San José, 6 May (Elpaís.cr).- En una contundente respuesta institucional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Costa Rica rechazó este martes las acusaciones lanzadas por el presidente Rodrigo Chaves durante su informe ante la Asamblea Legislativa, al cierre del tercer año de su mandato.
La reacción de la máxima instancia judicial fue clara: las afirmaciones del mandatario son “infundadas” y “peligrosas para el equilibrio democrático”.
El punto de conflicto se originó en el discurso presidencial del 5 de mayo, donde Chaves arremetió contra el Poder Judicial y, particularmente, contra el Ministerio Público, señalando a los últimos tres fiscales generales por supuestas decisiones arbitrarias y alegando la existencia de una “monarquía judicial” al aplicar la ley.
Estas declaraciones no tardaron en provocar una respuesta institucional. Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema, emitió un comunicado de prensa que subraya el rechazo categórico a lo expresado por Chaves.
Aguirre afirmó que lanzar acusaciones de corrupción o manipulación política del sistema penal, sin presentar pruebas, “no constituye un ejercicio legítimo de la crítica democrática”.
División de poderes, piedra angular
En el centro de la respuesta judicial está la defensa del principio de división de poderes, pilar fundamental del sistema democrático costarricense.
“Costa Rica es una democracia constitucional cimentada sobre la división de poderes. Esta no es una formalidad simbólica: es la garantía real de que ningún poder del Estado puede subordinar a otro, y de que cada uno actúa con autonomía”, afirmó Aguirre.
Además, el magistrado rechazó la narrativa de que las instituciones del Estado están capturadas por intereses oscuros. “No hay que rescatar a las instituciones; es al revés, hay que rescatar al pueblo de los abusos, arbitrariedades, de quienes capturaron a nuestras instituciones”, declaró, en aparente alusión a la retórica presidencial.
Un agravio a la democracia
El comunicado del Poder Judicial no dejó espacio para ambigüedades. Calificó las declaraciones del presidente Chaves como un “agravio público” y advirtió que este tipo de afirmaciones sin sustento “erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, debilita el Estado de derecho y allana el terreno a prácticas autoritarias”.
El pronunciamiento de Aguirre también insistió en que el Poder Judicial “exige respeto por la institucionalidad y por las personas que cada día trabajan en defensa de la legalidad, la justicia y los derechos ciudadanos”.
Reacciones políticas
La controversia generada por el informe presidencial no solo quedó en el ámbito del Poder Judicial. Desde el Congreso, el presidente del Legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, respondió con firmeza a los señalamientos del mandatario.
Arias reconoció que el país enfrenta una profunda crisis de seguridad ciudadana, agravada por el narcotráfico, pero subrayó que ningún poder del Estado puede abordar esa amenaza por sí solo. “Propicié la construcción de una política de Estado, en la cual concurrieran los tres Poderes de la República, porque sabía que el problema no se puede combatir por solo una parte”, recordó el legislador.
Arias destacó que se creó una comisión tripartita para abordar la inseguridad, y que el gobierno participó activamente en sus inicios. Sin embargo, lamentó el abandono del foro por parte del Ejecutivo, “por razones que no conocemos, de forma estridente”, y señaló que esa actitud debilitó los esfuerzos conjuntos.
Reconocimiento y crítica
A pesar de sus críticas, Arias no dejó de reconocer los logros del gobierno de Chaves en otras áreas. Mencionó que la administración ha tenido éxitos macroeconómicos y ha mantenido una política fiscal saludable, aunque aclaró que estos resultados también son fruto de políticas heredadas.
El líder legislativo también se refirió al tono del informe presidencial, señalando una desconexión entre las preocupaciones ciudadanas y las ambiciones del Ejecutivo. “No parecieran ambos mensajes hermanados en la misma realidad. Parecieran, más bien, surgir de mundos ajenos, donde la ambición contrasta con el descontento”, expresó.
Un discurso confrontativo
Durante su alocución, Chaves centró gran parte de sus críticas en el Ministerio Público, denunciando que la ley se aplica de forma selectiva y arbitraria. “Sólo Dios sabe bajo qué incentivos deciden a quién aplican la ley y a quién lo eximen de la ley”, dijo, en una acusación directa y sin matices.
Para el Poder Judicial, estos señalamientos son especialmente graves, no solo por su falta de respaldo, sino por el impacto que tienen en la percepción ciudadana. “Este tipo de afirmaciones no tienen cabida en una democracia como la costarricense”, se indicó en el comunicado oficial.
Contexto de tensión institucional
Las declaraciones del presidente Chaves no son un hecho aislado. Su estilo directo y confrontativo ha generado choques con diversos sectores desde el inicio de su mandato en mayo de 2022. Sin embargo, el tono utilizado en este último informe marcó un nuevo hito en la tensión entre poderes del Estado.
La relación entre el Ejecutivo y el Judicial se ha ido deteriorando gradualmente, especialmente a raíz de investigaciones sensibles y decisiones judiciales que han incomodado al gobierno. Las palabras de Chaves, al cuestionar abiertamente la integridad de los fiscales, han sido interpretadas como un intento de socavar la credibilidad del sistema judicial.
