San José, 11 Jun (Elpaís.cr).- El Poder Judicial de Costa Rica enfrenta un asedio sin precedentes que amenaza su legitimidad, independencia y capacidad para ejercer sus funciones fundamentales en una democracia.
Así lo advierte el Quinto Informe Estado de la Justicia, elaborado por el Programa Estado de la Nación, que documenta una doble ofensiva: desde el Ejecutivo de Rodrigo Chaves y desde grupos criminales vinculados al narcotráfico y la violencia organizada.
El informe, considerado uno de los estudios más serios y sistemáticos sobre el sistema judicial costarricense, revela que estas agresiones han generado un escenario inédito en la historia política reciente del país, caracterizado por una confrontación abierta que pone en entredicho los pilares del Estado de Derecho.
Un Poder Judicial bajo fuego político
Según el informe, desde el inicio de la administración de Rodrigo Chaves en mayo de 2022, se ha producido un cambio radical en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La investigación califica esta ofensiva como una “anomalía” sin antecedentes en más de un siglo de vida democrática costarricense.
“Con la llegada de la administración Chaves se inauguró un nuevo estilo de liderazgo, marcado por el antagonismo como método para obtener y mantener la iniciativa política”, señala el documento.
Las críticas del presidente Chaves y sus colaboradores se han dirigido contra órganos judiciales clave y contra figuras concretas del sistema de justicia, acusándolos de ser parte de una supuesta conspiración que incluye a medios de comunicación, universidades y sectores políticos opositores. Esta narrativa ha sido sostenida sistemáticamente a través de las conferencias de prensa semanales del mandatario y otras intervenciones públicas.
El informe destaca que el Poder Judicial es el segundo actor más mencionado en estos espacios, sólo por detrás de la Asamblea Legislativa. Lo preocupante es que todas las menciones analizadas son negativas, centradas en cuestionamientos al funcionamiento institucional, a resoluciones judiciales específicas o a la integridad de personas funcionarias.
Esta estrategia comunicativa se conoce como el “poder del megáfono”, un mecanismo mediante el cual líderes políticos configuran el relato público para erosionar la legitimidad de actores que perciben como obstáculos.
El resultado, según el informe, ha sido una mayor polarización, pérdida de confianza institucional y una reducción del espacio para el diálogo democrático.
Hostigamiento desde el crimen organizado
Paralelamente, el Poder Judicial ha sido blanco de ataques violentos por parte de grupos criminales, en una escalada que refleja el deterioro del orden público en el país.
El informe documenta hechos que, hasta hace poco, eran impensables en Costa Rica: disparos con armas de grueso calibre contra sedes judiciales en Batán y Pococí, el asesinato de un oficial del OIJ en Guápiles y el homicidio de un testigo frente a los tribunales de Limón, cuando iba a declarar en un proceso judicial.
Al menos tres personas funcionarias del Poder Judicial han sido víctimas de atentados en el periodo analizado por el informe. Estas agresiones han obligado a la institución a redirigir recursos importantes para garantizar la seguridad de su personal y sus instalaciones.
El fenómeno es particularmente alarmante porque combina la presión política desde el poder ejecutivo con la violencia ejercida por el crimen organizado, debilitando por distintos frentes al órgano encargado de administrar justicia, garantizar los derechos fundamentales y luchar contra la impunidad.
Impacto en la democracia costarricense
La confluencia de estas dos ofensivas ha tenido efectos directos sobre la calidad democrática de Costa Rica, advierte el estudio. El capítulo 3 del informe lo resume con claridad: “La persistencia, intensidad y variedad de estos ataques no tiene precedentes desde el advenimiento de la democracia liberal en la segunda mitad del siglo pasado”.
Costa Rica, tradicionalmente considerada un modelo regional en materia de institucionalidad democrática, ha comenzado a mostrar señales de retroceso. Así lo reflejan indicadores internacionales como el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, donde el país ha experimentado caídas sistemáticas en su puntaje desde 2015 hasta 2024.
