La póliza por responsabilidad civil que el Gobierno pretende contratar para su gabinete cubriría a 65 funcionarios, entre ellos el presidente de la República y los vicepresidentes, ministros y viceministros.
Esta póliza cubriría gastos (como los de defensa legal y de manejo de comunicación e imagen) en caso de que estos funcionarios sean denunciados por temas relacionados a su labor.
La cobertura solo se activaría en caso de que no exista dolo o error por parte de estos funcionarios. Caso contrario los trabajadores tendrían que devolver los montos que cubrió el seguro durante el proceso.
La prima anual para contratar esta póliza al Instituto Nacional de Seguros (INS) es de ¢248 millones. Es decir, de ¢3,8 millones por cada uno de los funcionarios que sería cubierto.
Este lunes 28 de octubre el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, informó públicamente que dicha contratación quedaba pausada en medio de las fuertes críticas que está recibiendo por haber contratado este servicio que se pagará con fondos públicos.
Señaló que la pausa se debe a que harán una nueva consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar si las leyes y normativas internas permiten al Gobierno contratar este tipo de seguros.
En una conversación con El Observador, el jerarca reconoció que nunca se pensó que cada funcionaria pagara sus ¢3,8 millones con fondos propios, sino que sería con fondos del Estado.
“Se le está protegiendo (al funcionario asegurado) por su cargo y responsabilidades”, dijo el jerarca.
OBSERVE MÁS: Gobierno pausa la contratación de la póliza para proteger al Gabinete ante denuncias judiciales
Se hacen demandas con fines temerarios, dice Acosta
Acosta insiste en que en Costa Rica es evidente el uso de la demanda temeraria para tratar de amedrentar a los jerarcas. Esto provoca, según el Gobierno, que los funcionarios tengan que sacar plata de su bolsillo para defenderse de situaciones que se generaron en su trabajo, en este caso un ministerio o la Presidencia.
“Creo que es evidente el uso de la demanda temeraria para tratar de amedrentar a los jerarcas. Por eso es que lo hicimos sin ningún cálculo político y pensando en los jerarcas actuales y futuros”, comentó el ministro.
“Nosotros somos consistentes y además el uso en otros países (de estos seguros) nos demostró que era práctica común”, añadió. Hasta ahora el Gobierno dice que hay ejemplos similares de estas pólizas en Colombia y Australia.
En la misma línea se refirió el vicepresidente de la República, Stephan Brunner. Para él poner denuncias en Costa Rica es un “deporte” y por eso es importante desde su perspectiva proteger a los funcionarios, incluido él.
“No es para alcahuetear a nadie pero es para que el funcionario pueda hacer su trabajo en tranquilidad, sin que todo el tipo lo estén amenazando de que lo van a demandar y que él tiene que pagar su abogado defensor”, señaló Brunner.
Según la presidenta del INS actualmente hay 41 pólizas activas de este tipo y el 95% está cedido a un reasegurador. Sin embargo, no precisó cuántas son coberturas del sector público o privado, aunque dijo que sí hay del sector público.
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Ministro Nogui Acosta, dijo que nunca se valoró que este monto se pagara con dinero de cada funcionario, sino con fondos públicos.
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La póliza por responsabilidad civil que el Gobierno pretende contratar para su gabinete cubriría a 65 funcionarios, entre ellos el presidente de la República y los vicepresidentes, ministros y viceministros.
Esta póliza cubriría gastos (como los de defensa legal y de manejo de comunicación e imagen) en caso de que estos funcionarios sean denunciados por temas relacionados a su labor.
La cobertura solo se activaría en caso de que no exista dolo o error por parte de estos funcionarios. Caso contrario los trabajadores tendrían que devolver los montos que cubrió el seguro durante el proceso.
La prima anual para contratar esta póliza al Instituto Nacional de Seguros (INS) es de ¢248 millones. Es decir, de ¢3,8 millones por cada uno de los funcionarios que sería cubierto.
Este lunes 28 de octubre el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, informó públicamente que dicha contratación quedaba pausada en medio de las fuertes críticas que está recibiendo por haber contratado este servicio que se pagará con fondos públicos.
Señaló que la pausa se debe a que harán una nueva consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar si las leyes y normativas internas permiten al Gobierno contratar este tipo de seguros.
En una conversación con El Observador, el jerarca reconoció que nunca se pensó que cada funcionaria pagara sus ¢3,8 millones con fondos propios, sino que sería con fondos del Estado.
“Se le está protegiendo (al funcionario asegurado) por su cargo y responsabilidades”, dijo el jerarca.
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Acosta insiste en que en Costa Rica es evidente el uso de la demanda temeraria para tratar de amedrentar a los jerarcas. Esto provoca, según el Gobierno, que los funcionarios tengan que sacar plata de su bolsillo para defenderse de situaciones que se generaron en su trabajo, en este caso un ministerio o la Presidencia.
“Creo que es evidente el uso de la demanda temeraria para tratar de amedrentar a los jerarcas. Por eso es que lo hicimos sin ningún cálculo político y pensando en los jerarcas actuales y futuros”, comentó el ministro.
“Nosotros somos consistentes y además el uso en otros países (de estos seguros) nos demostró que era práctica común”, añadió. Hasta ahora el Gobierno dice que hay ejemplos similares de estas pólizas en Colombia y Australia.
En la misma línea se refirió el vicepresidente de la República, Stephan Brunner. Para él poner denuncias en Costa Rica es un “deporte” y por eso es importante desde su perspectiva proteger a los funcionarios, incluido él.
“No es para alcahuetear a nadie pero es para que el funcionario pueda hacer su trabajo en tranquilidad, sin que todo el tipo lo estén amenazando de que lo van a demandar y que él tiene que pagar su abogado defensor”, señaló Brunner.
Según la presidenta del INS actualmente hay 41 pólizas activas de este tipo y el 95% está cedido a un reasegurador. Sin embargo, no precisó cuántas son coberturas del sector público o privado, aunque dijo que sí hay del sector público.
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