Llamado a la institucionalidad
Frente a este panorama, la CSJ reiteró su llamado al respeto institucional. “Las personas que integramos el Poder Judicial trabajamos todos los días con profesionalismo y compromiso con la ley. Rechazamos categóricamente cualquier intento de deslegitimar ese trabajo con fines políticos”, señaló Aguirre.
El mensaje de la Corte no se limitó a una defensa corporativa. Apuntó también al riesgo democrático que implica la normalización de discursos sin evidencia que buscan desprestigiar a las instituciones. En una democracia constitucional, señalar sin pruebas puede ser tan nocivo como los actos que se denuncian, advirtió la CSJ.
El equilibrio en juego
El incidente pone en evidencia una de las tensiones más delicadas dentro de una república democrática: el equilibrio entre la crítica legítima y la deslegitimación institucional. Mientras que los gobernantes tienen el derecho —y el deber— de señalar fallas en el sistema, hacerlo sin fundamentos y con fines políticos puede generar efectos perversos en la democracia.
La Corte Suprema ha dejado claro que defenderá la autonomía del Poder Judicial frente a cualquier intento de intromisión o desprestigio. Por su parte, el Congreso, en voz de su presidente, ha intentado mantener un tono institucional, reconociendo tanto los logros como los errores del Ejecutivo, y llamando al diálogo entre poderes.
Un país en tensión
Costa Rica, históricamente considerada un bastión de la institucionalidad en América Latina, vive hoy una etapa de creciente confrontación política.
La inseguridad, el descontento ciudadano y el desencanto con las élites han generado un terreno fértil para discursos disruptivos, pero también para una mayor exigencia de transparencia y resultados.
En ese contexto, el choque entre el presidente y el Poder Judicial plantea preguntas fundamentales: ¿Cómo se equilibra la rendición de cuentas con el respeto a la institucionalidad? ¿Hasta qué punto puede un líder político tensionar el sistema sin fracturarlo?
Analistas sostienen que lo que está en juego no es solo el prestigio de las instituciones, sino la salud misma del Estado de derecho. Y como lo advirtió la Corte, ese es un terreno donde las prácticas autoritarias —aunque se disfracen de transparencia— no tienen cabida.
San José, 6 May (Elpaís.cr).- En una contundente respuesta institucional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Costa Rica rechazó este martes las acusaciones lanzadas por el presidente Rodrigo Chaves durante su informe ante la Asamblea Legislativa, al cierre del tercer año de su mandato. La reacción de la máxima instancia judicial fue clara: las
San José, 6 May (Elpaís.cr).- En una contundente respuesta institucional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Costa Rica rechazó este martes las acusaciones lanzadas por el presidente Rodrigo Chaves durante su informe ante la Asamblea Legislativa, al cierre del tercer año de su mandato.
La reacción de la máxima instancia judicial fue clara: las afirmaciones del mandatario son “infundadas” y “peligrosas para el equilibrio democrático”.
El punto de conflicto se originó en el discurso presidencial del 5 de mayo, donde Chaves arremetió contra el Poder Judicial y, particularmente, contra el Ministerio Público, señalando a los últimos tres fiscales generales por supuestas decisiones arbitrarias y alegando la existencia de una “monarquía judicial” al aplicar la ley.
Estas declaraciones no tardaron en provocar una respuesta institucional. Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema, emitió un comunicado de prensa que subraya el rechazo categórico a lo expresado por Chaves.
Aguirre afirmó que lanzar acusaciones de corrupción o manipulación política del sistema penal, sin presentar pruebas, “no constituye un ejercicio legítimo de la crítica democrática”.
División de poderes, piedra angular
En el centro de la respuesta judicial está la defensa del principio de división de poderes, pilar fundamental del sistema democrático costarricense.
“Costa Rica es una democracia constitucional cimentada sobre la división de poderes. Esta no es una formalidad simbólica: es la garantía real de que ningún poder del Estado puede subordinar a otro, y de que cada uno actúa con autonomía”, afirmó Aguirre.
Además, el magistrado rechazó la narrativa de que las instituciones del Estado están capturadas por intereses oscuros. “No hay que rescatar a las instituciones; es al revés, hay que rescatar al pueblo de los abusos, arbitrariedades, de quienes capturaron a nuestras instituciones”, declaró, en aparente alusión a la retórica presidencial.
Un agravio a la democracia
El comunicado del Poder Judicial no dejó espacio para ambigüedades. Calificó las declaraciones del presidente Chaves como un “agravio público” y advirtió que este tipo de afirmaciones sin sustento “erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, debilita el Estado de derecho y allana el terreno a prácticas autoritarias”.
El pronunciamiento de Aguirre también insistió en que el Poder Judicial “exige respeto por la institucionalidad y por las personas que cada día trabajan en defensa de la legalidad, la justicia y los derechos ciudadanos”.
