San José, 4 jul (Elpaís.cr) – La Defensoría de los Habitantes advirtió que la respuesta del Estado costarricense ante las múltiples necesidades de mantenimiento en la infraestructura educativa pública es insuficiente y tardía, lo que pone en riesgo tanto la seguridad como el derecho a la educación de miles de estudiantes y docentes en todo el país.
Según datos de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP), hasta el 7 de abril de 2025 se contabilizaban 895 órdenes sanitarias pendientes de atención en escuelas y colegios. Esta cifra representa un incremento de 172 órdenes con respecto a principios del año 2023. Sin embargo, estas no corresponden necesariamente a un centro educativo por orden: un mismo plantel puede registrar varias órdenes activas.
Un análisis por provincia revela cifras menores, aunque significativas. Guanacaste acumula 49 órdenes sanitarias, Alajuela 145, Heredia 23, San José 92, Limón 108, Cartago 29 y Puntarenas 120, lo que da un total de 566 órdenes sanitarias desglosadas regionalmente. A esta situación se suman 125 recursos de amparo interpuestos en distintas jurisdicciones por padres, estudiantes o comunidades preocupadas por las condiciones de los centros educativos.
Para la Defensoría, el problema no es solo el número de órdenes, sino la ineficiencia estructural del sistema. La institución cuestiona la capacidad del MEP para planificar y ejecutar obras oportunamente, y señala que no se cuenta con información clara sobre la correlación entre los proyectos actualmente en curso y las órdenes sanitarias aún sin resolver.
De los 1.351 proyectos registrados por la DIE en todo el país, el 42% apenas se encuentra en etapa de formulación presupuestaria, mientras que apenas un 4% –equivalente a 54 centros educativos– está en ejecución. No existe, según el informe, un cruce de datos que permita saber si esas intervenciones corresponden a los centros con órdenes sanitarias pendientes, ni existe certeza sobre cómo se atenderá el restante 96% de las escuelas afectadas.
Infraestructura abandonada y riesgos para la comunidad educativa
En sus labores de supervisión durante 2024, la Defensoría detectó problemas críticos en distintos centros del país. En San José, por ejemplo, muchas escuelas continúan sin estar legalmente inscritas a nombre de la Junta de Educación, lo que impide que se les asignen recursos para inversión. Esto ha trabado la ejecución de más de 107 mil millones de colones ya presupuestados por la DIE, fondos que permanecen inmovilizados en la caja única del Estado debido a estas limitaciones legales.
Además, la Defensoría alertó sobre situaciones particularmente graves en zonas rurales y costeras. En el distrito del Brujo de Río Nuevo en Pérez Zeledón, así como en Bahía Drake de la Península de Osa, las escuelas operan en condiciones que representan un peligro inminente para estudiantes y personal docente. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ha recomendado incluso el traslado inmediato de estas comunidades escolares, pero hasta ahora no se han adoptado medidas efectivas.
También se destacaron casos emblemáticos como el del Liceo de Tobosi en Cartago, donde desde el año 2008 los estudiantes reciben lecciones en estructuras provisionales que no cumplen con los estándares mínimos. Esta situación, que se arrastra desde hace más de tres gobiernos, evidencia el abandono prolongado que afecta a muchos centros educativos.
Presupuesto 2026: promesas y desafíos
En respuesta a las críticas y a las recomendaciones de la Defensoría, el MEP anunció que incluirá en su anteproyecto de presupuesto para el año 2026 una partida de 40 mil millones de colones específicamente destinada a la atención de las órdenes sanitarias activas. Con este fondo, el ministerio espera reducir en al menos un 25% el número de órdenes vigentes, priorizando aquellas que incidan directamente en la seguridad y la calidad del entorno educativo.
La cartera educativa también comunicó su intención de cambiar su enfoque tradicional. En lugar de continuar con un modelo reactivo, fragmentado y burocrático, el MEP pretende adoptar una estrategia integral, preventiva y territorialmente equitativa, que permita atender de forma más eficaz las verdaderas necesidades de cada comunidad educativa.
La Defensoría, por su parte, advirtió que dará seguimiento a este proceso, tanto en términos presupuestarios como en la implementación real de las obras, para garantizar que los compromisos asumidos por el Estado se traduzcan en mejoras tangibles para estudiantes, docentes y personal administrativo.
Deuda con la niñez y la adolescencia
Para la institución defensora, la crisis de infraestructura escolar no solo compromete la seguridad física de quienes asisten a las aulas, sino que también vulnera el derecho constitucional a una educación de calidad. La falta de condiciones mínimas, como techos seguros, acceso a agua potable, servicios sanitarios funcionales y aulas en buen estado, perpetúa las desigualdades entre estudiantes de distintas regiones y refuerza la exclusión educativa.
«Es inadmisible que en pleno 2025 tengamos escuelas en las que los niños deben caminar sobre pasarelas improvisadas para cruzar ríos, o donde los docentes enseñan bajo techos de zinc corroído. La inversión está, pero no llega donde se necesita», señaló una fuente cercana a la investigación defensorial.
Mientras tanto, comunidades enteras siguen esperando respuestas. Padres de familia, docentes y estudiantes en todo el país han levantado su voz ante esta realidad, interponiendo amparos, organizando protestas y solicitando audiencias con autoridades que, muchas veces, no llegan. El mensaje de la Defensoría es claro: la educación no puede esperar más, y la infraestructura digna debe ser una prioridad estatal, no una promesa de campaña.
