San José, 5 Sep (Elpaís.cr).– Con un mensaje claro y contundente –“¡Ni el Estado ni las empresas, a los ríos no les ponen más represas!”– comunidades indígenas, campesinas y organizaciones ecologistas de distintas regiones del país se reunieron del 28 al 31 de agosto en Bajo Pacuare y Nimarí Ñak, territorio cabécar, para celebrar el Encuentro Jäküii-Pacuare+10+20+siempre.
Durante cuatro días, representantes de más de 30 comunidades de Turrialba, el Caribe, el sur y el Pacífico, junto con colectivos ambientales nacionales e internacionales, debatieron sobre la defensa de los ríos, la justicia ambiental y el futuro del modelo energético en Costa Rica. La declaración final del encuentro reclama un cambio profundo: que los ríos dejen de ser vistos como mercancías y pasen a ser reconocidos como sujetos de derechos.
Ríos vivos, pueblos vivos
Para las y los participantes, la defensa de los ríos es inseparable de la defensa de la vida. “Cada río vivo y libre garantiza la vida del planeta, mantiene los ecosistemas, provee alimentos, cultura, recreación y espiritualidad. Los ríos son bienes colectivos de la naturaleza al servicio de la gente”, señala el documento suscrito.
El manifiesto advierte que más de la mitad de los ríos del planeta han sido represados o explotados para generación hidroeléctrica y otros fines, provocando desplazamientos forzados de miles de comunidades y la pérdida irreversible de biodiversidad. De los 177 ríos más largos del mundo, apenas un tercio corre libre y solo 21 superan los 1.000 kilómetros hasta llegar al mar, según datos de International Rivers.
Crítica al modelo energético
El encuentro denunció que, bajo el discurso de las energías “limpias” y “sostenibles”, se esconde un modelo extractivista que sigue beneficiando a élites nacionales e internacionales a costa de comunidades del sur global.
“Las materias primas del sur están mojadas con sangre, mientras en el norte los gobiernos y corporaciones venden la ilusión de una transición energética verde. En realidad, se perpetúa un sistema colonial de explotación ilimitada de la tierra y las personas”, afirmaron las organizaciones.
En Costa Rica, señalaron, las decisiones sobre energía han estado históricamente concentradas en el gobierno, empresas privadas y técnicos, sin participación real de las comunidades. Exigen que el modelo eléctrico sea democrático, inclusivo y orientado al bienestar de los pueblos, con la electricidad reconocida como derecho humano.
“Demoler represas, no construir más”
El documento plantea que las represas deben ser eliminadas gradualmente, siguiendo ejemplos de Europa y Estados Unidos, donde cientos de embalses han sido demolidos en los últimos años. “No existe manera científica de justificar las hidroeléctricas como energía limpia o renovable. Hablar de ‘caudales de compensación’ es un disparate de la industria de estudios de impacto ambiental”, sostienen.
El Pacuare, uno de los ríos más emblemáticos de Costa Rica y símbolo de resistencia comunitaria contra megaproyectos hidroeléctricos, fue puesto como ejemplo de lucha y resiliencia. La meta prioritaria, acordaron, es mantenerlo libre para siempre y declararlo sitio Ramsar, bajo la Convención de 1971 para la protección de humedales de importancia internacional.
Defensa del ICE y rechazo a la privatización
Las comunidades también rechazaron el proyecto legislativo 23.414, que según los firmantes busca privatizar el sistema eléctrico bajo el disfraz de “armonización”. Aseguraron que esta iniciativa debilita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y aniquila los principios de solidaridad, equidad y cobertura universal del servicio público.
“Defenderemos al ICE como entidad social pública, pero le exigimos respeto hacia las comunidades y los ríos. Información completa, diálogo y consenso con la sociedad son condiciones irrenunciables”, expresaron.
Pueblos originarios en el centro de la defensa
El manifiesto recuerda que cualquier proyecto en territorios indígenas debe contar con consulta previa, libre e informada, en cumplimiento de la Ley Indígena de 1977 y el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica en 1992. “Los territorios no son áreas de intervención ni construcción, son espacios de vida que deben ser respetados”, enfatizan.
La voz de los pueblos originarios fue central en el encuentro: “Nuestros ríos, bosques y territorios son bienes colectivos, no mercancías. Vender la naturaleza es vendernos a nosotros mismos. Los ríos no se venden, los territorios no se negocian, la Madre Tierra no se explota”, proclamaron.
Solidaridad internacional y riesgos para defensores ambientales
El encuentro también expresó solidaridad con los pueblos que defienden el agua y los territorios en todo el mundo, recordando que esta labor implica enormes riesgos. Según Global Witness, entre 2012 y 2023 fueron asesinadas más de 2.100 personas defensoras de la tierra y el ambiente, y solo en 2023 murieron 196.
Asimismo, condenaron el genocidio contra el pueblo palestino y la criminalización de los movimientos sociales en distintas regiones del planeta, reafirmando que “cuidar la vida del planeta no es terrorismo”.