Reacciones políticas
La controversia generada por el informe presidencial no solo quedó en el ámbito del Poder Judicial. Desde el Congreso, el presidente del Legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, respondió con firmeza a los señalamientos del mandatario.
Arias reconoció que el país enfrenta una profunda crisis de seguridad ciudadana, agravada por el narcotráfico, pero subrayó que ningún poder del Estado puede abordar esa amenaza por sí solo. “Propicié la construcción de una política de Estado, en la cual concurrieran los tres Poderes de la República, porque sabía que el problema no se puede combatir por solo una parte”, recordó el legislador.
Arias destacó que se creó una comisión tripartita para abordar la inseguridad, y que el gobierno participó activamente en sus inicios. Sin embargo, lamentó el abandono del foro por parte del Ejecutivo, “por razones que no conocemos, de forma estridente”, y señaló que esa actitud debilitó los esfuerzos conjuntos.
Reconocimiento y crítica
A pesar de sus críticas, Arias no dejó de reconocer los logros del gobierno de Chaves en otras áreas. Mencionó que la administración ha tenido éxitos macroeconómicos y ha mantenido una política fiscal saludable, aunque aclaró que estos resultados también son fruto de políticas heredadas.
El líder legislativo también se refirió al tono del informe presidencial, señalando una desconexión entre las preocupaciones ciudadanas y las ambiciones del Ejecutivo. “No parecieran ambos mensajes hermanados en la misma realidad. Parecieran, más bien, surgir de mundos ajenos, donde la ambición contrasta con el descontento”, expresó.
Un discurso confrontativo
Durante su alocución, Chaves centró gran parte de sus críticas en el Ministerio Público, denunciando que la ley se aplica de forma selectiva y arbitraria. “Sólo Dios sabe bajo qué incentivos deciden a quién aplican la ley y a quién lo eximen de la ley”, dijo, en una acusación directa y sin matices.
Para el Poder Judicial, estos señalamientos son especialmente graves, no solo por su falta de respaldo, sino por el impacto que tienen en la percepción ciudadana. “Este tipo de afirmaciones no tienen cabida en una democracia como la costarricense”, se indicó en el comunicado oficial.
Contexto de tensión institucional
Las declaraciones del presidente Chaves no son un hecho aislado. Su estilo directo y confrontativo ha generado choques con diversos sectores desde el inicio de su mandato en mayo de 2022. Sin embargo, el tono utilizado en este último informe marcó un nuevo hito en la tensión entre poderes del Estado.
La relación entre el Ejecutivo y el Judicial se ha ido deteriorando gradualmente, especialmente a raíz de investigaciones sensibles y decisiones judiciales que han incomodado al gobierno. Las palabras de Chaves, al cuestionar abiertamente la integridad de los fiscales, han sido interpretadas como un intento de socavar la credibilidad del sistema judicial.
Llamado a la institucionalidad
Frente a este panorama, la CSJ reiteró su llamado al respeto institucional. “Las personas que integramos el Poder Judicial trabajamos todos los días con profesionalismo y compromiso con la ley. Rechazamos categóricamente cualquier intento de deslegitimar ese trabajo con fines políticos”, señaló Aguirre.
El mensaje de la Corte no se limitó a una defensa corporativa. Apuntó también al riesgo democrático que implica la normalización de discursos sin evidencia que buscan desprestigiar a las instituciones. En una democracia constitucional, señalar sin pruebas puede ser tan nocivo como los actos que se denuncian, advirtió la CSJ.
El equilibrio en juego
El incidente pone en evidencia una de las tensiones más delicadas dentro de una república democrática: el equilibrio entre la crítica legítima y la deslegitimación institucional. Mientras que los gobernantes tienen el derecho —y el deber— de señalar fallas en el sistema, hacerlo sin fundamentos y con fines políticos puede generar efectos perversos en la democracia.
La Corte Suprema ha dejado claro que defenderá la autonomía del Poder Judicial frente a cualquier intento de intromisión o desprestigio. Por su parte, el Congreso, en voz de su presidente, ha intentado mantener un tono institucional, reconociendo tanto los logros como los errores del Ejecutivo, y llamando al diálogo entre poderes.
Un país en tensión
Costa Rica, históricamente considerada un bastión de la institucionalidad en América Latina, vive hoy una etapa de creciente confrontación política.
La inseguridad, el descontento ciudadano y el desencanto con las élites han generado un terreno fértil para discursos disruptivos, pero también para una mayor exigencia de transparencia y resultados.
En ese contexto, el choque entre el presidente y el Poder Judicial plantea preguntas fundamentales: ¿Cómo se equilibra la rendición de cuentas con el respeto a la institucionalidad? ¿Hasta qué punto puede un líder político tensionar el sistema sin fracturarlo?
Analistas sostienen que lo que está en juego no es solo el prestigio de las instituciones, sino la salud misma del Estado de derecho. Y como lo advirtió la Corte, ese es un terreno donde las prácticas autoritarias —aunque se disfracen de transparencia— no tienen cabida.
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