Aunque Costa Rica sigue destacando por encima del promedio regional, la tendencia negativa es consistente y preocupante. El informe subraya que este deterioro coincide con el patrón observado en otros países de América Latina, como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Venezuela y México, donde los gobiernos han intentado subordinar al Poder Judicial como parte de procesos de concentración de poder.
“Uno de los primeros objetivos de líderes autocráticos es el control del Poder Judicial. Para ello desarrollan estrategias de ataque a la legitimidad e independencia de las cortes, de tal forma que, cuando intenten debilitarlas, la población no crea necesario defender estas instituciones”, advierte el informe.
Polarización y parálisis institucional
La confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial no solo debilita la democracia costarricense, sino que también obstaculiza la solución de los principales problemas nacionales. El más urgente de ellos, según la ciudadanía, es la inseguridad y la violencia ligada al narcotráfico, que ha provocado récords históricos de homicidios y una expansión de la criminalidad organizada en todo el país.
Sin embargo, en lugar de impulsar una coordinación interinstitucional eficaz para enfrentar esta crisis, el conflicto entre poderes ha derivado en una dinámica de ataques y defensas, reproches cruzados y bloqueos presupuestarios.
Uno de los episodios más controversiales fue la protesta encabezada por el propio presidente Rodrigo Chaves en marzo de 2025 frente a la sede de la Fiscalía General de la República, donde exigió la renuncia del fiscal Carlo Díaz, quien lidera decenas de causas penales relacionadas con el mandatario y su círculo cercano. Esta acción sin precedentes fue interpretada como una presión directa al Ministerio Público y generó una fuerte reacción tanto en el ámbito nacional como internacional.
Asimismo, el Ejecutivo ha bloqueado iniciativas legales demandadas por el sistema judicial para enfrentar la crisis de seguridad, mientras promueve discursos que responsabilizan al Poder Judicial por la escalada de violencia, sin aportar soluciones estructurales ni fortalecer la cooperación institucional.
Persistencia de confianza ciudadana
Pese al clima de hostilidad y a la erosión de su legitimidad, el Poder Judicial costarricense aún conserva un nivel relativamente alto de confianza ciudadana en comparación con el resto de América Latina.
De acuerdo con datos de Latinobarómetro 2023, Costa Rica se ubicó entre los tres países con mayor confianza en su sistema judicial.
El informe destaca que un sector significativo de la población aún valora positivamente la independencia judicial, lo que constituye un capital institucional fundamental para resistir los embates actuales.
Esta resistencia ha sido posible también gracias a la reacción de otros actores del sistema democrático, como la Sala Constitucional, que ha emitido resoluciones claves para defender la libertad de prensa y frenar iniciativas del Ejecutivo que violaban principios constitucionales. También algunos sectores del Congreso, la academia y la sociedad civil han elevado la voz en defensa de la independencia judicial como garantía del Estado de Derecho.
Riesgo de regresión democrática
A juicio de los investigadores del Estado de la Justicia, el escenario actual exige una atención urgente y una acción decidida por parte de todos los sectores sociales y políticos para evitar una regresión institucional que podría ser muy costosa para la democracia costarricense.
El informe concluye que “la combinación de ataques políticos y criminales al Poder Judicial crea un entorno hostil que compromete su función y pone en riesgo la estabilidad democrática del país”. Y aunque Costa Rica aún conserva fortalezas institucionales, estas no pueden darse por sentadas ante el avance de prácticas autoritarias que ya han debilitado a otras democracias en la región.
El reto, advierten, es recomponer la confianza institucional, reducir la polarización y recuperar una visión de Estado donde la cooperación y el respeto a la separación de poderes permitan enfrentar los desafíos reales del país: la violencia, la desigualdad y la debilidad estructural de muchas instituciones públicas.
