Después de leer el artículo publicado por Luis Guillermo Elizondo Ugalde, titulado Crónica de una confianza rota por el BCR, en el cual realiza varios señalamientos de importancia con relación a la pésima experiencia que hemos tenido que soportar los inversionistas en la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN DEL BANCO DE COSTA RICA (SAFI), me vinieron a la mente unas cuantas preguntas que quisiera hacerle a dicho Banco.
Soy uno de los muchos ancianos que confiaron en la seguridad que brindaba el banco estatal, y colocaron los pocos ahorros de toda una vida en la SAFI, con la esperanza de que sus rendimientos compensaran en parte los escuálidos ingresos de la pensión por vejez, y no niego que por muchos años me sentí sumamente satisfecho y seguro, hasta que se vino abajo dicho fondo, víctima de una gestión fuera de los lineamientos legales y reglamentarios que rigen los Fondos Inmobiliarios (citando a Elizondo).
Por eso, cuando la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), tras un largo proceso, emitió la resolución SGV-R-179-2024, sentimos un respiro. La orden era clara y contundente: BCR SAFI y, subsidiariamente, el Banco de Costa Rica (BCR) como su dueño, debían sacar el PEP (la compra hecha con sobreprecio) del fondo, reintegrar los $70 millones de la compra y asumir los costos financieros asociados. La resolución se fundamenta en la responsabilidad solidaria que establece la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que obliga a la SAFI a responder por los daños causados por sus funcionarios.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) ratificó esta decisión el 23 de junio de 2025, declarando sin lugar los recursos de apelación y agotando la vía administrativa. Ambas entidades supervisoras, amparadas en la ley y en un dictamen vinculante de la Procuraduría General de la República, actuaron para proteger a los inversionistas y restaurar la integridad del mercado. Fue un momento de validación, una señal de que las instituciones de supervisión no están «pintadas en la pared». (citando a Elizondo).
La reacción del BCR y sus consecuencias están amplia y claramente expuestas en el artículo citado, el cual recomiendo ampliamente leer.
Sin embargo, basándome en que los viejos somos a veces medio impertinentes, y que además de ser cliente de muchísimos años, quisiera hacerle al BCR unas cuantas preguntas.
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¿En qué han quedado las acciones administrativas y legales, que supuestamente el BCR realizó en contra de los funcionarios involucrados en los actos que, como ellos indican, se pueden calificar de delictivos?
Hasta donde se conoce (sin certeza alguna) los funcionarios involucrados en dichos actos o fueron separados de sus cargos o renunciaron y se separaron de la organización, pero escuchamos que el Sindicato de los Empleados del BCR objetaron en su momento el nombramiento del actual Gerente General del Banco, por haber sido uno de los miembros de la comisión que aprobó la compra del inmueble que representa la cabeza visible de las calamidades del BCR SAFI y sus consecuencias para los inversionistas.
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¿Cuántos son realmente los bienes inmuebles comprados de forma dolosa, y a cuánto suma la totalidad del daño causado por los funcionarios al BCR SAFI?
Hasta donde se filtró información en su momento, se supone que las compras al exdiputado socialcristiano no fueron solamente las que se han venido señalando, pues salieron a relucir algunas otras, aunque no estuvieran a su nombre. Y ello, haría que el monto del daño financiero no fuera solamente el correspondiente a la compra del inmueble de Puntarenas (que ni siquiera estaba terminado).
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¿Por qué el BCR no se negó a trasladar los primeros treinta millones de dólares a la SAFI, sino más bien expresó que era como sacar de un bolsillo para meter en otro, y ahora argumenta que la SAFI es privada y por ello no le puede traspasar fondos?
A mi parecer este argumento es totalmente inconsistente por diversas razones: la empresa es propiedad del BCR, los inversionistas del SAFI somos privados, como son sus clientes también. ¿O es que creen que nuestros depósitos en las cuentas abiertas en el BCR son públicos? Y la sentencia de la Procuraduría General de la República es bastante clara al respecto.
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¿Qué hay de cierto que el BCR le prestó al SAFI enormes sumas de dinero para comprar bienes inmuebles, a tasas de interés normales (no especiales) y que en la actualidad SAFI se preocupa en primer lugar en pagarle al BCR, y que sufran las consecuencias los inversionistas si los rendimientos no alcanzan?