San José, 4 jul (Elpaís.cr) – La Defensoría de los Habitantes advirtió que la respuesta del Estado costarricense ante las múltiples necesidades de mantenimiento en la infraestructura educativa pública es insuficiente y tardía, lo que pone en riesgo tanto la seguridad como el derecho a la educación de miles de estudiantes y docentes en todo
San José, 4 jul (Elpaís.cr) – La Defensoría de los Habitantes advirtió que la respuesta del Estado costarricense ante las múltiples necesidades de mantenimiento en la infraestructura educativa pública es insuficiente y tardía, lo que pone en riesgo tanto la seguridad como el derecho a la educación de miles de estudiantes y docentes en todo el país.
Según datos de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP), hasta el 7 de abril de 2025 se contabilizaban 895 órdenes sanitarias pendientes de atención en escuelas y colegios. Esta cifra representa un incremento de 172 órdenes con respecto a principios del año 2023. Sin embargo, estas no corresponden necesariamente a un centro educativo por orden: un mismo plantel puede registrar varias órdenes activas.
Un análisis por provincia revela cifras menores, aunque significativas. Guanacaste acumula 49 órdenes sanitarias, Alajuela 145, Heredia 23, San José 92, Limón 108, Cartago 29 y Puntarenas 120, lo que da un total de 566 órdenes sanitarias desglosadas regionalmente. A esta situación se suman 125 recursos de amparo interpuestos en distintas jurisdicciones por padres, estudiantes o comunidades preocupadas por las condiciones de los centros educativos.
Para la Defensoría, el problema no es solo el número de órdenes, sino la ineficiencia estructural del sistema. La institución cuestiona la capacidad del MEP para planificar y ejecutar obras oportunamente, y señala que no se cuenta con información clara sobre la correlación entre los proyectos actualmente en curso y las órdenes sanitarias aún sin resolver.
De los 1.351 proyectos registrados por la DIE en todo el país, el 42% apenas se encuentra en etapa de formulación presupuestaria, mientras que apenas un 4% –equivalente a 54 centros educativos– está en ejecución. No existe, según el informe, un cruce de datos que permita saber si esas intervenciones corresponden a los centros con órdenes sanitarias pendientes, ni existe certeza sobre cómo se atenderá el restante 96% de las escuelas afectadas.
Infraestructura abandonada y riesgos para la comunidad educativa
En sus labores de supervisión durante 2024, la Defensoría detectó problemas críticos en distintos centros del país. En San José, por ejemplo, muchas escuelas continúan sin estar legalmente inscritas a nombre de la Junta de Educación, lo que impide que se les asignen recursos para inversión. Esto ha trabado la ejecución de más de 107 mil millones de colones ya presupuestados por la DIE, fondos que permanecen inmovilizados en la caja única del Estado debido a estas limitaciones legales.
Además, la Defensoría alertó sobre situaciones particularmente graves en zonas rurales y costeras. En el distrito del Brujo de Río Nuevo en Pérez Zeledón, así como en Bahía Drake de la Península de Osa, las escuelas operan en condiciones que representan un peligro inminente para estudiantes y personal docente. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ha recomendado incluso el traslado inmediato de estas comunidades escolares, pero hasta ahora no se han adoptado medidas efectivas.
También se destacaron casos emblemáticos como el del Liceo de Tobosi en Cartago, donde desde el año 2008 los estudiantes reciben lecciones en estructuras provisionales que no cumplen con los estándares mínimos. Esta situación, que se arrastra desde hace más de tres gobiernos, evidencia el abandono prolongado que afecta a muchos centros educativos.
Presupuesto 2026: promesas y desafíos
En respuesta a las críticas y a las recomendaciones de la Defensoría, el MEP anunció que incluirá en su anteproyecto de presupuesto para el año 2026 una partida de 40 mil millones de colones específicamente destinada a la atención de las órdenes sanitarias activas. Con este fondo, el ministerio espera reducir en al menos un 25% el número de órdenes vigentes, priorizando aquellas que incidan directamente en la seguridad y la calidad del entorno educativo.
La cartera educativa también comunicó su intención de cambiar su enfoque tradicional. En lugar de continuar con un modelo reactivo, fragmentado y burocrático, el MEP pretende adoptar una estrategia integral, preventiva y territorialmente equitativa, que permita atender de forma más eficaz las verdaderas necesidades de cada comunidad educativa.
La Defensoría, por su parte, advirtió que dará seguimiento a este proceso, tanto en términos presupuestarios como en la implementación real de las obras, para garantizar que los compromisos asumidos por el Estado se traduzcan en mejoras tangibles para estudiantes, docentes y personal administrativo.
Deuda con la niñez y la adolescencia
Para la institución defensora, la crisis de infraestructura escolar no solo compromete la seguridad física de quienes asisten a las aulas, sino que también vulnera el derecho constitucional a una educación de calidad. La falta de condiciones mínimas, como techos seguros, acceso a agua potable, servicios sanitarios funcionales y aulas en buen estado, perpetúa las desigualdades entre estudiantes de distintas regiones y refuerza la exclusión educativa.
«Es inadmisible que en pleno 2025 tengamos escuelas en las que los niños deben caminar sobre pasarelas improvisadas para cruzar ríos, o donde los docentes enseñan bajo techos de zinc corroído. La inversión está, pero no llega donde se necesita», señaló una fuente cercana a la investigación defensorial.
Mientras tanto, comunidades enteras siguen esperando respuestas. Padres de familia, docentes y estudiantes en todo el país han levantado su voz ante esta realidad, interponiendo amparos, organizando protestas y solicitando audiencias con autoridades que, muchas veces, no llegan. El mensaje de la Defensoría es claro: la educación no puede esperar más, y la infraestructura digna debe ser una prioridad estatal, no una promesa de campaña.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País