<p>El <strong>Ministerio de Juventud e Infancia</strong> anunció este martes que contempla, en la propuesta de ampliación de la Ley de Protección de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), que no se permita ni la participación ni la asistencia de las personas menores de edad en actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales.</p>
El Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU ha reprendido a España por permitir la asistencia de menores de edad en espectáculos taurinos y por acceder a la caza con armas de fuego
El Ministerio de Juventud e Infancia anunció este martes que contempla, en la propuesta de ampliación de la Ley de Protección de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), que no se permita ni la participación ni la asistencia de las personas menores de edad en actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales.
Fuentes del ministerio explicaron que, con estas medidas, Juventud e Infancia quiere cumplir la recomendación que ya en 2018 hiciera el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, que reclamaba «prohibir la asistencia de menores de 18 años», con el propósito de «prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños».
Recientemente, en el VII Examen del CDN a España, varios miembros de este organismo preguntaron a la delegación española, encabeza por la ministra Sira Rego, sobre esta reclamación. Rego, como ya hizo en la última Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, informó al Comité sobre la incorporación de esta prohibición en la propuesta para ampliar la Lopivi.
Según contempla la exposición de motivos de la norma, «las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que puede afectar especialmente a las personas menores de edad».
En este sentido, «en cuanto a los riesgos psicológicos, la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a las personas menores de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional».
Juventud e Infancia presentó este texto completo, hace ya varias semanas, a los ministerios que implica la reforma. En varias ocasiones, Rego aseguró que la reforma «está lista, a falta únicamente de las últimas aportaciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes«, para su aprobación en Consejo de Ministros.
El texto propuesto por el ministerio pretende «reforzar la prevención de las violencias contra la infancia y el acompañamiento y la reparación de los niños, niñas y adolescentes que la sufren». Entre los puntos más destacados de la ampliación, se encuentran la obligatoriedad de escuchar a las personas menores de edad en los procesos judiciales que les afecten, independientemente de su edad (establecida, en la actualidad, a partir de los doce años). Asimismo, contempla la ampliación en diez años la prescripción de los delitos sexuales contra la infancia, de modo que el plazo de prescripción, que actualmente empieza a contar cuando la víctima cumple 35 años, no lo hará hasta que se cumpla 45.
Del mismo modo, recoge la incorporación de la violencia de género al listado de delitos que impiden el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad. Otros de los aspectos más «relevantes» de la norma es el reconocimiento de la violencia institucional, que sería recogida por primera vez en una ley de ámbito estatal. Según Rego, esto supone que «toda omisión, retraso o práctica que comprometa la protección de las personas menores de edad sea identificada, investigada y reparada».
El Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas ha reprendido a España por permitir la asistencia de menores de edad en espectáculos taurinos y por acceder a la caza con armas de fuego.
Este Comité evaluó este miércoles y este jueves de esta semana en Ginebra (Suiza) el grado de cumplimiento de España respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Está formado por 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados miembro. También supervisa la aplicación de los Protocolos Facultativos de la Convención, sobre la participación de niños en conflictos armados y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil.
El anterior examen a España se produjo en 2018, cuando incluyó en el informe sobre el país una observación en la que indicaba que, «para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como púbico en espectáculos de tauromaquia».
Bragi Gudbrandsson, miembro del Comité, recordó a la delegación española la existencia de una recomendación específica de este órgano de la ONU sobre la presencia de menores en la tauromaquia, publicada en 2018.
Además, otros tres componentes del CDN mostraron su preocupación por el hecho de que los menores queden expuestos a la violencia producida en la tauromaquia, también en la caza, sin que España hubiera armonizado su normativa para impedir estas situaciones de riesgo para su salud física y mental.
Así, Rinchen Chophel advirtió de la existencia de abundante trabajo científico que relaciona estas violencias con posteriores impactos negativos sobre los menores, y Suzanne Aho señaló la paradoja de que existan en España normas sobre contenidos audiovisuales y menores, pero que estos mismos puedan acceder a los llamados «centros de formación de la tauromaquia», es decir, las escuelas taurinas.
La intervención más extensa sobre la materia fue de Timothy P.T. Ekesa, que repreguntó a la delegación española sobre las escuelas taurinas, y sobre si esas participaciones se producen sin presiones culturales o económicas, entre otros aspectos.
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