Este es un dato que en ningún momento se ha hecho público y sería sumamente útil conocerlo, pues allí podrían estar algunos otros elementos no muy claros en las transacciones. Por otro lado el BCR al parecer vió como muy seguro el negocio con la SAFI, pues según ellos mismos se estarían prestando a sí mismo (sacando de un bolsillo para meter en otro).
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El argumento que siempre utilizó la SAFI para justificar la catastrófica caída de los rendimientos fue el de las consecuencias de la pandemia del COVID. Lo entiendo, ¿pero no han transcurrido ya suficientes años como para haberse repuesto de ello, ejerciendo una administración ágil y eficiente de los bienes inmuebles?
Aquí hay mucho de qué hablar. ¿Pero en este caso lo que habría que preguntarle al BCR es porqué si notaban que las cosas no funcionaban no intervenían de inmediato? ¿O es que estaban muy tranquilos mientras se pagaran los créditos, y que los daños los asumieran solamente los inversionistas?
Cierto es que los inversionistas corrían el riesgo que se corre en toda inversión, pero en este caso la garantía del BCR sobre la SAFI pesaba mucho para general la confianza de los inversionistas. Y al parecer ahora todo se encuentra bastante confuso e incierto.
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¿Por qué deciden ahora enviar el caso al Poder Judicial? ¿Para ganar tiempo?
Lo primero que hay que señalar es que las sentencias de los organismos supervisores y la Procuraduría son claras y contundentes. Y si existiera en el país justicia pronta y cumplida (que no existe) la Sala de lo Contencioso Administrativo respondería de inmediato poniendo al BCR en su lugar.
Pero no, podrán pasar años hasta que se logre una sentencia (si es que la misma no viene viciada, como ya ha acontecido en otros casos) y mientras tanto el BCR tendría que asumir costos enormes adicionales (legales y de otro tipo), haciendo que la suma de setenta millones pudiera incrementarse enormemente. Y mientras tanto, los inversionistas seguiríamos padeciendo los efectos de la mala administración y los actos delictivos cometidos.
Esta decisión no solo prolonga nuestra agonía, sino que amenaza con hundir aún más al BCR en gastos innecesarios, pues el caso tiene pruebas irrefutables, de manera que desde mi perspectiva como inversionista, no existe un escenario plausible en el que un Tribunal de derecho, resuelva a favor del Banco. La ley es explícita, el dictamen de la Procuraduría es vinculante y las resoluciones de los entes supervisores son contundentes. Seguir esta vía judicial es, sencillamente, una estrategia dilatoria que, al final, le costará al BCR mucho más de lo que debe cubrir ahora. Se sumarán honorarios de abogados, costas procesales, intereses sobre el monto adeudado que se acumularán durante los años que dure el litigio, daños y perjuicios al fondo y a todos los inversionistas. Monto que será abismalmente mayor a lo ordenado hoy por la SUGEVAL y que podría poner en peligro la estabilidad del BCR. Además, años que muchos de los inversionistas no tenemos. Este es dinero público que se malgastará en defender lo indefendible, en lugar de usarlo para corregir el daño que sus propios empleados, causaron. (Citando a Elizondo)
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¿De dónde sacan el valor de las participaciones de los inversionistas?
El valor en libros de las participaciones de los inversionistas permanece estable, pero su valor en bolsa se ha depreciado en más de un 50%. O sea que, si uno decidiera vender en bolsa sus participaciones incurriría en pérdidas catastróficas. Y aquí vienen dos observaciones: el valor en bolsa lo determina el Puesto de Bolsa del BCR… o sea, ellos mismos. ¿No será ello una jugada para que los inversionistas se abstengan de vender sus participaciones, por temor a las pérdidas? Porque, imagínense que hubiera una corrida masiva de ventas, los efectos que ello podría tener tanto para SAFI como para el BCR.
Podría realizar algunas otras preguntas, pero entonces el artículo se haría extremadamente largo. Poro, como podrán observar los lectores, la oscuridad de toda esta trama es sumamente sospechosa, por varias razones.
Sinceramente no espero que el Banco de Costa Rica responda estas preguntas y otras muchas más que podrían hacerse. Ni ahora ni tampoco en la asamblea de inversionistas que han convocado para finales de este mes. Porque allí estaremos haciéndonos escuchar con energía. Sin embargo, de la burocracia pública poco se puede esperar en el sentido de un accionar rápido.
