El Banco de Costa Rica (BCR) obtuvo una medida cautelar que suspende la orden de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) de reintegrar más de $70 millones al Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND), por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP). La orden, ratificada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), también exigía convocar a una asamblea de inversionistas.
La resolución judicial fue emitida el 11 de septiembre por el Tribunal Contencioso Administrativo, que acogió la acción del banco en condición provisionalísima. La suspensión se mantendrá hasta que se resuelva el fondo del recurso interpuesto.
OBSERVE MÁS: Gerente y abogado de BCR SAFI confirman que Parque Empresarial no estaba construido cuando lo compraron
BCR alega defensa institucional
El BCR afirmó que la orden administrativa implica trasladar fondos públicos a un fondo privado, lo cual considera una posible ilegalidad.
“La directriz en cuestión impone una responsabilidad cuya legalidad debe ser analizada por los tribunales”, sostuvo el banco en un comunicado del 2 de septiembre.
También alegó que la acción judicial no representa una confrontación con los órganos reguladores, sino un ejercicio legítimo dentro del marco del Estado de derecho.
OBSERVE MÁS: Subsidiaria del BCR podría caer en quiebre técnico por negocio aparentemente irregular del 2020
Inversionistas exigen cumplimiento inmediato
Los principales inversionistas del FIIND —entre ellos operadoras de pensiones, asociaciones solidaristas, cooperativas y clientes individuales— criticaron la actuación del banco y su sociedad administradora (SAFI), por recurrir a maniobras judiciales para eludir su responsabilidad en la gestión del fondo.
Criticaron la medida, entre otros, los voceros de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) y de las operadoras Popular Pensiones y BN Vital.
Señalan que la orden de Sugeval se basa en hallazgos de auditoría interna, dictámenes legales de la Procuraduría General y evidencia documentada, y que fue ratificada por el Conassif.
“No se trata de que, por ser un banco estatal, deba utilizar recursos públicos para traspasarlos a un fondo privado. La instrucción técnica sería la misma si el dueño de la SAFI fuera un banco privado”, señalaron. Afirmaron que si una entidad estatal obtiene ganancias por administrar fondos de terceros, debe también responder cuando hay errores en esa administración.
Otro grupo, de unos 1.500 ahorrantes del FIIND, manifestó su “consternación y decepción” tras la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo.
OBSERVE MÁS: Ahorrantes de fondo inmobiliario de BCR SAFI reclaman por suspensión judicial de aporte ordenado por Sugeval
Impacto sobre confianza y estabilidad
Los firmantes alertaron que el caso afecta directamente los ahorros de trabajadores, pensionados y otras personas que han invertido en el fondo.
También advirtieron sobre el deterioro de la confianza en el mercado financiero costarricense si no se respeta la institucionalidad regulatoria.
Solicitaron al BCR y a su SAFI respetar los órganos de supervisión y cumplir con su deber fiduciario hacia los inversionistas.
OBSERVE MÁS: Caso BCR SAFI: inversionistas afectados por aparente mal negocio piden transparencia a la entidad
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Representantes de administradoras de fondos de pensiones criticaron la maniobra judicial
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El Banco de Costa Rica (BCR) obtuvo una medida cautelar que suspende la orden de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) de reintegrar más de $70 millones al Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND), por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP). La orden, ratificada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), también exigía convocar a una asamblea de inversionistas.
La resolución judicial fue emitida el 11 de septiembre por el Tribunal Contencioso Administrativo, que acogió la acción del banco en condición provisionalísima. La suspensión se mantendrá hasta que se resuelva el fondo del recurso interpuesto.
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BCR alega defensa institucional
El BCR afirmó que la orden administrativa implica trasladar fondos públicos a un fondo privado, lo cual considera una posible ilegalidad.
“La directriz en cuestión impone una responsabilidad cuya legalidad debe ser analizada por los tribunales”, sostuvo el banco en un comunicado del 2 de septiembre.
También alegó que la acción judicial no representa una confrontación con los órganos reguladores, sino un ejercicio legítimo dentro del marco del Estado de derecho.
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Inversionistas exigen cumplimiento inmediato
Los principales inversionistas del FIIND —entre ellos operadoras de pensiones, asociaciones solidaristas, cooperativas y clientes individuales— criticaron la actuación del banco y su sociedad administradora (SAFI), por recurrir a maniobras judiciales para eludir su responsabilidad en la gestión del fondo.
Criticaron la medida, entre otros, los voceros de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) y de las operadoras Popular Pensiones y BN Vital.
Señalan que la orden de Sugeval se basa en hallazgos de auditoría interna, dictámenes legales de la Procuraduría General y evidencia documentada, y que fue ratificada por el Conassif.
“No se trata de que, por ser un banco estatal, deba utilizar recursos públicos para traspasarlos a un fondo privado. La instrucción técnica sería la misma si el dueño de la SAFI fuera un banco privado”, señalaron. Afirmaron que si una entidad estatal obtiene ganancias por administrar fondos de terceros, debe también responder cuando hay errores en esa administración.
Otro grupo, de unos 1.500 ahorrantes del FIIND, manifestó su “consternación y decepción” tras la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo.
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Los firmantes alertaron que el caso afecta directamente los ahorros de trabajadores, pensionados y otras personas que han invertido en el fondo.
También advirtieron sobre el deterioro de la confianza en el mercado financiero costarricense si no se respeta la institucionalidad regulatoria.
Solicitaron al BCR y a su SAFI respetar los órganos de supervisión y cumplir con su deber fiduciario hacia los inversionistas.
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