San José, 11 Jun (Elpaís.cr).- El Poder Judicial de Costa Rica enfrenta un asedio sin precedentes que amenaza su legitimidad, independencia y capacidad para ejercer sus funciones fundamentales en una democracia. Así lo advierte el Quinto Informe Estado de la Justicia, elaborado por el Programa Estado de la Nación, que documenta una doble ofensiva: desde
San José, 11 Jun (Elpaís.cr).- El Poder Judicial de Costa Rica enfrenta un asedio sin precedentes que amenaza su legitimidad, independencia y capacidad para ejercer sus funciones fundamentales en una democracia.
Así lo advierte el Quinto Informe Estado de la Justicia, elaborado por el Programa Estado de la Nación, que documenta una doble ofensiva: desde el Ejecutivo de Rodrigo Chaves y desde grupos criminales vinculados al narcotráfico y la violencia organizada.
El informe, considerado uno de los estudios más serios y sistemáticos sobre el sistema judicial costarricense, revela que estas agresiones han generado un escenario inédito en la historia política reciente del país, caracterizado por una confrontación abierta que pone en entredicho los pilares del Estado de Derecho.
Un Poder Judicial bajo fuego político
Según el informe, desde el inicio de la administración de Rodrigo Chaves en mayo de 2022, se ha producido un cambio radical en la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La investigación califica esta ofensiva como una “anomalía” sin antecedentes en más de un siglo de vida democrática costarricense.
“Con la llegada de la administración Chaves se inauguró un nuevo estilo de liderazgo, marcado por el antagonismo como método para obtener y mantener la iniciativa política”, señala el documento.
Las críticas del presidente Chaves y sus colaboradores se han dirigido contra órganos judiciales clave y contra figuras concretas del sistema de justicia, acusándolos de ser parte de una supuesta conspiración que incluye a medios de comunicación, universidades y sectores políticos opositores. Esta narrativa ha sido sostenida sistemáticamente a través de las conferencias de prensa semanales del mandatario y otras intervenciones públicas.
El informe destaca que el Poder Judicial es el segundo actor más mencionado en estos espacios, sólo por detrás de la Asamblea Legislativa. Lo preocupante es que todas las menciones analizadas son negativas, centradas en cuestionamientos al funcionamiento institucional, a resoluciones judiciales específicas o a la integridad de personas funcionarias.
Esta estrategia comunicativa se conoce como el “poder del megáfono”, un mecanismo mediante el cual líderes políticos configuran el relato público para erosionar la legitimidad de actores que perciben como obstáculos.
El resultado, según el informe, ha sido una mayor polarización, pérdida de confianza institucional y una reducción del espacio para el diálogo democrático.
Hostigamiento desde el crimen organizado
Paralelamente, el Poder Judicial ha sido blanco de ataques violentos por parte de grupos criminales, en una escalada que refleja el deterioro del orden público en el país.
El informe documenta hechos que, hasta hace poco, eran impensables en Costa Rica: disparos con armas de grueso calibre contra sedes judiciales en Batán y Pococí, el asesinato de un oficial del OIJ en Guápiles y el homicidio de un testigo frente a los tribunales de Limón, cuando iba a declarar en un proceso judicial.
Al menos tres personas funcionarias del Poder Judicial han sido víctimas de atentados en el periodo analizado por el informe. Estas agresiones han obligado a la institución a redirigir recursos importantes para garantizar la seguridad de su personal y sus instalaciones.
El fenómeno es particularmente alarmante porque combina la presión política desde el poder ejecutivo con la violencia ejercida por el crimen organizado, debilitando por distintos frentes al órgano encargado de administrar justicia, garantizar los derechos fundamentales y luchar contra la impunidad.
Impacto en la democracia costarricense
La confluencia de estas dos ofensivas ha tenido efectos directos sobre la calidad democrática de Costa Rica, advierte el estudio. El capítulo 3 del informe lo resume con claridad: “La persistencia, intensidad y variedad de estos ataques no tiene precedentes desde el advenimiento de la democracia liberal en la segunda mitad del siglo pasado”.