(*) Alfonso J. Palacios Echeverría
Después de leer el artículo publicado por Luis Guillermo Elizondo Ugalde, titulado Crónica de una confianza rota por el BCR, en el cual realiza varios señalamientos de importancia con relación a la pésima experiencia que hemos tenido que soportar los inversionistas en la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN DEL BANCO DE COSTA RICA (SAFI),
Después de leer el artículo publicado por Luis Guillermo Elizondo Ugalde, titulado Crónica de una confianza rota por el BCR, en el cual realiza varios señalamientos de importancia con relación a la pésima experiencia que hemos tenido que soportar los inversionistas en la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN DEL BANCO DE COSTA RICA (SAFI), me vinieron a la mente unas cuantas preguntas que quisiera hacerle a dicho Banco.
Soy uno de los muchos ancianos que confiaron en la seguridad que brindaba el banco estatal, y colocaron los pocos ahorros de toda una vida en la SAFI, con la esperanza de que sus rendimientos compensaran en parte los escuálidos ingresos de la pensión por vejez, y no niego que por muchos años me sentí sumamente satisfecho y seguro, hasta que se vino abajo dicho fondo, víctima de una gestión fuera de los lineamientos legales y reglamentarios que rigen los Fondos Inmobiliarios (citando a Elizondo).
Por eso, cuando la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), tras un largo proceso, emitió la resolución SGV-R-179-2024, sentimos un respiro. La orden era clara y contundente: BCR SAFI y, subsidiariamente, el Banco de Costa Rica (BCR) como su dueño, debían sacar el PEP (la compra hecha con sobreprecio) del fondo, reintegrar los $70 millones de la compra y asumir los costos financieros asociados. La resolución se fundamenta en la responsabilidad solidaria que establece la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que obliga a la SAFI a responder por los daños causados por sus funcionarios.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) ratificó esta decisión el 23 de junio de 2025, declarando sin lugar los recursos de apelación y agotando la vía administrativa. Ambas entidades supervisoras, amparadas en la ley y en un dictamen vinculante de la Procuraduría General de la República, actuaron para proteger a los inversionistas y restaurar la integridad del mercado. Fue un momento de validación, una señal de que las instituciones de supervisión no están «pintadas en la pared». (citando a Elizondo).
La reacción del BCR y sus consecuencias están amplia y claramente expuestas en el artículo citado, el cual recomiendo ampliamente leer.
Sin embargo, basándome en que los viejos somos a veces medio impertinentes, y que además de ser cliente de muchísimos años, quisiera hacerle al BCR unas cuantas preguntas.
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¿En qué han quedado las acciones administrativas y legales, que supuestamente el BCR realizó en contra de los funcionarios involucrados en los actos que, como ellos indican, se pueden calificar de delictivos?
Hasta donde se conoce (sin certeza alguna) los funcionarios involucrados en dichos actos o fueron separados de sus cargos o renunciaron y se separaron de la organización, pero escuchamos que el Sindicato de los Empleados del BCR objetaron en su momento el nombramiento del actual Gerente General del Banco, por haber sido uno de los miembros de la comisión que aprobó la compra del inmueble que representa la cabeza visible de las calamidades del BCR SAFI y sus consecuencias para los inversionistas.
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¿Cuántos son realmente los bienes inmuebles comprados de forma dolosa, y a cuánto suma la totalidad del daño causado por los funcionarios al BCR SAFI?
Hasta donde se filtró información en su momento, se supone que las compras al exdiputado socialcristiano no fueron solamente las que se han venido señalando, pues salieron a relucir algunas otras, aunque no estuvieran a su nombre. Y ello, haría que el monto del daño financiero no fuera solamente el correspondiente a la compra del inmueble de Puntarenas (que ni siquiera estaba terminado).
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¿Por qué el BCR no se negó a trasladar los primeros treinta millones de dólares a la SAFI, sino más bien expresó que era como sacar de un bolsillo para meter en otro, y ahora argumenta que la SAFI es privada y por ello no le puede traspasar fondos?
A mi parecer este argumento es totalmente inconsistente por diversas razones: la empresa es propiedad del BCR, los inversionistas del SAFI somos privados, como son sus clientes también. ¿O es que creen que nuestros depósitos en las cuentas abiertas en el BCR son públicos? Y la sentencia de la Procuraduría General de la República es bastante clara al respecto.
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¿Qué hay de cierto que el BCR le prestó al SAFI enormes sumas de dinero para comprar bienes inmuebles, a tasas de interés normales (no especiales) y que en la actualidad SAFI se preocupa en primer lugar en pagarle al BCR, y que sufran las consecuencias los inversionistas si los rendimientos no alcanzan?
