San José, 7 May (Elpaís.cr).- La Contraloría General de la República (CGR) emitió un criterio contundente en el que desestima la posibilidad de utilizar recursos públicos para contratar pólizas de seguro de responsabilidad civil a favor de altos jerarcas del Poder Ejecutivo, tales como el Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Viceministros.
La consulta fue planteada por el Ministerio de Hacienda mediante el oficio MH-DM-OF-0241-2024, con base en un dictamen previo de la Procuraduría General de la República (PGR), que delegó en la CGR la determinación sobre la legalidad del financiamiento estatal de dichas pólizas. No obstante, la respuesta del órgano contralor fue clara: no hay fundamento legal que autorice este tipo de coberturas a título personal para funcionarios de alto rango.
Marco legal restrictivo
En su pronunciamiento, la CGR recordó que la contratación de seguros con fondos públicos solo es viable si responde a necesidades institucionales legítimas, determinadas dentro del marco de competencias de cada entidad, conforme al artículo 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros.
Dicha norma autoriza al Estado a adquirir seguros únicamente cuando sean necesarios para su operación, y bajo criterios de razonabilidad y eficiencia.
En consecuencia, cualquier póliza contratada con dinero público debe beneficiar directamente a la Hacienda Pública, no a funcionarios de forma individual. Esto implica que la suscripción de seguros que pretendan proteger el patrimonio personal de jerarcas ante demandas civiles es improcedente, a menos que exista una habilitación legal expresa, la cual actualmente no existe.
Principio de responsabilidad individual
La Contraloría destacó que tanto la Constitución Política (artículo 11) como la Ley de Administración Financiera (artículo 13) establecen el principio de responsabilidad subjetiva del funcionario público. Esto significa que cada servidor debe responder con su patrimonio por actos ejecutados con dolo o culpa grave. En ese marco, las garantías o cauciones exigidas deben ser pagadas por los propios funcionarios, y no pueden ser reemplazadas por seguros contratados con fondos públicos.
“La caución no es una medida que beneficie al servidor público, sino una herramienta esencial para resguardar el patrimonio institucional y asegurar el interés público”, indicó el órgano contralor en su informe.
Desnaturalización del gasto público
El dictamen también hizo énfasis en que el principio de legalidad financiera impide a las instituciones utilizar fondos públicos sin una autorización legal expresa. Por tanto, contratar seguros que cubran riesgos personales de jerarcas representa una distorsión del gasto público y una desviación de los fines colectivos que justifican la existencia del presupuesto estatal.
Además, la CGR advirtió que aceptar este tipo de seguros abriría la puerta a prácticas incompatibles con los principios de moralidad, eficiencia y austeridad, esenciales para el funcionamiento del Estado. De esta manera, se rechaza el argumento de que proteger el patrimonio de los jerarcas implica defender indirectamente el interés público.
Advertencia
El órgano contralor fue enfático al señalar que no es jurídicamente viable utilizar fondos públicos para contratar seguros que tengan como beneficiarios directos a funcionarios públicos, por cuanto esto atentaría contra el interés general, favorecería intereses particulares y desconocería el régimen de responsabilidad vigente en la función pública.
Finalmente, la CGR reiteró que la Hacienda Pública es la única entidad legitimada para ser beneficiaria de pólizas financiadas por el Estado. Cualquier otra interpretación sería contraria a la Constitución y al ordenamiento jurídico costarricense.
San José, 7 May (Elpaís.cr).- La Contraloría General de la República (CGR) emitió un criterio contundente en el que desestima la posibilidad de utilizar recursos públicos para contratar pólizas de seguro de responsabilidad civil a favor de altos jerarcas del Poder Ejecutivo, tales como el Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Viceministros. La consulta fue planteada por
San José, 7 May (Elpaís.cr).- La Contraloría General de la República (CGR) emitió un criterio contundente en el que desestima la posibilidad de utilizar recursos públicos para contratar pólizas de seguro de responsabilidad civil a favor de altos jerarcas del Poder Ejecutivo, tales como el Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Viceministros.
La consulta fue planteada por el Ministerio de Hacienda mediante el oficio MH-DM-OF-0241-2024, con base en un dictamen previo de la Procuraduría General de la República (PGR), que delegó en la CGR la determinación sobre la legalidad del financiamiento estatal de dichas pólizas. No obstante, la respuesta del órgano contralor fue clara: no hay fundamento legal que autorice este tipo de coberturas a título personal para funcionarios de alto rango.
Marco legal restrictivo
En su pronunciamiento, la CGR recordó que la contratación de seguros con fondos públicos solo es viable si responde a necesidades institucionales legítimas, determinadas dentro del marco de competencias de cada entidad, conforme al artículo 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros.
Dicha norma autoriza al Estado a adquirir seguros únicamente cuando sean necesarios para su operación, y bajo criterios de razonabilidad y eficiencia.
En consecuencia, cualquier póliza contratada con dinero público debe beneficiar directamente a la Hacienda Pública, no a funcionarios de forma individual. Esto implica que la suscripción de seguros que pretendan proteger el patrimonio personal de jerarcas ante demandas civiles es improcedente, a menos que exista una habilitación legal expresa, la cual actualmente no existe.
Principio de responsabilidad individual
La Contraloría destacó que tanto la Constitución Política (artículo 11) como la Ley de Administración Financiera (artículo 13) establecen el principio de responsabilidad subjetiva del funcionario público. Esto significa que cada servidor debe responder con su patrimonio por actos ejecutados con dolo o culpa grave. En ese marco, las garantías o cauciones exigidas deben ser pagadas por los propios funcionarios, y no pueden ser reemplazadas por seguros contratados con fondos públicos.
“La caución no es una medida que beneficie al servidor público, sino una herramienta esencial para resguardar el patrimonio institucional y asegurar el interés público”, indicó el órgano contralor en su informe.
Desnaturalización del gasto público
El dictamen también hizo énfasis en que el principio de legalidad financiera impide a las instituciones utilizar fondos públicos sin una autorización legal expresa. Por tanto, contratar seguros que cubran riesgos personales de jerarcas representa una distorsión del gasto público y una desviación de los fines colectivos que justifican la existencia del presupuesto estatal.
Además, la CGR advirtió que aceptar este tipo de seguros abriría la puerta a prácticas incompatibles con los principios de moralidad, eficiencia y austeridad, esenciales para el funcionamiento del Estado. De esta manera, se rechaza el argumento de que proteger el patrimonio de los jerarcas implica defender indirectamente el interés público.
Advertencia
El órgano contralor fue enfático al señalar que no es jurídicamente viable utilizar fondos públicos para contratar seguros que tengan como beneficiarios directos a funcionarios públicos, por cuanto esto atentaría contra el interés general, favorecería intereses particulares y desconocería el régimen de responsabilidad vigente en la función pública.
Finalmente, la CGR reiteró que la Hacienda Pública es la única entidad legitimada para ser beneficiaria de pólizas financiadas por el Estado. Cualquier otra interpretación sería contraria a la Constitución y al ordenamiento jurídico costarricense.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País