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  Nacional  Docentes del MEP enfrentan sobrecarga laboral, inestabilidad y abandono estatal, advierten sindicatos y académicos
Nacional

Docentes del MEP enfrentan sobrecarga laboral, inestabilidad y abandono estatal, advierten sindicatos y académicos

4 de julio de 2025
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San José, 3 Jul (Elpaís.cr).- Docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP) enfrentan una creciente sobrecarga laboral, deterioro de sus condiciones salariales y un abandono por parte del Estado, según denunciaron representantes sindicales y académicos durante el foro Situación docente en el MEP: voces desde la práctica, el sindicato y la academia, organizado por el programa Perfiles del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA).

El evento reunió a representantes del gremio educativo y especialistas universitarios, quienes coincidieron en que el profesorado costarricense trabaja bajo una presión estructural que pone en riesgo su bienestar y la calidad del sistema educativo.

“El docente se encuentra cada vez más presionado por múltiples actores: centro educativo, estudiantes, familias o encargados y compañeros de trabajo”, señaló Gilda Montero Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE). “Esto impacta su salud emocional y física, pues se siente amenazado por todos ellos”.

Carga creciente, salarios a la baja

Entre los principales hallazgos expuestos en el foro destacan el aumento de las tareas administrativas y no pedagógicas, la desactualización de la formación docente —especialmente en universidades privadas— y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, estimada en un 17,55% en los últimos cinco años.

Además, en lo que va de 2025 ya se contabilizan más de 54 mil reportes de incapacidades médicas, mientras que en 2021 la cifra superó las 421 mil, según datos del MEP.

El foro también alertó sobre la desigualdad de condiciones en zonas rurales, indígenas y urbano-marginales, donde las y los docentes enfrentan serias limitaciones en infraestructura, acceso a recursos didácticos y formación continua. Las exigencias del calendario lectivo, junto a recortes presupuestarios al Instituto de Desarrollo Profesional (IDP), obstaculizan la capacitación permanente del profesorado.

“Se exige formación continua, pero no hay tiempo ni recursos para brindarla”, enfatizó Montero.

Inseguridad jurídica y precariedad estructural

Pablo Zúñiga Morales, asesor del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), afirmó que la situación actual del sector se define con una sola palabra: “inseguridad”. Esta se manifiesta en lo jurídico, lo laboral, lo pedagógico y lo económico.

Zúñiga advirtió sobre las implicaciones de la Ley Marco de Empleo Público, que podría generar despidos a partir de 2026 por evaluaciones del desempeño no contextualizadas. También destacó las inequidades provocadas por la coexistencia de los regímenes de salario compuesto y salario global, que pueden generar diferencias salariales de hasta un 120% entre docentes que realizan las mismas funciones.

“El más experimentado gana menos que el que recién ingresa”, puntualizó.

La situación se agrava con traslados arbitrarios, donde docentes son enviados a zonas distantes de su lugar de residencia, y con presupuestos cada vez más limitados. “Todos los años el MEP da menos dinero y es una incertidumbre si va a alcanzar para cubrir todos los recursos”, dijo.

Rezago digital, infraestructura deteriorada y resultados bajos

Olman Bolaños Ortiz, investigador de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), presentó cifras internacionales que colocan a Costa Rica entre los países con mayor carga laboral docente, con 1.267 horas anuales, frente al promedio de 700 horas de la OCDE.

Sin embargo, estos esfuerzos no se traducen en mejores resultados educativos. Entre 2015 y 2022, Costa Rica registró los mayores descensos salariales para docentes de primaria y secundaria entre los países de la OCDE: -19% y -40% respectivamente.

El cierre del convenio con la Fundación Omar Dengo y un recorte del 29% en tecnología educativa profundizaron el rezago digital, particularmente en colegios nocturnos y zonas rurales. En 2025 ya se han emitido 885 órdenes sanitarias en centros educativos, mientras que el presupuesto para juntas de educación ha retrocedido a niveles de 2019.

“¿Qué puede hacer un docente multigrado en territorio indígena con 2 millones de colones anuales? Garantizar alimentación y pagar la contadora, pero nada queda para invertir en el proceso educativo”, ejemplificó Bolaños.

Llamado urgente a rediseñar el sistema educativo

Los participantes del foro coincidieron en la necesidad de un rediseño profundo del sistema educativo nacional, con decisiones tomadas desde la base docente y adaptadas a las distintas realidades regionales. También hicieron un llamado a construir una política nacional de salud ocupacional para el gremio.

Bolaños propuso la realización de un congreso pedagógico y andragógico nacional, con la participación activa de docentes, comunidades y universidades, como paso fundamental hacia una educación democrática, integral y sostenible.

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“Dignificar la profesión docente requiere garantizar condiciones materiales, salariales y de salud laboral. No se puede exigir resultados si el sistema precariza a quienes lo sostienen”, concluyó.