Costa Rica, tradicionalmente considerada un modelo regional en materia de institucionalidad democrática, ha comenzado a mostrar señales de retroceso. Así lo reflejan indicadores internacionales como el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, donde el país ha experimentado caídas sistemáticas en su puntaje desde 2015 hasta 2024.
Aunque Costa Rica sigue destacando por encima del promedio regional, la tendencia negativa es consistente y preocupante. El informe subraya que este deterioro coincide con el patrón observado en otros países de América Latina, como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Venezuela y México, donde los gobiernos han intentado subordinar al Poder Judicial como parte de procesos de concentración de poder.
“Uno de los primeros objetivos de líderes autocráticos es el control del Poder Judicial. Para ello desarrollan estrategias de ataque a la legitimidad e independencia de las cortes, de tal forma que, cuando intenten debilitarlas, la población no crea necesario defender estas instituciones”, advierte el informe.
Polarización y parálisis institucional
La confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial no solo debilita la democracia costarricense, sino que también obstaculiza la solución de los principales problemas nacionales. El más urgente de ellos, según la ciudadanía, es la inseguridad y la violencia ligada al narcotráfico, que ha provocado récords históricos de homicidios y una expansión de la criminalidad organizada en todo el país.
Sin embargo, en lugar de impulsar una coordinación interinstitucional eficaz para enfrentar esta crisis, el conflicto entre poderes ha derivado en una dinámica de ataques y defensas, reproches cruzados y bloqueos presupuestarios.
Uno de los episodios más controversiales fue la protesta encabezada por el propio presidente Rodrigo Chaves en marzo de 2025 frente a la sede de la Fiscalía General de la República, donde exigió la renuncia del fiscal Carlo Díaz, quien lidera decenas de causas penales relacionadas con el mandatario y su círculo cercano. Esta acción sin precedentes fue interpretada como una presión directa al Ministerio Público y generó una fuerte reacción tanto en el ámbito nacional como internacional.
Asimismo, el Ejecutivo ha bloqueado iniciativas legales demandadas por el sistema judicial para enfrentar la crisis de seguridad, mientras promueve discursos que responsabilizan al Poder Judicial por la escalada de violencia, sin aportar soluciones estructurales ni fortalecer la cooperación institucional.
Persistencia de confianza ciudadana
Pese al clima de hostilidad y a la erosión de su legitimidad, el Poder Judicial costarricense aún conserva un nivel relativamente alto de confianza ciudadana en comparación con el resto de América Latina.
De acuerdo con datos de Latinobarómetro 2023, Costa Rica se ubicó entre los tres países con mayor confianza en su sistema judicial.
El informe destaca que un sector significativo de la población aún valora positivamente la independencia judicial, lo que constituye un capital institucional fundamental para resistir los embates actuales.
Esta resistencia ha sido posible también gracias a la reacción de otros actores del sistema democrático, como la Sala Constitucional, que ha emitido resoluciones claves para defender la libertad de prensa y frenar iniciativas del Ejecutivo que violaban principios constitucionales. También algunos sectores del Congreso, la academia y la sociedad civil han elevado la voz en defensa de la independencia judicial como garantía del Estado de Derecho.
Riesgo de regresión democrática
A juicio de los investigadores del Estado de la Justicia, el escenario actual exige una atención urgente y una acción decidida por parte de todos los sectores sociales y políticos para evitar una regresión institucional que podría ser muy costosa para la democracia costarricense.
El informe concluye que “la combinación de ataques políticos y criminales al Poder Judicial crea un entorno hostil que compromete su función y pone en riesgo la estabilidad democrática del país”. Y aunque Costa Rica aún conserva fortalezas institucionales, estas no pueden darse por sentadas ante el avance de prácticas autoritarias que ya han debilitado a otras democracias en la región.
El reto, advierten, es recomponer la confianza institucional, reducir la polarización y recuperar una visión de Estado donde la cooperación y el respeto a la separación de poderes permitan enfrentar los desafíos reales del país: la violencia, la desigualdad y la debilidad estructural de muchas instituciones públicas.
Nacionales – Diario Digital Nuestro País