La autonomía y el avance de las superintendencias y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) se ven limitadas debido a su dependencia administrativa y presupuestaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Ese fue uno de los mensajes de la ex superintendente Rocío Aguilar al dejar su cargo al frente de Supen y Sugef. En su informe de cierre de labores, emitido a finales del 2024, señala que la dependencia del Banco impide a las instituciones avanzar al ritmo que el entorno financiero está exigiendo.
“Es imprescindible revaluar este modelo para dotarles de mayor independencia, permitiendo decisiones más ágiles y estratégicas en la ejecución de proyectos y reformas”, señaló Aguilar.
La exsuperintendente hizo referencia al reciente criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), que concluye que las superintendencias tienen total independencia del Banco Central para la aprobación de sus presupuestos, las tareas organizativas y la contratación de personal.
Además, dicho criterio indica que Conassif y las superintendencias financieras tienen total independencia para adquirir servicios de apoyo externos y no están en la obligación de usar los que les ofrece el Central.
La resolución de la PGR es de abril del 2024, por lo que Aguilar considera que serán sus sucesores quienes deben aplicaro.
“Le corresponderá al Conassif y a los próximos superintendentes discutir el alcance de dicho pronunciamiento.
“No se trata de desdeñar las ventajas competitivas que pueda significar el BCCR como prestador de servicios, de lo que se trata es de que se ejecute de la manera más eficiente y sin opacidad alguna, para la definición de precios, calidad y oportunidad en la presentación de los servicios”, señala el documento emitido por Aguilar.
Desconcentración máxima
En la resolución, la PGR utiliza una transcripción de Eduardo Ortiz del año 1996, uno de los redactores de la Ley General de Administración Pública, para explicar qué es un órgano de desconcentración máxima (como Conassif y las superintendencias) y la relación con el jerarca (en este caso el BCCR).
Al respecto, señala que la desconcentración implica que “se le ha prohibido al superior avocar competencias del inferior”. Pero esta desconcentración puede ser mínima o máxima.
Y en este caso, la diferencia radica en que en la primera el superior podrá girar órdenes, emitir instrucciones o circulares, en el segundo no. Tampoco podrá revisar su conducta o sustituirla.
La resolución también explica que todas las superintendencias están dotadas de presupuesto propio. Además los superintendentes pueden ejercer potestades de máximo jerarca en materia administrativa de las superintendencias.
“A Sugeval, a Sugef, a Supen y Sugese les fue conferida, aparte de una desconcentración de grado máximo, un presupuesto propio, lo que implica la potestad de contratar autónomamente”, señala el documento.
Dicha resolución fue emitida por la PGR luego de que el Banco Central, Conassif y las superintendencias plantearan una consulta en conjunto.
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Informe reciente de la Procuraduría señala que el BCCR no puede influir en el gasto o contrataciones de las superintendencias.
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La autonomía y el avance de las superintendencias y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) se ven limitadas debido a su dependencia administrativa y presupuestaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Ese fue uno de los mensajes de la ex superintendente Rocío Aguilar al dejar su cargo al frente de Supen y Sugef. En su informe de cierre de labores, emitido a finales del 2024, señala que la dependencia del Banco impide a las instituciones avanzar al ritmo que el entorno financiero está exigiendo.
“Es imprescindible revaluar este modelo para dotarles de mayor independencia, permitiendo decisiones más ágiles y estratégicas en la ejecución de proyectos y reformas”, señaló Aguilar.
La exsuperintendente hizo referencia al reciente criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), que concluye que las superintendencias tienen total independencia del Banco Central para la aprobación de sus presupuestos, las tareas organizativas y la contratación de personal.
Además, dicho criterio indica que Conassif y las superintendencias financieras tienen total independencia para adquirir servicios de apoyo externos y no están en la obligación de usar los que les ofrece el Central.
La resolución de la PGR es de abril del 2024, por lo que Aguilar considera que serán sus sucesores quienes deben aplicaro.
“Le corresponderá al Conassif y a los próximos superintendentes discutir el alcance de dicho pronunciamiento.
“No se trata de desdeñar las ventajas competitivas que pueda significar el BCCR como prestador de servicios, de lo que se trata es de que se ejecute de la manera más eficiente y sin opacidad alguna, para la definición de precios, calidad y oportunidad en la presentación de los servicios”, señala el documento emitido por Aguilar.
En la resolución, la PGR utiliza una transcripción de Eduardo Ortiz del año 1996, uno de los redactores de la Ley General de Administración Pública, para explicar qué es un órgano de desconcentración máxima (como Conassif y las superintendencias) y la relación con el jerarca (en este caso el BCCR).
Al respecto, señala que la desconcentración implica que “se le ha prohibido al superior avocar competencias del inferior”. Pero esta desconcentración puede ser mínima o máxima.
Y en este caso, la diferencia radica en que en la primera el superior podrá girar órdenes, emitir instrucciones o circulares, en el segundo no. Tampoco podrá revisar su conducta o sustituirla.
La resolución también explica que todas las superintendencias están dotadas de presupuesto propio. Además los superintendentes pueden ejercer potestades de máximo jerarca en materia administrativa de las superintendencias.
“A Sugeval, a Sugef, a Supen y Sugese les fue conferida, aparte de una desconcentración de grado máximo, un presupuesto propio, lo que implica la potestad de contratar autónomamente”, señala el documento.
Dicha resolución fue emitida por la PGR luego de que el Banco Central, Conassif y las superintendencias plantearan una consulta en conjunto.
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