San José, 16 Jun (Elpaís.cr) – Las organizaciones criminales en Costa Rica han encontrado una nueva modalidad para armarse sin levantar sospechas: importar por partes las armas de fuego, camufladas como repuestos de electrodomésticos, teléfonos celulares o simples piezas de ferretería.
Así lo reveló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al detallar una práctica cada vez más común que dificulta los controles aduaneros y representa un enorme desafío para las autoridades.
Las piezas llegan al país bajo declaraciones falsas, presentadas como tornillos, arandelas, repuestos de refrigeradoras o componentes electrónicos. Una vez en suelo costarricense, estas partes son ensambladas en armas sin número de serie, imposibles de rastrear por los sistemas convencionales.
Según el OIJ, este método permite a las bandas criminales construir arsenales a bajo costo y con gran poder de fuego, una amenaza creciente en el contexto de la violencia generada por el narcotráfico.
“Esto representa un reto importante para los cuerpos policiales, porque estas armas ingresan sin ser detectadas y luego son ensambladas para ser utilizadas en actividades delictivas”, alertó Randall Zúñiga, director del OIJ.
La revelación surge en medio del escándalo que provocó el decomiso, el pasado 12 de junio, de 56 armas de fuego —entre ellas pistolas y fusiles de alto calibre— almacenadas en una bodega en La Guácima de Alajuela. Junto al arsenal, los agentes del OIJ encontraron también una cantidad considerable de droga, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de una operación vinculada al crimen organizado y al tráfico de estupefacientes.
Según explicó Michael Soto, subdirector del OIJ, este operativo es el resultado de una investigación iniciada en febrero, cuando se reportó el presunto secuestro de un ciudadano en una vivienda en Moravia. Durante esa intervención, las autoridades descubrieron casi una tonelada de marihuana, lo que motivó el seguimiento del caso hasta la captura del secuestrado con otros 250 paquetes de la misma droga en un vehículo, y posteriormente al hallazgo del arsenal en la bodega de Alajuela.
“El material encontrado allí es suficiente para armar un miniejército”, advirtió Soto, subrayando que este tipo de hallazgos no solo revelan la capacidad logística de estas organizaciones, sino también el nivel de violencia potencial que representan para la sociedad.
La legislación costarricense contempla sanciones por la importación ilegal de armas y sus componentes. Sin embargo, el OIJ considera que uno de los principales problemas radica en la debilidad de los controles aduaneros y la falta de capacitación del personal encargado de inspeccionar los productos que ingresan al país.
“Los funcionarios de Hacienda deben tener herramientas para diferenciar entre un simple tornillo y una parte de un arma de fuego. La preparación técnica es clave, porque estos grupos están aprovechando los vacíos en los controles”, insistió Zúñiga.
Este fenómeno coincide con el aumento de la violencia homicida en el país, cuya cifra ya ronda los 400 asesinatos en lo que va del año. Las autoridades atribuyen este repunte a la expansión del narcotráfico y la guerra entre bandas rivales, que cada vez disponen de más armamento y poder de fuego.
Costa Rica, tradicionalmente vista como una nación pacífica, enfrenta ahora una transformación acelerada de su panorama de seguridad. Las incautaciones de armas y droga como la reportada en La Guácima revelan una logística criminal cada vez más sofisticada, que desafía la capacidad de respuesta del Estado.
El director del OIJ concluyó que combatir esta modalidad requiere no solo fortalecer la inteligencia policial, sino también revisar los procesos de importación, mejorar la articulación entre aduanas y cuerpos de seguridad, y endurecer las penas contra quienes participan en esta cadena delictiva.
“La importación fraccionada de armas no es un fenómeno menor, es una amenaza directa a la seguridad nacional”, sentenció Zúñiga.
La reciente operación en Alajuela podría ser apenas la punta del iceberg. Las autoridades temen que otras bodegas, casas y propiedades en manos del crimen organizado estén siendo utilizadas como centros de ensamblaje clandestino de armamento.
En este contexto, el país se enfrenta a una disyuntiva urgente: o fortalece su aparato estatal para hacer frente al crimen transnacional, o verá erosionarse aún más su ya golpeada seguridad pública.
Mientras tanto, el hallazgo de los 56 pertrechos bélicos —camuflados y ensamblados con piezas que burlaron los controles aduaneros— es un llamado de atención sobre la vulnerabilidad del país frente a un modelo criminal globalizado, que encuentra en Costa Rica terreno fértil para operaciones de alto riesgo y bajo costo.
