San José, 11 Sep (Elpaís.cr).– Representantes de inversionistas individuales e institucionales denunciaron que el Banco de Costa Rica (BCR) y su Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) se niegan a acatar una resolución firme de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), confirmada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), prolongando un conflicto que ha golpeado directamente los ahorros de miles de costarricenses.
La resolución, emitida en octubre de 2024, ordena reintegrar al Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) el costo del Parque Empresarial del Pacífico y los gastos asociados a ese proyecto durante los últimos años, tras demostrarse incumplimientos graves en la administración del fondo.
Además, SUGEVAL instruyó que, si la SAFI no cuenta con los recursos necesarios, el Banco de Costa Rica —como dueño de la sociedad— debe aportar el dinero para cubrir la obligación.
Lejos de cumplir, los inversionistas acusan al BCR de escudarse en maniobras judiciales para retrasar un fallo que se apoya en pruebas “sólidas e irrefutables” recabadas por la SUGEVAL, la Procuraduría General de la República y la Auditoría Interna del propio banco, la cual incluso provocó el despido de funcionarios responsables de la gestión irregular.
“Es inadmisible que un banco estatal que gana dinero con su subsidiaria intente evadir las responsabilidades que implica administrarla. No se trata de transferir recursos públicos a un fondo privado, como se ha querido manipular el discurso, sino de reparar el daño causado por una administración negligente”, advirtieron.
Los representantes subrayaron que la afectación va mucho más allá de cifras contables. El FIIND está compuesto por los ahorros de cientos de costarricenses, en su mayoría adultos mayores que confiaron el fruto de su trabajo y sus prestaciones al Banco de Costa Rica, además de operadoras de pensiones, asociaciones solidaristas, cooperativas y entidades que manejan recursos de miles de trabajadores.
“Estamos ante un golpe social de enormes proporciones. El Banco de Costa Rica ha puesto en riesgo la confianza de quienes depositaron su dinero creyendo que sería administrado con seriedad por una entidad estatal centenaria”, reprocharon.
Los inversionistas acusan al BCR de optar por la dilación y la opacidad, en lugar de actuar con responsabilidad y transparencia.
“Hay mucha gente perjudicada por una SAFI del BCR cuyos rendimientos no sustentan la confianza depositada, y que sigue dándole largas a un asunto que debió resolverse hace mucho tiempo, con la seriedad de un buen padre de familia”, denunciaron.
El comunicado fue firmado por Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de JUPEMA; Róger Porras Rojas, gerente general de Popular Pensiones; Carolina Elizondo Ugalde y Fernando Mayorga Castro, en representación de inversionistas individuales; y Marco Vargas Aguilar, gerente general de BN Vital.
Los firmantes exigieron al BCR y a su SAFI dejar de postergar lo inevitable y acatar de inmediato lo ordenado por SUGEVAL y CONASSIF. “Cada día de retraso erosiona la confianza en el sistema financiero nacional y agrava el perjuicio de quienes confiaron sus ahorros a un banco estatal que hoy da la espalda a su responsabilidad”, concluyeron.
San José, 11 Sep (Elpaís.cr).– Representantes de inversionistas individuales e institucionales denunciaron que el Banco de Costa Rica (BCR) y su Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) se niegan a acatar una resolución firme de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), confirmada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), prolongando un
San José, 11 Sep (Elpaís.cr).– Representantes de inversionistas individuales e institucionales denunciaron que el Banco de Costa Rica (BCR) y su Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) se niegan a acatar una resolución firme de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), confirmada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), prolongando un conflicto que ha golpeado directamente los ahorros de miles de costarricenses.
La resolución, emitida en octubre de 2024, ordena reintegrar al Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) el costo del Parque Empresarial del Pacífico y los gastos asociados a ese proyecto durante los últimos años, tras demostrarse incumplimientos graves en la administración del fondo.
Además, SUGEVAL instruyó que, si la SAFI no cuenta con los recursos necesarios, el Banco de Costa Rica —como dueño de la sociedad— debe aportar el dinero para cubrir la obligación.
Lejos de cumplir, los inversionistas acusan al BCR de escudarse en maniobras judiciales para retrasar un fallo que se apoya en pruebas “sólidas e irrefutables” recabadas por la SUGEVAL, la Procuraduría General de la República y la Auditoría Interna del propio banco, la cual incluso provocó el despido de funcionarios responsables de la gestión irregular.
“Es inadmisible que un banco estatal que gana dinero con su subsidiaria intente evadir las responsabilidades que implica administrarla. No se trata de transferir recursos públicos a un fondo privado, como se ha querido manipular el discurso, sino de reparar el daño causado por una administración negligente”, advirtieron.
Los representantes subrayaron que la afectación va mucho más allá de cifras contables. El FIIND está compuesto por los ahorros de cientos de costarricenses, en su mayoría adultos mayores que confiaron el fruto de su trabajo y sus prestaciones al Banco de Costa Rica, además de operadoras de pensiones, asociaciones solidaristas, cooperativas y entidades que manejan recursos de miles de trabajadores.
“Estamos ante un golpe social de enormes proporciones. El Banco de Costa Rica ha puesto en riesgo la confianza de quienes depositaron su dinero creyendo que sería administrado con seriedad por una entidad estatal centenaria”, reprocharon.
Los inversionistas acusan al BCR de optar por la dilación y la opacidad, en lugar de actuar con responsabilidad y transparencia.
“Hay mucha gente perjudicada por una SAFI del BCR cuyos rendimientos no sustentan la confianza depositada, y que sigue dándole largas a un asunto que debió resolverse hace mucho tiempo, con la seriedad de un buen padre de familia”, denunciaron.
El comunicado fue firmado por Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de JUPEMA; Róger Porras Rojas, gerente general de Popular Pensiones; Carolina Elizondo Ugalde y Fernando Mayorga Castro, en representación de inversionistas individuales; y Marco Vargas Aguilar, gerente general de BN Vital.
Los firmantes exigieron al BCR y a su SAFI dejar de postergar lo inevitable y acatar de inmediato lo ordenado por SUGEVAL y CONASSIF. “Cada día de retraso erosiona la confianza en el sistema financiero nacional y agrava el perjuicio de quienes confiaron sus ahorros a un banco estatal que hoy da la espalda a su responsabilidad”, concluyeron.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País
