San José, 21 may (Sputnik).- En un informe revelador, la Defensoría de los Habitantes urgió al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a asumir un rol protagónico en la gestión de los fondos destinados a programas sociales, luego de identificar graves falencias en la planificación presupuestaria, registros administrativos y mecanismos de evaluación en al menos 11 iniciativas estatales contra la pobreza.
La investigación, enfocada en el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, analizó programas emblemáticos como Avancemos, Asignación Familiar H y CECUDI (IMAS), Extramuros (CEN-CINAI) y Acogimiento Familiar (PANI), entre otros. Aunque reconoció su importancia para la población vulnerable, la Defensoría detectó problemas críticos: falta de datos precisos sobre beneficiarios, priorización regional desigual y ausencia de seguimiento para garantizar el uso adecuado de los recursos.
«La dispersión de programas en múltiples instituciones dificulta su coordinación y la medición de impactos», señaló el informe. Como solución, propone que el IMAS —que ya cuenta con el Sistema de Información de Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE)— centralice las transferencias monetarias para evitar duplicidades, optimizar recursos y mejorar la eficacia, sin eliminar los programas de otras entidades.
Programas sociales sin rumbo claro
El estudio de la Defensoría expone una realidad incómoda: mientras Costa Rica celebra una reducción histórica en los índices de pobreza (del 21,8 % en 2023 al 18 % en 2024, según la ENAHO), persisten fallas estructurales en la ejecución de políticas sociales.
Entre los hallazgos más alarmantes:
-
Falta de transparencia en la asignación de recursos: Algunos programas no cuentan con registros actualizados de beneficiarios, lo que impide evaluar si las ayudas llegan a quienes más las necesitan.
-
Descoordinación institucional: Diferentes entidades ejecutan iniciativas similares sin articular esfuerzos, generando duplicidad de funciones y desperdicio de fondos.
-
Evaluaciones insuficientes: No existen mecanismos rigurosos para medir el impacto real de los programas en la reducción de la pobreza.
«Centralizar la gestión en el IMAS permitiría una distribución más justa y eficiente, fortaleciendo la lucha contra la pobreza», concluyó el organismo.
IMAS: ¿La institución llamada a liderar el cambio?
El IMAS no es ajeno a este debate. En diciembre de 2024, su director ejecutivo, Mario Víquez, anunció que «en 2025 se empezará a resolver la pobreza», una declaración ambiciosa que generó tanto esperanza como escepticismo.
La institución ya maneja programas clave como Avancemos y Puente al Desarrollo, y su plataforma SINIRUBE podría ser la base para un sistema integrado de asistencia social.
Sin embargo, expertos advierten que centralizar los fondos no basta si no se corrigen otros problemas:
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Actualización de costos: Los montos de las ayudas no siempre reflejan las variaciones regionales o el impacto de la inflación.
-
Indicadores de desempeño: Se necesitan métricas claras para evaluar si los programas cumplen sus objetivos.
-
Enfoque territorial: Las brechas entre regiones (como la Zona Norte y el Caribe, con índices de pobreza superiores al promedio nacional) exigen soluciones diferenciadas.
«Resolver la pobreza no es solo dar transferencias monetarias, sino garantizar acceso a empleo digno, educación y salud», ha señaló Mariana Rodríguez, economista del Programa Estado de la Nación.
¿Centralización o burocratización?
No todos ven con buenos ojos la propuesta de la Defensoría. Algunas organizaciones sociales temen que centralizar los fondos en el IMAS genere cuellos de botella o retrasos en la entrega de ayudas.
Por su parte, la Contraloría General de la República ha insistido en la necesidad de mayor transparencia: «Sin evaluaciones rigurosas, no hay manera de saber qué funciona y qué no».
¿Qué sigue? El desafío de 2025
El IMAS y las demás instituciones mencionadas en el informe deberán responder a las observaciones de la Defensoría en los próximos meses. Mientras tanto, el país enfrenta un dilema clave:
-
Si se centralizan los fondos en el IMAS, ¿se garantizará una gestión más eficiente o se caerá en un modelo rígido y centralizado?
-
Si se mantiene el statu quo, ¿cómo se evitará el desperdicio de recursos y la descoordinación?
Para Alberto Mora, analista del Centro Internacional de Política Económica (CINPE), «el verdadero reto no es administrativo, sino político: se necesita voluntad para priorizar la lucha contra la pobreza más allá de discursos».
Un llamado a la acción
La recomendación de la Defensoría llega en un momento crucial. Costa Rica ha logrado avances en la reducción de la pobreza, pero persisten desafíos estructurales: informalidad laboral (que afecta al 35 % de los trabajadores), desigualdad territorial y falta de acceso a servicios básicos en comunidades marginadas.
Centralizar los fondos sociales en el IMAS podría ser un paso hacia una gestión más eficiente, pero solo si va acompañado de:
-
Mayor transparencia: Publicar datos abiertos sobre beneficiarios y ejecución presupuestaria.
-
Evaluaciones independientes: Medir el impacto real de los programas, no solo su cobertura.
-
Enfoque multidimensional: Combatir no solo la pobreza monetaria, sino también la exclusión social.
En 2025, el país tiene la oportunidad de convertir la promesa de «resolver la pobreza» en una realidad. El tiempo dirá si las instituciones y el gobierno están a la altura del desafío.
