y mucho más que una policía y un OIJ trabajando con las uñas. Además de un montón de diputados serviles.
Por tanto, ¿será esta la última ocurrencia vacía de quien no ha sido capaz de aprobar ni un solo buen proyecto de ley a favor de la seguridad ciudadana? A lo largo de tres años, este gobierno ha mostrado una alarmante, y hasta sospechosa, falta de voluntad para afrontar la grave crisis que ha causado la narcoviolencia. Más bien, ha procurado restarle importancia, inclusive negarla, pese a que, a nivel internacional, ya está causando tanto daño al turismo.
El hecho incontrovertible es que la inseguridad y su percepción han empeorado y no parece poder resolverse con otra cortina de humo. El 69 % de los encuestados califican la labor del gobierno, en números redondos, como mala o muy mala, el 12 % como regular, así que el 81 % no la aprueba. Un escuálido 20 % opina que ha mejorado en los últimos 12 meses y solo el 4 % que “mejorar la seguridad ciudadana” es un logro de este gobierno. Mientras tanto el 56 % considera que es el “principal problema” nacional (IDESPO, 2025). La autopercepción del gobierno difiere, ya que “Con la energía del rugir de un jaguar, Costa Rica está recuperando la paz” (Informe 24-25, p. 37). De acuerdo, la paz se ha perdido, pero mencionar el “jaguar”, en este contexto, es poco serio y agrega una prueba más al expediente de beligerancia política.
Al menos ese informe recuerda que “La seguridad no es una promesa vacía, es un compromiso que día a día luchamos por cumplir”; porque, en efecto, enfrentando toda clase de limitaciones y obstáculos, inclusive otra ruta inexistente, los cuerpos policiales y demás funcionarios trabajan, día a día, contra la inseguridad. Gracias a eso el gobierno tiene algo que mostrar. Por eso, el informe acopia los más mínimos detalles, como el decomiso de “37 armas de fuego” y “15 puñales” en un operativo (p. 38). Pero no comenta nada sobre la tasa de homicidios, pese a ser lo que más preocupa a la ciudadanía. Pese a que la gráfica 3 muestra los homicidios dolosos desde 2019 (p. 42). Entre este año y el 2021, aumentaron cada año levemente; pero en 2022 crece en 66 y en 2023 alcanza la cifra máxima de 905 homicidios, con una leve mejora en 2024.
El presidente Chaves otorgó a Nayib Bukele la máxima distinción, la Orden Nacional Juan Mora Fernández, por su aporte en “seguridad” (¿de El Salvador?). Sin haber aportado ningún beneficio a Costa Rica. ¿Acaso no mancilló la tradición civilista y respetuosa de derechos humanos de este pueblo pacífico? ¿Se la habrá otorgado solo por apuntalar la decaída imagen del gobierno y firmar un acuerdo “secreto” de cooperación? El Salvador aportaría ahora $ 25 millones a la nueva cárcel, en “diseños, planos y procesos de construcción” (p. 48). En el espejo de Bukele, Chaves refleja bien su tendencia autoritaria, pero olvidó que sus resultados aparecerían al revés.
Referencias
Arendt, H. (2022) Los orígenes del totalitarismo. Alianza editorial.
Harari, Y.N. (2024) Nexus. Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA. Debate.
Huertas, G. (2025) El modelo Bukele y los aires dictatoriales. Foro de La Nación. Lunes 26 de abril.
IDESPO (2025) Percepción de la población costarricense sobre la labor del gobierno y la política nacional. Umbral político, UNA.
Presidencia de la República. (2025) Informe de labores 24-25. Eje seguridad.
(*) Hernán Alvarado, Sociólogo y economista político, catedrático jubilado.
Opinión – Diario Digital Nuestro País