San José, 16 Jun (Elpaís.cr) – Las organizaciones criminales en Costa Rica han encontrado una nueva modalidad para armarse sin levantar sospechas: importar por partes las armas de fuego, camufladas como repuestos de electrodomésticos, teléfonos celulares o simples piezas de ferretería. Así lo reveló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al detallar una práctica cada
San José, 16 Jun (elpaís.cr) – Las organizaciones criminales en Costa Rica han encontrado una nueva modalidad para armarse sin levantar sospechas: importar por partes las armas de fuego, camufladas como repuestos de electrodomésticos, teléfonos celulares o simples piezas de ferretería.
Así lo reveló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al detallar una práctica cada vez más común que dificulta los controles aduaneros y representa un enorme desafío para las autoridades.
Las piezas llegan al país bajo declaraciones falsas, presentadas como tornillos, arandelas, repuestos de refrigeradoras o componentes electrónicos. Una vez en suelo costarricense, estas partes son ensambladas en armas sin número de serie, imposibles de rastrear por los sistemas convencionales.
Según el OIJ, este método permite a las bandas criminales construir arsenales a bajo costo y con gran poder de fuego, una amenaza creciente en el contexto de la violencia generada por el narcotráfico.
“Esto representa un reto importante para los cuerpos policiales, porque estas armas ingresan sin ser detectadas y luego son ensambladas para ser utilizadas en actividades delictivas”, alertó Randall Zúñiga, director del OIJ.
La revelación surge en medio del escándalo que provocó el decomiso, el pasado 12 de junio, de 56 armas de fuego —entre ellas pistolas y fusiles de alto calibre— almacenadas en una bodega en La Guácima de Alajuela. Junto al arsenal, los agentes del OIJ encontraron también una cantidad considerable de droga, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de una operación vinculada al crimen organizado y al tráfico de estupefacientes.
Según explicó Michael Soto, subdirector del OIJ, este operativo es el resultado de una investigación iniciada en febrero, cuando se reportó el presunto secuestro de un ciudadano en una vivienda en Moravia. Durante esa intervención, las autoridades descubrieron casi una tonelada de marihuana, lo que motivó el seguimiento del caso hasta la captura del secuestrado con otros 250 paquetes de la misma droga en un vehículo, y posteriormente al hallazgo del arsenal en la bodega de Alajuela.
“El material encontrado allí es suficiente para armar un miniejército”, advirtió Soto, subrayando que este tipo de hallazgos no solo revelan la capacidad logística de estas organizaciones, sino también el nivel de violencia potencial que representan para la sociedad.
La legislación costarricense contempla sanciones por la importación ilegal de armas y sus componentes. Sin embargo, el OIJ considera que uno de los principales problemas radica en la debilidad de los controles aduaneros y la falta de capacitación del personal encargado de inspeccionar los productos que ingresan al país.
“Los funcionarios de Hacienda deben tener herramientas para diferenciar entre un simple tornillo y una parte de un arma de fuego. La preparación técnica es clave, porque estos grupos están aprovechando los vacíos en los controles”, insistió Zúñiga.
Este fenómeno coincide con el aumento de la violencia homicida en el país, cuya cifra ya ronda los 400 asesinatos en lo que va del año. Las autoridades atribuyen este repunte a la expansión del narcotráfico y la guerra entre bandas rivales, que cada vez disponen de más armamento y poder de fuego.
Costa Rica, tradicionalmente vista como una nación pacífica, enfrenta ahora una transformación acelerada de su panorama de seguridad. Las incautaciones de armas y droga como la reportada en La Guácima revelan una logística criminal cada vez más sofisticada, que desafía la capacidad de respuesta del Estado.
El director del OIJ concluyó que combatir esta modalidad requiere no solo fortalecer la inteligencia policial, sino también revisar los procesos de importación, mejorar la articulación entre aduanas y cuerpos de seguridad, y endurecer las penas contra quienes participan en esta cadena delictiva.
“La importación fraccionada de armas no es un fenómeno menor, es una amenaza directa a la seguridad nacional”, sentenció Zúñiga.
La reciente operación en Alajuela podría ser apenas la punta del iceberg. Las autoridades temen que otras bodegas, casas y propiedades en manos del crimen organizado estén siendo utilizadas como centros de ensamblaje clandestino de armamento.
En este contexto, el país se enfrenta a una disyuntiva urgente: o fortalece su aparato estatal para hacer frente al crimen transnacional, o verá erosionarse aún más su ya golpeada seguridad pública.
Mientras tanto, el hallazgo de los 56 pertrechos bélicos —camuflados y ensamblados con piezas que burlaron los controles aduaneros— es un llamado de atención sobre la vulnerabilidad del país frente a un modelo criminal globalizado, que encuentra en Costa Rica terreno fértil para operaciones de alto riesgo y bajo costo.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País