San José, 21 may (Sputnik).- En un informe revelador, la Defensoría de los Habitantes urgió al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a asumir un rol protagónico en la gestión de los fondos destinados a programas sociales, luego de identificar graves falencias en la planificación presupuestaria, registros administrativos y mecanismos de evaluación en al menos
San José, 21 may (Sputnik).- En un informe revelador, la Defensoría de los Habitantes urgió al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a asumir un rol protagónico en la gestión de los fondos destinados a programas sociales, luego de identificar graves falencias en la planificación presupuestaria, registros administrativos y mecanismos de evaluación en al menos 11 iniciativas estatales contra la pobreza.
La investigación, enfocada en el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, analizó programas emblemáticos como Avancemos, Asignación Familiar H y CECUDI (IMAS), Extramuros (CEN-CINAI) y Acogimiento Familiar (PANI), entre otros. Aunque reconoció su importancia para la población vulnerable, la Defensoría detectó problemas críticos: falta de datos precisos sobre beneficiarios, priorización regional desigual y ausencia de seguimiento para garantizar el uso adecuado de los recursos.
«La dispersión de programas en múltiples instituciones dificulta su coordinación y la medición de impactos», señaló el informe. Como solución, propone que el IMAS —que ya cuenta con el Sistema de Información de Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE)— centralice las transferencias monetarias para evitar duplicidades, optimizar recursos y mejorar la eficacia, sin eliminar los programas de otras entidades.
Programas sociales sin rumbo claro
El estudio de la Defensoría expone una realidad incómoda: mientras Costa Rica celebra una reducción histórica en los índices de pobreza (del 21,8 % en 2023 al 18 % en 2024, según la ENAHO), persisten fallas estructurales en la ejecución de políticas sociales.
Entre los hallazgos más alarmantes:
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Falta de transparencia en la asignación de recursos: Algunos programas no cuentan con registros actualizados de beneficiarios, lo que impide evaluar si las ayudas llegan a quienes más las necesitan.
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Descoordinación institucional: Diferentes entidades ejecutan iniciativas similares sin articular esfuerzos, generando duplicidad de funciones y desperdicio de fondos.
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Evaluaciones insuficientes: No existen mecanismos rigurosos para medir el impacto real de los programas en la reducción de la pobreza.
«Centralizar la gestión en el IMAS permitiría una distribución más justa y eficiente, fortaleciendo la lucha contra la pobreza», concluyó el organismo.
IMAS: ¿La institución llamada a liderar el cambio?
El IMAS no es ajeno a este debate. En diciembre de 2024, su director ejecutivo, Mario Víquez, anunció que «en 2025 se empezará a resolver la pobreza», una declaración ambiciosa que generó tanto esperanza como escepticismo.
La institución ya maneja programas clave como Avancemos y Puente al Desarrollo, y su plataforma SINIRUBE podría ser la base para un sistema integrado de asistencia social.
Sin embargo, expertos advierten que centralizar los fondos no basta si no se corrigen otros problemas:
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Actualización de costos: Los montos de las ayudas no siempre reflejan las variaciones regionales o el impacto de la inflación.
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Indicadores de desempeño: Se necesitan métricas claras para evaluar si los programas cumplen sus objetivos.
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Enfoque territorial: Las brechas entre regiones (como la Zona Norte y el Caribe, con índices de pobreza superiores al promedio nacional) exigen soluciones diferenciadas.
«Resolver la pobreza no es solo dar transferencias monetarias, sino garantizar acceso a empleo digno, educación y salud», ha señaló Mariana Rodríguez, economista del Programa Estado de la Nación.
¿Centralización o burocratización?
No todos ven con buenos ojos la propuesta de la Defensoría. Algunas organizaciones sociales temen que centralizar los fondos en el IMAS genere cuellos de botella o retrasos en la entrega de ayudas.
Por su parte, la Contraloría General de la República ha insistido en la necesidad de mayor transparencia: «Sin evaluaciones rigurosas, no hay manera de saber qué funciona y qué no».
¿Qué sigue? El desafío de 2025
El IMAS y las demás instituciones mencionadas en el informe deberán responder a las observaciones de la Defensoría en los próximos meses. Mientras tanto, el país enfrenta un dilema clave:
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Si se centralizan los fondos en el IMAS, ¿se garantizará una gestión más eficiente o se caerá en un modelo rígido y centralizado?
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Si se mantiene el statu quo, ¿cómo se evitará el desperdicio de recursos y la descoordinación?
Para Alberto Mora, analista del Centro Internacional de Política Económica (CINPE), «el verdadero reto no es administrativo, sino político: se necesita voluntad para priorizar la lucha contra la pobreza más allá de discursos».
Un llamado a la acción
La recomendación de la Defensoría llega en un momento crucial. Costa Rica ha logrado avances en la reducción de la pobreza, pero persisten desafíos estructurales: informalidad laboral (que afecta al 35 % de los trabajadores), desigualdad territorial y falta de acceso a servicios básicos en comunidades marginadas.
Centralizar los fondos sociales en el IMAS podría ser un paso hacia una gestión más eficiente, pero solo si va acompañado de:
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Mayor transparencia: Publicar datos abiertos sobre beneficiarios y ejecución presupuestaria.
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Evaluaciones independientes: Medir el impacto real de los programas, no solo su cobertura.
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Enfoque multidimensional: Combatir no solo la pobreza monetaria, sino también la exclusión social.
En 2025, el país tiene la oportunidad de convertir la promesa de «resolver la pobreza» en una realidad. El tiempo dirá si las instituciones y el gobierno están a la altura del desafío.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País