Este es un dato que en ningún momento se ha hecho público y sería sumamente útil conocerlo, pues allí podrían estar algunos otros elementos no muy claros en las transacciones. Por otro lado el BCR al parecer vió como muy seguro el negocio con la SAFI, pues según ellos mismos se estarían prestando a sí mismo (sacando de un bolsillo para meter en otro).
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El argumento que siempre utilizó la SAFI para justificar la catastrófica caída de los rendimientos fue el de las consecuencias de la pandemia del COVID. Lo entiendo, ¿pero no han transcurrido ya suficientes años como para haberse repuesto de ello, ejerciendo una administración ágil y eficiente de los bienes inmuebles?
Aquí hay mucho de qué hablar. ¿Pero en este caso lo que habría que preguntarle al BCR es porqué si notaban que las cosas no funcionaban no intervenían de inmediato? ¿O es que estaban muy tranquilos mientras se pagaran los créditos, y que los daños los asumieran solamente los inversionistas?
Cierto es que los inversionistas corrían el riesgo que se corre en toda inversión, pero en este caso la garantía del BCR sobre la SAFI pesaba mucho para general la confianza de los inversionistas. Y al parecer ahora todo se encuentra bastante confuso e incierto.
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¿Por qué deciden ahora enviar el caso al Poder Judicial? ¿Para ganar tiempo?
Lo primero que hay que señalar es que las sentencias de los organismos supervisores y la Procuraduría son claras y contundentes. Y si existiera en el país justicia pronta y cumplida (que no existe) la Sala de lo Contencioso Administrativo respondería de inmediato poniendo al BCR en su lugar.
Pero no, podrán pasar años hasta que se logre una sentencia (si es que la misma no viene viciada, como ya ha acontecido en otros casos) y mientras tanto el BCR tendría que asumir costos enormes adicionales (legales y de otro tipo), haciendo que la suma de setenta millones pudiera incrementarse enormemente. Y mientras tanto, los inversionistas seguiríamos padeciendo los efectos de la mala administración y los actos delictivos cometidos.
Esta decisión no solo prolonga nuestra agonía, sino que amenaza con hundir aún más al BCR en gastos innecesarios, pues el caso tiene pruebas irrefutables, de manera que desde mi perspectiva como inversionista, no existe un escenario plausible en el que un Tribunal de derecho, resuelva a favor del Banco. La ley es explícita, el dictamen de la Procuraduría es vinculante y las resoluciones de los entes supervisores son contundentes. Seguir esta vía judicial es, sencillamente, una estrategia dilatoria que, al final, le costará al BCR mucho más de lo que debe cubrir ahora. Se sumarán honorarios de abogados, costas procesales, intereses sobre el monto adeudado que se acumularán durante los años que dure el litigio, daños y perjuicios al fondo y a todos los inversionistas. Monto que será abismalmente mayor a lo ordenado hoy por la SUGEVAL y que podría poner en peligro la estabilidad del BCR. Además, años que muchos de los inversionistas no tenemos. Este es dinero público que se malgastará en defender lo indefendible, en lugar de usarlo para corregir el daño que sus propios empleados, causaron. (Citando a Elizondo)
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¿De dónde sacan el valor de las participaciones de los inversionistas?
El valor en libros de las participaciones de los inversionistas permanece estable, pero su valor en bolsa se ha depreciado en más de un 50%. O sea que, si uno decidiera vender en bolsa sus participaciones incurriría en pérdidas catastróficas. Y aquí vienen dos observaciones: el valor en bolsa lo determina el Puesto de Bolsa del BCR… o sea, ellos mismos. ¿No será ello una jugada para que los inversionistas se abstengan de vender sus participaciones, por temor a las pérdidas? Porque, imagínense que hubiera una corrida masiva de ventas, los efectos que ello podría tener tanto para SAFI como para el BCR.
Podría realizar algunas otras preguntas, pero entonces el artículo se haría extremadamente largo. Poro, como podrán observar los lectores, la oscuridad de toda esta trama es sumamente sospechosa, por varias razones.
Sinceramente no espero que el Banco de Costa Rica responda estas preguntas y otras muchas más que podrían hacerse. Ni ahora ni tampoco en la asamblea de inversionistas que han convocado para finales de este mes. Porque allí estaremos haciéndonos escuchar con energía. Sin embargo, de la burocracia pública poco se puede esperar en el sentido de un accionar rápido.
(*) Alfonso J. Palacios Echeverría
Opinión – Diario Digital Nuestro País