Una alianza diversa
La declaración fue firmada por representantes de comunidades cabécares, bribris, ngäbes y térrabas, así como de sectores campesinos de Turrialba, Pérez Zeledón, Puntarenas y Buenos Aires de Puntarenas, junto a organizaciones ecologistas nacionales e internacionales.
Entre las localidades participantes se encuentran Santubal, Nimarí Ñak, Alto Pacuare, Sixaola, Térraba, Curre, Monteverde, Longo Mai, Guacimal y Punta Morales, entre otras.
“No tenemos miedo”
La clausura del encuentro reafirmó la determinación de continuar la defensa de los ríos, pese a los riesgos. “Sabemos que defendemos los derechos de la Tierra en un tiempo de brutal autoritarismo político y criminalización. Pero no tenemos miedo: seguiremos organizándonos para cuidar la vida del planeta”, concluye la declaración.
La resistencia contra represas en Costa Rica
Década de 1980 – Pacuare bajo amenaza
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) impulsó un megaproyecto hidroeléctrico sobre el río Pacuare. La oposición de comunidades locales, pueblos cabécares y ambientalistas nacionales e internacionales frenó el plan. El Pacuare se consolidó como un símbolo de lucha ecológica.
Años 1990 – Ley 7200 y privatización parcial
La aprobación de la Ley 7200 abrió la puerta a la generación privada de electricidad. Organizaciones sociales denunciaron que, bajo el discurso de modernización, se favoreció la explotación privada de los ríos.
2000 – Expansión de proyectos privados
En regiones como Pérez Zeledón, Turrialba y Sarapiquí surgieron proyectos de menor escala que enfrentaron resistencia local. Comunidades indígenas y campesinas denunciaron falta de consulta y daños ambientales acumulativos.
2015 – Movilización en defensa del río Savegre
Comunidades y organizaciones lograron detener la construcción de represas en el Savegre, hoy reconocido como Reserva de Biosfera por la UNESCO.
2017 – Lucha en Térraba y Coto Brus
Pueblos originarios denunciaron la falta de consulta en proyectos hidroeléctricos sobre el río Térraba, afectando directamente territorios indígenas.
2023 – Tendencia internacional a demoler represas
En Europa se eliminaron 487 represas y en Estados Unidos se liberaron ríos represados por más de un siglo, como el Klamath. Estos ejemplos alimentan la convicción de que Costa Rica debe optar por liberar, y no represar, sus ríos.
San José, 5 Sep (Elpaís.cr).– Con un mensaje claro y contundente –“¡Ni el Estado ni las empresas, a los ríos no les ponen más represas!”– comunidades indígenas, campesinas y organizaciones ecologistas de distintas regiones del país se reunieron del 28 al 31 de agosto en Bajo Pacuare y Nimarí Ñak, territorio cabécar, para celebrar el
San José, 5 Oct (Elpaís.cr).– Con un mensaje claro y contundente –“¡Ni el Estado ni las empresas, a los ríos no les ponen más represas!”– comunidades indígenas, campesinas y organizaciones ecologistas de distintas regiones del país se reunieron del 28 al 31 de agosto en Bajo Pacuare y Nimarí Ñak, territorio cabécar, para celebrar el Encuentro Jäküii-Pacuare+10+20+siempre.
Durante cuatro días, representantes de más de 30 comunidades de Turrialba, el Caribe, el sur y el Pacífico, junto con colectivos ambientales nacionales e internacionales, debatieron sobre la defensa de los ríos, la justicia ambiental y el futuro del modelo energético en Costa Rica. La declaración final del encuentro reclama un cambio profundo: que los ríos dejen de ser vistos como mercancías y pasen a ser reconocidos como sujetos de derechos.
Ríos vivos, pueblos vivos
Para las y los participantes, la defensa de los ríos es inseparable de la defensa de la vida. “Cada río vivo y libre garantiza la vida del planeta, mantiene los ecosistemas, provee alimentos, cultura, recreación y espiritualidad. Los ríos son bienes colectivos de la naturaleza al servicio de la gente”, señala el documento suscrito.
El manifiesto advierte que más de la mitad de los ríos del planeta han sido represados o explotados para generación hidroeléctrica y otros fines, provocando desplazamientos forzados de miles de comunidades y la pérdida irreversible de biodiversidad. De los 177 ríos más largos del mundo, apenas un tercio corre libre y solo 21 superan los 1.000 kilómetros hasta llegar al mar, según datos de International Rivers.
Crítica al modelo energético
El encuentro denunció que, bajo el discurso de las energías “limpias” y “sostenibles”, se esconde un modelo extractivista que sigue beneficiando a élites nacionales e internacionales a costa de comunidades del sur global.
“Las materias primas del sur están mojadas con sangre, mientras en el norte los gobiernos y corporaciones venden la ilusión de una transición energética verde. En realidad, se perpetúa un sistema colonial de explotación ilimitada de la tierra y las personas”, afirmaron las organizaciones.
En Costa Rica, señalaron, las decisiones sobre energía han estado históricamente concentradas en el gobierno, empresas privadas y técnicos, sin participación real de las comunidades. Exigen que el modelo eléctrico sea democrático, inclusivo y orientado al bienestar de los pueblos, con la electricidad reconocida como derecho humano.