 San José, 3 Jul (Elpaís.cr).- Docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP) enfrentan una creciente sobrecarga laboral, deterioro de sus condiciones salariales y un abandono por parte del Estado, según denunciaron representantes sindicales y académicos durante el foro Situación docente en el MEP: voces desde la práctica, el sindicato y la academia, organizado por el  

San José, 3 Jul (Elpaís.cr).- Docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP) enfrentan una creciente sobrecarga laboral, deterioro de sus condiciones salariales y un abandono por parte del Estado, según denunciaron representantes sindicales y académicos durante el foro Situación docente en el MEP: voces desde la práctica, el sindicato y la academia, organizado por el programa Perfiles del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA).

El evento reunió a representantes del gremio educativo y especialistas universitarios, quienes coincidieron en que el profesorado costarricense trabaja bajo una presión estructural que pone en riesgo su bienestar y la calidad del sistema educativo.

“El docente se encuentra cada vez más presionado por múltiples actores: centro educativo, estudiantes, familias o encargados y compañeros de trabajo”, señaló Gilda Montero Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE). “Esto impacta su salud emocional y física, pues se siente amenazado por todos ellos”.

Carga creciente, salarios a la baja

Entre los principales hallazgos expuestos en el foro destacan el aumento de las tareas administrativas y no pedagógicas, la desactualización de la formación docente —especialmente en universidades privadas— y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, estimada en un 17,55% en los últimos cinco años.

Además, en lo que va de 2025 ya se contabilizan más de 54 mil reportes de incapacidades médicas, mientras que en 2021 la cifra superó las 421 mil, según datos del MEP.

El foro también alertó sobre la desigualdad de condiciones en zonas rurales, indígenas y urbano-marginales, donde las y los docentes enfrentan serias limitaciones en infraestructura, acceso a recursos didácticos y formación continua. Las exigencias del calendario lectivo, junto a recortes presupuestarios al Instituto de Desarrollo Profesional (IDP), obstaculizan la capacitación permanente del profesorado.

“Se exige formación continua, pero no hay tiempo ni recursos para brindarla”, enfatizó Montero.

Inseguridad jurídica y precariedad estructural

Pablo Zúñiga Morales, asesor del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), afirmó que la situación actual del sector se define con una sola palabra: “inseguridad”. Esta se manifiesta en lo jurídico, lo laboral, lo pedagógico y lo económico.

Zúñiga advirtió sobre las implicaciones de la Ley Marco de Empleo Público, que podría generar despidos a partir de 2026 por evaluaciones del desempeño no contextualizadas. También destacó las inequidades provocadas por la coexistencia de los regímenes de salario compuesto y salario global, que pueden generar diferencias salariales de hasta un 120% entre docentes que realizan las mismas funciones.

“El más experimentado gana menos que el que recién ingresa”, puntualizó.

La situación se agrava con traslados arbitrarios, donde docentes son enviados a zonas distantes de su lugar de residencia, y con presupuestos cada vez más limitados. “Todos los años el MEP da menos dinero y es una incertidumbre si va a alcanzar para cubrir todos los recursos”, dijo.

Rezago digital, infraestructura deteriorada y resultados bajos

Olman Bolaños Ortiz, investigador de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), presentó cifras internacionales que colocan a Costa Rica entre los países con mayor carga laboral docente, con 1.267 horas anuales, frente al promedio de 700 horas de la OCDE.

Sin embargo, estos esfuerzos no se traducen en mejores resultados educativos. Entre 2015 y 2022, Costa Rica registró los mayores descensos salariales para docentes de primaria y secundaria entre los países de la OCDE: -19% y -40% respectivamente.

El cierre del convenio con la Fundación Omar Dengo y un recorte del 29% en tecnología educativa profundizaron el rezago digital, particularmente en colegios nocturnos y zonas rurales. En 2025 ya se han emitido 885 órdenes sanitarias en centros educativos, mientras que el presupuesto para juntas de educación ha retrocedido a niveles de 2019.

“¿Qué puede hacer un docente multigrado en territorio indígena con 2 millones de colones anuales? Garantizar alimentación y pagar la contadora, pero nada queda para invertir en el proceso educativo”, ejemplificó Bolaños.

Llamado urgente a rediseñar el sistema educativo

Los participantes del foro coincidieron en la necesidad de un rediseño profundo del sistema educativo nacional, con decisiones tomadas desde la base docente y adaptadas a las distintas realidades regionales. También hicieron un llamado a construir una política nacional de salud ocupacional para el gremio.

Bolaños propuso la realización de un congreso pedagógico y andragógico nacional, con la participación activa de docentes, comunidades y universidades, como paso fundamental hacia una educación democrática, integral y sostenible.

“Dignificar la profesión docente requiere garantizar condiciones materiales, salariales y de salud laboral. No se puede exigir resultados si el sistema precariza a quienes lo sostienen”, concluyó.

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