“Se mantienen intimidaciones, amenazas, presiones indebidas de todo tipo y a veces también asesinatos en Costa Rica contra personas que alzan la voz en materia ambiental” (Nicolás Boeglin)
En la Conferencia de Desarrollo Sostenible de la ONU, realizada en Río de Janeiro, en el 2012, diez gobiernos de América Latina y el Caribe impulsaron la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río. Entre estos países, estuvo Costa Rica, donde se firmó el tratado y por el cual lleva el nombre de un bello pueblo costarricense.
La pretensión era alcanzar compromisos para la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, para lo que se requería un instrumento regional.
Ese principio, dice: «El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda».
Así, se inició el proceso de desarrollo del tratado, culminando con el Acuerdo de Escazú, en Costa Rica (2014 a 2018).
A partir de ese momento, se inició el proceso de firma y ratificación del tratado. En la actualidad, 24 países lo han firmado y 17 países son Estado Parte.
Aunque el acuerdo, está vigente desde el 2021, aún Costa Rica, no lo ha ratificado, lo que es un sinsentido, siendo uno de los países que impulsó la aplicación del Principio 10, antes indicado.
El objetivo del Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Lo anterior implica que se respalde a los defensores del ambiente. En otras palabras, que no se les impida su derecho de expresar sus opiniones, cuando trate de la defensa del ambiente.
Costa Rica, ha sido noticia de la muerte de defensores indígenas por combatir los despojos de sus tierras. Igual, se han dado recientes acciones judiciales en contra de quienes expresan su oposición a la destrucción de bosques, por parte de trasnacionales, que usan de los tribunales para acallar a estos, lo que no es sino por falta de regulaciones de lo que se conoce como SLAPP (acrónimo en inglés de «Superior Labrum Anterior and Posterior»), como es el caso más reciente del activista, Juan Bautista Alfaro (@juambacaminando).
Cuando, en la anterior legislatura, el Acuerdo estuvo a punto de ser enterrado, la fracción del Frente Amplio presentó una moción para que esto no se diera y así fue aprobado en primer debate en marzo del 2020 pero, desdichadamente, con el inicio del actual gobierno (mayo, 2020), el presidente Chaves (y, ¡ahora me explico, el por qué!), rechazó toda posibilidad y hasta ahí llego tan trascendente tratado.
Las cámaras empresariales, junto al gobierno, se oponen a que ello suceda, alegando que el Acuerdo está de más, pues todo lo que contiene ya existe en la legislación nacional, lo cual es absolutamente falso. Incluso, el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, dijo que le negativa es tajante y, si es por como se llama, pues “que le cambien de nombre, si quieren”. ¡Vaya arrogancia! Claro, en el 2020, ya se sabía que, con este gobierno, el ambiente sufriría en el desastre del que nos hemos damos cuenta, hoy, a pocos meses, de que termine esta administración.
Pues, así el asunto, los partidos políticos, deben incluir en sus programas de gobierno, con prioridad, la aprobación inmediata de este Tratado Internacional, pues es una incoherencia que un país, otrora ejemplo de ser un protector del derecho humano al ambiente, esté a favor de depredadores ambientales.
(*) Wilbert Arroyo Álvarez, Abogado, Periodista y catedrático, UCR
“Se mantienen intimidaciones, amenazas, presiones indebidas de todo tipo y a veces también asesinatos en Costa Rica contra personas que alzan la voz en materia ambiental” (Nicolás Boeglin) En la Conferencia de Desarrollo Sostenible de la ONU, realizada en Río de Janeiro, en el 2012, diez gobiernos de América Latina y el Caribe impulsaron la
“Se mantienen intimidaciones, amenazas, presiones indebidas de todo tipo y a veces también asesinatos en Costa Rica contra personas que alzan la voz en materia ambiental” (Nicolás Boeglin)
En la Conferencia de Desarrollo Sostenible de la ONU, realizada en Río de Janeiro, en el 2012, diez gobiernos de América Latina y el Caribe impulsaron la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río. Entre estos países, estuvo Costa Rica, donde se firmó el tratado y por el cual lleva el nombre de un bello pueblo costarricense.
La pretensión era alcanzar compromisos para la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales, consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, para lo que se requería un instrumento regional.
Ese principio, dice: «El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda».
Así, se inició el proceso de desarrollo del tratado, culminando con el Acuerdo de Escazú, en Costa Rica (2014 a 2018).
A partir de ese momento, se inició el proceso de firma y ratificación del tratado. En la actualidad, 24 países lo han firmado y 17 países son Estado Parte.
Aunque el acuerdo, está vigente desde el 2021, aún Costa Rica, no lo ha ratificado, lo que es un sinsentido, siendo uno de los países que impulsó la aplicación del Principio 10, antes indicado.
El objetivo del Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Lo anterior implica que se respalde a los defensores del ambiente. En otras palabras, que no se les impida su derecho de expresar sus opiniones, cuando trate de la defensa del ambiente.
Costa Rica, ha sido noticia de la muerte de defensores indígenas por combatir los despojos de sus tierras. Igual, se han dado recientes acciones judiciales en contra de quienes expresan su oposición a la destrucción de bosques, por parte de trasnacionales, que usan de los tribunales para acallar a estos, lo que no es sino por falta de regulaciones de lo que se conoce como SLAPP (acrónimo en inglés de «Superior Labrum Anterior and Posterior»), como es el caso más reciente del activista, Juan Bautista Alfaro (@juambacaminando).
Cuando, en la anterior legislatura, el Acuerdo estuvo a punto de ser enterrado, la fracción del Frente Amplio presentó una moción para que esto no se diera y así fue aprobado en primer debate en marzo del 2020 pero, desdichadamente, con el inicio del actual gobierno (mayo, 2020), el presidente Chaves (y, ¡ahora me explico, el por qué!), rechazó toda posibilidad y hasta ahí llego tan trascendente tratado.
Las cámaras empresariales, junto al gobierno, se oponen a que ello suceda, alegando que el Acuerdo está de más, pues todo lo que contiene ya existe en la legislación nacional, lo cual es absolutamente falso. Incluso, el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, dijo que le negativa es tajante y, si es por como se llama, pues “que le cambien de nombre, si quieren”. ¡Vaya arrogancia! Claro, en el 2020, ya se sabía que, con este gobierno, el ambiente sufriría en el desastre del que nos hemos damos cuenta, hoy, a pocos meses, de que termine esta administración.
Pues, así el asunto, los partidos políticos, deben incluir en sus programas de gobierno, con prioridad, la aprobación inmediata de este Tratado Internacional, pues es una incoherencia que un país, otrora ejemplo de ser un protector del derecho humano al ambiente, esté a favor de depredadores ambientales.
(*) Wilbert Arroyo Álvarez, Abogado, Periodista y catedrático, UCR
Opinión – Diario Digital Nuestro País