“Demoler represas, no construir más”
El documento plantea que las represas deben ser eliminadas gradualmente, siguiendo ejemplos de Europa y Estados Unidos, donde cientos de embalses han sido demolidos en los últimos años. “No existe manera científica de justificar las hidroeléctricas como energía limpia o renovable. Hablar de ‘caudales de compensación’ es un disparate de la industria de estudios de impacto ambiental”, sostienen.
El Pacuare, uno de los ríos más emblemáticos de Costa Rica y símbolo de resistencia comunitaria contra megaproyectos hidroeléctricos, fue puesto como ejemplo de lucha y resiliencia. La meta prioritaria, acordaron, es mantenerlo libre para siempre y declararlo sitio Ramsar, bajo la Convención de 1971 para la protección de humedales de importancia internacional.
Defensa del ICE y rechazo a la privatización
Las comunidades también rechazaron el proyecto legislativo 23.414, que según los firmantes busca privatizar el sistema eléctrico bajo el disfraz de “armonización”. Aseguraron que esta iniciativa debilita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y aniquila los principios de solidaridad, equidad y cobertura universal del servicio público.
“Defenderemos al ICE como entidad social pública, pero le exigimos respeto hacia las comunidades y los ríos. Información completa, diálogo y consenso con la sociedad son condiciones irrenunciables”, expresaron.
Pueblos originarios en el centro de la defensa
El manifiesto recuerda que cualquier proyecto en territorios indígenas debe contar con consulta previa, libre e informada, en cumplimiento de la Ley Indígena de 1977 y el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica en 1992. “Los territorios no son áreas de intervención ni construcción, son espacios de vida que deben ser respetados”, enfatizan.
La voz de los pueblos originarios fue central en el encuentro: “Nuestros ríos, bosques y territorios son bienes colectivos, no mercancías. Vender la naturaleza es vendernos a nosotros mismos. Los ríos no se venden, los territorios no se negocian, la Madre Tierra no se explota”, proclamaron.
Solidaridad internacional y riesgos para defensores ambientales
El encuentro también expresó solidaridad con los pueblos que defienden el agua y los territorios en todo el mundo, recordando que esta labor implica enormes riesgos. Según Global Witness, entre 2012 y 2023 fueron asesinadas más de 2.100 personas defensoras de la tierra y el ambiente, y solo en 2023 murieron 196.
Asimismo, condenaron el genocidio contra el pueblo palestino y la criminalización de los movimientos sociales en distintas regiones del planeta, reafirmando que “cuidar la vida del planeta no es terrorismo”.
Una alianza diversa
La declaración fue firmada por representantes de comunidades cabécares, bribris, ngäbes y térrabas, así como de sectores campesinos de Turrialba, Pérez Zeledón, Puntarenas y Buenos Aires de Puntarenas, junto a organizaciones ecologistas nacionales e internacionales.
Entre las localidades participantes se encuentran Santubal, Nimarí Ñak, Alto Pacuare, Sixaola, Térraba, Curre, Monteverde, Longo Mai, Guacimal y Punta Morales, entre otras.
“No tenemos miedo”
La clausura del encuentro reafirmó la determinación de continuar la defensa de los ríos, pese a los riesgos. “Sabemos que defendemos los derechos de la Tierra en un tiempo de brutal autoritarismo político y criminalización. Pero no tenemos miedo: seguiremos organizándonos para cuidar la vida del planeta”, concluye la declaración.
La resistencia contra represas en Costa Rica
Década de 1980 – Pacuare bajo amenaza
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) impulsó un megaproyecto hidroeléctrico sobre el río Pacuare. La oposición de comunidades locales, pueblos cabécares y ambientalistas nacionales e internacionales frenó el plan. El Pacuare se consolidó como un símbolo de lucha ecológica.
Años 1990 – Ley 7200 y privatización parcial
La aprobación de la Ley 7200 abrió la puerta a la generación privada de electricidad. Organizaciones sociales denunciaron que, bajo el discurso de modernización, se favoreció la explotación privada de los ríos.
2000 – Expansión de proyectos privados
En regiones como Pérez Zeledón, Turrialba y Sarapiquí surgieron proyectos de menor escala que enfrentaron resistencia local. Comunidades indígenas y campesinas denunciaron falta de consulta y daños ambientales acumulativos.
2015 – Movilización en defensa del río Savegre
Comunidades y organizaciones lograron detener la construcción de represas en el Savegre, hoy reconocido como Reserva de Biosfera por la UNESCO.
2017 – Lucha en Térraba y Coto Brus
Pueblos originarios denunciaron la falta de consulta en proyectos hidroeléctricos sobre el río Térraba, afectando directamente territorios indígenas.
2023 – Tendencia internacional a demoler represas
En Europa se eliminaron 487 represas y en Estados Unidos se liberaron ríos represados por más de un siglo, como el Klamath. Estos ejemplos alimentan la convicción de que Costa Rica debe optar por liberar, y no represar, sus ríos.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País
